GUÍA COVID-19 MUGEJU. Preguntas y respuestas a mutualistas


3 abr. 2020



CCOO hemos confeccionado una guía sobre preguntas y respuestas relativas a la situación del COVID-19 y los trámites que los/as mutualistas de MUGEJU tenemos que hacer.

La hemos elaborado con la información publicada en la página web de MUGEJU y

Esperamos que os sea de utilidad.


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Ámbito no transferido: Acción Social 2020: publicación de nota en el portal de Ainoa



Como continuación de la información publicada en el día de ayer sobre la Acción Social en el ámbito no transferido, hoy se ha publicado en el área privada de AINOA el siguiente mensaje:

"Se prorroga el plazo para la presentación de solicitudes de Acción Social 2020, en 19 días naturales, a computar desde el momento que pierda su vigencia estado de alarma declarado por el R.D 463/2020, de 14 de marzo, o en su caso las prórrogas del mismo. No obstante, dado que el proceso de solicitudes de Acción Social se realiza “on line”, a través de la aplicación Aino@, que se encuentra operativa en estos momentos en lo que a Acción Social se refiere, quienes lo deseen, pueden continuar formulando las solicitudes , sin interrupción, hasta el último día del plazo habilitado en esta comunicación".

Por tanto, como decíamos en el correo de ayer se puede seguir presentado la acción social durante el periodo que dure el estado de alarma o, quien no pueda lo podrá realizar cuando se levante el mismo y durante el periodo que ha estado suspendido el plazo administrativo, que son 19 días (del 14 de marzo al 1 de abril ambos inclusive).
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Información Disp. Ad. 18 RDL 11/2020: las personas empleadas públicas podrán colaborar para la protección de colectivos vulnerables con sus retribuciones y sin modificar su situación administrativa




Desde la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública se está remitiendo a las Subsecretarías de los Departamentos una comunicación relacionada con la Disposición Adicional 18 del RDL 11/2020, sobre colaboración de empleadas y empleados públicos

Dicha disposición establece:

Disposición adicional decimoctava. Colaboración de empleadas y empleados públicos
Las empleadas y empleados públicos en servicio activo que soliciten colaborar tanto en el ámbito de su administración de origen como en cualquier otra administración, en las áreas de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, seguirán devengando sus retribuciones por el organismo de origen, no suponiendo modificación de su situación administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración de Estado de alarma
La prestación del servicio se podrá llevar a cabo tanto de manera presencial como a través de modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización de su superior jerárquico y comunicación al órgano competente en materia de personal

La comunicación es la siguiente:

De: SECRETARIA SEPTFP 
Enviado el: miércoles, 1 de abril de 2020 18:51 
Asunto: Disposición adicional decimooctava del Real Decreto-Ley 11 /2020

Estimados/ as Subsecretarios y Subsecretarias, 

Como probablemente sepáis, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, publicado en el BOE de hoy, establece en su Disposición adicional decimoctava que "Las empleadas y empleados públicos en servicio activo que soliciten colaborar tanto en el ámbito de su administración de origen como en cualquier otra administración, en las áreas de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, seguirán devengando sus retribuciones por el organismo de origen, no suponiendo modificación de su situación administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración de Estado de alarma

La prestación del servicio se podrá llevar a cabo tanto de manera presencial como a través de modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización de su superior jerárquico y comunicación al órgano competente en materia de personal

Sobre el procedimiento a seguir, la propia disposición establece que será una autorización de la persona superior jerárquica y comunicación al órgano competente en materia de personal, por lo que no requiere desarrollo ni autorización por parte de Función Pública, aunque quizás sea oportuno tener a posteriori información del número de empleados y empleadas que lo solicitaron

Con independencia de la comunicación que se real ice desde los diferentes departamentos a su personal, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública haremos la oportuna difusión de las condiciones de la colaboración reguladas en esta norma con la fmalidad de contribuir a mejorar las áreas de trabajo que en este momento se puedan encontrar con una carga mayor, ya que cualquier ayuda que puedan recibir será fundamental

Un cordial saludo

Francisco Hernández Spínola
Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública
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CCOO y el resto de organizaciones sindicales con representación en Justicia reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19





Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA), por el presente reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19,

Desde el principio de la crisis el CGPJ se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales y ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia.

Para las seis organizaciones sindicales, los Comités de seguimiento COVID 19 creados en el seno de los TSJ por acuerdo de la Comisión permanente del Consejo carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente mencionadas. En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia.

Denunciamos la táctica de sabotaje empleada por la Comisión permanente del Consejo para impedir el cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones del Ministerio de Justicia, CCAA con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia.

Denunciamos que la injerencia del Consejo General del Poder Judicial está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias, mientras recomienda a los Jueces y Magistrados que trabajen desde casa gracias a los equipos informáticos prestados por la Administración y de los que no dispone el resto del personal de Justicia.

Recordamos que el CGPJ aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados/as públicos de Justicia por las descalificaciones vertidas en su comunicado del pasado 19 de marzo en el que se les acusaba de falta de profesionalidad.

Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados/as públicos/as, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias que se dan en la gestión de la Administración de Justicia.

Alentamos al Ministerio de Justicia y a las CCAA autónomas con competencias transferidas en materia de justicia para que continúe poniendo freno a esta irresponsabilidad del CGPJ.

Recordamos a los miembros del CGPJ que la Administración de Justicia no son sólo ellos, ni siquiera lo son sólo los Jueces y Magistrados. La Administración de Justicia son, también, los 55.000 empleados/as públicos/as que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales.

Unos empleados/as públicos/as que, incluso ahora, tienen el derecho a que se proteja su salud y a que el protagonismo desmedido de integrantes del Consejo General del Poder Judicial con su presidente Carlos Lesmes a la cabeza, no la ponga en riesgo caprichosamente junto con la de sus familiares y, en general, la salud de la sociedad en su conjunto que tan valientemente está luchando contra la amenaza invisible de un virus mortal.

Para finalizar, las seis organizaciones sindicales queremos hacer un reconocimiento a todos los empleados públicos y a los trabajadores en general que, durante estos días, están prestando los servicios esenciales para que la sociedad siga funcionando. Y, no por repetido hay que darlo por hecho, nuestro agradecimiento a los miles de empleados públicos y trabajadores del sistema sanitario con independencia del Cuerpo o grupo profesional al que pertenezcan, que están dando la cara en primera línea contra el virus.


#estevirusloparamosunidos

 NOTA CONJUNTA SINDICATOS

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Acción Social 2020. Algunas aclaraciones necesarias


2 abr. 2020



A pesar de tratarse de un tema menor dada la crisis sanitaria que estamos viviendo, y como hemos ido informando desde el pasado 17 de marzo, los plazos para la presentación de la acción social del año 2020, en virtud del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma quedan suspendidos (disposición adicional 3ª) y tal como nos informó el Ministerio de Justicia una vez se levante el estado de alarma y se reanude el cómputo de los plazos administrativos, se reanudará también el plazo para la presentación de la acción social 2020, en tantos días como hayan estado suspendidos los plazos que, en lo que afecta a la acción social comprende desde el 14 de marzo de 2020 (fecha de declaración del estado de alarma) hasta el 1 de abril de 2020 (último día para la presentación de las ayudas de acción social).

Asimismo, todos aquellos/as que hayan presentado durante este periodo la solicitud de acción social le será admitida sin ningún problema. Además los que la presenten desde hoy 2 de abril de 2020 y hasta que se levante el estado de alarma, igualmente les será admitida su solicitud de acción social 2020.

Os recordamos que la Acción Social hay que solicitarla a través del portal AINOA al que podéis acceder en el siguiente enlace con vuestro JU y contraseña: ACCESO PORTAL AINOA . Únicamente se admitirá la solicitud en papel de la acción social en el supuesto previsto en la convocatoria.

Podéis ver las bases de la convocatoria de la Acción Social, el Manual de Usuario de ayuda para la solicitud de acción social a través del portal AINOA y también en este enlace, y la autorización para la comprobación de las rentas del/de la cónyuge.

Por último, os recordamos que al acceder al portal AINOA y realizar la solicitud de acción social 2020 es muy importante marcar la casilla en cada ayuda que se solicite, ya que en caso contrario y aunque rellenemos los datos, no estaremos solicitando la ayuda.


AYUDAS NO MARCADAS



Por tanto, aunque rellenemos los datos personales no hemos solicitado las ayudas y saldremos excluidos en los listados provisionales.

AYUDAS MARCADAS



Si hemos seleccionado correctamente las ayudas, rellenando los datos personales estarán correctamente solicitadas.

Todo ello con independencia de marcar las distintas autorizaciones e incorporar los documentos en los casos previstos, por lo que os recomendamos leer con detenimiento las bases y el Manual de Usuario de ayuda para realizar la inscripción.

En cualquier caso los delegados/as de CCOO en vuestros ámbitos territoriales están a vuestra disposición y podéis contactar con ellos en las siguientes direcciones de correo electrónico y teléfonos: CONTACTO CCOO
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Compromiso del Ministerio de Justicia para garantizar la disponibilidad como norma general





Reunión del Ministerio de Justicia con las organizaciones sindicales
CCOO COMUNICA AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE NO RECONOCE A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CGPJ NI A LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS TSJ COMO INSTITUCIONES LEGÍTIMAS PARA INTERVERNIR EN LA VIGILANCIA NI EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENTIVAS QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD Y LA SALUD DEL PERSONAL NO JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El ministerio informa que se ha dirigido por escrito en el día de ayer a todas las Secretarías de Gobierno de los TSJ comunicándoles que estamos en una situación de máximo confinamiento, que debe tenderse a la presencia similar a los fines de semana como acordó el Gobierno

En la reunión, celebrada a las 11 horas de esta mañana en la modalidad de videoconferencia, el Ministerio de Justicia ha dado además la siguiente información a CCOO y el resto de las organizaciones sindicales.

· Se siguen realizando los envíos de geles, mascarillas y guantes a los 431 partidos judiciales y se recibirá una nueva remesa en los próximos dos días.
· En términos generales se está cumpliendo en todos los centros de trabajo su resolución sobre presencialidad y disponibilidad para prestación de los servicios esenciales.
· El Ministro de Justicia se ha reunido con el presidente del CGPJ para aclarar las discrepancias existentes en la aplicación del sistema de disponibilidad para la atención de los servicios esenciales.
· El ministerio está preparando un plan de “vuelta a trabajo” en la forma y en los plazos que determinen las autoridades sanitarias y ha garantizado que cualquier plan de actuación que se implante será negociado con las organizaciones sindicales (como CCOO habíamos solicitado). Han advertido que no será el modelo al uso de dotar de personal de refuerzo a los órganos judiciales o fiscales pero no ha dado más información al respecto.
· A día de hoy, según les ha comunicado Función Pública, para justicia no es de aplicación el permiso recuperable establecido por el gobierno para los servicios no esenciales que tienen ahora paralizada su actividad.
· Afirma que se está dando traslado de toda la información en relación con la seguridad y salud del personal a los Comités de Seguridad y Salud.
·  Argumentando que no disponen de medios, nos comunican que no se van a realizar los test a las personas que estén en cuarentena y aislamiento domiciliario de 14 días, a pesar de las advertencias de CCOO de que están incumpliendo la normativa sanitaria y de que exigiremos se realización y la exigencia de las responsabilidades que correspondan por este grave incumplimiento.

Por parte de CCOO, hemos solicitado:

·  Que el ministerio declare también la ilegitimidad de las Comisiones de Seguimiento del CGPJ y TSJs para la adopción de medidas en relación con el personal de justicia no judicial ni fiscal.
·  Que el Ministerio de Justicia y a las CCAA cumplan estrictamente de las normas dictadas por las autoridades sanitarias. En especial, el procedimiento de actuación en los casos de contacto estrecho (punto 3.2 de este documento) para el personal crítico de servicios esenciales no sanitarios, consistente en el aislamiento domiciliario durante 14 días y valoración por el servicio de prevención de la realización del test a los siete días de aislamiento y solo reincoporarse al trabajo en caso de resultado negativo. Hemos solicitado que en estos casos los Servicios de Prevención faciliten a las personas afectadas un documento que les acredite como operadores de servicios esenciales afectados por contacto estrecho y que recoja la necesidad de someterse al test para que puedan hacerlo valer en los centros sanitarios.
·  Hemos exigido la incorporación a la Comisión de coordinación de la situación de crisis creada al amparo de la Orden SND/261/2020 (punto segundo) de las organizaciones sindicales más representativas del sector y de personal técnico designado por la autoridad sanitaria. El personal de justicia no nos merecemos este trato irrespetuoso mientras que que se ha incorporado a dicha comisión, por ejemplo, el Consejo General de la Abogacía
·  Que se extremen las medidas que garanticen el reparto racional y a todos los centros de trabajo (incluidos los Juzgados de Paz) de los EPIs.
· Hemos solicitado que el ministro haga público su compromiso de negociación colectiva de los planes de agilización para las jurisdicciones social y contencioso-administrativa y para los juzgados de lo mercantil aprobados en la disposición adicional 19ª del RDL 11/2020, de 31 de marzo, al igual que hizo público que dichos planes se harían en consonancia con las propuestas del CGPJ. Y que estas medidas deben ampliarse a otras jurisdicciones como la civil que está siendo una de las más afectadas.

·  Le hemos recordado por último, que el CGPJ ha suspendido todas las actuaciones que no formen parte de los servicios esenciales y que mientras no se levante esa suspensión no se puede obligar a ningún/a funcionario/a a realizarlas ni presencialmente, ni en la modalidad de teletrabajo donde se pudiera instaurar dicha posibilidad.

Seguiremos exigiendo al ministerio que acepte estas propuestas sobre las que se han limitado a tomar nota para seguir defendiendo el derecho a la salud del personal de justicia que seguirá cumpliendo, como siempre ha hecho, el compromiso de seguir atendiendo las actuaciones judiciales que garanticen la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía y la tutela judicial efectiva, también y especialmente en estos tiempos de crisis.

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Aviso a los mutualistas tratados con Hidroxicloroquina y Cloroquina




La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha indicado, en el marco del estado de alarma en que nos hallamos, que las prescripciones de medicamentos que contengan hidroxicloroquina/cloroquina como son los medicamentos: Dolquine, Xanban; HIdroxicloriquina Ratiopharm, Hidroxicloroquina Aldo-Union, y Resochin deben realizarse en las recetas oficiales y tiene que acreditarse que el paciente cumple los requisitos establecidos para su prescripción.

Desde MUGEJU están remitiendo directamente a cada uno los mutualistas afectados una Declaración Responsable expedida por la Gerente del organismo, para ser presentada -junto con la receta oficial de MUGEJU correctamente cumplimentada- en la oficina de farmacia para la dispensación de cualquiera de los medicamentos señalados anteriormente.

No obstante, ante la eventualidad de que debido a errores u omisiones que puedan contenerse en la base de datos, y no resulte posible la remisión de la Declaración Responsable, se avisa a las personas interesadas de que, si no la recibe en los próximos días, deben indicarlo poniéndose en contacto con los Servicios Centrales,  mediante correo electrónico en la siguiente dirección: farmacia.mugeju@lista.justicia.es .


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Dispensación de medicamentos a domicilio. MUGEJU




El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y Cruz Roja han llegado a un acuerdo de colaboración que puede ser de interés para muchos mutualistas de MUGEJU con problemas para acudir a la farmacia en estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus.

Las más de 22.000 farmacias y la red de más de 200.000 personas voluntarias de la Cruz Roja han sumado sus fuerzas para facilitar la entrega a domicilio de medicamentos a pacientes en cuarentena, con problemas de movilidad, enfermedad aguda -incluidos los afectados por Covid-19- crónicos complejos con enfermedades respiratorias o que supongan un déficit de la inmunidad, diabéticos y con enfermedades cardiovasculares. El acuerdo, estará vigente mientras se mantenga el estado de alarma decretado por el Gobierno.

Entrega a domicilio

El servicio podrá incluir la entrega de medicamentos en el domicilio de la persona que lo demande, con y sin receta médica, del SNS y de receta médica privada, productos sanitarios y productos de salud.

Los interesados podrán solicitar su medicamento a cualquier farmacia de su municipio o municipio limítrofe en caso de que en el suyo no haya farmacia.
Para más detalles sobre la prescripción de recetas, la gestión y entrega de los pedidos así como el pago de la mismos, puedes consultar los siguientes enlaces:
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Protocolo del Ministerio para la realización de los pagos en procesos judiciales durante el estado de Alarma




El Ministerio de Justicia ha remitido CIRCULAR 1/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, que establece el Protocolo de Actuación conjunto para la realización de los pagos en Procesos Judiciales durante el estado de Alarma.

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Gaceta Sindical. Las medidas sociales aprobadas Gobierno recogen en parte demandas de CCOO




CCOO ha editado un nuevo número de Gaceta Sindical ante las nuevas medidas socioeconómicas aprobadas por el Gobierno, el 31 de marzo, que recogen en parte las demandas de CCOO y suponen un alivio para algunos de los colectivos más vulnerables, como una parte de las personas desempleadas, las empleadas de hogar, las familias que no pueden asumir el pago del alquiler y las víctimas de violencia de género.

Medidas que también contribuirán a aliviar la situación de Pymes y autónomos.

CCOO considera que hay que seguir avanzando en la adopción de medidas, desde el marco del diálogo social, con la premisa de no dejar a nadie atrás en esta crisis generada por el coronavirus.

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La crisis sanitaria aflora también las carencias del servicio público de la Administración de Justicia



  • Las medidas publicadas en el BOE de 1 de abril para agilizar, tras el estado de alarma, la actividad en los juzgados de lo social, contencioso-administrativo y mercantiles, están abocadas al fracaso por la crónica falta de medios en la Administración de Justicia

La disposición adicional 19ª del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, publicado hoy en el BOE establece que el Gobierno aprobará, en el plazo máximo de 15 días tras el estado de alarma, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil, con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

Para CCOO, los datos indican que la situación de estos juzgados antes de esta crisis, como toda la administración de justicia, presentaba un panorama desolador: decenas de juzgados atascados o al borde del colapso, atrasos de años en la resolución de los procedimientos, señalamientos de juicios para dentro de dos o tres años, etc


Tipo de Juzgado
Asuntos ingresados en 2019 (media por órgano)
Carga anual de asuntos máxima por órgano estimada por el CGPJ
(BOE 29/12/18)
Asuntos pendientes de resolver (media por órgano)
Juzgados de lo Social
1061,50
800
807,68
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
598,30
570
408,88
Juzgados de lo Mercantil
1089,78
435
1063,43

Estas cifras medias implican que, en determinados juzgados, el volumen de asuntos ingresados duplica o incluso triplica los módulos de carga de trabajo y, por tanto, es imposible su atención con los medios de que se dispone. Y lo mismo con el número de asuntos pendientes de resolver que, en muchos casos, supera en dos o tres veces el número de asuntos que ingresan cada año.

CCOO calcula que alrededor de 400 juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales y de todo el territorio nacional mantienen en la actualidad retrasos inasumibles en la resolución de los asuntos y una cifra similar (400 juzgados) reciben cada año cargas de trabajo que es imposible atender.

Solo para actualizar el retraso CCOO estima que sería necesaria la contratación de 400 jueces/zas y 3.500 funcionarios/as de refuerzo del resto de los cuerpos, como así lo ha solicitado CCOO al Congreso de los Diputados y a los sucesivos gobiernos en reiteradas ocasiones.

Con este panorama, CCOO se pregunta cómo se va a acometer el plan de agilización que disponen las medidas extraordinarias acordadas en el Boletín Oficial del Estado. La experiencia reciente de las medidas adoptadas por el CGPJ para los juzgados habilitados para atender las demandas de cláusulas suelo y otras reclamaciones hipotecarias ha sido decepcionante para la ciudadanía, que sigue viendo cómo la resolución de sus reclamaciones se retrasará durante años por la falta de medios, beneficiando, eso sí, a las entidades bancarias que cobraron cantidades indebidas.

Ha quedado claro, durante esta crisis que estamos padeciendo, que la inversión en Sanidad Pública y Servicios Sociales es imprescindible para atender los derechos básicos de la ciudadanía. También otros servicios esenciales como la Educación Pública exigen mejoras sustanciales de medios materiales y personales. Pero el servicio público de la Administración de Justicia es también un pilar básico del Estado Social y Democrático de Derecho que propugna nuestra Constitución para la defensa de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía. Y si no se dota este servicio esencial de medios suficientes, como ha venido ocurriendo durante toda la etapa democrática, las medidas de agilización que se anuncian no serán más que un brindis al sol.

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BOE de 1 de abril de 2020: suspensión procedimiento de desahucio y lanzamientos, y Violencia de Género


1 abr. 2020



Se ha publicado en el BOE de 1 de abril de 2020:

JEFATURA DEL ESTADO

Estado de alarma. Medidas urgentes

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.


"Artículo 1. Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.


1. Una vez levantada la suspensión de todos términos y plazos procesales por la finalización del estado de alarma, en la tramitación del procedimiento de desahucio regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derivado de contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que la persona arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, esta circunstancia será comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a los servicios sociales competentes y se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento. Si no estuviese señalado, por no haber transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunas, por un periodo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.

2. Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, la persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica a que se refiere el artículo 5 del presente real decreto-ley, acompañando su escrito de los documentos a que se refiere el artículo 6. Si el Letrado de la Administración de Justicia entendiera que concurre la situación de vulnerabilidad económica alegada, decretará la suspensión con carácter retroactivo a la fecha en que aquella se produjo por el tiempo estrictamente necesario, atendido el informe de los servicios sociales. El decreto que fije la suspensión señalará expresamente que, transcurrido el plazo fijado, se reanudará el cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 o señalará fecha para la vista.

3. A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la persona arrendataria por la mera presentación de la solicitud de suspensión.

4. En caso de que el establecimiento de la suspensión extraordinaria a que se refiere el apartado 1 de este artículo afecte a arrendadores que acrediten ante el Juzgado encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, presentando el escrito y los documentos a los que dicho apartado se refiere, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicarlo a los servicios sociales competentes para su consideración en el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar.

5. Se entenderá que concurre el consentimiento del arrendador para hacer la comunicación prevenida en el apartado anterior por la mera presentación del escrito alegando la situación de vulnerabilidad económica sobrevenida.


Disposición adicional decimoctava. Colaboración de empleadas y empleados públicos.

Las empleadas y empleados públicos en servicio activo que soliciten colaborar tanto en el ámbito de su administración de origen como en cualquier otra administración, en las áreas de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, seguirán devengando sus retribuciones por el organismo de origen, no suponiendo modificación de su situación administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración de Estado de alarma.

La prestación del servicio se podrá llevar a cabo tanto de manera presencial como a través de modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización de su superior jerárquico y comunicación al órgano competente en materia de personal.

Disposición adicional decimonovena. Agilización procesal.

Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis."


Estado de alarma. Violencia de género

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

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El Ministerio de Justicia aprueba un protocolo de riesgos laborales que no servirá para evitar ningún contagio


31 mar. 2020


UNA VEZ MÁS, NO ACEPTA NINGUNA DE LAS PROPUESTAS DE CCOO PARA PONER EN MANOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE FISCALES, JUECES Y LAJ LA VIGILANCIA DE NUESTRA SALUD Y NO DANDO NINGUNA PARTICIPACIÓN A LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD NI A LOS/AS DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN

La coordinación de los trámites necesarios para llevar a cabo los test rápidos en caso de contacto estrecho con personas contagiadas o con síntomas ¡¡¡QUEDA EN MANOS DE FISCALES JEFES, SECRETARÍAS DE GOBIERNO Y SECRETARÍAS COORDINADORAS!!!

CCOO rechazamos de pleno este protocolo porque:

· No cumple el protocolo de actuación para contactos estrechos con personas contagiadas o con síntomas que ha acordado el Ministerio de Sanidad que obliga al aislamiento durante 14 días y a valorar por los servicios de prevención la realización de los test a los 7 días del contacto. También lo incumple quitando competencias que Sanidad ha atribuido a los servicios de prevención, como la comunicación de los casos a la autoridad sanitaria.

· No obliga a las CCAA con competencias transferidas a adoptar estas u otras medidas en relación con el personal de su dependencia, a pesar de que el ministro podría hacerlo en base a la autorización que le ha dado la autoridad sanitaria.

· No garantiza que todo el personal que ha de acudir presencialmente a realizar los servicios esenciales tenga toda la información actualizada sobre las medidas preventivas sin siquiera facilitarla a los/as delegados/as de prevención ni a la representación sindical para que informen a los trabajadores y a las trabajadoras.

· Niega la información a la representación del personal también de la documentación principal que se genere en relación con el seguimiento preventivo de esta pandemia.

· No establece un teléfono de contacto de 24 horas de los Servicios de Prevención para situaciones de urgencia.

· Niega el asesoramiento a los/as delegados/as de prevención de las medidas de seguridad laboral, asesoramiento que sí garantiza para las personas responsables de las unidades fiscales, judiciales y de otros servicios.

· No da instrucciones para que se constituyan de forma permanente durante la crisis los Comités de Seguridad y Salud, dejándolo a la decisión de la presidencia de éstos.

· No acepta el obligado cumplimiento de las decisiones adoptadas por los Comités de Seguridad y Salud en materia de prevención de riesgos laborales como obliga la Ley.

· Niega la posibilidad de actuación de los Comités de Seguridad y Salud integrados a partes iguales por representantes de la administración y del personal, para los que CCOO habíamos propuesto que se incorporasen a las reuniones los/as delegados/as de prevención de jueces y fiscales y que dichos comités fueran los competentes para determinar en caso de contagios o de falta de medidas de prevención la suspensión temporal o definitiva de la actividad o el traslado a otras instalaciones que cumplan las normas de seguridad laboral, sin que quede determinada qué autoridad tiene la competencia para tomar este tipo de decisiones.

Todas éstas habían sido las propuestas de CCOO que el Ministerio de Justicia ha rechazado en su totalidad, ninguneando una vez más la opinión de la representación del personal que, en definitiva, es el que resultará afectado.


ESTAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO SIN ATENDER LAS PROPUESTAS DE LOS TRABAJADORES Y A LAS TRABAJADORAS NO VAN A EVITAR NINGÚN CONTAGIO POR LO QUE PARA CCOO SON ABSOLUTAMENTE INÚTILES Y DESACERTADAS

EXIGIMOS AL MINISTERIO UNA INMEDIATA RECTIFICACIÓN Y UN TRATO DIGNO HACIA EL COLECTIVO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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