Los juzgados de violencia de género: situación ante la comarcalización


4 dic 2020


Fotografía de Txefe Betancort.

Informe/ Los juzgados de violencia de género: situación ante la comarcalización, de Jacinta Navas, José María Vico y Marian Rubí

    Jacinta Navas, José María Vico y Marian Rubí escriben sobre las consecuencias nefastas que tendrá sobre las víctimas de violencias machistas la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer y se detienen especialmente en dos ejemplos: el Campo de Gibraltar y la Comunidad Valenciana. Las víctimas de las violencias machistas necesitan más hechos que les apoyen decididamente y que se les ayude a salir de la espiral de violencia, no necesitan más campañas televisivas vacías de contenido. Escuchar sus necesidades específicas puede ser un buen comienzo.LA LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Estatuto de la Víctima, el Convenio de Estambul..., en definitiva un conjunto de normas obligaban a las distintas administraciones responsables a cumplir unos requisitos de formación del personal en materia de igualdad, perspectiva de género y violencia contra las mujeres y a la adecuación de los espacios judiciales para la protección de las víctimas y menores de edad.


    Sin embargo, toda esa normativa ha sido en la práctica papel mojado. Se ha mantenido el engaño de llamar “especializados” a juzgados que simplemente eran exclusivos y han metido a las víctimas en cuartos de limpieza, archivos o jaulas prefabricadas para garantizar su protección.

    El informe para un Pacto en materia de violencia de género, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 28 de septiembre de 2017, acordó avanzar hacia una efectiva formación y especialización en violencia de género de las personas profesionales que trabajan en este ámbito por ser un elemento clave para una adecuada respuesta judicial.

    En el año 2018, se publica la ley, que reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Con esta ley comienza la verdadera especialización de las personas de la carrera judicial titulares de juzgados de violencia sobre la mujer, de los juzgados de penal exclusivos en violencia de género y de las secciones de las audiencias que conozcan la materia. Mucho tiempo ha costado comprender que si desde hace años existen especialistas en materias como contencioso administrativo, social o mercantil, la violencia contra las mujeres merecía, al menos, igual grado de estudio, formación y especialización en el ámbito de la carrera judicial.

    Bienvenido sea el cambio de actitud, aunque los resultados generales y efectivos no empiecen a verse hasta que transcurran unos cuantos años, pero no basta este pequeño paso. Para cumplir con la normativa europea, hay que formar adecuadamente a todo el personal judicial que trabaja con víctimas de violencia de género y no sólo al de la carrera judicial, que además incluso para este personal se ha quedado corta la reforma, olvidando a los jueces y juezas de los juzgados mixtos de los pueblos que también llevan violencia de género. No está clara la verdadera intención de las Administraciones al optar por comarcalizar los juzgados de violencia sobre la mujer en lugar de extender la especialización, alejando la justicia de las ciudadanas, en este caso personas vulnerables a las que hay que proteger facilitándoles el acceso a la tutela judicial y no añadiendo trabas para el acceso a la misma.

    El caso del Campo de Gibraltar

    HASTA EL pasado 1 de octubre existían tres juzgados con competencias en violencia sobre las mujeres: Algeciras, con competencia exclusiva; San Roque y La Línea, con competencias compartidas en materia civil y penal; para atender a una comarca muy amplia: 1.529 km2, con población superior a las 250.000 personas y numerosos municipios muy separados entre sí.

    Estos órganos judiciales, dotados de plantillas insuficientes, sedes judiciales obsoletas y con pocos medios materiales, a pesar del esfuerzo que realizaban, estaban al borde del colapso. Los últimos datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía así lo corroboran, se supera con creces los módulos de trabajo ideales establecidos por el Consejo General del Poder Judicial para dar un buen servicio público.

    Esta situación, en vez de corregirse por parte de la Administración, ampliando personal, actualizando sistemas informáticos, mejorando la coordinación con el resto de profesionales que operan en esta materia, formando en sensibilización sobre violencia de género, y estableciendo un plan a medio plazo de mejora de las instalaciones, se ha ido degradando paulatinamente.

    La “solución” por la que se ha optado ha sido la comarcalización, es decir, centralizar las actuaciones de toda la amplia comarca del campo de Gibraltar en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras. Se aleja así el acceso de las víctimas a los juzgados, eso sí, se contenta a la judicatura, que llevaba tiempo clamando por esta actuación, que solo es beneficiosa para su comodidad.

    Se realiza este cambio sin aumentar el número de efectivos, a pesar de incrementarse exponencialmente los expedientes para resolver y sin mejorar las instalaciones del Juzgado de Algeciras. Las principales deficiencias: habitación para las victimas muy pequeña y sin ventilación, no existen dependencias para los investigados no detenidos (con lo que difícilmente se puede evitar el contacto con las víctimas), ni se cuenta con sala Gesell (habitación acondicionada para permitir la observación con personas) para declaraciones de menores y víctimas sensibles. Tampoco se ha adoptado ninguna medida para el traslado de las víctimas residentes en localidades alejadas de Algeciras con falta de medios propios y en una zona que carece de buenos transportes públicos.

    La comarcalización en la Comunidad Valenciana

    SI UNA MUJER reside en el municipio de Fuente La Reina (Castellón) y es víctima de la violencia machista, cuando reúna el valor suficiente para denunciar a su agresor, tendrá un problema añadido: resolver cómo recorre los 80 kilómetros que la separan del Juzgado de Vila-real que atenderá su denuncia. La primera vez será difícil, porque, en ocasiones, se puede jugar la vida. Pero después habrá otras muchas que le exigirán el mismo recorrido. Para la separación o divorcio, y cualquier trámite posterior ya que será ese mismo juzgado el que se ocupe al haber tramitado inicialmente la denuncia. Así es el procedimiento.

    Tampoco nadie parece haber tenido en cuenta que los distintos procedimientos judiciales, derivados de la denuncia inicial por violencia de género que afectan a la víctima y también a quienes testifiquen, personas obligadas a comparecer ante el órgano judicial desplazándose desde localidades donde no existe ningún tipo de servicio público de transponte.

    Como el caso de la Fuente la Reina nos podemos encontrar con otra multitud de pueblos que pertenecen al Partido Judicial más grande de toda la provincia de Castellón, Segorbe, en que el que pueblos como Pina de Montalgrao, El Toro y otro largo número de ellos, se encuentran a grandes distancias de Villa-real y sin ningún, o escasosmedios públicos de transporte.

    No parece esta medida la forma más adecuada de garantizar la seguridad de las víctimas de violencia machista, medida gravemente disuasoria a la hora de facilitar la denuncia, que sólo verán incrementadas las complicaciones y riesgos de su acción. No basta con grandes campañas publicitarias televisivas, es necesario acercar la justicia a las víctimas, no alejarla y añadir dificultades.

    Pero así será si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comarcaliza el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vila-real, atendiendo a la petición emanada desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y en contra del criterio de CCOO. Ello significa cargarse con premeditación y alevosía el principio de proximidad, obligando a las usuarias a desplazarse largas distancias para cualquier trámite o consulta.

    Desde el 1 de enero de 2019 el Juzgado Exclusivo de Violencia sobre la Mujer está asumiendo esta nueva carga de trabajo con la misma plantilla que tenía antes de la entrada en vigor de la comarcalización de los Juzgados de Segorbe y Nules. Plantilla que había sido objeto de una amortización de plazas en dos ocasiones y que no se ha incrementado a pesar del aumento del volumen de procedimientos y, sobre todo, de la extrema urgencia de la tramitación de los mismos. De esta urgencia depende la vida de muchas mujeres, no lo olvidemos, en este caso estamos hablando de vidas no de números.

    CCOO no dejó en ningún momento de reclamar otras soluciones, como la ampliación de las plantillas en los juzgados de Segorbe y Nules, la creación de un Servicio Común Procesal de Asuntos Generales, con plantilla nueva en Segorbe o la creación de un nuevo juzgado en Nules. Soluciones lógicas si se apuesta por unos servicios públicos de calidad, que acaben con las penosas consecuencias de los recortes e incluyan la recuperación de recursos y medios y que hubiera permitido poder atender la violencia de género con la debida premura y sin menoscabo de la llevanza del resto de asuntos judiciales. Por desgracia, la decisión final fue seguir adelante con la comarcalización en lugar de apostar por mantener la justicia de proximidad, que es la que se merece la ciudadanía.

    No menos importante, que lo anteriormente expuesto, es la falta de formación y especialización, principal argumento por parte de la judicatura y de la Conselleria de Justicia para seguir adelante e implantar este proyecto. No existe tal especialización, no es cierto, ni se exige a jueces y juezas titulares de estas plazas, ni a las plantillas que en ellos trabajan ningún tipo de especialización. Es, por tanto, un argumento que se cae por su propio peso. En el caso de la Comunidad Valenciana la única ventaja que ha supuesto la comarcalización de los Juzgados de Violencia de Género es el ahorro económico que le supone a la Administración: dejar de pagar el complemento por asumir la violencia de género que cobraba parte del personal de los juzgados de Segorbe y Nules, a favor de no tener que pagar nada, ya que en el Juzgado de Violencia de Villa-real no hay ningún tipo de compensación económica.

    Como suele pasar, la cuestión económica ha pasado por encima de los derechos y necesidades de las víctimas de esta gran lacra social que es la violencia de género.

    Jacinta Navas es responsable de Mujeres e Igualdad del Sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO; José María Vico es responsable de Comunicación del Sector de Justicia de CCOO de Andalucía y Marian Rubí (@ccoojusticiaPV) es coordinadora del Sector de Justicia de CCOO del País Valencià.

    Revista Trabajadora, n. 71 (noviembre de 2020).

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    Actualización de las bolsas de personal interino de la Gerencia de Valladolid





    Publicamos los listados actualizados de las bolsas de personal interino que nos ha hecho llegar la Gerencia de Valladolid.

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    Publicado en el BOE el Concurso de traslado de Médicos Forenses



     Concurso de traslados en SC

    Concurso de traslados en SC

    Tal y como anunció CCOO, en el BOE de hoy, 4 diciembre, se convoca concurso de traslado de M. Forenses en el ámbito no transferido y en las CCAA de Euskadi, Galicia, Andalucía, Cantabria, País Valencia, Canarias, Navarra,  y Madrid.

    El plazo de solicitudes es de diez días hábiles.

    Como CCOO habíamos informado, las plazas a resultas están publicadas en la web del Ministerio de Justicia en este enlace

     

    MINISTERIO DE JUSTICIA

    Cuerpo de Médicos Forenses
    Orden JUS/1157/2020, de 5 de noviembre, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

    PDF (BOE-A-2020-15625 - 8 págs. - 340 KB)    Otros formatos


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

    Cuerpo de Médicos Forenses
    Orden de 5 de noviembre de 2020, del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto Vasco de Medicina Legal.

    PDF (BOE-A-2020-15629 - 7 págs. - 312 KB)    Otros formatos


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

    Cuerpo de Médicos Forenses
    Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Justicia, Consejería de Presidencia, Justicia y Turismo, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal de Galicia

    PDF (BOE-A-2020-15630 - 7 págs. - 322 KB)    Otros formatos


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

    Cuerpo de Médicos Forenses
    Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en los Institutos de Medicina Legal de Andalucía.

    PDF (BOE-A-2020-15631 - 7 págs. - 301 KB)    Otros formatos


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    Cuerpo de Médicos Forenses
    Orden PRE/132/2020 de 5 de noviembre de 2020, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria.

    PDF (BOE-A-2020-15632 - 7 págs. - 331 KB)    Otros formatos


    COMUNITAT VALENCIANA

    Cuerpo de Médicos Forenses
    Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia Justicia, de la Conselleria de Interior, Justicia y Administración Pública, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunitat Valenciana.

    PDF (BOE-A-2020-15633 - 8 págs. - 347 KB)    Otros formatos


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

    Cuerpo de Médicos Forenses
    Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en los Institutos de Medicina Legal de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

    PDF (BOE-A-2020-15634 - 7 págs. - 323 KB)    Otros formatos


    COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

    Cuerpo de Médicos Forenses
    Resolución 302/2020, de 5 de noviembre, de la Dirección General de Justicia, del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    PDF (BOE-A-2020-15635 - 7 págs. - 354 KB)    Otros formatos


    COMUNIDAD DE MADRID

    Cuerpo de Médicos Forenses
    Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Justicia, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid.

    PDF (BOE-A-2020-15636 - 7 págs. - 376 KB)    Otros formatos

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    Próxima convocatoria de la bolsa de Letrados de la Administración de Justicia





    Según la información facilitada por los responsables de Letrados en el Ministerio de Justicia, se confirma que la bolsa de Letrados se publicará en breve, aunque debe ser convocada la mesa sectorial con carácter previo para su negociación, por fin y tras mucho tiempo reclamándolo desde CCOO.
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    Oferta de Comisiones de Servicio 5/2020 Cuenca y Murcia



     


    El Ministerio ha publicado en su página web:

    OFERTA COMISIONES SERVICIO 05/2020 GESTIÓN TRAMITACIÓN Y AUXILIO

    Oferta en comisión de servicio 05/2020 de puestos de trabajo como consecuencia de la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Social número 2 de Cuenca y del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia.

    El Real Decreto 1050/2020, de 1 de diciembre, de creación de treinta y tres unidades judiciales COVID-19 correspondientes a la programación de 2020, crea, entre otros, los juzgados de lo Social nº 2 de Cuenca y Mercantil nº 3 de Murcia, disponiendo su entrada en funcionamiento para el 31 de diciembre de 2020. 

    Solicitudes. Los interesados deberán presentar sus solicitudes ajustadas al modelo que se adjunta como Anexo II de esta resolución. La misma deberá enumerar, por orden de preferencia, los puestos que solicitan. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el sitio web del Ministerio de Justicia (http://www.mjusticia.gob.es) en la siguiente ruta: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados Para ello, se remitirá el escrito de solicitud escaneado al siguiente correo electrónico: medios.personales@mjusticia.es   

    Requisitos de los candidatos. Podrán solicitar la comisión de servicio los funcionarios de carrera de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia que se encuentren en situación de servicio activo en el mismo cuerpo del puesto que se oferta y prestando servicios efectivos en destino definitivo.  

    Enlace: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/oferta-comisiones-servicios

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    Personal Laboral: Grupo de Trabajo de cambio de Régimen Jurídico en el ámbito del IV Convenio Único





    • Lento avance de este grupo, en el que todavía no hay propuestas concretas, pero sí preocupantes intenciones por parte de la Administración.


    El pasado día 2 de diciembre, tuvo lugar la segunda reunión del Grupo de trabajo de cambio de régimen jurídico dependiente de la Comisión Paritaria. En este grupo se trata de establecer los criterios generales que regirán los procesos de cambio de régimen jurídico de las trabajadoras y trabajadores del Anexo II que realizan funciones que corresponden a personal funcionario.

    La Administración expone que debe ser un proceso similar al de la promoción interna, que respete los principios de mérito, igualdad y capacidad, dando prácticamente por cerrado que el sistema será el de concurso-oposición, si bien se explorarán otras vías como el de realización de cursos selectivos (siempre con prueba de aptitud final), posibilidad que parece de más difícil gestión. Serán procesos voluntarios, y se extinguirá la relación laboral dentro del Convenio de quienes los superen.

    Los procesos se acompasarán a las OEP, pero para CCOO es inaceptable que, según manifiesta la Administración, no se vayan a convocar procesos para todas las especialidades del Anexo, sino que dependerá “de las necesidades del Cuerpo de personal funcionario correspondiente… y hay algunos que llevan 10 años sin convocarse”. Esto pone en evidencia la intención de la Administración de dejar en un callejón sin salida a parte del personal incluido en este anexo. Estas no eran las reglas del juego que firmamos en el IV Convenio.

    Sí reconoce la Administración que deben respetarse las tres condiciones acordadas en la negociación del Convenio para quienes pasen a ser personal funcionario: permanencia en la localidad del puesto de personal laboral de origen, mantenimiento de las retribuciones y valoración de la experiencia en el convenio.

    Si el modelo es finalmente el de concurso-oposición, CCOO exigimos que se dé un peso importante a la experiencia en el puesto desempeñado, y que en la fase de oposición se tenga en cuenta, en cualquier caso, que el personal laboral ya superó el proceso selectivo correspondiente para acceder a su puesto fijo, y que tiene suficientemente acreditados los conocimientos y capacidades que sus tareas requieren. Será imprescindible, eso sí, poseer la titulación exigida para el acceso al Cuerpo/Escala de personal funcionario correspondiente.

    CCOO insistimos en que es necesario determinar un marco temporal para estos procesos, número de convocatorias que habrá, datos sobre cuántos trabajadores y trabajadores podrán participar y de qué colectivos en cada caso. La Administración se limita a decir que estos procesos no serán indefinidos en el tiempo (pero se niega a poner tiempos), que podrá haber quizá un máximo de dos oportunidades para cada persona que quiera presentarse al proceso que le corresponda, y poco más.

    CCOO tenemos claro que:
    • Si el personal laboral del Anexo II está realizando sus funciones es que son todas necesarias; por lo tanto, tendrán que convocarse los procesos de cambio de régimen jurídico para todas.
    • Que no se pueden amortizar puestos vacantes de actividades del Anexo II a diestro y siniestro, porque hay que garantizar la movilidad de estos trabajadores y trabajadoras mientras permanezcan en el Convenio.
    • Que, al acompasar los procesos con las OEP, habrá que priorizar la convocatoria de plazas destinadas al cambio de régimen jurídico.
    • Que estos son unos procesos excepcionales, limitados en el tiempo, y que deben facilitar el paso al régimen funcionarial a quienes así lo deseen. La promoción horizontal y cruzada ordinaria debe seguir existiendo, al menos, en los términos en que estaba hasta ahora.

    CCOO seguiremos exigiendo que se den estas condiciones y todas aquellas que garanticen los derechos del personal laboral, tanto si permanece como tal, como si opta por el cambio de régimen jurídico.
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    Circulares oficiales sobre vacaciones y asuntos particulares 2020, y su extensión hasta el 31 de marzo de 2021



    El Ministerio de Justicia remite por fin la circular sobre Vacaciones y permisos 2020 que se pueden disfrutar hasta el 31 de marzo de 2021

    Adjuntamos las circulares (para Letrados y cuerpos generales y especiales)

    Para CCOO es inadmisible el retraso en remitir esta circular, a cuatro horas de empezar un largo puente, y, aún peor, es inaceptable la respuesta del Ministerio de Justicia a nuestra demanda de que todas las vacaciones y permisos 2020, pendientes de disfrutar, se hubieran podido coger hasta el 31 de marzo de 2021, como ha venido demandando CCOO desde el mes de junio pasado, sin justificación alguna.

     

    El Ministerio de Justicia decide contra nuestra posición de que solo se podrán disfrutar sin justificación alguna hasta el 31 de marzo de 2021, 3 días de los de permiso de asuntos particulares


    El resto de vacaciones y permisos se podrán disfrutar hasta el 31 de marzo de 2021, PERO HABRÁ QUE JUSTIFICARLOS, por lo que si no se justifican deberán disfrutarse hasta el 31 de enero de 2021

    Las circulares expresan literalmente:

    Que los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia, siempre que concurran las circunstancias y requisitos previstos en la ley para su concesión: 

    1. Puedan, como regla general, disfrutar hasta el 31 de enero de 2021 de las vacaciones y días de permiso por asuntos particulares correspondientes a 2020  
     
    2. No obstante, se podrá también autorizar el disfrute de las vacaciones correspondientes al año 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 a los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia del territorio no transferido:

     - Destinados en aquellas unidades donde, de no hacerlo y dada su naturaleza y funciones, así como la imposibilidad de arbitrar mecanismos de sustitución, se produzca un riesgo cierto o incluso el colapso de la prestación ordinaria de servicios públicos durante los meses de diciembre y enero de 2021; o bien 

    - En aquellos casos específicos de peticiones de disfrute durante 2020 que hayan sido denegadas expresamente, cuando el motivo de la denegación haya estado fundamentado en las necesidades del servicio 

    3. Además, y con carácter excepcional, hasta el 31 de marzo de 2021 podrán disfrutar de tres de los días de permiso por asuntos particulares que les correspondan del año 2020 y no hubieren consumido hasta el 31 de enero de 2021 

    4. La presente resolución producirá sus efectos desde el momento de su firma.    

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    A propuesta de CCOO el Congreso abre la vía para el reconocimiento de los periodos no cotizados a efectos de jubilación y para el incremento del complemento específico del ámbito no transferido


    2 dic 2020



    CCOO CONSIGUE EN EL CONGRESO DERECHOS LABORALES QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA SE HA NEGADO A RECONOCER A SUS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DURANTE AÑOS

    La aprobación en el trámite parlamentario de los PGE 2021 de dos enmiendas que CCOO habíamos propuesto a los Grupos Parlamentarios y han sido presentadas por ERC dan solución a la falta de reconocimiento a efectos de jubilación de periodos trabajados y no cotizados y autorizan al Ministerio de Justicia a incrementar el complemento específico en el ámbito no transferido


    Queda pendiente la ratificación de estas enmiendas en el Senado por lo que esta gran noticia no puede darse aun por confirmada, pero en caso de ser definitivamente aprobadas:

    EL MINISTERIO DE JUSTICIA YA NO TENDRÁ EXCUSA PARA SEGUIR NEGÁNDOSE A NEGOCIAR LA SUBIDA DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO EN SU ÁMBITO COMPETENCIAL.

    SE ACABARÓN LOS PROBLEMAS DE LA FALTA DE COTIZACIÓN DE DETERMINADOS PERÍODOS TRABAJADOS: SE COMPUTARÁN A EFECTOS DE JUBILACIÓN.

    El Sector de Justicia de CCOO valoramos la aprobación de estas enmiendas como un verdadero éxito de nuestra organización y felicitamos a todos los compañeros y a todas las compañeras que verán mejoradas sus condiciones de trabajo.

    La información sobre todas las enmiendas que habíamos propuesto a la Ley de PGE puede verse en este enlace

    Y los medios de comunicación se han hecho eco de esta extraordinaria noticia: europapress, El Diario

    El Congreso ha aprobado hoy dos enmiendas presentadas por CCOO en solitario a los grupos parlamentarios, y que han sido recogidas e impulsadas por el grupo parlamentario de ERC, al que agradecemos de corazón el trabajo realizado, por haber hecho suyas estas enmiendas.

    1.- SE APRUEBA QUE EL GOBIERNO AUTORICE EL GASTO PARA EL INCREMENTO DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL NO TRANSFERIDO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (cuerpos generales y especiales) 


    Con esta enmienda rompemos la inercia del ministro de Justicia que lleva impidiendo desde su toma de posesión aceptar esta reclamación, lo mismo que han hecho los anteriores ministros del PP y del PSOE.

    Esta primera enmienda que se aprueba en el Congreso, presentada por CCOO e impulsada por ERC, autoriza el gasto para el incremento del complemento específico del personal de la Administración de Justicia del ámbito no transferido, por su diferencia enorme con las CCAA transferidas.


    2.- SE APRUEBA QUE SE RECONOZCAN, A EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, LOS PERÍODOS DE TIEMPO TRABAJADOS QUE NO CONSTEN COMO COTIZADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL ANTERIORES A AGOSTO DE 1990


    CCOO continúa en la defensa de la mejora de las pensiones de todas las y los empleados públicos, y, en particular, del personal titular e interino de la Administración de Justicia y seguimos empeñados en impedir que se produzca recorte alguno en las mismas.

    Informaciones publicadas por algún sindicato, hacen entender que, desde el 6 de octubre de este año, se están recortando las pensiones al personal de Justicia que prestó servicios antes de 1990, por el que no se cotizó. Y afirma ese sindicato que esta situación es nueva desde que el Gobierno aprobó que la gestión y la ejecución del pago de las pensiones de clases pasivas pasaran al INSS (como las de Seguridad Social).

    Desde CCOO afirmamos con rotundidad que la situación es exactamente la misma que había antes de ese traspaso, pues en ningún momento la Seguridad Social reconoció como cotizados esos períodos y hemos tenido que acudir a los Juzgados de lo Social para lograr ese reconocimiento en las cuantías de las pensiones, a pesar de las numerosas sentencias ganadas en la Audiencia Nacional obligando al alta de estas personas en la Seguridad Social.

    CCOO viene presentando enmiendas a las Leyes de Presupuestos del Estado estos últimos años, también a la LPGE de 2021, que sigue su marcha en el Congreso de los Diputados, y ahora pasará al Senado, para que se reconozcan como cotizados los períodos trabajados, y reconocidos como servicios prestados, anteriores a agosto de 1990, de miles de personas trabajadoras de la Administración de Justicia, tanto titulares hoy ya como los que siguen siendo interinos, a las que las numerosas sentencias ganadas por CCOO les reconoce el derecho al alta en la Seguridad Social pero ésta se ha negado reiteradamente a reconocer la cotización efectiva desde hace años, y el Ministerio de Justicia no ha hecho nada por arreglarlo tras decenas de escritos e interpelaciones a los diversos ministros de Justicia del PP y del PSOE, hechas por CCOO.

    Si finalmente estas enmiendas acaban siendo aprobadas también en el Senado, lo logrado sería de una enorme trascendencia: El Ministerio de Justicia habría tenido que dar dos pasos atrás ante su cerrazón y obstrucción a reconocer algo tan justo como que el personal que prestó servicios en la Administración de Justicia antes de agosto de 1990, por el que no se cotizó por responsabilidad del Gobierno de entonces, se le reconozca por fin un derecho fundamental, que todos los períodos trabajados deben ser cotizados, y de esa manera poder alcanzar la jubilación y que en su vida laboral conste como cotizado todo lo trabajado, y el cálculo de su pensión tenga en cuenta también esos períodos.

    Sin perjuicio de lo explicado más arriba y de enorme importancia, desde CCOO no queremos dejar de informar con la verdad por delante como siempre hacemos, ante informaciones que podemos calificar de tendenciosas porque no responden a la verdad, sobre una eventual recorte de las pensiones del personal de Justicia aparecido en la web de un sindicato:

    El Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, en su artículo 32 y en vigor, determina respecto de los Servicios efectivos al Estado, que, a todos los efectos de Clases Pasivas y, en especial, a los de los artículos 28, 29 y 31 de este texto, se entenderán como años de servicio efectivo al Estado aquellos que: «...c) El personal de que se trata tenga reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de acuerdo con los procedimientos correspondientes, siempre que los mismos no se cuenten como de cotización en cualquier régimen público de Seguridad Social o sustitutorio de ésta o en el de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.»

    Y se añade en el apartado 2 del mismo artículo, referido a que dichos períodos se entenderán prestados:

    «c) Los referidos en la letra c), en el Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría, que resulte asimilable, por razón de las funciones, al puesto de trabajo que hubiera dado origen al reconocimiento de servicios previos y, en caso de que no fuera posible la asimilación, en el Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría de menor haber regulador de los que correspondan al interesado.»

    Además, la Ley 70/1978 de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública establece en su artículo 1, que: 

    «Uno. Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de la Local, de la Institucional, de la de Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de la Seguridad Social la totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos en dichas Administraciones, previos a la constitución de los correspondientes Cuerpos, Escalas o plazas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración pública.

    Dos. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas de la Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en calidad de funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación administrativa o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos.»

    Por tanto, la Seguridad Social no puede vulnerar la ley, aunque según ese sindicato lo está haciendo, pues esos dos textos legales recogen claramente, que el personal de carrera de los cuerpos de la Administración de Justicia que tenga reconocidos como servicios prestados un determinado período, se le deben reconocer todos los servicios prestados previo a su ingreso como funcionario de carrera. Esto es, el tiempo prestado como persona interina. En ningún momento habla de períodos cotizados.

    Y podemos afirmar taxativamente que no haber reconocido al personal de la Administración de Justicia, de carrera o interina, como períodos cotizados a efectos del cálculo de la pensión los anteriores a agosto de 1990 se viene produciendo antes y después del cambio en la gestión y ejecución de las pensiones de clases pasivas del Ministerio de Hacienda al INSS, en octubre de 2020.

    Lo verdaderamente importante ahora, es lograr finalmente que las enmiendas que ha presentado CCOO e impulsado ERC, terminen su recorrido en el Senado, y siendo ratificada su aprobación, y de esta manera asegurar ya de forma definitiva que todos los períodos prestados antes de agosto de 1990 por personal interino o titular cuenten completamente para el cálculo de la pensión.

    Y que se les ponga la cara colorada a los diferentes Ministerios de Justicia que han gobernado desde entonces, del PP o del PSOE, por haber permitido no darles de alta en la Seguridad Social, de lo que son tan responsables todas las Administraciones, tanto la que lo permitió en 1990 y años anteriores, como las que les siguieron, que han sido incapaces de solucionarlo a pesar de las constantes reclamaciones hechas por CCOO.

    Pero no podemos terminar esta nota, haciendo un llamamiento a que todas las organizaciones, también las organizaciones sindicales, tenemos como obligación la defensa del colectivo al que representamos, y no es manera de representarlo faltar a la verdad o expresar públicamente notas en las que lo único que se hace es introducir el miedo entre las personas afectadas.

    CCOO seguirá defendiendo con todos sus medios los derechos de las miles de personas a las que representamos, y las pensiones son una parte fundamental de nuestros derecho, sin engañar, sin meter miedo, sino actuando como hemos hecho también con las enmiendas presentadas a los grupos parlamentarios (ver enlace a la información cuando presentamos las enmiendas a la LPGE: Enmiendas de CCOO a la LPGE 2021) y dos de las que presentamos parece que han superado el primer obstáculo, su aprobación en el Congreso de los Diputados.
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