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CCOO reclama garantías para la subida salarial de 2020


28 nov 2019


  • Reunión en el Ministerio de Administraciones Públicas el 27 de noviembre.
  • El director general de Función Pública nos ha asegurado que, en cuanto se forme Gobierno, se garantizarán los incrementos retributivos comprometidos en los acuerdos, con fecha 1 de enero de 2020.

CCOO INSISTE EN EXIGIR QUE SE GARANTICE LA SUBIDA SALARIAL DE 2020 Y LOGRA EL COMPROMISO DE AVANZAR EN LOS ACUERDOS YA ALCANZADOS

El Área Pública de CCOO exige al Gobierno un mayor compromiso con los tres millones de empleadas y empleados públicos y que se garantice el 2% de incrementos retributivos el 1 de enero de 2020, tal y como recoge el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo

En una reunión que ha tenido lugar ayer, 27 de noviembre, con el director general de Función Pública, a instancias de CCOO, hemos vuelto a insistir en la necesidad de tener preparada una norma con rango legal, como un Real Decreto Ley, que garantice los incrementos retributivos de las empleadas y los empleados públicos para 2020 y ponga fin al incumplimiento del desarrollo de los fondos adicionales. Hemos reiterado también la exigencia de la convocatoria urgente de la Comisión de Empleo y Estabilización y la Comisión de Igualdad, o el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), fundamentalmente en lo concerniente a desarrollo de carrera profesional, clasificación y cualificaciones profesionales.

En materia de empleo, el Director General de Función Pública nos ha trasladado que están trabajando en ello, y se ha comprometido a convocar en el mes de diciembre la Comisión de Seguimiento de Empleo y Estabilización y la Comisión de Igualdad. Del mismo modo, ha asegurado que, en cuanto se forme Gobierno, se garantizarán los incrementos retributivos comprometidos en los acuerdos, con fecha 1 de enero de 2020.

Esta reunión es una continuación de las acciones que pusimos en marcha en el mes de septiembre desde el sindicato, con varios escritos dirigidos tanto al Ministro Luis Planas como al Secretario de Estado de Función Pública y al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que tuvieron como punto de inflexión la concentración del pasado 17 de octubre ante la sede del Ministerio de más de 200 delegados y delegadas de CCOO.

La movilización tuvo como respuesta la reunión convocada por el Ministro Luis Planas con los tres sindicatos firmantes de los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo de 2017 y 2018 el pasado 24 de octubre. Más allá de compromiso del Gobierno con el cumplimiento de estos acuerdos, en estas fechas seguimos sin convocatoria de las comisiones de seguimiento y sin garantías salariales.

Igualmente, desde CCOO pensamos que un Gobierno que quiere abanderar las políticas de igualdad, tiene que promover el desarrollo de la Ley de Igualdad y del II Acuerdo y exigir la negociación y publicación de los planes de igualdad y protocolos de acoso en las Administraciones Públicas.
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Texto del Acuerdo suscrito en la Mesa General de las Administraciones Públicas


30 mar 2017



Publicamos el acuerdo para la mejora del Empleo Público firmado el 29 de marzo con el Ministro de hacienda y Función Pública suscrito por CCOO, sindicato mayorítario en las Administraciones Públicas, junto con UGT, CSIF.

Acuerdo de 29 de marzo de 2017
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Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia. OEP y otros




EL MINISTERIO DE JUSTICIA CONVOCA LA MESA DE RETRIBUCIONES Y EMPLEO PARA EL PRÓXIMO DÍA 5 DE ABRIL


Además de otras cuestiones, en el orden del día se recoge la negociación de la Oferta de Empleo Público.

CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia pretende ahondar en la discriminación hacia los cuerpos de titulación inferior pagando solamente al cuerpo de Letrados una retribución por las sustituciones sin relevación de funciones y por el cumplimiento de objetivos, dejando aparte, como ya hace con la productividad, a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio.

CCOO también nos opondremos a la supresión de plazas del cuerpo de Ayudantes de Laboratorio en los INT de Barcelona, Madrid y Sevilla y exigiremos una mayor dotación de puestos de trabajo para las Unidades Administrativas de Formación para las nuevas Tecnologías que se van a crear en el ámbito no transferido.

CCOO volveremos a exigir el cumplimiento inmediato del Acuerdo de diciembre de 2015, especialmente la recuperación desde ya de los 3 días de permiso por asuntos particulares que aun siguen recortados, la conversión inmediata de las plazas de refuerzo en plazas de plantilla para su inclusión en la OEP y la solución definitiva a la falta de cotización en la Seguridad Social de algunos periodos trabajados.


EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO, RECORDAMOS QUE LA PROPUESTA DE CCOO ES:

  1. La conversión en plantilla de las plazas de refuerzo estructurales.
  2. Una convocatoria con todas las plazas en 2017.
  3. El concurso-oposición como sistema de acceso.
  4. La reserva del 50% de las plazas para promoción interna a todos los cuerpos, pasando al turno libre las que no quedaran cubiertas por la promoción interna.
  5. La cobertura efectiva de todas las plazas convocadas, aumentándose el número de personas aprobadas para cubrir las plazas que sigan estando vacantes por las renuncias o excedencias motivadas por quienes hayan aprobado para varios cuerpos o por quienes hayan aprobado por promoción interna.
  6. La convocatoria ordinaria nuevamente en 2018 y en los años sucesivos de ofertas de empleo público con todas las plazas y con el mismo sistema de los anteriores puntos.
  7. La creación de nuevos juzgados donde las cargas de trabajo así lo justifiquen con el incremento de personal correspondiente

Orden del día de la reunión:

1º.- Unidad Administrativa Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos

2º.-Modificación RPT del Instituto Nacional de Toxicología

3º.Unidades Administrativas Formación

4º.-R.D. que modifica el RD 1130/2003 que regula el régimen retributivo del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

5º.-Oferta de Empleo Público

6º.-Organización del trabajo para la ejecución del Acuerdo Ministerio-Sindicatos de Diciembre de 2015: consolidación, interinos y concurso oposición

7º.-Ruegos y preguntas
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CCOO consigue la autorización de Hacienda para que se convoquen el 90 % de las plazas vacantes en Justicia


29 mar 2017


  • Acuerdo para la convocatoria de unas 280.000 plazas (más de 10.000 en la Admón. de Justicia) en una oferta extraordinaria de empleo público en el conjunto de las administraciones 

CCOO CONSIGUE EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL MINISTERIO PUEDA CONVOCAR EL 90% DE LAS PLAZAS VACANTES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

No obstante, para CCOO, la oferta es absolutamente insuficiente ya que el gobierno se niega a crear ningún nuevo puesto de trabajo público, a recuperar los que ha destruido, a garantizar el poder adquisitivo de nuestros salarios y a recuperar ninguno de los recortes que permanecen en las retribuciones, en las bajas por IT, en la jornada laboral y en el resto de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicos/as

Según el acuerdo parcial alcanzado en la negociación del conjunto de las Administraciones Públicas gracias a la presión de CCOO, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 autorizará la convocatoria de hasta el 90% de las plazas estructurales actualmente ocupadas por personal interino tanto en los cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia, como en el personal estatutario de sanidad, personal docente no universitario, servicios sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación e inspección y sanción de servicios y actividades.

Se trata de que la Ley de Presupuestos “daría permiso” a estas administraciones para convocar estas plazas (hasta ahora lo impedía) y deberá concretarse en cada ámbito (en justicia, por ejemplo) el número de plazas y el sistema de acceso.

Esta oferta de empleo público extraordinaria se desarrollará en tres años, mediante una o varias convocatorias, lo que también se concretará en cada ámbito. Según nuestros cálculos, en la Administración de Justicia deberán convocarse más de 10.000 plazas, aunque el Ministerio sigue negándose a darnos los datos concretos tras varios años en que llevamos solicitándoselo.

A pesar del importantísimo avance que para la lucha contra la precariedad del empleo público supondrán estas medidas, para CCOO son absolutamente insuficientes porque:

- Todas las plazas de plantilla de todas las administraciones y servicios públicos, estén o no ocupadas por personal interino, deben ser convocadas en OEP para ser cubiertas por personal de carrera para dotar de profesionalidad y estabilidad a dichos servicios públicos, evitándose así futuros recortes. En nuestro ámbito, por ejemplo, queda fuera el personal laboral.

- Debe garantizarse anualmente el 100% de la reposición de los puestos que queden vacantes por cualquier causa (jubilaciones, fallecimientos, excedencias, etc.).

- Debe incrementarse el empleo público en determinados sectores, como la Administración de Justicia, donde existen centros de trabajo con dotación de personal claramente insuficiente.


En la Administración de Justicia, CCOO vamos a seguir proponiendo:

1. La conversión en plantilla de las plazas de refuerzo estructurales.
2. Una convocatoria con todas las plazas en 2017.
3. El concurso-oposición como sistema de acceso.
4. La reserva del 50% de las plazas para promoción interna a todos los cuerpos, pasando al turno libre las que no quedaran cubiertas por la promoción interna.
5. La cobertura efectiva de todas las plazas convocadas, aumentándose el número de personas aprobadas para cubrir las plazas que sigan estando vacantes por las renuncias o excedencias motivadas por quienes hayan aprobado para varios cuerpos o por quienes hayan aprobado por promoción interna.
6.    La convocatoria ordinaria nuevamente en 2018 y en los años sucesivos de ofertas de empleo público con todas las plazas y con el mismo sistema de los anteriores puntos.
7.    La creación de nuevos juzgados donde las cargas de trabajo así lo justifiquen con el incremento de personal correspondiente


También se están negociando en mesa general otras materias de la Ley de Presupuestos y el gobierno sigue sin reconocernos a los empleados y empleadas públicas nuestro derecho a recuperar los recortes que se nos aplicaron con especial saña con la excusa de la crisis económica. Este mismo gobierno que dice que la crisis ha terminado continúa empecinado en castigar a sus propios trabajadores y a sus propias trabajadoras ofreciendo:

1.- Una subida salarial en 2017 del 1% cuando la inflación está en torno al 3% volviendo a castigar nuestro poder adquisitivo.

2.- Mantener la jornada laboral de 37 horas y media semanales y anunciando beligerancia (recursos ante el Tribunal Constitucional) contra las administraciones que incumplan esta norma.

3.- Mantener los descuentos retributivos por IT continuando con el injusto castigo hacia quienes por motivos de salud nos veamos impedidos para asistir al trabajo.

4.- Impedir la creación de nuevos puestos de trabajo en el ámbito de lo público manteniendo los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos aplicados hasta ahora.

Y todo ello sin ofrecer ni una sola medida tendente a recuperar las condiciones salariales de 2010 duramente recortadas a la clase trabajadora mientras especuladores y grandes empresas siguen llenando sus bolsillos a nuestra costa con la complicidad de estos gobernantes.

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100% de plazas para la Oferta de Empleo Público en Justicia


9 mar 2017



El Gobierno se compromete a reducir la tasa de interinidad en la Administración de Justicia.

LAS PRESIONES DE CCOO ANTE EL GOBIERNO CONSIGUEN QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PONGA A JUSTICIA AL MISMO NIVEL QUE SANIDAD Y ENSEÑANZA EN LAS FUTURAS CONVOCATORIAS DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Ante esta nueva posición del Gobierno, desde CCOO seguiremos exigiendo que se convoquen el 100% de las plazas vacantes mediante el sistema de concurso-oposición

En la reunión que el Director General de Función pública ha mantenido con CCOO (sindicato mayoritario) y el resto de sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación Gobierno se ha visto obligado a llegar a un acuerdo con los representantes sindicales para avanzar en la disminución de la interinidad y la eventualidad que existe en las Administraciones, que ya ha adquirido unas cifras preocupantes, aspecto en el que coincidimos, tal y como ya venimos denunciando desde hace muchos años.

La Administración ha manifestado su intención de que se avance en tres sectores fundamentalmente: Sanidad, Educación y Justicia. Asimismo ha propuesto que se haga “un proceso de consolidación de empleo universal” en estas tres administraciones, sin concretar cual pretende que sea el sistema de acceso.

Con carácter general desde CCOO hemos exigido la convocatoria de un total de 360.000 plazas en OEP que afecte a todas las administraciones públicas y la eliminación de las tasas de reposición.

En el ámbito de justicia CCOO hemos venido presionando al Ministerio de Justicia desde hace muchos años para que se convoquen a OEP todas las plazas vacantes, presión que hemos extendido a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y que hemos completado con propuestas constantes a todos los partidos políticos.

El primer fruto de estas presiones ejercidas por CCOO ya está sobre la mesa al haber incorporado el Gobierno la Administración de Justicia a los tradicionales sectores estratégicos de Enseñanza y Sanidad en materia de empleo público.

Para CCOO es un primer paso de grandísima importancia y seguiremos trabajando para que el Ministerio de Justicia finalmente acepte:
  • Una convocatoria de Oferta de Empleo Público con el 100% de las plazas vacantes.
  • La conversión en plazas de plantilla de las plazas de refuerzo estructurales.
  • La recuperación del 50% de las plazas para promoción interna en todos los cuerpos.
  • El sistema de concurso-oposición para las pruebas selectivas en el que se reconozca y valore la experiencia del personal interino.
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Tras la reunión con el ministro de Justicia el 2 de febrero, nueva convocatoria Mesa de Retribuciones y Empleo: 7 de febrero a las 17 horas


30 ene 2017



Tras la convocatoria exigida por CCOO de reunión con el ministro de Justicia y que tendrá lugar el día 2 de febrero por la tarde, el Ministerio de Justicia nos manda una nueva convocatoria de la mesa sectorial que se celebrará el día 7 de febrero a las 17 horas con el mismo orden del día (Registro Civil y Oferta de Empleo Público)

---------- Mensaje reenviado ----------
De: MEDIOS PERSONALES @mjusticia.es>
Fecha: 30 de enero de 2017, 11:53
Asunto: Nueva convocatoria Mesa de Retribuciones y Empleo
Para: 
Cc: DG RELACIONES ADMINISTRACION JUSTICIA @mjusticia.es>


Finalmente, y al haberse modificado la fecha de la convocatoria de la Mesa de Retribuciones y Empleo con motivo de la  reunión del próximo día 2 de febrero con el Ministro de Justicia, ésta queda convocada para el próximo día 7 de febrero a las 17:00 horas en el mismo lugar y con el mismo orden del día.

Atentamente,

CARLOS FERNÁNDEZ NAVARRO
Subdirector Gral. De Medios Personales
al servicio de la Administración de Justicia
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CCOO vuelve a solicitar al Ministerio y a las CCAA transferidas una oferta extraordinaria de Promoción interna que recupere el 50% de las vacantes y una convocatoria en 2017 de una oferta de Empleo Público que contenga la totalidad de las plazas vacantes y las de refuerzo estructurales


26 oct 2016




CCOO en defensa del empleo público de calidad en la Administración de Justicia

CCOO VUELVE A SOLICITAR AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON COMPETENCIAS TRANSFERIDAS:

q  UNA OFERTA EXTRAORDINARIA DE PROMOCIÓN INTERNA QUE RECUPERE EL 50% DE TODAS LAS PLAZAS VACANTES

q  LA CONVOCATORIA EN 2017 DE UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO QUE CONTENGA LA TOTALIDAD DE LAS PLAZAS VACANTES Y DE LAS PLAZAS DE REFUERZO ESTRUCTURALES



CCOO HEMOS SOLICITADO POR ESCRITO:

1.- CONVOCATORIA DEL 100% DE LAS PLAZAS VACANTES

q  CCOO exige la convocatoria en Oferta de Empleo Público de la totalidad de las plazas vacantes en las plantillas y RPTs, estén cubiertas o no por personal interino o por cualquier otro sistema de provisión, y de todas y cada una de las plazas ocupadas por personal de refuerzo estructurales, que se incorporarán previamente a las plantillas orgánicas.

2.- 50% DE TODAS LAS VACANTES PARA PROMOCIÓN INTERNA

q  CCOO exige la convocatoria extraordinaria de pruebas de acceso por el turno de promoción interna para recuperar el 50% de las vacantes en todos los cuerpos, incluido el de Letrados de la Administración de Justicia, incrementando, en su caso, las que no sean cubiertas las plazas del turno libre.

3.- EL CONCURSO-OPOSICIÓN COMO SISTEMA DE ACCESO

q  CCOO exige la convocatoria de las pruebas de acceso, también para el turno libre, mediante el sistema de concurso oposición, con una fase de oposición en la que la superación de los exámenes se haga con el 50% de la puntuación máxima y con una fase de concurso con el 45% de la puntuación total en la que se valore la experiencia previa, máximo establecido por el Tribunal Constitucional.

4.- CUERPOS DE MÉDICOS FORENSES Y ESPECIALES DE INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA

q  CCOO exige la convocatoria inmediata y sin modificación de los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos de Médicos Forenses (OEP 2015) y de los cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (OEP 2015 y 2016 acumuladas), incluyendo las plazas de promoción interna.

Entendemos que la concreción de estas solicitudes y el posible acuerdo, en su caso, deben llevarse a cabo en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación cuya convocatoria también hemos solicitado.


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado diversas sentencias con arreglo a las cuales declara que el Derecho de la Unión se opone a la norma nacional que permite la renovación de nombramientos temporales para atender necesidades temporales en materia de personal, cuando estas necesidades son en realidad permanentes, por contravenir el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999.

En lo que atañe a la Administración de Justicia, tanto en el ámbito no transferido, de la responsabilidad del Ministerio de Justicia, como en el transferido, gestionado por las Comunidades Autónomas en lo referente a determinados cuerpos de funcionarios, se da la situación proscrita por la citada Sentencia, en tanto que existe un elevadísimo porcentaje de puestos de trabajo atendidos por funcionarios interinos que atienden necesidades de empleo estructurales, permanentes y estables; por lo tanto, el Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias transferidas, incumplen el dictado de la sentencia y, por ende, la Directiva 1999/70/CE y su anexo, y vienen obligados, con carácter inmediato, en virtud del principio de aplicación directa del fallo de la sentencia del Tribunal Europeo en el ordenamiento jurídico interno de los países miembros de la Unión Europea, a adoptar las medidas y mecanismo necesario, en orden a cubrir con personal funcionario de carrera los puestos de trabajo de las plantillas y también los desempeñados por personal interino de refuerzo que atienden necesidades estructurales y permanentes.

CCOO hemos venido exigiendo que las convocatorias de Ofertas de Empleo Público incluyan la totalidad de las plazas vacantes y también de aquéllas de refuerzo que se han demostrado estructurales, previa incorporación a las plantillas, además de que se garantice la promoción profesional recuperando el 50% de las plazas para la promoción interna.

Siempre hemos entendido que los puestos de trabajo estructurales tienen que estar ocupados por personal titular, reservándose el nombramiento de interinos y otros sistemas extraordinarios de provisión de puestos para cubrir las ausencias de su titular hasta la siguiente OEP.

La tradicional e incomprensible exclusión en las OEP de la Admón. de Justicia de un elevadísimo número de plazas vacantes y de cientos de refuerzos que se han demostrado estructurales ha impedido la normalización de esta situación que viene ahora además reprochada por las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que confirman y avalan las peticiones que desde CCOO venimos realizando en este sentido y que exigen al Reino de España la asignación de trabajadores fijos a los puestos de trabajo estructurales que, en el caso de los empleados públicos y para conjugar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, solo puede llevarse a cabo mediante la convocatoria de Ofertas Públicas de Empleo con la totalidad de las plazas vacantes.

Además, y como ya hemos manifestado en reiteradísimas ocasiones, no existe ninguna razón económica de control de gasto público que justifique la situación actual en la que la inmensa mayoría de los puestos vacantes no cubiertos por titulares lo están por personal interino no produciéndose ningún ahorro para las arcas públicas.

El efecto que ha producido esta insuficiencia de plazas convocadas en anteriores OEP es un altísimo nivel de empleo precario en la Administración de Justicia (con niveles insoportables de más del 50% en territorios como Cataluña, Baleares o Canarias), con personal interino que ha mostrado de sobra su capacidad para los puestos de trabajo desempeñados, que debe serle reconocida en sus aspiraciones de obtener una plaza como funcionarios de carrera. Conjugar los principios mencionados de igualdad, mérito y capacidad es el objetivo que, por tanto, perseguimos formulando nuestra propuesta de que sea el concurso-oposición el sistema de acceso para las sucesivas convocatorias, con los límites establecidos por las sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto al porcentaje que sobre la puntuación total puede darse a la experiencia previa como funcionario interino y valorando de forma equilibrada la fase del concurso de méritos en relación a la fase de oposición, estableciendo la nota de corte de todos los ejercicios de la oposición en el 50% de la nota máxima posible.

Para los casos de los cuerpos de Médicos Forenses y Especiales del INT (en este caso tanto en los procesos del turno libre como en los de promoción interna), para las personas aspirantes la situación ya se está haciendo especialmente insoportable. Para los primeros estamos aun a la espera de la convocatoria de la OEP de 2015 y, para los segundos las convocatorias de las ofertas acumuladas de 2015 y 2016 no pueden hacerse esperar más por lo que exigimos su convocatoria inmediata.


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El Gobierno vuelve a demostrar su falta de voluntad negociadora respecto al empleo público


28 jul 2015


A falta de pocos días para cerrar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y dentro del compromiso de negociación asumido por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, el Gobierno es incapaz de traer una propuesta a la mesa de negociación.

La reunión de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo de la AGE convocada el 27 de julio por la Dirección General de Función Pública —que responde a los compromisos de negociación expresados por el secretario de Estado de Administraciones Públicas respecto a la Oferta de Empleo Público, los ámbitos que a este respecto deben considerarse prioritarios o la tasa de reposición— solo puede calificarse como un absoluto despropósito en cualquiera de los planos desde donde se quiera analizar.

Tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado del pasado día 16 de julio, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se escudó en la necesidad de escuchar —otra vez— a las organizaciones sindicales antes de indicar los límites en los que debían situarse las propuestas del Gobierno para ser respetuosos con el proceso de negociación.

Sin embargo, esta reunión de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, que se produce una vez finalizadas las reuniones “bilaterales” con las organizaciones sindicales, siguiendo el método fijado por Beteta para “escuchar” a los sindicatos, el Gobierno no ha traído a la mesa ni una sola propuesta, ni el más mínimo análisis de la situación, ni un solo criterio de actuación de cara al futuro. Nada sobre la mesa, más allá de un orden del día genérico y hueco que vuelve a poner de manifiesto que la voluntad que expresa este Gobierno del Partido Popular respecto a la negociación en la Administración Pública es meramente estética y una falacia adicional en toda la campaña de propaganda diseñada en torno a la recuperación de derechos de las empleadas y empleados públicos.

A un esquema de negociación vacío, un esquema que raya la absoluta falta de respeto hacia toda la representación sindical presente y que sirve para calibrar sobre qué bases sigue construyendo este Gobierno las relaciones laborales en la Administración General del Estado, se une la sensación de que en materia de empleo en este ámbito la situación viene dominada por la improvisación, por la ocurrencia en el último minuto y por una ignorancia completa de cuál es la realidad que sufren todos los servicios dependientes de esta Administración.

Desde CCOO se ha denunciado este nivel de irresponsabilidad. Esta Administración no puede seguir perdiendo recursos humanos. No se lo puede permitir este Gobierno y mucho menos la ciudadanía, que es la que sufre las consecuencias del deterioro en los servicios.

Según manifiesta el Gobierno, estamos en un periodo de recuperación de empleo, si bien es cierto que de un empleo de muy baja calidad, pero aún es más cierto que la Administración Pública es el único sector de actividad que no se une a ese crecimiento, tal y como recoge la EPA.

Los últimos cuatros años han estado dominados por una tasa de reposición de carácter general del 0%. Se han identificado en estos años sectores prioritarios de actuación, pero no para mejorar el volumen empleo en los mismos, sino para reducir su personal a un ritmo menor. Las políticas de este Gobierno siempre han provocado una pérdida neta y significativa de empleo en la Administración General del Estado.

La reunión de ayer ni siquiera sirvió para enterrar definitivamente ese tipo de políticas en materia de empleo en esta Administración, como parecía anunciar la representación del Gobierno en la Mesa de General de Negociación AGE.

Mientras el ministro Montoro es capaz de declarar en sede parlamentaria, y coincidiendo con la tramitación de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que el Estado no se puede seguir descapitalizando de recursos humanos, en la mesa de negociación ni se confirma dicha orientación ni hay propuestas que hagan presumir esa voluntad.

Para CCOO no solo es fundamental acabar con la tasa de reposición y con las políticas restrictivas en esta materia. Además es urgente realizar una valoración de todos aquellos servicios que se encuentran en una situación de alarma, cercanos al colapso, y establecer las medidas correctoras a través de ofertas de empleo extraordinarias que permitan recuperar el nivel mínimo de plantilla que garantice el servicio de cara a la ciudadanía. Por otro lado, no podemos olvidar los niveles de precariedad en el empleo que han vuelto a resurgir en este ámbito y que obligan a determinar cuánto es empleo estructural que debe quedar recogido en la oferta de empleo, así como la necesidad de revertir muchas de las parcelas de actividad de esta Administración que han sido privatizadas por este Gobierno a un coste incomprensible, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de servicio público.

Desgraciadamente, no ha sido posible tratar de nada de lo indicado. Esta última reunión ha sido una torpeza y una caricatura de lo que debiera ser la negociación colectiva en el ámbito de la Administración General del Estado.

A falta de pocos días para cerrar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, el Gobierno es incapaz de traer una propuesta a la mesa de negociación. Con ello no podemos sino afirmar que la supuesta negociación en materia de empleo en la Administración General del Estado es una burla al sentido común y a la situación que sufren muchos de sus servicios y que la pretendida voluntad negociadora expresada por el Gobierno es simplemente propaganda.

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CCOO considera la negociación de la OEP un fraude


19 mar 2015



  • CCOO exige la negociación de un diagnóstico del empleo en la Administración General del Estado, que identifique las necesidades de personal en los distintos colectivos y concluya con la aprobación de un real decreto ley que modifique los presupuestos y apruebe una OEP extraordinaria con las necesidades detectadas.
  • El sindicato critica que hagan un proceso precipitado de información, que no negociación, para poder hacer el anuncio en el Consejo de Ministros de este viernes, coincidiendo con el cierre de campaña de las elecciones andaluzas. La Dirección General de Función Pública, el Gobierno, puede decirlo y vestirlo como quiera, pero lo único cierto es que en el año 2015 se concreta una pérdida de 2.952 puestos de trabajo en la Administración del Estado.

  • La plantilla de la AGE (excluidas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas) ha pasado de 322.293 personas en julio de 2010 a 276.221 en julio de 2014, lo que supone una pérdida de 46.072 empleos (un 14 %).

A los responsables de la Administración no les importa que los servicios a la ciudadanía estén muchos de ellos en clave de colapso y completamente descapitalizados. Miremos donde miremos solo encontramos problemas y déficit de personal

Se le ha planteado desde CCOO a esta Directora General la urgencia de elaborar un diagnóstico compartido en materia de empleo para la Administración General del Estado, identificar los problemas y necesidades reales, acabar con esta unilateralidad, en muchos casos arbitrariedad, en la toma de decisiones que afectan al empleo y sobre todo frenar el deterioro de los servicios públicos que dependen de nuestra Administración. No hay forma de arrancarle ningún compromiso con esta cuestión.

Se le han planteado desde CCOO a esta Directora General la necesidad de eliminar todas las restricciones a la participación en los concursos de provisión de puestos y acabar con los guetos en que se han convertido algunos organismos. Tampoco se ha pronunciado.

Se le ha planteado desde CCOO a esta Directora General la obligación de publicar a través de los concursos todas las vacantes existentes y evitar la política imperante que solo permite recoger y publicar aquellas que previamente han sido ocupadas en comisión de servicios o por otras vías excepcionales rompiendo completamente el derecho a una carrera profesional en claves de igualdad. Nos escucha, nos entiende pero calla.

Nada le hace mella a esta responsable de la Dirección General de Función Pública. Ella nos repite una y otra vez el mantra que lleva aprendido: Hay que alegrarse de una oferta que llega al 50% de la tasa de reposición de efectivos.

Vamos, que hay que alegrarse de perder otros 3.000 puestos de trabajo en la Administración General del Estado. Perder otros 3.000 puestos de trabajo en centros y unidades que están desbordados o con unas carencias de personal que impiden responder a los requerimientos de la ciudadanía. En fin, con esta frase, con este tipo de aseveraciones, sobra cualquier otro tipo de explicación.

Más información aquí

OEP 2015 Promocion Interna-AGE
OEP 2015 Ingreso Libre- AGE
OEP 2015 Personal Laboral-AGE
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OEP 2015: Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos 2015


26 nov 2014


  • El grupo Popular presenta una enmienda que autorizaría la convocatoria de plazas en aquellos Cuerpos de la Administración de Justicia, siempre que estén ocupadas por personal interino en número superior al 15% del total de las presupuestadas, con un límite máximo del 20% de las vacantes existentes

Se han presentado en el Senado por los diferentes grupos parlamentarios, enmiendas al proyecto de LPGE para 2015 en relación con la OEP en la Administración de Justicia.


a) La enmienda que ha presentado el grupo popular que sostiene al Gobierno es la siguiente:


El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 21.
 ENMIENDA
De modificación.
 Incluir en letra “G” del artículo 21.
“En la Administración de Justicia, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en la situación de cobertura de sus plazas, se computará el número máximo de plazas a autorizar en función del número total de plazas de la plantilla aprobadas dotadas presupuestariamente, y que hayan estado ocupadas por funcionarios interinos durante al menos los tres últimos años, autorizándose Oferta de Empleo en aquellos Cuerpos de funcionarios en el que el porcentaje de las plazas con este tipo de ocupación supere el 15% del total y en un número máximo que, acumulado para todos los Cuerpos, no podrá superar el 20% de las vacantes.”



b) La enmienda que ha presentado el grupo socialista es:
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 21. Uno. 2.
ENMIENDA
De modificación.
Al Artículo 21, apartado Uno. 2
Se propone la modificación del apartado Uno.2 del artículo 21, que tendrá la siguiente redacción:
“Uno. 2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el apartado anterior no será de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fija en el 100 por ciento:
A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes y para la cobertura de plazas de profesionales de apoyo educativo de los centros docentes.
B) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias y respecto al personal que tenga encomendado el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud.
C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio, y en el ámbito de la Administración Local a las correspondientes al personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas.
En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente.

D) A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de carrera militar.
E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos.
G) A la Administración de Justicia y a la Acción Exterior del Estado.
H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal de investigación de los organismos públicos de investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Esta previsión será también de aplicación a las plazas de los Cuerpos de personal investigador de las Universidades, siempre que por parte de las administraciones públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.´
J) A las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades.
K) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen.
L) A las plazas correspondientes a la seguridad aérea respecto del personal que realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo, y a las plazas de personal en relacion con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento martítimo y prevencion y lucha contra la contaminación marina.
M) A la Administracion Penitenciaria.
N) Al Consejo de Seguridad Nuclear en relacion con las plazas de funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Proteccion Radiólogos que realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y nucleares.


c) La enmienda que ha presentado IU sobre esta cuestión es la siguiente:

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 21. Uno. 2.
ENMIENDA
De sustitución. 
Sustituir:
“se fijará hasta un máximo del 50%” por “se fijará hasta un máximo del 100%”


Debate de totalidad del proyecto de LPGE 2015 en el Senado: día 26 noviembre


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Consejo de Ministros: Justicia se excluye de los sectores prioritarios para la tasa de reposición


27 sept 2014


Tal y como hemos adelantado, se confirma la congelación de los salarios de las empleadas y empleados públicos y la devolución de una parte de la paga extraordinaria hurtada en el año 2012  que el Gobierno pretenden hacernos creer que es debido a la supuesta "recuperación" tan publicitada de cara a las elecciones, pero lo cierto y verdad es que los  tribunales son los que le han obligado a esa devolución.

Os recordamos que la reforma de la LOPJ operada para poder llevar a cabo "el atraco" en la paga extra del año 2012 en la Administración de Justicia,  se publicó el 29 de diciembre de 2012 y, en ese momento, nuestra paga extra ya estaba devengada. Además ya hay más de una sentencia que obliga a la devolución íntegra de la paga extra en justicia.

En la Mesa general de Administraciones Públicas que tuvo lugar ayer, el Gobierno aprobó una tasa de reposición del 50% para los sectores prioritarios de sanidad, educación, fuerzas del orden y seguridad, extinción de incendios y lucha contra el fraude.

CCOO denuncia que se excluya al Sector de la Administración de Justicia de los sectores priotarios. Esto supondrá que no habrá OPE en esta Administración en el año 2015 lo que, sumado a las reformas previstas, incidirá gravemente en la destrucción de empleo y es un paso más para conseguir el objetivo que se ha marcado el Gobierno: el desmantelamiento de la Administración de Justicia como servicio público.

Referencia Consejo de Ministros
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Gobierno y comunidades autónomas planean más recortes


23 jul 2014


  • CCOO responderá con la máxima contundencia si hay nuevos recortes al personal público

Ante las informaciones publicadas ayer en el diario El País, en las que se anuncia una nueva batería de propuestas de ajuste hacia las empleadas y empleados públicos, CCOO informa que, de ser ciertas estas medidas, el sindicato responderá con la máxima contundencia

Para CCOO es absolutamente inaceptable, además de incongruente, que el propio Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, inicie una ronda de contactos amparándose en el crecimiento económico y el fin de la crisis, y ahora se anuncie un documento con nuevas propuestas de recortes en las administraciones públicas para cumplir el déficit.

De materializarse estas iniciativas, que van en la línea de recortes de derechos y de desmantelamiento de los servicios públicos, esto supondría un paso más del Gobierno del Partido Popular en la destrucción del Estado de bienestar, además de repercutir un mayor coste de la crisis sobre las empleadas y empleados públicos, que ya han sufrido recortes en los últimos cuatro años.

El personal al servicio de las administraciones y empresas públicas ha sufrido importantes recortes en su salario, además de la supresión de una paga extra, la reducción o supresión de las ayudas de acción social, el aumento de la jornada, la supresión de días de vacaciones y asuntos propios, así como el recorte en los días de bajas médicas.

Por otro lado, el Área Pública de CCOO considera especialmente lesivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos que se profundice en la pérdida de empleo, tal y como se anuncia en las medidas contempladas por el PP.

Los medios de comunicación sacan a la luz las intenciones del gobierno del PP - que sólo oculta por intereses electorales - y de las comunidades autónomas - y ponen de manifiesto que el Ministro Montoro (uno de los expertos, junto con Gallardón, en poner en práctica maniobras de distracción) discute nuevos recortes con las comunidades autónomas

Que nadie se engañe, y que nadie nos engañe. El gobierno tiene como objetivo reducir el déficit público, únicamente, a costa de desmantelar los derechos sociales, los servicios públicos (entre ellos la Administración de Justicia con la privatización del Registro Civil y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina los partidos judiciales, los juzgados de paz, las audiencias provinciales, que destruirá miles de puestos de trabajo, que impondrá la movilidad forzosa, que reducirá las posibilidades de promoción profesional y movilidad voluntaria así como las retribuciones complementarias) y de seguir recortando derechos de los empleados públicos.

En cambio, descaradamente, admite que los contribuyentes perdamos más de 11.500 millones de euros al vender al BBVA, por sólo 1.187 millones, un banco, el Catalunya Banc, por cuyo rescate hemos tenido que pagar 12.622 millones de euros.


Reproducimos parte del artículo publicado en el diario El País que literalmente dice que las medidas más radicales están en el apartado de recortes en gastos de personal

“Funcionarios. Eliminación del exceso de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas salvo en servicios prioritarios. Ampliación de la jornada semanal de funcionarios a 40 horas. Eliminación de todos los moscosos. Reducción de las retribuciones anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria. Suspensión de planes de pensiones. Reducción de jornada y de retribuciones a personal funcionario interino y laboral temporal. Revisión del gasto en acción social. Reducción de un 5% en las aportaciones a entes o empresas del sector público autonómico excepto en hospitales. Mejorar el uso del parque móvil, limitar vehículos, compartir uso, primer uso de vehículos representativos de alquiler. Limitación de las ayudas a las organizaciones sindicales están en el apartado de recortes en gastos de personal.

Las comunidades autónomas, en especial algunas, siguen teniendo problemas importantes para cumplir sus objetivos de déficit y cuadrar sus cuentas. Y algunas proponen medidas de recorte drásticas para ajustarlas. El Gobierno ha iniciado un proceso de consulta con todas ellas para ver qué propuestas de “racionalización del gasto”, el eufemismo utilizado, les hacían llegar. El ministerio de Hacienda ha recogido todas esas propuestas en un documento, con 255 medidas muy concretas, y se las ha enviado a todas las comunidades. Y en ese texto hay iniciativas muy polémicas, como nuevos copagos, establecimiento de “tasas hosteleras” en los hospitales, nueva ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, eliminar de nuevo una paga extra o reducir el 10% el complemento de los profesores.

Todas las medidas que figuran en este documento que ha elaborado Hacienda provienen de propuestas de una o varias autonomías, aunque en el texto no se especifica quién las planteó para evitar el coste político que supondría si se dieran a conocer y más ahora que se acercan las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Este proceso, que lleva meses en marcha, tiene un momento clave la próxima semana, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convoque a todos los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir, entre otras cosas, las medidas de racionalización del gasto.

Las comunidades, sobre todo las que tienen más dificultades, plantean que sea el Gobierno el que, a través de la normativa general, asuma el coste político de forzar esos nuevos recortes, aunque serían ellas las que ahorrarían.

Es lo que sucedió en 2012, cuando desde la normativa básica se amplió por ejemplo de 25 a 35 el ratio máximo de alumnos por clase —una de las medidas plantea aumentarlo otra vez un 10%— o el horario de los funcionarios de 35 a 37,5 horas semanales —ahora se plantea subirlo de nuevo a 40—.

Hacienda explica que, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, este documento que se ha enviado ahora “se depurará para eliminar las propuestas más inasumibles”, aunque de momento no se ha hecho el trabajo de diferenciar cuáles son discutibles y cuáles hay que descartar. A una semana de la cita clave, las autonomías solo disponen de este texto con 255 medidas.

No todas las que se plantean son especialmente polémicas. Muchas de ellas se concentran en cuestiones en las que están de acuerdo todas las autonomías, como la centralización de todo tipo de compras —para poder negociar mejor con los grandes proveedores y obtener rebajas— y otras que ya se habían estudiado en el documento sobre la reforma de la Administración promovida por el Ejecutivo, como la eliminación de defensores del pueblo autonómicos y la coordinación entre las comunidades de todo tipo de iniciativas, desde las políticas de empleo a las licencias de caza. También hay una parte final en la que se plantean cambios radicales en la recolección de datos para poder hacer este tipo de políticas de racionalización con datos homologables entre todas las autonomías. La dispersión de los datos es uno de los principales problemas con los que se han encontrado los expertos a las hora de la racionalización y la coordinación entre las autonomías.

Sin embargo la parte más novedosa del documento, y empieza por ahí el listado de medidas, son las propuestas de nuevos copagos y las reducciones del número de empleados públicos y de sus salarios reales o en especie.

De hecho, la primera iniciativa de las 255 es un “copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas, y emisión de facturas informativas al paciente del coste del servicio”. La segunda es “copago por asistencia a consulta médica y urgencias”. La tercera es copago por interrupciones del embarazo. Y la cuarta, una “cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos”. Esto es, el euro por receta que el Gobierno ha rechazado en varias ocasiones, sobre todo porque lo hacían de manera individual comunidades como Cataluña y Madrid. En el documento se pide que se implante en toda España.

Todas las primeras medidas van esa línea y también se plantea el “aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria”. Esto es, mientras algunas comunidades no quieren aplicar esta medida del copago farmacéutico en los hospitales implantada por el Ministerio de Sanidad, otras están pidiendo que se aumente.

En la misma línea de copago van otras muchas propuestas, también las que se refieren a la ley de dependencia. “Avanzar en la aplicación efectiva de la contribución económica del usuario al sistema”, dice una de ellas. Pero las más radicales están en el apartado de recortes en gastos de personal, tanto que algunas incluyen directamente la “suspensión del nombramiento de personal interino”.



¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!


PAREMOS LA REFORMA DE LA LOPJ

         
DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS LABORALES Y RETRIBUTIVOS!!


¡¡NO A LA MOVILIDAD FORZOSA!!


¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS  ACTOS DE COMUNICACIÓN!!


EN  DEFENSA DE  LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO


EMPLEA TU FUERZA, VAMOS A CAMBIAR LAS COSAS


¡¡ SÍ SE PUEDE!!


¡ MOVILÍZATE Y LUCHA!!


8 DE OCTUBRE, HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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La crisis provoca un incremento de más del 25% de los asuntos que llegan a los juzgados de lo social de la Comunidad


9 dic 2012


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Estiman que las nuevas tasas judiciales acarrearán la pérdida de 100 empleos


8 dic 2012


Los sindicatos de la Administración de Justicia (CSIF, CCOO, STAJ Y UGT) han iniciado en los Juzgados de León una campaña de recogida de firmas contra la Ley de Tasas Judiciales y los recortes del Gobierno de España en el sector, que podrían poner en peligro un centenar de puestos de trabajo en León. El representante de CCOO, Javier Centeno, ha explicado en declaraciones a los periodistas que la privatización de los registros civiles o la posible supresión de los partidos judiciales en los pueblos de la provincia de León, podrían conllevar la reducción de esos puestos «sólo en empleados públicos».
Sin pleitos
Unos recortes que, según ha indicado, «no son para mejorar el servicio» a lo que se añade ahora el pago de la tasa judicial con «precios altos» para que «no haya pleitos» y no se produzcan «atascos» administrativos».
«Si descienden los pleitos, descienden los abogados, los procuradores y los funcionarios públicos y se limitan los derechos de los ciudadanos a tener justicia», ha comentado Centeno quien ha señalado que esta campaña de firmas busca «hacer partícipes» a los leoneses de «otra ley injusta» adoptada por el Gobierno. Así, ha lamentado que a «un ciudadano que ya paga lo que paga» por la prestación del «derecho fundamental» a la Justicia «igual para todos», «se le esté cobrando más», mientras «se le perdonan cosas a los grandes capitales, que son los responsables de la crisis de verdad». Los sindicatos de los trabajadores de la Administración de Justicia han anunciado que «en breve» se emprenderán «nuevas acciones» de protesta, en unión con jueces, fiscales, abogados, médicos forenses y otros trabajadores del sector.
Después de jueces y abogados, los funcionarios de Justicia se suman ya a las protestas activas contras las tasas judiciales que plantea el Gobierno del PP. Como han hecho los colectivos profesionales del derecho y la judicatura, los funcionarios entienden que la repercusión de las tasas terminará por afectar al empleo en los juzgados por la pérdida de actividad.

Fuente: http://www.diariodeleon.es
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