Plazas para la Administración de Justicia en la OEP año 2021


25 jul 2021


EL MINISTERIO DE JUSTICIA REMITE A FUNCIÓN PÚBLICA LA PROPUESTA DE PLAZAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU INCLUSIÓN EN LA OFERTA DE EMPLEO DE 2021 CUYA PUBLICACIÓN EN EL BOE ESTÁ PREVISTA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

 

Estas plazas se corresponden, según el ministerio, con el 110% de la tasa de reposición (nuevas vacantes por jubilación u otros motivos en el último año) autorizado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Posteriormente se publicarán por separado las plazas de estabilización que deberán corresponderse con las que lleven tres años o más ocupadas por personal interino.

Aunque ambas OEP se publiquen por separado los procesos selectivos sumando las plazas de una y otra serán simultáneos con casi total seguridad.

Enlace al documento con las plazas que se van a incluir en la OEP 2021 que nos ha remitido el Ministerio de Justicia.  

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El Pleno del CGPJ aprueba el informe a la Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia


24 jul 2021


El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado ​-e​l texto ha salido adelante con 12 votos a favor y 8 en contra​-​ el informe al anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, cuyo objetivo es hacer frente al conjunto de insuficiencias estructurales que padece desde hace décadas el sistema de justicia y que han dificultado que ocupe plenamente el lugar que merece en una sociedad avanzada, partiendo de la premisa de que los problemas crónicos que padece el sistema no se encuentra en el déficit de recursos de que adolece, sino en la escasa eficiencia de las soluciones que sucesivamente se han ido implantando para reforzar la Administración de Justicia como servicio público. 

El texto también observa el marcado carácter coyuntural de la norma proyectada, vinculada a la actual situación de crisis sanitaria y a la afectación del sistema de justicia por razón de ella, por lo que cuestiona “la idoneidad de unas medidas de reforma adoptadas a la vista de tal coyuntura y que, no obstante, se articulan con vocación de generalidad y permanencia”. 

Destaca en este sentido el establecimiento de presupuestos o requisitos de procedibilidad que condicionan el ejercicio del derecho a la tutela judicial, como el diseño de un régimen de solución de conflictos previo a la jurisdicción, que queda en un segundo escalón, con el riesgo de ver degradada su función constitucional, cuya relevancia se relativiza. 

Añade el informe que algunas de las medidas introducidas, así como la potenciación del uso de las nuevas tecnologías, llegan a tensionar principios básicos del sistema procesal civil y subraya que “las deficiencias en el sistema de Justicia no deberían solventarse o corregirse a fuerza de violentar asentados principios procesales como la oralidad, la inmediación, la publicidad, o el mismo principio dispositivo que anima el proceso civil”. 

Estas son algunas de las conclusiones que se recogen en el informe aprobado por el Pleno: 

Relativas a los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional 

El anteproyecto establece un listado abierto de MASC e impone, en el orden jurisdiccional civil, la obligación de acudir a cualquiera de ellos previamente a la interposición de la demanda, configurando el intento de solución negociada como requisito de procedibilidad. El informe recuerda, sin embargo, que en el ámbito del proceso civil la naturaleza de los conflictos es de muy diversa calidad y todos no son igualmente susceptibles de resolverse mediante la negociación, por lo que considera que hubiera sido más adecuado haber circunscrito esta obligación -en línea con un modelo de obligatoriedad mitigada- a aquellas materias que por su naturaleza pueden ser más susceptibles de transacción o acuerdo a través de aquellos medios adecuados de solución de controversias más idóneos, por su desarrollo e institucionalización, para lograr resultados. 

Relativas a las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Comunicaciones electrónicas: El informe considera loable la intención del prelegislador de dotar de mayor virtualidad a las comunicaciones electrónicas en el seno del proceso, pero estima que la regulación de los actos de comunicación que tienen por objeto el primer emplazamiento procesal por medios electrónicos puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, a la vista de la consolidada doctrina constitucional sobre el artículo 24.1 de la Constitución. 

El anteproyecto, en opinión del Pleno, hace una inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal y confunde el deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles. La Ley de Enjuiciamiento Civil exige el emplazamiento personal sobre la regla de la presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento, incluso para los demandados personas jurídicas que estén obligados a relacionarse con la Administración de Justicia, y el incumplimiento de este deber por parte del órgano judicial acarrea por tanto la conculcación del derecho fundamental, tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional en varios recursos de amparo referidos a procesos civiles, concursales y laborales. 

Actuaciones telemáticas: El informe señala que, en cuanto a la práctica de las pruebas personales, la regulación de las vistas telemáticas deberá asegurar las garantías que precisan las declaraciones de las partes, testigos y peritos, y entre ellas, la precisa identificación de los declarantes, la incomunicación entre testigos y peritos y el aseguramiento de que la declaración se practica sin influencias externas, mediante notas escritas o sugerencias de respuestas desde las partes o los abogados. El Pleno también sostiene que la presencia física debe ser la regla en los casos de cierta complejidad y que, en todo caso, deberían tomarse en consideración los criterios establecidos en la “Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas” aprobada por la Comisión Permanente del CGPJ el 27 de mayo de 2020. 

Recursos extraordinarios: Una de las modificaciones más importantes que introduce el anteproyecto afecta al régimen de recursos extraordinarios. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) vincula la admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal a la admisibilidad del recurso de casación, con la consecuencia de que cuando no se aprecia el interés casacional en cuanto al fondo, infracciones procesales flagrantes quedan sin posibilidad de ser revisadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 

El anteproyecto simplifica el régimen de recursos extraordinarios al prever un solo recurso, el de casación, con un único motivo de impugnación, consistente en la infracción de ley, ya procesal, ya sustantiva. Ello conlleva la desaparición del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso en interés de ley. El Pleno da la bienvenida a esta reforma al considerar que establece un régimen casacional omnímodo, claro, objetivo e incluso predecible en cuanto a la procedencia del recurso y que, además, permite alcanzar una racionalización en la gestión de la fase de admisión y, con ella, una racionalización de los recursos humanos y materiales dispuestos a tal fin. 

El informe, no obstante, considera necesario aclarar el significado, sentido y alcance del nuevo apartado 4 del artículo 477 LEC, que establece que “en todo caso, se considerará que el recurso presenta interés casacional cuando la resolución impugnada se haya dictado en un proceso en el que la cuestión litigiosa sea de interés general para la interpretación uniforme de la ley estatal y autonómica”.

El texto aprobado por el Pleno estima que la expresión “en todo caso” puede abrir un nuevo cauce de acceso al recurso -que se añadiría a los motivos ya existentes: por oposición a doctrina jurisprudencial, por contradicción entre Audiencias Provinciales y por aplicación de norma sobre la que no exista jurisprudencia-, lo que daría lugar a un mayor número de recursos, dificultando su gestión y contradiciendo la finalidad del anteproyecto. 

Este también introduce como novedad que, de existir doctrina jurisprudencial sobre la cuestión planteada, el Tribunal Supremo podrá dictar un auto -en lugar de una sentencia- casando la resolución recurrida y devolviendo el asunto al tribunal de procedencia para que dicte nueva sentencia de acuerdo con esa doctrina. 

Procedimientos testigo: Otra novedad relevante es la regulación de los procedimientos testigo. Previsto para los juicios verbales en los que se ejerciten acciones individuales de condiciones generales de contratación, comporta la elección de un procedimiento “testigo” que sirva de referencia para la resolución de otros de la misma clase que aborden cuestiones sustancialmente idénticas y que quedarán suspendidos hasta que el procedimiento testigo sea resuelto, con carácter preferente, por el tribunal. El informe cree loable la voluntad del prelegislador de introducir en el proceso civil este tipo de procedimiento, de eficacia sobradamente contrastada en el contencioso-administrativo. 

No obstante, la regulación propuesta deja al margen de este tipo de procedimiento a los juicios verbales en los que se ejerciten acciones individuales de condiciones generales de contratación y sea preciso realizar un control de trasparencia de la cláusula sobre la que versa la acción ejercitada o sea preciso valorar la existencia de vicios en el consentimiento. La excepción está justificada porque en estos supuestos el control ha de hacerse a la vista de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, pero en opinión del CGPJ ello hace surgir la duda acerca de la verdadera eficacia del procedimiento testigo en el proceso civil, dado que el juego de la excepción relativa al control de transparencia hará inaplicable el procedimiento testigo en la medida en que dicho control sea exigible siempre y en todo caso. Y aunque no se llegue a considerar tal grado de exigencia, la realidad demuestra que en la mayor parte de los casos la controversia versa sobre cláusulas que definen el objeto principal del contrato y el control de transparencia es previo al de abusividad, por lo que la eficacia de esta medida puede ser más aparente que real. 

Extensión de efectos: El anteproyecto dispone que una vez firme la sentencia dictada en el procedimiento testigo el tribunal indicará si considera procedente o no la continuación del procedimiento instado, por haber sido resueltas o no todas las cuestiones planteadas en la sentencia del procedimiento testigo, relacionando aquellas que considere no sentenciadas y dando traslado al demandante del procedimiento suspendido para que desista de sus pretensiones, pida la continuación del procedimiento o solicite la extensión de los efectos de la sentencia en el procedimiento testigo. En los casos en los que el tribunal haya considerado innecesaria la continuación del procedimiento pero esta sea instada por el demandante, se podrá disponer que cada parte abone sus propias costas y las comunes por mitad. 

El informe aprobado por el Pleno señala que esta última regla, que se comprende en términos de estricta eficiencia al tratar de desincentivar   innecesarias continuaciones del procedimiento, ofrece, sin embargo, dudas en términos de justicia e, incluso, dudas acerca de su conciliación con los artículos 14 y 24 de la Constitución. Debe tenerse en cuenta que el anteproyecto permite optar por un procedimiento declarativo en lugar de instar la extensión de efectos y que el tribunal que ha de decidir acerca de esta no siempre será el mismo que tenga suspendido el procedimiento, de modo que el demandante en este último siempre podrá albergar dudas razonables acerca de si el criterio de ambos órganos será coincidente. 

Así, la imposición de las costas a cada parte, aun cuando se hubiese estimado íntegramente la demanda tras haberse reanudado el procedimiento incluso en contra del criterio del tribunal, puede resultar una medida desproporcionada, ya que posibilitar la no imposición de las costas al demandado frente al que se han estimado todas las pretensiones del actor supone primar, en perjuicio de este, al demandado condenado y no coadyuva a desincentivar el empleo de cláusulas abusivas.   

Relativas a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El informe considera que los cambios puntuales y limitados que se introducen en esta materia, aun insuficientes, pueden resultar adecuados para contribuir a la agilización del proceso penal hasta que entre en vigor la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, pero estima que habría resultado adecuado aprovechar la ocasión para eliminar el procedimiento monitorio penal, de escasa aceptación, uso e impacto; y para introducir una regulación específica de la mediación penal intraprocesal aprovechando las modificaciones realizadas en el instituto de la conformidad. 

Relativas a la modificación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

El texto aprobado por el Pleno valora positivamente la introducción de la posibilidad del dictado de sentencias de viva voz para la resolución de procedimientos abreviados, pero lamenta que no se hayan tomado en consideración otras medidas propuestas por el CGPJ en su Plan de Choque. 

Especial mención crítica merece el que no se haya previsto modificación alguna de la regulación del llamado “recurso de casación autonómico”. La actual deriva de la reforma de 2015 y, como destacaba el citado Plan de Choque, ha generado “una situación incomprensible en la que una única y misma regulación procesal de un único y mismo recurso ha dado lugar a diversas interpretaciones (hasta cuatro) que provocan que el recurso de casación sea diferente en Madrid, que en las Islas Baleares o en el Principado de Asturias o Cantabria”. 

Relativas a las modificaciones de la Ley reguladora de la jurisdicción social 

Sentencias orales: El anteproyecto introduce, también en el orden jurisdiccional social, las sentencias orales, eliminando la limitación de que únicamente puede dictarse sentencia de viva voz cuando por razón de la materia o de la cuantía no proceda recurso de suplicación y suprimiendo la posibilidad de que las partes puedan exigir que se les entregue documento que contenga la transcripción por escrito de la sentencia. Se mantiene, sin embargo, la exigencia de que la sentencia pronunciada de viva voz incluya, a modo de antecedentes de hecho, un resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso; que declare expresamente los hechos que estime probados, apreciando los elementos de convicción y haciendo referencia a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión; y que fundamente suficientemente los pronunciamientos del fallo. 

La norma proyectada, además, prevé la “ulterior redacción por el juez o magistrado del encabezamiento, los hechos probados, la mera referencia a la motivación pronunciada de viva voz, dándose por reproducida, y el fallo íntegro, con expresa indicación de su firmeza o, en su caso, de los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello”, lo que en opinión del Pleno del CGPJ probablemente desincentive el dictado oral de sentencias. 

Procedimientos testigo y extensión de efectos: Otra de las novedades es la introducción en el ámbito de la jurisdicción social del procedimiento testigo, que el informe valora positivamente tanto desde el punto de vista de la potenciación de la seguridad jurídica como desde la perspectiva de la economía procesal y la evitación de pleitos reiterativos. La misma valoración positiva merece la implementación, como medida conexa, de la expresa previsión de la extensión de efectos en caso de procedimiento testigo. 

Despido verbal: El anteproyecto introduce el despido verbal -aquel que se produce, normalmente por desaparición de la empresa, sin que esta tramite la baja del trabajador ante la Tesorería General de la Seguridad Social- como uno de los supuestos incluidos entre los de tramitación preferente. El informe valora positivamente la modificación, pero advierte de que muchos otros procedimientos -vacaciones, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, etc.- ya están sujetos a la regla de tramitación preferente, lo que puede hacer perder virtualidad y eficacia a la medida. También considera que la ley debería contemplar debidamente la intervención del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en los supuestos de despido verbal. 


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TRAMITACIÓN PA TURNO LIBRE. Publicada en la página web del ministerio, las plazas, el borrador de la Orden, y el modelo de solicitud de destinos


22 jul 2021



Publicada en la página web del ministerio, la relación de plazas que se ofertan a los aprobados para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno libre, en la convocatoria del proceso selectivo anunciado por Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto, del ámbito ministerio, con el borrador de la Orden y el modelo de solicitud.

Fecha prevista de publicación en el Boletín Oficial del Estado: 30-7-2021
 

 

 

 

ORDEN JUS/   /2021, de 15 de julio, del Ministerio de Justicia, por la que se hace pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, convocada por Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto.

 

 



       De conformidad con lo establecido en la Base Decimoséptima de la Orden JUS/291/2019, de 4 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 15 de marzo) por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y en la base 8.1.a) de la Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto (Boletín Oficial del Estado de 31 de agosto), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, se resuelve:

 

Primero.- Hacer pública la relación de plazas desiertas en el ámbito territorial de Península y Baleares (Anexo I), que se ofrecen a los aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa convocado por Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto.

 

Segundo.- Las solicitudes de destino de los aspirantes de este ámbito se presentarán en el Registro General del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, Calle Bolsa nº 8, 28012 Madrid o por los medios previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Boletín Oficial del Estado del día 2 de octubre), en el plazo a contar desde el 2 de agosto hasta el 3 de septiembre de 2021, ambos inclusive, entendiéndose hábil el mes de agosto a efectos de la presentación de las solicitudes.

 

Tercero.- Las solicitudes se formalizarán según modelo que aparece como Anexo II de esta Orden de acuerdo con las siguientes instrucciones:

 

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta el máximo de las plazas ofertadas, indicando el órgano, la localidad, la provincia y la función.


En caso de no corresponderle ninguno de los destinos especificados de esta forma, por no solicitar un número suficiente de plazas, se seguirá el orden de preferencia por provincias que los interesados indiquen en el modelo de solicitud.


Dentro de cada provincia, los destinos serán adjudicados por el siguiente orden:

1.         Tribunal Supremo y Órganos Centrales.

2.         Tribunales Superiores de Justicia.

3.         Audiencias Provinciales.

4.         Fiscalías.

                        5.     Relaciones de Puestos de Trabajo de la Oficina Judicial en la capital de provincia donde esté implantada.

6.         Institutos de Medicina Legal.

7.         Decanatos y servicios comunes.

8.         Juzgados de Instrucción.

9.         Juzgados de lo Penal.

10.     Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

11.     Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

12.     Juzgados de Primera Instancia.

13.     Juzgados de lo Mercantil.

14.     Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

15.     Juzgados de lo Social.

16.     Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

17.     Juzgados de Menores.

18.     Juzgados de Paz.

                           19.     Relaciones de Puestos de Trabajo de la Oficina Judicial en la localidad donde esté implantada.

 

Cuarto.- Se procederá a la adjudicación de destinos según el orden obtenido en todo el proceso selectivo.

 

Quinto.- Ningún aspirante podrá anular ni modificar su solicitud una vez terminado el plazo de presentación de las mismas.

 

Sexto.- De no formular solicitud de plazas o no corresponderle ninguna de las solicitadas, se procederá a destinarle, con carácter forzoso, a cualquiera de las plazas no adjudicadas.

 

Séptimo.- La adjudicación de los destinos se hará con carácter forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en las pruebas selectivas en el ámbito de Península y Baleares.

 

Octavo.-Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso, sin que puedan participar en éste hasta tanto no hayan transcurrido dos años desde la fecha de la resolución en la que se les adjudique destino definitivo. Para el cómputo de los dos años se estará a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial.

 

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Plazas de Tramitación PA, turno libre, que ofrece el ministerio en su ámbito a los han superado el proceso selectivo.


21 jul 2021



El Ministerio de Justicia remite las plazas de su ámbito de gestión que se ofrecerán a las personas que han superado el proceso selectivo de Tramitación PA, turno libre, lógicamente, con errores, para no variar.

"Adjunto se remite el Anexo I con la relación de plazas a ofrecer a los funcionarios de nuevo ingreso de Tramitación Procesal y Administrativa, turno libre, correspondientes a la OEP 2017-2018".

Fecha de publicación prevista en el BOE: 30-7-2021.

Presentación de instancias: Desde 2-8-2021 a 3-9-2021.

 

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Plazas Tramitación PA turno libre zona ministerio

 

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Se confirma la publicación de aprobados/as de Tramitación PA el 30 de Julio en el BOE




EL MINISTERIO DE JUSTICIA CONFIRMA A CCOO QUE LA RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSONAS APROBADAS EN EL PROCESO SELECTIVO DE TRAMITACIÓN, TURNO LIBRE, SE PUBLICARÁ EN EL BOE DEL 30 DE JULIO

El plazo de presentación de documentación y solicitud de destino será hasta el día 3 de septiembre

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PRÓXIMA REUNIÓN CON LA NUEVA MINISTRA DE JUSTICIA


19 jul 2021



LA NUEVA MINISTRA DE JUSTICIA DE JUSTICIA CONVOCA A CCOO Y AL RESTO DE ORGANIZACIONES SINDICALES A UNA PRIMERA REUNIÓN EL PRÓXIMO DÍA 29 DE JULIO TAL Y COMO LE HABÍAMOS SOLICITADO POR ESCRITO

CCOO le haremos llegar directamente todas las reivindicaciones del personal de justicia que ya le remitimos la semana pasada por escrito

 

Reenviamos el correo del Ministerio de Justicia con la convocatoria de esta reunión:

Buenos días:

Siguiendo indicaciones de la Ministra de Justicia, Dª Pilar Llop y con el fin de establecer un primer contacto, que será el primero de otros que se irán celebrando,  les convoco a una reunión  en la sede de este Ministerio (San Bernardo, 45) el día 29 de  julio a las 11:00.

La reunión tiene prevista una duración de media hora. Esperamos su confirmación, así como los nombres de las personas que asistirán.

Atentamente,

MERA REUNIÓN DE TRÁMITE, DE SALUDO, DE PRIMER CONTACTO, PUES EN 30 MINUTOS, POCO SE PUEDE ADELANTAR, MENOS AÚN, EN LA CUESTIÓN RETRIBUTIVA.


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Sobre la fecha de publicación en el BOE del concurso de traslado de los cuerpos generales


16 jul 2021



El enorme retraso en la decisión de cuándo se publicará definitivamente en el BOE el concurso de traslado de cuerpos generales 2021, es inadmisible. 

De nuevo el concurso de traslado de cuerpos generales volverá a convocarse meses después de cuando debió hacerse y mucho después de lo establecido legalmente (primer trimestre de cada año).

La falta de medios personales existentes en la Subdirección de Acceso y Promoción del personal de la Administración de Justicia, que reconocemos, no puede ser una excusa, y menos que tenga la consecuencia de que una parte importante de las y los trabajadores sufran dicho retraso, cada año mayor.

Según la información de que disponemos, parece lo más probable que la convocatoria del concurso de cuerpos generales se retrase hasta el mes de septiembre​.​
 
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LISTADOS DEFINITIVOS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN INAP 2021. Gerencia Valladolid



Tras la reunión mantenida ayer con la gerencia para el estudio de las alegaciones presentadas en tiempo y forma, respecto de los listados provisionales, se hacen públicos los definitivos.

A los admitidos como alumnado se les hará entrega de unos auriculares con micrófono, y se facilitará la posibilidad de estar presentes en el aula de formación guardando las medidas sanitarias sobre Covid19; todo ello debe indicarse al coordinador de cada curso.

Adjuntamos, mediante enlace a la intranet, los archivos con los LISTADOS DEFINITIVOS de los cursos de formación organizados por la gerencia de Valladolid con cargo al presupuesto del INAP, que han sido remitidos a CCOO.


Recordamos que los cursos a realizar son:

1. Prevención de riesgos laborales. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos psicosociales.

Fechas de impartición de la 1ª edición: 1, 4, 5, 6 y 13 de octubre.

Fechas de impartición de la 2ª edición: 14, 15, 20, 21 y 22 de octubre

Tiene una duración de 30 horas, siendo el horario del mismo de 08.30 a 14.30 horas, a impartir durante cinco jornadas.

2. Aplicaciones ofimáticas: Windows, Office (Excel, Word, PowerPoint, Access).

Fechas de impartición de la 1ª edición: 18, 19, 25, 26 y 27 de octubre.

Fechas de impartición de la 2ª edición: 28 y 29 de octubre, y 3, 4 y 5 de noviembre. 

Tiene una duración de 30 horas, siendo el horario del mismo de 08.30 a 14.30 horas, a impartir durante cinco jornadas.

3. MUGEJU/Seguridad Social de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia: cotizaciones, beneficiarios, prestaciones, clases pasivas).

Fechas de impartición de la 1ª edición: 8, 9, 10, 15 y 16 de noviembre

Fechas de impartición de la 2ª edición: 11, 12, 17, 18 y 19 de noviembre. 

Tiene una duración de 30 horas, siendo el horario del mismo de 08.30 a 14.30 horas, a impartir durante cinco jornadas.

 

Los cursos se celebrarán a través de la aplicación Teams. Para la realización del curso será necesario disponer de un ordenador con conexión a internet de banda ancha, sistema operativo Windows, preferiblemente versión 2010.

Tras la convocatoria extraordinaria de profesorado para la acción formativa "MUGEJU/Seguridad Social de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia: cotizaciones, beneficiarios, prestaciones, clases pasivas)", cuyas fechas de impartición son 8, 9, 10, 15 y 16 de noviembre para a primera edición, y  11, 12, 17, 18 y 19 de noviembre para la segunda, nos encontramos que las solicitudes presentadas son escasisimas, de tal manera, que para poder impartir las siete ediciones de la gerencia de Valladolid (Ponferrada, León, Zamora, Salamanca, Palencia y Valladolid (2)), se ha tenido que redistribuir al alumnado que ha sido admitido, en total 141, entre las tres opciones de profesorado presentadas, de tal manera que se pueda impartir este curso, aunque quizás sea de "aquella manera", pues de lo contrario, sería cancelar la misma, perder una opción de formación, cuando ya hay unos listados provisionales, definitivos, y una expectativa de recibir formación en esta materia.

En el caso de Valladolid, se mantienen las dos ediciones, con las fechas indicadas, acogiendo en las mismas al alumnado de la edición de Palencia. Igualmente, se unifican las ediciones de León y Ponferrada en una sola, y para Salamanca y Zamora habrá una edición conjunta para ambas provincias. De tal manera, que en algún caso, el número de alumnos/as supera el inicialmente previsto de 25, pero no han cabido más alternativas, pues volver a realizar una nueva convocatoria extraordinaria sería alargar el proceso y no ponerle fin, para que el profesorado pueda preparar el curso, y el alumnado sepa que se realizará el mismo y en las fechas señaladas.

Al menos ha sido la postura adoptada por CCOO, el "salvar" este curso de la mejor manera posible, no siendo ni mucho menos lo ideal, pero para no tener que suspender esta acción formativa. Son muchos años organizando cursos la gerencia de Justicia, y no recordamos que sucediera algo así, y que llevará a realizar una reflexión sobre los cursos a impartir, pues en el momento que nos salimos de lo "habitual", la participación de alumnado y profesorado disminuye, si bien tanto una como otra, con carácter general, ha ido disminuyendo con el paso de los años, siendo los participantes los que están interesados en sumar puntuación para promociones internas, o bolsas de personal interino.

Enlaces a la intranet de la gerencia para aquellos con acceso desde un terminal de la red del ministerio. 



LISTADOS DEFINITIVOS DE ALUMNOS


CURSO 1


"Prevención de riesgos laborales. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos psicosociales."








CURSO 2


"Aplicaciones ofimáticas: Windows, Office (Excel, Word, PowerPoint, Access)."








CURSO 3


"MUGEJU/Seguridad Social de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia: cotizaciones, beneficiarios, prestaciones, clases pasivas."



 

  • Admitidos: contienen las personas con plaza en la edición que cumplen los requisitos de la convocatoria.
  • Excluidos: contienen las personas excluidas, con el detalle de la causa de exclusión.
  • Reservas: contienen las personas que cumplen los requisitos de la convocatoria sin plaza en la edición solicitada. 

Las personas encargadas de coordinar los cursos remitirán una comunicación a las personas seleccionadas con información de interés para seguir las sesiones de las que formen parte.

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