Comparativa del preacuerdo firmado por Ministerio, CSIF, UGT y STAJ con el contenido de mínimos que le falta al texto para haber sido suscrito por CCOO


31/7/2014




Lo que dice el Preacuerdo de :
Propuestas de modificación del Preacuerdo
MINISTERIO-CSIF-UGT-STAJ
CCOO
El Anteproyecto recogerá expresamente la existencia de partidos judiciales
El Anteproyecto recogerá expresamente el mantenimiento de todos y cada uno de los partidos judiciales que existen en la actualidad
Serán centro de destino cada uno de los servicios comunes procesales que radiquen en el mismo municipio
Serán centro de destino cada una de las secciones de cada uno de los servicios comunes procesales que radiquen en el mismo municipio
Serán centro de destino las unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales que radiquen en el mismo municipio
Serán centro de destino cada una de las unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales, aun perteneciendo a la misma jurisdicción, que radiquen en el mismo municipio
Serán centro de destino cada una de las Fiscalías
Serán centro de destino cada una de las Fiscalías y cada una de las Fiscalías de Comunidad Autónoma y Fiscalías de Area o Sección
No lo menciona
Serán centro de destino cada una de las Salas , Secciones y Unidades Judiciales de los TSJ
Será centro  de destino el Tribunal Supremo
Serán centro de destino cada una de las salas y secciones del Tribunal Supremo
Será centro de destino la Audiencia Nacional
Serán centro de destino cada una de las Salas, Secciones y Unidades Judiciales de la Audiencia Nacional
No lo menciona
Serán centro de destino los Juzgados de Paz o , si éstos desaparecieran como tal, se consignarán como centro de destino cada Oficina Judicial de Paz allí donde hoy exista Juzgados o Agrupaciones de Paz
El texto recogerá la existencia de oficinas judiciales de paz
El texto recogerá la existencia de oficinas judiciales de paz reconociéndolas expresamente como centro de destino propio en el art.622 de la LOPJ creándose tantas oficinas judiciales de paz como Juzgados o agrupaciones de Paz existen en la actualidad
No lo menciona
Se volverá a incluir en el art.624 de la LOPJ que la redistribución y reordenación de efectivos “en ningún caso supondrá cambio de municipio para el personal”.
No lo menciona
 Se incluirá una Disposición que expresamente garantice que como consecuencia de la implantación de la NOJ, de los cambios legislativos que se produzcan en materia de Registro Civil o de cualquier otro cambio legislativo, no se producirán amortizaciones de plantilla y que se respetarán las retribuciones que por cualquier concepto, incluidas guardias y complementos, perciban los trabajadores.
No lo menciona
Se eliminará el párrafo 3 del art. 629 del texto de Anteproyecto de LOPJ referido a los Planes de ordenación de recursos humanos
No lo menciona
El Ministerio y las organizaciones sindicales negociarán la redacción concreta de estos puntos en el texto de la LOPJ
No lo menciona
Se eliminarán los puntos 2 y 3 del artículo 646 que faculta a los procuradores para realizar actos de comunicación y embargos y les otorga la condición de agentes de la autoridad

TEXTO DEL PREACUERDO FIRMADO POR MINISTERIO, CSIF, UGT Y STAJ

POSICIÓN DE CCOO CON LAS CUESTIONES IMPRESCINDIBLES QUE DEBE RECOGER LA REFORMA DE LA LOPJ

PAREMOS LA REFORMA DE LA LOPJ 
      
DEFENDAMOS EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES!!

DEFENDAMOS EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS CENTROS DE DESTINO ACTUALES INCLUIDOS LOS JUZGADOS Y AGRUPACIONES DE JUZGADOS DE JUZGADOS DE PAZ!!

NO A LA MOVILIDAD FORZOSA GEOGRÁFICA Y FUNCIONAL!!

► NO A LA AMORTIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO!!

¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!

¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN!!


EMPLEA TU FUERZA,
VAMOS A CAMBIAR LAS COSAS

¡¡ MOVILÍZATE Y LUCHA!!


08 DE OCTUBRE HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 ¡¡HAY QUE  PARAR LAS REFORMAS DE GALLARDÓN!!
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CCOO reitera al Ministerio de Justicia las cuestiones imprescindibles que debe introducir en la reforma de la LOPJ para impedir la vulneración de los derechos del personal de la Administración de Justicia




Adjuntamos el escrito que CCOO presentó hace días (en rojo las cuestiones que consideramos imprescindibles se recojan; tachando lo que debe eliminarse) en el registro del Ministerio de Justicia, en el que se pueden constatar las sustanciales diferencias entre la posición de CCOO y el texto del preacuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos CSIF, STAJ y UGT. 


Para CCOO el texto del preacuerdo firmado no garantiza los derechos de los trabajadores/as, porque permite la supresión de los Partidos Judiciales, la movilidad geográfica forzosa fuera del municipio y no asegura todos los puestos de trabajo de los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones de Juzgados de Paz, entre otras cuestiones trascendentales, además de cerrar la negociación sobre el resto de materias de la LOPJ, cuya reforma supondrá un radical retroceso en los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en la Administración de Justicia

Posición de CCOO con lascuestiones imprescindibles que debe recoger la reforma de la LOPJ

PAREMOS LA REFORMA DE LA LOPJ 
      
DEFENDAMOS EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES!!

DEFENDAMOS EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS CENTROS DE DESTINO ACTUALES INCLUIDOS LOS JUZGADOS Y AGRUPACIONES DE JUZGADOS DE JUZGADOS DE PAZ!!

NO A LA MOVILIDAD FORZOSA GEOGRÁFICA Y FUNCIONAL!!

► NO A LA AMORTIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO!!

¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!

¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN!!


EMPLEA TU FUERZA,
VAMOS A CAMBIAR LAS COSAS

¡¡ MOVILÍZATE Y LUCHA!!


08 DE OCTUBRE HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 ¡¡HAY QUE  PARAR LAS REFORMAS DE GALLARDÓN!!


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Importante: publicadas adjudicaciones provisionales concurso de traslados



En la página web del Ministerio de Justicia se ha publicado la resolución provisional del concurso de traslados anunciado por Orden JUS/808/2014, de 29 de abril (BOE de 19 de mayo), entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio de la Administración de Justicia.
La fecha prevista de su publicación en el Boletín Oficial del Estado es el 12-8-2014.
El plazo para efectuar alegaciones comenzará al día siguiente de dicha publicación y finalizará el 15-9-2014.
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Cantabria: Listas definitivas de las bolsas de interinos de la Administración de Justicia; publicación y entrada en vigor



Hoy se publica en el Boletín Oficial de Cantabria la Resolución por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos de las bolsas de trabajo de funcionarios interinos de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial en el ámbito gestionado por la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Adjuntamos enlace a la Resolución publicada

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Oposiciones Secretarios Judiciales, turno libre: Orden hace pública la relación aprobados



En el BOE de hoy, 31 de julio se ha publicado la Orden JUS/1401/2014, de 18 de julio, por la que se hace pública la relación de aprobados de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno libre, convocadas por Orden JUS/1287/2013, de 26 de junio.

En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», los aspirantes que figuran en la relación de aprobadospresentarán en el Registro General de este Ministerio, calle La Bolsa, número 8, código postal 28012 de Madrid, o bien, en los registros de cualquiera de los órganos u oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y dirigida al Secretario de Estado de Justicia, la documentación que se indica en la citada Orden junto con un escrito escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de documento nacional de identidad, Cuerpo al que acceden, número de orden obtenido en la oposición y teléfono de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos.


Orden hace pública relación aprobados oposiciones secretarios judiciales, turno libre, OPE 2013 y apertura plazo 20 días para presentar documentación.

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Concurso de traslados: inminente publicación de la reseña en BOE de la adjudicación provisional


29/7/2014


A lo largo de esta semana, el Ministerio de Justicia remitirá las adjudicaciones provisionales del concurso de traslado 2014 convocado en mayo.

Dichas adjudicaciones provisionales se publicarán en la web del Ministerio de Justicia.

El plazo de alegaciones a dichas adjudicaciones provisionales terminará hacia el 15 de septiembre, y se abrirá a partir del día siguiente a que se publique en el BOE la reseña que expresará los lugares en los que se pueden consultar dichas adjudicaciones provisionales y el plazo y lugares para remitir las alegaciones.
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La MUGEJU estudia la recuperación de ayudas del fondo de acción social y de protección sociosanitaria


28/7/2014


 

  • El pasado 18 de julio tuvo lugar la reunión trimestral de la Comisión Permanente de la Mutualidad General Judicial.El pasado 18 de julio tuvo lugar la reunión trimestral de la Comisión Permanente de la Mutualidad General Judicial.
  • Tras las denuncias y reclamaciones de CCOO la mutualidad general judicial estudia la recuperación de ayudas del fondo de acción social y de protección sociosanitaria suprimidas y/o reducidas en diciembre de 2012.
  • CCOO puso de manifiesto la hipocresía de la gerencia de la MUGEJU que pretende celebrar elecciones en la MUGEJU pese a la inminente aprobación del RD de órganos de gobierno de la mutualidad, que establecerá la designación directa por el ministerio de justicia de los representantes de los mutualistas

  • La Gerente manifiesta su intención de gastar todo el presupuesto de ayudas y prestaciones, tal y como había reclamado reiteradamente CCOO
  • Se incrementa el número de quejas por la atención sanitaria por las Entidades Privadas. La MUGEJU anima a presentar quejas en caso de incumplimiento del concierto. 
  • Habrá elecciones para la Asamblea de la MUGEJU en octubre de este año, pese a que el Ministerio de Justicia no ha modificado la obsoleta norma que las regula, que limita el ejercicio democrático al voto y la más que probable aprobación del Proyecto de Real Decreto de órganos de Gobierno de la MUGEJU que haga inútil dichas elecciones. 


El día 18 de julio tuvo lugar la reunión trimestral de la Comisión Permanente de la Mutualidad General Judicial, en la que se trataron los siguientes temas: 

Recuperación de prestaciones reducidas y/o suprimidas en diciembre de 2012

La Gerente de la MUGEJU informó que se está estudiando la recuperación de ayudas del Fondo de Acción Social y de Protección Sociosanitaria (personas mayores, discapacitados, drogodependientes) que fueron suprimidas y/o reducidas en diciembre de 2012. La Gerente afirmó que tiene intención de agotar el presupuesto destinado a prestaciones.

De esta forma la MUGEJU, por fin, acepta la constante reivindicación de CCOO de revisar las ayudas que fueron suprimidas y/o reducidas en diciembre de 2012. CCOO denunció y luego probó que dichos recortes fueron excesivos, sin realizar ningún estudio sino simplemente comparando nuestras ayudas con las de las otras mutualidades, que tienen otras necesidades y realidad distintas de la nuestra, y que había y hay margen presupuestario suficiente para recuperar gran parte de estas ayudas.

Concierto Sanitario

La Gerente manifiesta que como consecuencia del nuevo Concierto que entró en vigor el 1.1.2014 se han incrementado tanto el número de quejas y reclamaciones, con el consiguiente aumento de comisiones mixtas para resolverlas, como las llamadas telefónicas de mutualistas para consultar dudas, la mayoría referidas a las áreas de salud constituidas en dicho nuevo Concierto para la atención especializada.

También informó sobre cómo actuar en caso de quejas relativas a médicos que aparecen en el catálogo pero luego no prestan servicios a las entidades privadas, o de falta de los medios exigidos en el Concierto. 

En el primer supuesto, si hay médicos que aparecen en los catálogos que luego no dan servicio a los mutualistas de dicha entidad, la MUGEJU entiende que debe formularse ante ésta la oportuna denuncia, por constituir infracción del Concierto. 

En cuanto a la falta de los medios a que están obligadas las entidades médicas, los mutualistas pueden acudir a otros medios. En este supuesto, ante la reclamación del abono de la factura por los servicios recibidos, ésta debe ser abonada por la entidad médica. También cabe que se remita a la MUGEJU, para que abone dicha factura y luego la descuente de la prima que le paga a la entidad médica. Pero esta posibilidad sólo cabe cuando la entidad médica no tiene en la localidad los medios a que viene obligada por el Concierto Sanitario.

Los Consejeros elegidos a propuesta de CCOO reclamaron la regulación de las condiciones en que los beneficiarios pueden quedar adscrito a entidad distinta a la del titular que causa el derecho (apartado 1.1.2 del vigente concierto), por ejemplo, cuando un hijo estudia en una localidad distinta del mutualista del que es beneficiario, así como una adecuada protección de los derechos de los mutualistas en las Comisiones Mixtas en que se resuelvan reclamaciones frente a las Compañías médico privadas.

Real Decreto de órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial 


Informó la Gerente que el proyecto de Real Decreto, con mínimas modificaciones respecto del proyecto que en su día fue remitido a las organizaciones sindicales y profesionales, se ha remitido por el Ministerio de Justicia al Consejo de Estado para informe. Es decir, que sigue para adelante el proyecto antidemocrático en virtud del cual los Jueces y Fiscales tendrán asegurada su presencia en los órganos de gobierno “ex lege”, en el que se suprimirán las elecciones para representantes de los Mutualistas en su Asamblea, en que se reducirán las competencias de ésta y en que se privilegiará la presencia de los Jueces y Fiscales en el órgano que sustituya a la Comisión Permanente en proporción superior al número de mutualistas que representan. ¡Viva la democracia y la igualdad!

Elecciones a la Asamblea de la MUGEJU

Los Consejeros elegidos a propuesta de CCOO propusieron el aplazamiento de las elecciones para la Asamblea de la MUGEJU, previstas para octubre de este año, hasta que el Ministerio de Justicia modifique la Orden Ministerial de 1983 que obliga a que sólo haya una mesa electoral por Comunidad Autónoma y permite el voto por correo o a través de representante sin apenas garantías.

CCOO presentó en el mes de abril un escrito al Ministerio de Justicia solicitando el cambio de normativa, a fin de que se puedan constituir mesas electorales en cada provincia y centro de trabajo de más de 250 electores y se modifique la regulación del voto por correo y a través de representante, para hacerla más garantista, y volvió a dar traslado del escrito al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, presente en la reunión, quien manifestó desconocer el mismo. Además si se aprueba el Anteproyecto de Real Decreto de órganos de gobierno y administración de la MUGEJU, la celebración de las elecciones no serviría de nada.

Pese a todo ello, tanto la Gerente como el Presidente de la MUGEJU manifestaron que las elecciones previstas para octubre siguen adelante, con las normas obsoletas de todos los años. Entienden, sorprendentemente, que el derecho de voto del mutualista está suficientemente garantizado aunque no haya urnas en cada provincia o en cada centro de trabajo, porque pueden votar por correo, como si el voto por correo fuese la panacea. Luego justificarán la supresión de la elección democrática de los representantes de los Mutualistas en la Asamblea en la baja participación, que ellos mismos promueven y auspician.
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El Ministerio publica en el BOE las RPT's de la Nueva Oficina Fiscal de Murcia, Cáceres, Cuenca, Ceuta y Melilla




En el BOE de hoy, 28 de julio se ha publicado la Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas fiscales incluidas en la primera fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Fiscal (Murcia, Cáceres, Cuenca, Ceuta y Melilla y las Secciones Territoriales de Cieza y Lorca, dependientes de Murcia, y la de Plasencia, dependiente de Cáceres)


Como venimos informando CCOO rechazó el borrador presentado por el Ministerio porque no se ha negociado la estructura y organización de la Nueva Oficina Fiscal que CCOO y, a pesar de la exigencia de CCOO, el Ministerio directamente dicta la orden aprobando las RPT's.

CCOO remitió carta al Secretario General de Relaciones con la Administración de Justicia exigiendo la retirada de la orden de implantación de la Nueva Oficina Fiscal.
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Alegaciones de CCOO al acta de la mesa de negociación del 10 de julio


27/7/2014



Comisiones Obreras ha presentado este viernes alegaciones al acta de la mesa de negociación del pasado 10 de julio y que nos fue entregado el miércoles 23 de julio.
Comisiones Obreras considera imprescindible que se recojan en el acta, de forma sucinta tal como exige el Ministerio, las alegaciones que en la mesa de negociación del 10 de julio hicimos de forma verbal y que de ninguna forma se han recogido por el ministerio en la misma.

El ministerio de justicia sabe de sobra que estas alegaciones fueron presentadas de forma verbal en la mesa por CCOO y no nos parece de recibo que no fueran recogidas. Exigimos la incorporación tal y como las hemos expresado en la mesa y hoy se las hemos adjuntado.


ALEGACIONES PRESENTADAS POR CCOO
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Resolución aprueba definitivamente bolsa de trabajo personal interino Admin. Justicia



En la página web del Ministerio se ha publicado la RESOLUCION de la Gerencia Territorial de Justicia de Andalucía en Málaga, por la que se aprueba Definitivamente las Bolsas de Trabajo de Interinos, de los cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia, de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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Siete razones contra la privatización del Registro Civil



Por Javier Martínez del Moral, notario
Publicado en www.infolibre.es 24/07/2014

El Gobierno incluyó en el real decreto ley ómnibus de 4 de julio de 2014, recientemente convalidado por la mayoría del PP, la privatización del Registro Civil, dedicando a ello las disposiciones adicionales décimonovena a vigésimocuarta.

Creo que esta norma no se ajusta a la normativa de la UE, es inconstitucional, inmoral, opaca, ha sido aprobada violando la Ley de Conflicto de Intereses, revela una sorprendente realidad que exige una profunda investigación y se ha elegido el sistema más ineficiente y costoso para su propiedad, gestión y explotación.

1. ES INCONSTITUCIONAL

Como ha denunciado toda la oposición política, el Gobierno ha utilizado el decreto ley como vehículo normativo para atender criterios de opacidad, eludiendo los informes técnicos y dictámenes de organismos públicos que, a buen seguro, hubieran impedido su tramitación parlamentaria con el contenido predispuesto. Este defecto no se corrige con la carnaza lanzada por Sáenz de Santamaría después de su convalidación, a fin de que se tramite como proyecto de ley para debatir enmiendas (contra los aprobado por el PP), desoyendo a las asociaciones y colegios afectados, ni subsana la ausencia de la memoria y estudio económicos que nos permita saber cuánto va a costar el capricho de Gallardón y quién y cómo lo van a pagar.

Añádase que siendo objeto de tramitación parlamentaria ulterior como proyecto de ley no podrá recurrirse ante el TC con efectos suspensivos.
Invocar la extraordinaria y urgente necesidad de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de Zapatero de 2011, cuando de origen incorporaba una vacatio de tres años y –al menos– falta otro año para que inicie su aplicación, es faltar a la verdad. Rajoy ya presentó en la tramitación parlamentaria en 2010 dos enmiendas en el Congreso (las número 115 y 168) y otra en el Senado (la número 42) para poder privatizar el Registro Civil a manos de los registradores. Tales enmiendas fueron rechazadas, pero revelan que la privatización a favor del colectivo registral no es algo novedoso ni mucho menos urgente. Recordemos también que el anteproyecto de reforma integral de los registros, de 2012, tenía esa pretensión, como denunciara Miguel Ángel Aguilar (El País, 26/11/2012, “Asalto al registro civil”). La oposición frontal a esta norma por parte de todos los colectivos de justicia, sindicatos, partidos y sociedad, es lo que ha llevado a Gallardón a deshojar tranquilamente la margarita durante veinte meses, al estilo de Gregorio Marañón: si hoy es muy urgente, mañana lo será todavía más…

Se buscó el mejor momento para anunciar la elección (cambio de rey) y para aprobarlo (en el Consejo de Ministros de la operación salida de verano). Hablar ahora de una necesidad inaplazable suena a chiste, sobre todo si tenemos en cuenta que la aplicación del decreto ley precisa reformas legislativas y reglamentarias que dejan sin efecto la inmediata virtualidad normativa aparentemente pretendida.

2. ES INMORAL Y VIOLA LA LEY DE CONFLICTO DE INTERESES

Los artículos 4 y 7 de la Ley 5/2006 de Conflicto de Intereses impiden al presidente del Gobierno (registrador titular de Santa Pola), al ministro de Justicia (por parentesco) y al director general de los Registros (registrador) tomar decisiones sobre cuestiones registrales. También son registradores el subdirector general y los tres asesores jurídicos contratados por la Dirección General para el desarrollo de los proyectos.
Resulta objetivamente inmoral que la norma haya sido confeccionada por los beneficiarios de la privatización. Y doblemente inmoral que con estos antecedentes se acuda al decreto ley para obtener la menor transparencia posible. Estamos ante un evidente caso de captura del regulador que alcanza todo el proceso político de gestación de la norma: se cocina por registradores en la Dirección General de los Registros; se presenta por el ministro con parientes en el ramo y se aprueba por el registrador de Santa Pola.

El descaro con el que actúa el lobby registral sólo tiene explicación desde la impunidad acreditada de que gozan en la actualidad. Resulta absolutamente obligado, por puras razones de higiene democrática, abrir una investigación global sobre las iniciativas de la Dirección General y del Ministerio de Justicia para favorecer a este influyente colectivo.

3. REVELA UNA REALIDAD SORPRENDENTE QUE DEBE SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Poco deben trabajar los registradores mercantiles y mucho ganar cuando –sin despeinarse– pueden absorber todas las funciones del Registro Civil, además del Mercantil, y financiar su puesta en marcha con los excedentes del arancel mercantil.

El arancel registral tiene naturaleza tributaria y se regula en la Ley de Tasas y Precios Públicos. Resulta inaplazable conocer los costes del Registro Mercantil y de la Propiedad: lo que ingresan, los costes laborales, demás costes operativos y el beneficio registral... TRANSPARENCIA en la aplicación de las retribuciones tributarias frente a la actual opacidad.

4. ES ECONÓMICAMENTE INVIABLE Y ALTAMENTE INEFICIENTE

La UE no permite que se perciba arancel por la publicidad mercantil y, mucho menos, que las tasas del Registro Mercantil sirvan para financiar el Registro Civil de los ciudadanos españoles.

La Directiva 2009/101/CE (artículo 3quater) limita las tasas por acceso al Registro Mercantil a su coste administrativo y obliga a poner a disposición de todos los ciudadanos de forma gratuita numerosos datos de las sociedades de la UE.

La fecha máxima prevista para su transposición por los Estados miembros era el 7 de julio de 2014, dos días después de la entrada en vigor del decreto ley.

El Gobierno podía cumplir con las exigencias de la directiva aprovechando el decreto ley, pero eso perjudicaba a los registradores, por lo que obvió su obligación y les entregó el Registro Civil en términos incompatibles con el efecto directo vertical que tiene la directiva, al haber expirado el plazo de transposición. Esto significa que los particulares pueden invocar la directiva frente a la facturas registrales y denunciar al Estado ante los tribunales.

El escaso recorrido que tiene el sistema de financiación que establece el decreto ley nos hace temer que entre bastidores existan diversas alternativas previstas para eliminar esa gratuidad y hacer de la corporación del Registro Civil un organismo poderoso y altamente rentable para el colectivo registral.

Si atendemos a las que ya figuraban en el proyecto de reforma integral, anticipo con ánimo premonitorio las siguientes:

1º. La Orden JUS/35/2014, de 20 de enero, crea el Código Identificador de Entidad, sólo exigible a sociedades financieras. El arancel registral mercantil es de 100 euros por el alta y 50 al año por “mantenimiento”.

Si este Código se establece de forma obligatoria para los cuatro millones de sociedades activas, se obtendrían 400 millones de euros por el alta y 200 millones al año por mantenimiento. A repartir entre los 110 registradores civiles y mercantiles.

Conviene apuntar que esta Orden es ilegal, porque la DA 3ª de la Ley de Tasas y Precios Públicos exige decreto conjunto de Hacienda y Justicia.

2º. Incrementar el número de actos inscribibles en el Registro Civil y exigir arancel por los mismos (poderes, autorizaciones, consentimientos, revocaciones, etc).

3º. Incrementar el arancel registral. Existe un borrador que aumenta el arancel más del 300%.

4º. Cobrar por el tráfico intrarregistral de información. Es decir, un Registro Mercantil o de Propiedad hace una consulta al Registro Civil y la paga. A continuación la repercute en el cliente en concepto de suplidos. Este sistema se está utilizando hoy para las consultas que los Registros de la Propiedad hacen al Registro Mercantil.

No se olvide, por otro lado, que el Registro Mercantil funciona de forma monopolística y esta estructura es económicamente ineficiente para gestionar un registro con información sensible de todos los ciudadanos. La igualdad que debe presidir las relaciones entre la administración y el administrado se convierte en cautividad del administrado, quien racionalmente va a evitar todo lo que pueda servir para enfurecer al registrador, como por ejemplo una reclamación de honorarios privados, porque antes o después tendrá que volver a pasar por la caja registradora y depender del criterio de calificación condicionante de su pretensión, sin posibilidad de elección y sin que existan (contra el miedo) verdaderos mecanismos preventivos o paliativos eficaces.

El remedio a este desaguisado sólo puede ser someter el registro a tasa, como ocurre en toda la Unión Europea, impidiendo que los registradores capturen los excedentes del arancel de los Registros de la Propiedad, Mercantil y Civil, dado que no ejercen como profesionales y sólo desarrollan una función pública.

5. LA INCAPACIDAD DE LOS REGISTRADORES PARA LLEVAR REGISTROS ELECTRÓNICOS

Gallardón atribuye la propiedad del sistema informático y el control de los datos de documentos tan sensibles, en términos de protección de datos, como son los referentes al Registro Civil, al colectivo menos apropiado, puesto que decenas de registradores diseminados por todo el territorio nacional han sido condenados por la Agencia de Protección de Datos por la explotación comercial incontrolada de datos de los ciudadanos, sin atender el deber de secreto.

El Colegio de Registradores ha sido incapaz de poner en marcha en varios lustros un registro de condiciones generales de la contratación que les entregó el Gobierno de Aznar (con Rajoy sentado en el Consejo de Ministros, en 1999) que ha estado más de diez años inoperativo y, en la actualidad, carece de sistemas apropiados de búsqueda y escaso o nulo valor publicitario.

Dos leyes en 2001 y 2005 imponían sin demora a los registradores también la digitalización del contenido del registro y la puesta en marcha de un acceso on line a los libros registrales. Más de diez años después persiste el incumplimiento, que genera graves problemas a los usuarios y reduce enormemente la fiabilidad del sistema registral. 

Las capacidades tecnológicas del Colegio de Registradores español dejan mucho que desear. La inmensa mayoría de los países iberoamericanos y europeos cuentan con un sistema registral infinitamente más moderno, tecnológico y eficaz que el rancio registro español; y ello pese a que el arancel registral se elevó en 1989, según su decreto regulador, para sufragar la informatización de los registros. Los ciudadanos han pagado y demandan ese acceso on line.

Si de lo que se trata es de premiar al Colegio de Registradores por incumplir la Ley de acceso on line con fines crematísticos y comercializar datos protegidos de los ciudadanos violando la legislación de protección de datos o si de lo que se trata es de dar una segunda oportunidad a quienes no han sido capaces de diseñar un registro de condiciones generales fiable en los últimos quince años, el decreto ley que les entrega el registro civil tiene su explicación.

6. FAVORECE A UNA CORPORACIÓN PARTICIPADA POR LOS REGISTRADORES

El sistema informático del Registro pasa a pertenecer a una agencia o corporación pública donde participan los registradores a título individual. Esto es una privatización en toda regla de los sistemas de tratamiento de los datos más sensibles de los ciudadanos, que van a quedar bajo el control de terceros que operan con personal que no está sometido al estatuto y disciplina funcionarial.

La corporación propietaria, de la que nada se nos dice, sabemos que en el plazo de tres meses firmará los contratos del sistema informático. En ese plazo tienen que salir a concurso el sistema y haberlo adjudicado. Y las empresas deben estudiar las condiciones y ser capaces de disponer del sistema desarrollado para su implantación. Algo que parece imposible para quien no cuente anticipadamente con información privilegiada.

7. OPACIDAD AL ELEGIR LA SUMINISTRADORA DEL SISTEMA INFORMÁTICO

La asociación de registradores AIREG denuncia en su web que la empresa a la que el decreto ley encomienda la contratación del sistema informático (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.) fue la adjudicataria del 90% de los contratos sin publicidad otorgados a dedo del Ministerio de Defensa. Mal empieza el proceso de selección cuando internamente se duda de la imparcialidad del que tiene que elegir al beneficiario del megacontrato.

Esta misma asociación ya denunció también que la empresa Futuver SL., cuya sede en Madrid se encuentra en el edificio de los Registros, fue adjudicataria a dedo de los sistemas de digitalización de los expedientes de nacionalidad. En este caso se trata de un contrato de muchos millones de euros; en la España del pelotazo nos tememos lo peor.

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