HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Gallardón, sobre su posible dimisión: "Hablaré la próxima semana con todos ustedes"


16/9/2014


El ministro de Justicia evita hablar de la ley del aborto y asegura que en este momento lo que le "ocupa" es el "desafío soberanista" en Cataluña: "Tendremos que interponer uno o más de un recurso ante el Tribunal Constitucional. En esa tarea estamos esta semana".

Alberto Ruiz Gallardón, en el funeral del presidente de El Corte Inglés, Isidoro ÁlvarezAmpliar
FOTO:EFE
Alberto Ruiz Gallardón, en el funeral del presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido a hablar con los medios de comunicación la próxima semana, en medio de las informaciones que apuntan a una posible salida del Ejecutivo de Mariano Rajoy. A la entrada de un desayuno informativo organizado por Europa Press y en el que debía pronunciar una conferencia el titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, Gallardón ha evitado responder a la pregunta sobre si el Gobierno se está planteando la retirada de la reforma de la ley del aborto y ha asegurado que sus esfuerzos se centran en Cataluña.

"Estamos en una semana decisiva" ha asegurado el ministro de Justicia en relación al desafío soberanista, que ha asegurado es lo que le "ocupa" en este momento. "Previsiblemente tendremos que interponer uno o más de un recurso ante el Tribunal Constitucional. En esa tarea estamos esta semana. Previsiblemente, esto terminará la semana que viene y la próxima semana hablaré con todos ustedes", ha dicho el ministro.

Gallardón ha explicado que su obligación "es centrar todos sus esfuerzos" en trabajar con todas las instituciones que dependen del Ministerio de Justicia y de forma muy especial la abogacía del Estado, ya que previsiblemente será necesario la interposición de uno o más recursos ante el Tribunal Constitucional.

Este periódico informaba ayer de que el ministro de Justicia baraja abandonar el Gobierno al sentirse traicionado y desautorizado por Moncloa. En el círculo más próximo a Gallardón comentan estos días que está sopesando hablar esta semana con Rajoy para informarle de que no puede seguir al frente de su cartera.

Publicado en www.vozpopuli.com

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El Gobierno estudia devolver la paga extra a los funcionarios desde 2015



  • Hacienda se plantea pagarla en metálico para tener un gesto con el colectivo


Montoro presenta los Presupuestos, en septiembre de 2013. / ULY MARTIN (EL PAÍS)
El Gobierno está metido de lleno en la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, el último año de legislatura. La bajada del IRPF es la medida estrella de las cuentas del año próximo. Esa rebaja de impuestos, a su vez, impide alegrías de gasto e inversión en un contexto de reducción del déficit. Dentro del poco margen existente, uno de los objetivos prioritarios de Hacienda es tener un gesto con los funcionarios, según fuentes del Ejecutivo. El Gobierno estudia la posibilidad de empezar a devolver la paga extra que se suprimió en 2013 y hacerlo en metálico.
La supresión de la paga de Navidad de 2012 fue una de las medidas adoptadas en julio de ese año junto con la subida del IVA y los recortes en las prestaciones por desempleo al comprobar el Gobierno que el déficit se le iba de las manos pese a la fuerte subida del IRPF y los duros recortes aprobados nada más llegar al poder. Varias sentencias obligaron después a distintas administraciones a devolver unos días de la paga suprimida por la retroactividad del decreto.
Ya al adoptar la medida, el Gobierno dijo que su plan era compensar esa supresión a partir de 2015 mediante aportaciones a planes de pensiones. Por eso, Hacienda trata de cuadrar las cuentas para evitar que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda achacársele el incumplimiento de otra promesa, más aún en año electoral y tratándose de un compromiso que afecta a un colectivo tan numeroso.

La rebaja fiscal deja poco margen para alegrías en gasto e inversiones
Además, el Ejecutivo se está planteando empezar a devolver esa paga en metálico y busca margen para esa partida en los presupuestos del año que viene. Entre los argumentos para ese cambio están que el efecto directo inmediato sobre la economía de un pago en metálico será mayor que el de una aportación a pensiones, mientras que ambos computarían por igual en el déficit. Dado que hay poco margen para estimular la economía con gasto e inversión en un contexto de reducción del déficit y de rebaja del IRPF, en el Gobierno consideran que un pago en metálico serviría mejor para apuntalar la recuperación de la demanda interna. En un contexto de inflación mínima o en negativo. Hacienda se inclina por mantener la congelación de las retribuciones, con lo que este pago permitiría tener un gesto con el colectivo. El pago en metálico se notaría en el bolsillo de los funcionarios y empleados públicos, a diferencia de una aportación a pensiones.
La idea que manejan en Hacienda, según fuentes del Ejecutivo, es no devolver toda la paga extra de golpe, lo que supondría un aumento bruto de gasto del 7,7% en esta partida, sino en más de un ejercicio. Seguiría así el camino marcado con la rebaja del IRPF, que se va a repartir en dos años. En todo caso, la decisión final no está tomada todavía.

La fórmula de las pensiones conduce a una subida del 0,25% en 2015
En los Presupuestos de 2015, además, se aplicará por primera vez la fórmula que limita la revalorización de las pensiones. Aunque faltan por conocerse algunas estimaciones, esa fórmula dará un resultado negativo, con lo que se aplicará el suelo y la subida de las pensiones será del 0,25%. El gasto en pensiones, sin embargo, crecerá bastante más por el aumento del número de pensionistas y por el efecto sustitución: las prestaciones de los nuevos jubilados son mayores que las de los pensionistas que se mueren. Este año, en que el Gobierno decidió subir las pensiones un 0,25% sin siquiera usar la fórmula, el gasto en pensiones está creciendo a un ritmo del 3%, aproximadamente. Las cuentas de la Seguridad Social siguen muy tocadas (y lo seguirán en 2015) por ese aumento del gasto y porque la creación de puestos de trabajo apenas ha permitido mejorar los ingresos por cotizaciones. Las rebajas de sueldos, las bonificaciones como la tarifa plana y el empleo a tiempo parcial lastran la recaudación.
En otra de las grandes partidas de gasto, el Gobierno sí espera continuar con el ahorro en prestaciones por desempleo, que ya se viene produciendo este año. En cuanto a los gastos financieros, el incremento de la deuda hasta niveles récord contrarresta el ahorro por la rebaja de los tipos de interés de las nuevas emisiones. Con respecto a las inversiones, se esperan pocas alegrías aunque 2015 sea año electoral. No hay mucho dinero y, además, cortar cintas e inaugurar obras no se considera ya tan rentable electoralmente.

Publicado en www.elpais.com

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CCOO presenta demanda por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical




Ante los hechos que estamos conociendo estos días, CCOO presentará una demanda por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, al estar celebrándose reuniones que están manteniendo el Ministerio de Justicia y los sindicatos firmantes del Preacuerdo sobre la reforma de la LOPJ al margen de la mesa sectorial y excluyendo deliberadamente a CCOO y a otros sindicatos.


ES LA CONVOCATORIA DE LA HUELGA, CONVOCADA POR CCOO PARA EL 8 DE OCTUBRE, LA QUE OBLIGARÁ AL MINISTERIO DE JUSTICIA A MODIFICAR SU INACEPTABLE POSTURA AL CERRAR LA NEGOCIACIÓN.

Para CCOO es fundamental que el texto de la LOPJ presente una redacción precisa que no deje lugar  a interpretaciones, con el fin de garantizar los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores/as de la Administración de Justicia.

CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia está negociando la reforma del texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) excluyendo de manera deliberada a los sindicatos no firmantes del preacuerdo y que forman parte de la mesa sectorial


 La redacción ambigua del preacuerdo firmado por tres organizaciones sindicales y el Ministerio de Justicia no garantiza los derechos y condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia. Por eso, CCOO no firmó dicho preacuerdo, y presentó al Ministerio de Justicia, tanto en la mesa sectorial del 10 de julio, como de manera reiterada en escritos y cartas posteriores remitidas al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, una propuesta alternativa que recogía la redacción precisa que sí garantiza esos derechos, reiterando, además, la necesidad de continuar con la negociación en la mesa sectorial.

Si el Ministerio de Justicia, muy preocupado por la convocatoria de huelga, realizada por CCOO, en toda la Administración de Justicia de España para el 8 de octubre, intenta modificar dicho preacuerdo al margen de la mesa sectorial, y a pesar de que con la firma del mismo el Ministerio de Justicia dio por cerrada la negociación, estará reconociendo que las alegaciones y propuestas de CCOO, defendidas con firmeza desde el primer momento, deberían haber sido aceptadas e incluidas en el texto de la reforma de la LOPJ.

La exclusión de CCOO y de otros sindicatos representativos de cualquier negociación que pudiera estar produciéndose al margen de la mesa sectorial, constituye una ruptura del principio democrático y constitucional que debe respetarse en todo caso, con independencia de la postura que se defienda, y es un gravísimo atentado al derecho fundamental, recogido en la Constitución, de libertad sindical.

CCOO presentará demanda por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical porque la exclusión ilegal e ilegítima de sindicatos representativos de la mesa sectorial y de la negociación, constituye una agresión de enormes proporciones contra los trabajadores a los que esas organizaciones representan. Porque, si se permite esta actuación, ¿qué será lo siguiente?


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Recuperamos un día más de asuntos particulares


15/9/2014


  • Recordamos que esta Ley, entre otras cuestiones, reforma el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) introduciendo un día más de permiso por asuntos particulares
En la página web del Congreso de los Diputados se ha publicado una nota de prensa anunciando que el Congreso aprobó la Ley de Racionalización del Sector Público y Reforma Administrativa
El Congreso aprueba la Ley de racionalización del Sector público y reforma administrativa


En 2014, una vez se publique en el BOE la reforma citada, los funcionarios y funcionarias públicos tendremos 5 días de asuntos particulares, y este año, un día adicional más por caer en sábado días de fiesta de carácter nacional, en definitiva, SEIS DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES EN 2014
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Convocatoria elecciones MUGEJU renovación compromisarios/as 2014



La Mutualidad General Judicial (MUGEJU) convoca elecciones, para el próximo mes de octubre,  para renovar parcialmente los  compromisarios/as  de la Asamblea General.

CCOO DEFIENDE QUE SE ELIMINEN LOS OBSTACULOS QUE DIFICULTAN EL EJERCICIO DEL VOTO EN LAS ELECCIONES A LA MUGEJU (HEMOS EXIGIDO MÁS MESAS ELECTORALES, EN TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES Y PROVINCIAS, ADECUADA REGULACION DEL VOTO POR CORREO, Y REGULACIÓN DE LOS PERMISOS PARA VOTAR) Y PIDE UN FRENTE COMÚN A TODOS LOS SINDICATOS, QUE ALGUNOS YA HAN RECHAZADO.


Tal y como ha informado CCOO el próximo mes de octubre habrá elecciones para renovar parcialmente los compromisarios/as para la Asamblea General de la MUGEJU. Cuando en el mes de mayo CCOO, al igual que las demás organizaciones sindicales, tuvo conocimiento de que se iniciaba el proceso electoral, dirigió una carta al Ministerio de Justicia y a la Gerencia de la Mutualidad General Judicial reiterando la necesidad de que se modificara la Orden Ministerial de 1982 que  las regula, pues limita el ejercicio democrático al voto al impedir que se constituya más de una mesa electoral por Comunidad Autónoma (lo que da lugar a largas colas para votar) y regula de forma insuficiente el voto por correo, pues no existe garantía alguna de que ese voto realmente haya sido emitido por el mutualista y permite su presentación a través de un “representante”, mecanismo que no garantiza el carácter personal y secreto del mismo.

Como sabéis los compromisarios/as de la Asamblea General de la mutualidad son quienes representan y defienden los derechos de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia ante los órganos de la MUGEJU, por eso para CCOO estas elecciones son muy importantes y entendemos que deben celebrarse de acuerdo a los principios democráticos que arbitran cualquier proceso electoral. Hoy la MUGEJU no está en manos de los mutualistas, sino en manos de una Gerente que ha recortado injustificadamente numerosas prestaciones y derechos a los mutualistas, y de un Ministerio de Justicia que se limita a imponer y mantener los recortes presupuestarios que le ordena Hacienda, y sólo la presión de los representantes de los mutualistas en la Asamblea puede poner freno a las arbitriaridades de la Gerencia de la MUGEJU.

En la reunión de la Comisión Permanente del mes de julio además la Gerente de la MUGEJU informó que el proyecto de Real Decreto de órganos de gobierno de la MUGEJU sigue adelante; de materializarse, supondría la desaparición de la elección de los representantes de los mutualistas ante la Asamblea de la MUGEJU (se cambiaría por un sistema de “libre designación” por parte del Ministerio de Justicia) , lo que convertiría en papel mojado este proceso electoral, y suprimiría de un plumazo la representación democrática en la MUGEJU. CCOO rechaza rotundamente esta reforma  porque supondrá la desaparición de la democracia, el control y participación de los mutualistas en la  gestión de la mutualidad que habíamos conquistado entre todos en los últimos años.

En dicha reunión los compromisarios elegidos a propuesta de CCOO solicitaron a la Presidencia de la MUGEJU un aplazamiento del proceso electoral, a fin de que el Ministerio de Justicia (cuyo representante dijo desconocer la carta enviada en el mes de mayo) pudiese modificar la Orden Ministerial del año 1982, habiendo un precedente en años anteriores en que se retrasaron unos meses las elecciones a la MUGEJU. La Presidencia de la MUGEJU rechazó la propuesta de aplazamiento del proceso electoral.

Durante estos dos meses el Ministerio de Justicia no ha hecho nada para modificar la Orden Ministerial de 1982 (se ve que sólo tiene tiempo para publicar Real Decretos Leyes) , permitiendo con ello a la Presidencia de la MUGEJU a convocar un proceso electoral plagado de obstáculos que dificultan el ejercicio del derecho al voto y así justificar la modificación del real decreto de órganos de gobierno de la MUGEJU que eliminará de un plumazo la democracia, el control y la  participación de los y las mutualistas en la  gestión de la mutualidad. Además la MUGEJU ha decido no emitir ninguna circular sobre los permisos para ejercer el derecho al voto, dejando así al albur de cada administración, o del jefe de turno, la concesión o no del permiso  para ir a votar. Todas estas circunstancias demuestran que la Gerencia de MUGEJU pretende impedir la participación masiva de los mutualistas a la vez que vuelve a infringir la normativa general electoral en materia de voto por correo.

Para CCOO que la MUGEJU convoque las elecciones con una normativa obsoleta pone de manifiesto su desprecio a los y las  mutualistas. La MUGEJU se afana en poner trabas e impedimentos para poder ejercer el derecho al voto para luego justificar, en la baja participación, la reforma del Real Decreto de órganos de representación y administración de la MUGEJU.

Ante este cúmulo de circunstancias, CCOO aboga por una estrategia de defensa unitaria, pues sólo con la unidad de acción lograremos detener este incalificable ataque a la democracia en la MUGEJU, y con este fin nos hemos dirigido a las demás organizaciones sindicales formulando la propuesta de que, de manera unitaria, solicitemos el aplazamiento del proceso electoral,  para que se modifique la Orden de 1982 y conseguir que las elecciones de la mutualidad estén presididas por unos principios democráticos básicos que garanticen que el voto por correo es libre y secreto, y que se constituya,  al menos, una mesa electoral en todos los centros de trabajo de más de 250 electores y en todos los partidos judiciales y provincias.

Lamentablemente algunas organizaciones sindicales ya contestaron expresamente a la propuesta manifestando su decisión de no secundarla, decisión que para CCOO es un fiel reflejo de la nula disposición que existe para fomentar y conseguir un frente común contra las políticas de recortes y privatización de los servicios públicos que están llevando a cabo el ministro Gallardón y el Gobierno, aprobando duras reformas legislativas que inciden tanto en el ámbito de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras como en el ámbito de los derechos sociales y civiles y cuyo objetivo final no es otro que el desmantelamiento del servicio público de la Administración de Justicia.

Ante la negativa de algunos sindicatos para formar un frente común de presión contra las decisiones de la MUGEJU, CCOO avalará y presentará sus candidaturas para la renovación parcial de compromisarios de la Mutualidad que continúen en la defensa de los derechos de los y las mutualistas, tal y como han venido haciendo, con la máxima firmeza. 
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CCOO exige que la LOPJ garantice los derechos de los trabajadores



CCOO ADVIERTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE NO PERMITIRÁ QUE SE  EXCLUYA  A NINGUNA ORGANIZACIÓN SINDICAL REPRESENTATIVA DE REUNIONES EN LAS QUE SE ACOMETAN CUESTIONES QUE AFECTEN A LOS DERECHOS Y CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ADEMÁS CCOO EXIGE DE NUEVO AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEBE EVITAR CUALQUIER REDACCIÓN AMBIGUA QUE DÉ LUGAR A INTERPRETACIONES Y ASÍ LO HEMOS RECLAMADO OTRA VEZ EN LA CARTA QUE HEMOS REMITIDO AL DIRECTOR GENERAL
A continuación transcribimos la carta con su contenido literal.

DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
C/San Bernardo 19
Madrid

Madrid a 11 de septiembre de 2014

Hemos conocido que esa Dirección General ha convocado reunión con solo algunos de los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial de la Administración de Justicia, excluyendo deliberadamente al resto de los sindicatos representativos, entre ellos a CCOO.

En primer lugar, manifestarle nuestra rotunda protesta por la exclusión de gran parte de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Justicia a esa reunión, en la que según las informaciones públicas de algunos sindicatos que sí han sido convocados, la Dirección General va a darles traslado, y citamos textualmente, de la información “del contenido del proyecto definitivo de LOPJ”.

En segundo lugar, manifestarle que CCOO no va a tolerar su exclusión de ninguna reunión en la que se aborden cuestiones que afectan a los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras a los que representamos, ni tampoco la de ningún sindicato que haya obtenido la legítima representación del personal de la Administración de Justicia. Por tanto, le demandamos que rectifique y convoque a todos los sindicatos representativos a dicha reunión. Y esperamos que esta exclusión de gran parte de los sindicatos representativos como CCOO no esté motivada en nuestra decisión de no suscribir el preacuerdo que Vd. presentó en el mes de julio.

Como sabe, porque así lo expresamos tanto en las reuniones con el Ministerio de Justicia del pasado mes de julio como en la carta que le remitimos el 29 de julio, CCOO no firmó el preacuerdo que propuso el Ministerio de Justicia en el mes de julio, porque su contenido ni garantiza los derechos fundamentales del personal de la Administración de Justicia, (algunos de los que demandamos sí están recogidos expresamente en la LOPJ actualmente en vigor -LOPJ 19/2003 de 23 de diciembre- y fueron propuestas como ahora de CCOO), ni contiene una redacción precisa que impida a la Administración central y a las CCAA con competencias realizar interpretaciones abusivas de nuestros derechos cuando la nueva LOPJ entre en vigor.

Para CCOO es imprescindible que el texto del proyecto de ley de reforma de la LOPJ recoja con una redacción precisa, que no dé lugar a interpretaciones, al menos los siguientes puntos, y así se lo volvemos a demandar:

Mantenimiento de todos los partidos judiciales y todos los órganos judiciales actuales.

Se incluirá una Disposición en la reforma de la LOPJ que expresamente garantice que no se producirán amortizaciones de plantilla y que se respetarán todas las retribuciones que por cualquier concepto, incluidas guardias y complementos, perciban los trabajadores.

Se volverá a incluir expresamente en el art. 624 de la LOPJ que la redistribución  y reordenación de efectivos “en ningún caso supondrá cambio de municipio para el personal” (tal y como se recogen ambos aspectos en el artículo 523 de la LOPJ hoy en vigor).

EI texto de la reforma de LOPJ recogerá que seguirán siendo centro de destino los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz.  En el caso de que el Ministerio pretenda su eliminación y su sustitución por las oficinas judiciales de paz, deberá reconocerlas expresamente como centro de destino propio en el art. 622 de la LOPJ, y se deberá recoger asimismo que en las oficinas judiciales de paz estarán destinados todos los funcionarios que actualmente prestan sus funciones en los Juzgados de Paz y en las Agrupaciones de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes, creándose tantas Oficinas Judiciales de Paz como Juzgados o Agrupaciones de Paz existen en la actualidad.

Que se reconocerá en la LOPJ que los actos de comunicación y ejecución están reservados al personal de la Administración de Justicia y solo podrán ser encomendados a éstos.

En cualquier caso, como le decimos más arriba y conoce perfectamente, CCOO ya remitió al Ministerio de Justicia en fecha 29 de julio la redacción que consideramos debe ser recogida en el proyecto de reforma de LOPJ para garantizar los derechos de los trabajadores.

¡¡HAY QUE PARAR LAS REFORMAS DE GALLARDÓN!!

¡¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!!

¡¡DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!



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Ultimas informaciones sobre la convocatoria de la Bolsa de interinos por la Gerencia de Valladolid


12/9/2014


Ultimas informaciones sobre la convocatoria de la Bolsa de interinos por la Gerencia de Valladolid:
Puestos en contacto con la Gerencia Territorial de Valladolid, relativo a la convocatoria de la Nueva Bolsa de Interinos que como sabéis caducó el mes de Julio pasado pero que en la última Comisión Paritaria se decidió retrasar su convocatoria a la segunda quincena de Septiembre puesto que mucha gente pudiera estar de vacaciones, se nos comunica que próximamente tendremos una reunión para que esto se lleve a efecto. Por lo que estamos a la espera de que terminen las Ferias para reunirnos y sacar la Convocatoria de la Nueva Bolsa de Interinos de la Gerencia de Valladolid.
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Cientos de trabajadores y delegados de CCOO exigen la dimisión de Gallardón en la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo


11/9/2014


La convocatoria de la concentración por CCOO el día de la apertura del año judicial es el primer gran acto de movilización contra las reformas de Gallardón tras las vacaciones de agosto

CIENTOS DE TRABAJADORES/AS Y DELEGADOS/AS DE CCOO EXIGEN LA DIMISIÓN DE GALLARDÓN POR SUS INFAMES REFORMAS QUE, DENTRO DEL PLAN IDEADO POR EL GOBIERNO PARA ACABAR CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PRETENDEN EL DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.


La concentración convocada por CCOO en solitario ante el Tribunal Supremo (a pesar del llamamiento que venimos realizando al resto de organizaciones sindicales para formar un gran frente unitario contra las gravísimas reformas de Gallardón de la Administración de Justicia) ha tenido dos objetivos fundamentales:


Mantener la presión para que el Gobierno dé marcha atrás en la privatización de los Registros Civiles, decisión consumada por el Gobierno tras la aprobación el pasado 4 de julio por el consejo de ministros del RDL 8/2014 que los entrega a los registradores mercantiles. Como venimos informando,   entre otras múltiples actuaciones llevadas a cabo contra esta decisión, CCOO ha presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia por su actuación en esta decisión que podría vulnerar presuntamente, la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, ya que no consta inhibición o abstención de los mismos en la votación y la decisión afecta a intereses directos y  a los de familiares muy próximos.

Paralizar la reforma de la LOPJ que pretende aprobar el Gobierno en un próximo consejo de ministros (para el inicio inmediato de su trámite parlamentario), que crea un instrumento para permitir a la Administración eliminar cientos de partidos judiciales y de órganos judiciales cuando lo consideren necesario,  la dota de una herramienta legal que permitirá amortizar miles de puestos de trabajo, no garantiza las retribuciones actuales, elimina lo establecido en el vigente artículo 523 de la LOPJ de 2003 -que imposibilita la movilidad forzosa fuera del municipio-, privatiza de los actos de comunicación y ejecución con su entrega a los procuradores y, en definitiva, supondrán un inmenso retroceso de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia además de alejar la justicia de la ciudadanía lo que implica un nuevo impedimento para el acceso a los servicios públicos básicos en un estado de derecho.  

Gallardón comenzó sus políticas encaminadas a adoptar incalificables medidas de ataque a los derechos de las personas con la imposición de la Ley de Tasas Judiciales, que ha dejado a una inmensa mayoría de la población sin posibilidades para acudir ante los Juzgados a defender sus derechos, continuó con la ley de justicia gratuita que ahonda más en esta indefensión y siguió  con la ley de jurisdicción voluntaria que privatiza otra parte de la Administración de Justicia al  poner en manos de registradores y notarios muchos de los procedimientos que hasta ahora eran competencia exclusiva de Juzgados y Tribunales y ha dado la mayor vuelta de tuerca hasta el momento con la privatización de los Registros Civiles y la reforma de la LOPJ.

Desde CCOO estamos convencidos que es posible ganar la batalla contra las reformas de Gallardón si unimos nuestras fuerzas en un gran frente unitario con todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia. Solo aquellas organizaciones que tengan otros intereses distintos a la defensa de los derechos y condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia, pueden no querer la unidad contra estas gravísimas reformas.

CCOO va a mantener e incrementar las movilizaciones, y va a seguir llamando a la creación de ese gran frente común, mientras no logremos revertir la privatización de los Registros Civiles y que la reforma de la LOPJ recoja sin ambigüedades, o redacciones imprecisas, todos los derechos del personal de la Administración de Justicia, el mantenimiento de todos los partidos judiciales y órganos judiciales, incluidos los Juzgados de Paz, la garantía de las retribuciones actuales y de todos los puestos de trabajo y la prohibición expresa a la movilidad forzosa. 

 
Al final del acto de la apertura del año judicial y a su salida, los delegados y delegadas de CCOO reclamaron al nuevo secretario general del PSOE un compromiso expreso de que su partido derogaría la privatización de los Registros Civiles si gobiernan,  que su grupo parlamentario votará en contra de la reforma de la LOPJ mientras no se garanticen, con una  redacción que no admitan interpretaciones, todos nuestros derechos. Pedro Sánchez, ante los medios de comunicación se ha comprometido a todo ello así como a reunirse en los próximos días con una delegación de CCOO, reunión en la que la exigiremos que estos compromisos sean recogidos de forma efectiva.

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CCOO presenta denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Rajoy y Gallardón


8/9/2014


CCOO continúa llevando a cabo multitud de iniciativas para intentar revocar la decisión del Gobierno y del ministro de Justicia de privatizar el Registro Civil.

CCOO DENUNCIA  ANTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y AL MINISTRO DE JUSTICIA POR LA COMISION DE UN PRESUNTO DELITO DERIVADO DE SU ACTUACIÓN EN LA DECISIÓN DE ENTREGAR LA GESTIÓN DEL REGISTRO CIVIL A LOS REGISTRADORES MERCANTILES.

Además CCOO presenta una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses solicitando que se inicien diligencias de investigación por si dicha actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción.

Desde que se aprobó, en el Consejo de Ministros del viernes 4 de julio, el Real Decreto Ley 8/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, cuya disposición adicional vigésima privatiza los Registros Civiles mediante el traspaso de su Gestión a los registradores Mercantiles, CCOO llevó a cabo nuevas y numerosas iniciativas y medidas de presión para lograr revocar esta incalificable decisión. Entre otras hemos solicitado a los distintos grupos parlamentarios la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el citado Real Decreto que, como venimos informando, finalmente ha sido presentado por los grupos parlamentarios de IU, PSOE y UPyD ante el Tribunal Constitucional el pasado 31 de julio.

También hemos presentado a los grupos parlamentarios, incluido al Partido Popular que sustenta al Gobierno, una propuesta de enmienda solicitando la derogación de las disposiciones adicionales del proyecto de ley relativas al Registro Civil y, subsidiariamente, propuesta de enmiendas alternativas a las citadas disposiciones adicionales. Dicho debate tuvo lugar el pasado 28 de agosto y nos consta que algún grupo parlamentario, como Izquierda Plural, ha defendido el contenido completo de las enmiendas de CCOO, si bien, finalmente el Partido Popular, en otro alarde de prepotencia y utilizando su mayoría absoluta, no ha aceptado ninguna de las enmiendas. El proyecto de ley ahora pasará al Senado.


Y ahora CCOO, continuando con las distintas iniciativas llevadas a cabo para intentar revocar la decisión de privatizar el Registro Civil, ha presentado esta misma mañana, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Presidente del Gobierno y contra el ministro de Justicia porque para CCOO la actuación del ministro de Justicia (suegro y cuñado de registradores) y del Presidente del Gobierno (registrador y hermano de registradores) en la decisión de privatizar el Registro Civil, sin que conste inhibición o abstención previa de los mismos en la votación llevada a cabo en el Consejo de Ministros, podría ser constitutivo de un presunto delito por vulneración del deber de inhibición y abstención que la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado,  impone a los miembros del Gobierno de la Nación, secretarios de Estado y demás altos cargos.

Asimismo hemos presentado un escrito dirigido a la Oficina de Conflictos de Intereses para que se inicien las diligencias de investigación necesarias por si la citada actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción disciplinaria.

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIA


NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA DE LA DENUNCIA





 
10 DE SEPTIEMBRE CONCENTRACION ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO


PAREMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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¿Por qué pretende Gallardón la aprobación de un texto de la LOPJ con una redacción tan ambigua?



El Gobierno pretende aprobar en un próximo consejo de ministros el proyecto de reforma de la LOPJ de manera que el texto carezca de redacción precisa, lo que permitirá a Gallardón proceder a la eliminación de partidos judiciales, órganos judiciales y puestos de trabajo.
¿POR QUÉ EL MINISTERIO DE JUSTICIA SE NIEGA A RECOGER DE FORMA LITERAL EN LA REFORMA DE LA LOPJ QUE SE MANTENDRÁN TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES Y ÓRGANOS JUDICIALES ACTUALES, Y QUE SERÁN CENTRO DE DESTINO LAS OFICINAS JUDICIALES DE PAZ EN LOS QUE SE INTEGRARÁ TODO EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA HOY DESTINADO EN LOS JUZGADOS Y AGRUPACIONES DE PAZ?

¿POR QUÉ SE NIEGA GALLARDÓN A RECOGER EN LA REFORMA DE LA LOPJ QUE SE MANTENDRÁN TODAS LAS RETRIBUCIONES ACTUALES Y QUE NINGÚN TRABAJADOR PODRÁ SER DESTINADO FORZOSAMENTE FUERA DEL MUNICIPIO DE SU DESTINO?

¿POR QUÉ EL MINISTERIO DE JUSTICIA SE NIEGA A RECOGER QUE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN ESTÁN RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA?

¿Qué pretende Gallardón para no recoger con literalidad estos derechos?

Y entonces, si la LOPJ no recoge estos derechos de forma que no admitan interpretaciones, ¿para qué sirven acuerdos que no garantizan con extrema fidelidad los derechos de los trabajadores/as?

Ante el temor de la proximidad de las elecciones municipales, autonómicas y generales, y el enorme rechazo generalizado que suscita el anteproyecto de reforma de la LOPJ por la desaparición de decenas de partidos judiciales y de juzgados de paz, rechazo incluso de alcaldes, concejales y diputados autonómicos del partido popular que sustenta al Gobierno, Gallardón ha realizado algunas declaraciones y notas de prensa (la última el pasado 31 de julio), afirmando que hará algunas matizaciones en el proyecto de reforma de la LOPJ, con la única intención de confundir a la opinión pública.

Sus intenciones son claras: mantener un lenguaje confuso intencionadamente, afirmando que no desaparecerán los partidos judiciales y al mismo tiempo afirmar por escrito lo contrario (Ver nota de prensa del Ministerio de Justicia publicada en su web el 31 de julio pasado), ya que establece un gran número de condiciones para que permanezcan. Así el Ministerio de Justicia establece por escrito:

“La posibilidad de crear más de un Tribunal de Instancia en cada provincia será excepcional y deberá cumplir con criterios demográficos, territoriales y sociales”
 “Para la creación excepcional de más de un Tribunal de Instancia por provincia será necesario que en cada localidad donde se quieran crear exista ya un mínimo de unidades judiciales: una en el orden contencioso-administrativo, social y civil y al menos cinco en el orden penal”
 “Para que cada uno de estos Tribunales de Instancia pueda tener a su vez distintas sedes judiciales, cada comunidad autónoma tendrá que presentar igualmente una propuesta de acuerdo con los criterios establecidos en la LOPJ, entre otros, la dispersión de la población, los tiempos de desplazamientos a la capital de provincia o el aprovechamiento de las infraestructuras existentes.”
CCOO exige a Gallardón y al Gobierno que en la reforma de la LOPJ se incluyan, de forma que no admita interpretaciones, las siguientes cuestiones:
  • Mantenimiento de todos los partidos judiciales y todos los órganos judiciales actuales.
  • Compromiso expreso y escrito de que no se amortizará ni un solo puesto de trabajo.
  • Que seguirán siendo centro de destino los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz. En el caso de que el Ministerio pretenda su eliminación y su sustitución por Oficinas Judiciales de Paz, éstas serán igualmente centro de destino y en ellas se debe integrar todo el personal destinado en los actuales Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz.
  • Inclusión en la reforma de la LOPJ de que se respetarán todas las actuales retribuciones, sin excepción, y que a ningún trabajador se le podrá imponer la movilidad forzosa fuera del municipio en el que se encuentra destinado por un proceso de reordenación o redistribución de efectivos (tal y como se recogen ambos aspectos en el artículo 523 de la LOPJ hoy en vigor).
  • Que se reconocerá en la LOPJ que los actos de comunicación y ejecución están reservados al personal de la Administración de Justicia y solo podrán ser encomendados a éstos. 
Mientras no se reconozcan estos derechos básicos en el proyecto de reforma de la LOPJ a los más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, CCOO se opondrá frontalmente a este proyecto de reforma de la LOPJ, y, en coherencia con lo anterior, mantendrá la convocatoria de las movilizaciones.
    
CCOO no suscribirá ningún acuerdo que previamente no haya sido avalado por los trabajadores/as.

¡¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!!



¡¡DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!

10 DE SEPTIEMBRE, de 11,30 a 12,30 

DÍA DE LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL,

CONCENTRACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

¡¡ACUDE!!


LUCHEMOS PARA DARLE LA VUELTA

EMPLEA TU FUERZA,

NO LO DUDES, MOVILÍZATE Y LUCHA!!


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Convocatoria Proceso selectivo de Secretarios Judiciales


5/9/2014


El Ministerio de Justicia nos remite la convocatoria (que adjuntamos más abajo) de la convocatoria del proceso selectivo de secretarios judiciales 2014 (160 plazas, de las cuáles se reservan 80 para el turno de promoción interna), que según afirman, se va a publicar en el BOE en los próximos días, más que probablemente la semana del 15 de septiembre, sin descartar que pudiera adelantarse su publicación al final de la semana anterior si existe disponibilidad en el BOE.


El plazo para presentar instancias comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE y será de 20 días naturales.


---------- Mensaje reenviado ----------
De: MEDIOS PERSONALES <@mjusticia.es>
Fecha: 5 de septiembre de 2014, 9:11
Asunto: Convocatoria SJ

Buenos días, se manda texto definitivo de la convocatoria oposición para el Cuerpo de Secretarios Judiciales para el 2014, una vez incorporadas algunas alegaciones formuladas con negociación así como las solicitadas por Función Pública en el informe definitivo y en fechas próximas se enviará al BOE.

Subdirección General Medios Personales
Secretaria
S.Bernardo 21

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Enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la privatización de los Registros Civiles


4/9/2014



  • CCOO no va a detener su acción y la presión hasta lograr que el Gobierno da marcha atrás en su decisión de proceder a la privatización de los Registros Civiles, y estamos seguros de que entre todos lo vamos a conseguir. Pues esta batalla no está ni mucho menos perdida.


En la página web del Congreso de los Diputados están publicadas las enmiendas que todos los grupos parlamentarios presentaron al texto del Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio), que en sus disposiciones adicionales decimonovena a vigésimo cuarta,contiene la privatización de los Registros Civiles.

Estas enmiendas fueron presentadas hasta el 19 de agosto, fin del plazo (que fue ampliado varias veces) de presentación de enmiendas en el Congreso.

El texto que ha aprobado el Congreso pasa ahora al Senado.

Como sabéis e informamos el mismo día, el debate del texto completo y de sus enmiendas tuvo lugar el pasado 28 de agosto, no aceptándose por el grupo mayoritario, el partido popular, ninguna de las que hacían referencia a la exigencia prácticamente unánime de la paralización de la privatización de los Registros Civiles.

Hemos de destacar, y agradecer, que algunos grupos, como el de la Izquierda Plural, defendieron de forma clara el contenido esencial de las enmiendas que les remitimos, con el objeto de impedir esta privatización, que si se lleva a cabo tendrá gravísimas consecuencias para el empleo y para los derechos de la ciudadanía.

El Gobierno, nuevamente sin dar la cara (no olvidemos que aprobar una iniciativa de tanta importancia para la sociedad en agosto y en plenas vacaciones, dice mucho del talante antidemocrático de este Gobierno, que sigue huyendo de la participación y del debate como de la peste) ha impedido en la Comisión de Economía del Congreso (que fue el órgano del Congreso, y no el Pleno, el que lo ha aprobado, dando paso ahora su trámite al Senado: menos debate, menos participación) que se aprobara el rechazo a la privatización de los Registros Civiles, que varios grupos parlamentarios (la gran mayoría de los grupos) habían planteado.
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Que no te cuenten cuentos!


1/9/2014






Que no te cuenten cuentos…, pues, si se aprueba este texto de reforma de la LOPJ, retrocederemos a los tiempos en los que las condiciones de trabajo dependían de la voluntad del jefe o responsable de turno.

LO QUE NO ESTÁ EN LA LEY…ES PORQUE NO EXISTE” (fin de la cita de Mariano Rajoy) O LO QUE ES LO MISMO ¿POR QUÉ ALGUNOS SE CREEN A PIE JUNTILLAS LO QUE DICE EL MINISTRO GALLARDÓN SI NO ESTÁ ESCRITO EN NINGÚN SITIO?
CCOO EXIGE A GALLARDÓN QUE EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ INCLUYA EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES, LA GARANTÍA DE QUE NO HABRÁ MOVILIDAD FORZOSA FUERA DEL MUNICIPIO Y QUE LAS OFICINAS JUDICIALES DE PAZ,  QUE DEBERÁN CREARSE DONDE EXISTA UN JUZGADO O UNA AGRUPACIÓN DE JUZGADOS DE PAZ, SE INCLUIRÁN EN LA LOPJ COMO  CENTRO DE DESTINO.


Hay preacuerdos y preacuerdos… y desde luego el preacuerdo firmado entre el Ministerio de Justicia de Gallardón y tres sindicatos el pasado 10 de julio –comprometiéndose a ello incluso sin ver siquiera el texto, o al menos sin verlo en la mesa de negociación- dice mucho de quién lo firma pero poco de qué es lo que se firma.

Porque si hacemos caso a la reciente cita de Mariano Rajoy “lo que no está en la ley es que no existe”, a continuación deberíamos preguntarnos,…si no está escrito en la ley (en este caso en el texto de la reforma de la LOPJ, ya sea Anteproyecto de ley o ya sea Preacuerdo firmado), ¿porqué algunas organizaciones sindicales se creen a pie juntillas lo que DICE Gallardón?

Porque tanto de la lectura del citado preacuerdo como de la propia nota de prensa del flamante ministro del día 31 de julio –que por cierto, omite cualquier referencia al preacuerdo como detonante de su cambio de posición– nada refleja que se mantendrán todos y cada uno de los partidos judiciales, o que las Oficinas Judiciales de Paz se crearán en cada localidad dónde exista un Juzgado de Paz o una Agrupación de Juzgados de Paz  ni que éstas  serán centros de destino como lo son en la actualidad los Juzgados de Paz.

CCOO sabe muy bien, y el resto de organizaciones sindicales debieran recordarlo, no solo lo difícil que es que el ministerio acepte en un preacuerdo los puntos de una plataforma reivindicativa, sino también la dificultad que entraña que se recoja expresa y concretamente los términos de los mismos para que luego no haya dudas ni falsas interpretaciones.

Porque para CCOO no es lo mismo que el preacuerdo recoja expresamente, “El Ministerio de Justicia se compromete a seguir negociando en mesa sectorial el resto de cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales en sus enmiendas a la reforma de la LOPJ durante el trámite parlamentario de enmiendas al proyecto de LOPJ …” que no recogerlo. O que “Así mismo, el ministerio y las organizaciones sindicales firmantes de este preacuerdo negociarán la redacción concreta del articulado y disposiciones referidos a estos puntos en el texto de la LOPJ que no recogerlo.

Y ambas redacciones sí quedaron perfectamente reflejadas, tras el preacuerdo de noviembre de 2002 firmado por CCOO y también por CSIF Y UGT –STAJ no formaba parte en ese momento de la mesa sectorial de Justicia pero se opuso rotundamente al mismo–. Pero, además, el preacuerdo fue ratificado ampliamente por los trabajadores en referéndum en diciembre de ese año  (recordemos que fue convocado solo por CCOO y UGT y el resultado tuvo carácter vinculante), y, posteriormente,  firmado como acuerdo nuevamente por CCOO, CSIF Y UGT y el gobierno del PP.

Para CCOO tampoco es lo mismo que el preacuerdo firmado diga literalmente que “El Anteproyecto reconocerá expresamente la existencia de partidos judiciales” que recoja sin ningún género de dudas,  como exige CCOO que El Anteproyecto recogerá expresamente el mantenimiento de todos y cada uno de los partidos judiciales que existen en la actualidad.”

Y no es lo mismo, porque ni tan siquiera lo dice así Gallardón en su nota de prensa del pasado  31 de julio, en la cual explica que la nueva reorganización en Tribunales de instancia y reparto provincial de asuntos “rompe con la noción tradicional de partido judicial, que a partir de ahora se reserva para identificar las sedes de los órganos judiciales del Tribunal de Instanciay que la posibilidad de crear más de un Tribunal de Instancia en cada provincia será excepcional y siempre y cuando se cumplan los criterios territoriales, demográficos y sociales….en localidades con una importancia judicial igual o superior a la capital….exigiendo expresamente “…para que sea posible la creación excepcional de más de un Tribunal de Instancia por provincia que en cada localidad exista un mínimo de unidades judiciales: una en el orden contencioso-administrativo, social y civil y al menos cinco en el orden penal…

Por lo tanto, el pomposo anuncio de Gallardón solo afectaría en todo el Estado a las localidades de Ferrol, Santiago, Vigo, Gijón, Elche, Algeciras, Jerez, Ceuta, Melilla y Cartagena, únicas poblaciones que en la actualidad tienen, al menos, un Juzgado Contencioso-Administrativo, de lo Social y Civil y 5 juzgados de orden Penal. O sea, si bien hay un mínimo avance, NO EXISTE GARANTÍA DE QUE SE MANTENGAN TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES, tal y como viene denunciando CCOO, multitud de organizaciones sociales y ciudadanas y decenas de ayuntamientos (también muchos con mayoría del PP), ni que se cree más de un Tribunal de Instancia pues las condiciones que se deben cumplir para que esto último sea posible,  tan solo las reúnen 6 provincias (Coruña, Pontevedra, Asturias, Alicante, Cádiz y Murcia) más Ceuta y Melilla. Las 44 provincias restantes tendrán un solo tribunal de instancia, en la capital de provincia, y ese “municipio” será el centro de destino de todos los trabajadores que presten servicio en ese Tribunal, a donde previamente los habrán reordenado al desaparecer el partido judicial original, sin respetar su municipio de origen, puesto que el preacuerdo tampoco recoge expresamente, como exigió CCOOque  se vuelva  a incluir expresamente en el art. 624 de la LOPJ que  la redistribución  y reordenación de efectivos “en ningún caso supondrá cambio de municipio para el personal”

Menciona también Gallardón en su nota de prensa que  “las Oficinas Judiciales de Paz…mantendrán la cercanía de los servicios no jurisdiccionales al ciudadano” expresión ambigua dónde las haya de la que, precisamente, no se deduce ni que estas oficinas serán un centro de destino, ni que se crearán en todas las localidades en dónde exista un Juzgado de Paz o Agrupación de Juzgado de Paz ni, por asomo, que en las mismas estarán destinados todas y todos los trabajadores que actualmente prestan servicios  en éstos últimos.

Y por eso CCOO exigió que  el texto del preacuerdo debía mencionar expresamente, “EI texto recogerá la existencia de oficinas judiciales de paz reconociéndolas expresamente como centro de destino propio en el art. 622 de la LOPJ, donde estarán destinados todos los funcionarios que actualmente prestan sus funciones en las agrupaciones o en juzgados de paz de más de 7.000 habitantes creándose tantas Oficinas Judiciales de Paz como Juzgados o Agrupaciones de Paz existen en la actualidad; estas oficinas tendrán como principal objetivo reforzar la presencia de la Administración de Justicia como servicio público próximo a los ciudadanos, prestando funciones de apoyo a las oficinas judiciales y unidades administrativas del partido judicial, así como de información a la ciudadanía, modificándose por tanto también la Disposición Transitoria 12ª del Anteproyecto”

La conclusión para CCOO es clara: hay que seguir presionando con todas las medidas a nuestro alcance para lograr como mínimo que el proyecto de reforma de la LOPJ, que apruebe el Gobierno (probablemente en septiembre), contenga:

1.- El reconocimiento expreso en el texto legal de que se mantendrán todos y cada uno de los partidos judiciales actualmente existentes

2.- Que no podrán realizarse movilidades forzosas fuera del municipio (tal y como consta en la actual LOPJ 19/2003 en su artículo 523)

3.- Que se mantendrán como centro de destino los actuales Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz o, en su defecto, serán centro de destino las Oficinas Judiciales de Paz, recogiéndolo de manera expresa en el artículo 622 de la LOPJ. Además estas oficinas se crearán allí donde exista actualmente un Juzgado de Paz o una Agrupación de Juzgado de Paz, integrándose en aquellas, y en la misma localidad, todo el personal que actualmente presta sus servicios en los Juzgados o Agrupaciones de Juzgados de Paz.

4.- Que se reconocerá que los actos de comunicación y ejecución están reservados al personal de la Administración de Justicia y solo podrán ser encomendados a éstos.

5.- La garantía de que no desaparecerá ni un solo puesto de trabajo y por tanto se mantendrá la plantilla actualmente existente.

Mientras no se reconozcan estos derechos básicos, CCOO se opondrá frontalmente a este proyecto de reforma de la LOPJ y, en coherencia con lo anterior, mantendrá la convocatoria de las movilizaciones contra la reforma de la LOPJ.

¡¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!!
¡¡DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!
10 DE SEPTIEMBRE,  DÍA DE LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL,
CONCENTRACIÓN ANTE EN EL TRIBUNAL SUPREMO
¡¡ACUDE!!

¡¡8 DE OCTUBRE, HUELGA EN TODA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN TODA ESPAÑA, CONTRA LA REFORMA DE LA LOPJ Y CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES¡¡

LUCHEMOS PARA DARLE LA VUELTA
EMPLEA TU FUERZA,

NO LO DUDES, MOVILÍZATE Y LUCHA!!
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