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Primer éxito rotundo contra la reforma laboral: Se deroga el despido por enfermar


21 feb 2020



Primer éxito rotundo contra la reforma laboral: Se deroga el despido por enfermar

La aplicación del art. 52 d) del Estatuto de los Trabajadores ha sido una de las consecuencias más injustas y crueles de la reforma laboral, al permitir el despido de trabajadoras y trabajadores que están de baja médica justificada.

Además, su aplicación ha afectado de forma especial a las mujeres, porque este tipo de bajas cortas e intermitentes se dan más en sectores y en puestos de trabajo feminizados.

Las movilizaciones y acciones reivindicativas llevadas a cabo por los sindicatos para exigir la derogación del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, que permitía el despido por bajas médicas justificadas, han dado su fruto.

El Consejo de Ministros ha aprobado su derogación, dando así respuesta a la presión sindical y a la alarma social que se había generado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avalaba este tipo de despidos por el simple hecho de estar de baja médica justificada.

Como ha subrayado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “la derogación del despido por enfermar es el primer éxito sindical contra la reforma laboral. Esta derogación del art 52 d) es, por tanto, una gran noticia. Pero debe ser el primer paso hacia una corrección generalizada de la reforma laboral”.

Debe ser el primer paso hacia una corrección generalizada de la reforma laboral

Edición especial de la Gaceta Sindical de CCOO, sobre este importantísimo avance para lograr la derogación de la reforma laboral
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Entrega en el Ministerio de Justicia de 30.000 firmas pidiendo la paralización de la reforma de la LOPJ


14 nov 2018



NOTA DE PRENSA

  • Los sindicatos mayoritarios hacen entrega en el Ministerio de Justicia de un escrito firmado por 30.000 funcionarios y funcionarias judiciales solicitando el mantenimiento de los actuales centros de destino.
  • La modificación de la LOPJ cuya retirada se reclama, que establece procesos de movilidad forzosa del personal e impide la contratación de nuevos efectivos, es el motivo fundamental de la huelga en el sector convocada para el próximo 16 de noviembre por CCOO y las demás organizaciones sindicales mayoritarias.

Representantes de los sectores de justicia de CCOO, CSIF, UGT y STAJ, han hecho entrega en la mañana de hoy en el Ministerio de Justicia de las firmas suscritas por la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de todo el territorio nacional en contra de la modificación de la LOPJ respecto al articulado que atenta contra los derechos laborales, y que han sido tramitadas vulnerando el derecho a la negociación colectiva

Los acontecimientos que se han producido en fechas anteriores, con el cambio de gobierno, llevaron a las organizaciones sindicales, en la reunión que mantuvieron con la Ministra Delgado el pasado 26 de julio, a reiterar y exigir el veto a las enmiendas de la proposición de ley, en los artículos que afectan gravemente a las condiciones laborales del personal de Justicia y que han sido apoyadas en el Congreso de los Diputados incluso con los votos favorables del grupo socialista que sustenta al Gobierno

Los sindicatos convocantes y el personal de Justicia consideran que, tanto el propio Ministro de Justicia como los distintos Grupos Parlamentarios que han apoyado esta reforma ((PP, PSOE y Unidos Podemos), son los únicos responsables de la situación creada por la que ha sido convocada Huelga General en la Administración de Justicia el próximo 16 de noviembre

Los funcionarios y funcionarias de Justicia muestran así por escrito su rechazo a los artículos de esta reforma de la LOPJ que afectan gravemente a sus condiciones laborales, como son:

Art. 521: unificación en uno solo los centros de destino de cada municipio, movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente

Art. 347 bis: prohibición de incremento de plantilla y asignación de medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo

Art. 489: limitación en los nombramientos de personal interino y de refuerzo.

Para el colectivo, todas estas situaciones no sólo vulneran el derecho de negociación colectiva, sino que además perjudican al Servicio Público de la Administración de Justicia y no sólo no dan solución a los problemas y las deficiencias de Justicia, sino que agravan la situación


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Las movilizaciones en defensa del centro de destino deben incrementarse hasta la huelga general en Justicia


31 oct 2018


Las movilizaciones en defensa del centro de destino deben incrementarse hasta la huelga general




DECENAS DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE CCOO, CSIF, STAJ Y UGT NOS CONCENTRAMOS EN LA PUERTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Hemos exigido a la delegación ministerial, encabezada por el Secretario de Estado, que se implique a favor del personal de Justicia y utilice toda su fuerza como Gobierno de España para que sean anuladas en el Senado las enmiendas de la LOPJ que eliminan los actuales centros de destino y que afectarán a futuras contrataciones de personal interino, de refuerzos y a incrementos de plantilla

En la mañana de hoy ha tenido lugar la concentración que habíamos anunciado en la que delegados y delegadas de todo el Estado hemos exigido al Ministerio de Justicia una mayor implicación en defensa de nuestros intereses y, en reunión mantenida durante el desarrollo de la concentración, hemos exigido formar un frente común entre el propio Ministerio (forzando al grupo parlamentario del PSOE en el Senado) y las organizaciones sindicales para frenar la ofensiva del PP que pretende implantar procedimientos para la movilidad forzosa y continuar con su política de destrucción de empleo público a costa de deteriorar nuestras condiciones de trabajo

El Ministerio debe dejarse ya de utilizar su buenas palabras y demostrarnos con hechos que está en contra de la modificación del art. 521 de la LOPJ que convertirá todo el municipio en un solo centro de destino, del art. 347 bis que impedirá la contratación de personal de refuerzo cuando se nombren jueces de apoyo o de adscripción territorial en órganos sobrecargados o la del art. 489 que obliga al cese inmediato del personal interino a los seis meses de su nombramiento

Al grito de “huelga, huelga, huelga” la concentración ha dado apoyo a los representantes sindicales mientras que exigíamos en la reunión al Ministerio:

1.- Que obliguen al grupo parlamentario del PSOE en el Senado a presentar enmiendas al texto aprobado ayer en el Congreso de los Diputados para la retirada de las enmiendas de los arts. 521, 347 bis y 489 de la LOPJ y para la inclusión en esta reforma de nuevas enmiendas para la eliminación definitiva de los descuentos retributivos en caso de IT, para el establecimiento y retribución de la carrera profesional horizontal y para la recuperación del 50% de las plazas en la promoción interna.

2.- Que desde el Gobierno de España se presione al Grupo Popular del Senado para que acepte las propuestas del artículo anterior.

Los representantes ministeriales se han comprometido a dar una respuesta en breve a estas propuestas y les hemos advertido de que serán para los trabajadores cómplices de esta agresión a nuestras condiciones de trabajo en caso de no aceptarlas

Este primer acto de movilización debe continuar con la implicación de todo el personal de justicia y por eso desde CCOO insistimos en que hay que incrementar las medidas de presión incluyendo la huelga general, medida que debería concretarse y convocarse con urgencia, dado que está prevista, si no lo evitamos, la aprobación en el Senado de este ataque a nuestras condiciones de trabajo durante el mes de noviembre

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El Congreso aprueba la reforma de la LOPJ que contiene la eliminación de los centros de destino. La reforma pasa ahora al Senado



El Congreso aprueba la reforma de la LOPJ que pasa ahora al Senado




El Congreso aprueba la reforma de la LOPJ que contiene la eliminación de los centros de destino. La reforma pasa ahora al Senado

Se consuma en el Congreso el mayor ataque a los derechos del personal de la Administración de Justicia: se eliminan los centros de destino y se reducen al municipio

Los trabajadores y trabajadoras debemos movilizarnos para impedir que esta vulneración del derecho a la negociación colectiva, y a ser sujetos activos en las decisiones sobre nuestras condiciones de trabajo, se consume

Según lo que hemos conocido, el texto aprobado en el Congreso (que de ratificarse con este texto en el Senado no entraría en vigor hasta aprobarse el Reglamento que debe negociarse) es el siguiente:

Art. 521.3

A) párrafo 2º: “Se entenderá por centro de destino, el conjunto de los puestos que radiquen en el mismo municipio que estén servidos por funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.”

C) “La asignación de los funcionarios a los puestos de trabajo incluidos en el mismo centro de destino se efectuará de acuerdo con criterios objetivos relacionados con las necesidades del servicio y las cargas de trabajo, con respeto a las condiciones económicas de los funcionarios y previa negociación con las organizaciones sindicales, en los términos que reglamentariamente se establezcan.”

Disposición final. Entrada en vigor. “La presente Ley entrará en vigor a los vente días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excepción de:

- el apartado treinta y seis, en lo relativo al párrafo segundo de la letra A) del apartado 3 del art. 521 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, que entrará en vigor una vez aprobado el reglamento al que se remite la letra C) del apartado 3 de dicho artículo.”


HOY MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS:  ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA, CONCENTRACIÓN DE DELEGADOS/AS DE CCOO Y OTROS TRES SINDICATOS:

ANTE LA MAYOR AGRESIÓN A LOS DERECHOS DE TODO EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ANTE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

LLAMAMOS A LA MOVILIZACIÓN CONTRA LA ELIMINACIÓN DE NUESTROS CENTROS DE DESTINO Y CONTRA LA MOVILIDAD FORZOSA

CONCENTRACIÓN:
31 DE OCTUBRE, A LAS 12 HORAS, ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA (CALLE SAN BERNARDO 45, EN MADRID
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CCOO de Justicia se reúne con los grupos parlamentarios del Congreso


11 oct 2016



CCOO de Justicia reanuda las reuniones con los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados.

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y LA PROMOCIÓN INTERNA, EL FUTURO DEL REGISTRO CIVIL Y LA RECUPERACIÓN DE LOS RECORTES SON LOS PRINCIPALES ASUNTOS QUE CCOO ESTÁ TRASLADANDO A LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS.

La pasada semana, representantes de CCOO de Justicia nos hemos reunido en el Congreso de los Diputados con miembros de la Comisión de Justicia de los Grupos Parlamentarios de Unidos Podemos y del PSOE.

CCOO les ha trasladado sus propuestas en materia de Administración de Justicia, entre las cuales, por su urgencia e importancia, hemos hecho especial hincapié en:

1.- La convocatoria para 2017 de una Oferta de Empleo Público con todas las plazas vacantes y con el 50% de plazas para la promoción interna en todos los cuerpos y la modificación de las actuales políticas de empleo público en la Administración de Justicia, adaptándolas a la legislación europea en esta materia fijada en las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

2.- La modificación de la nueva Ley del Registro Civil (que entrará en vigor el 3 de julio de 2017) para que este servicio siga siendo público, gratuito y atendido por personal de la Administración de Justicia, paralizándose los intentos de privatización del Partido Popular.

3.- La recuperación de los derechos recortados, incluida la de los tres días de permiso por asuntos particulares que aun no se nos han repuesto a pesar de que viene recogido en el acuerdo que CCOO y otros sindicatos firmamos con el Ministerio de Justicia en diciembre de 2015.

También les hemos manifestado nuestra posición contraria a la torpe implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia que está llevando a cabo el Gobierno de forma propagandística, desigual en los distintos centros de trabajo y territorios, con falta de medios y sin negociación con los representantes sindicales, tal y como CCOO ha venido denunciando.

Las representantes de Unidos Podemos han mostrado su predisposición a estudiar y defender nuestras propuestas y a la presentación inmediata de las iniciativas parlamentarias que consideren precisas. Por su parte, la representante del PSOE nos emplazó a nuevos contactos que se producirán tras el desbloqueo de la situación política de desgobierno y una vez que este partido resuelva sus problemas internos.

Para la próxima semana están previstas nuevas reuniones de CCOO con el resto de fuerzas políticas, de las que seguiremos informando.
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CCOO denuncia el nuevo maltrato del Gobierno a los empleados/as públicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016‏


30 oct 2015



La LGPE 2016, publicada hoy en el BOE, vuelve a maltratar al conjunto de las y los empleados públicos.
CCOO DENUNCIA QUE CON LA SUBIDA DEL 1% DE LOS SALARIOS PARA 2016, LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS NO ALCANZAN A RECUPERAR NI TAN SIQUIERA EL 3,5 % DEL TOTAL DE LO QUE NOS HAN ARREBATADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
El Gobierno mantiene en la LPGE 2016 el recorte salarial en las bajas por IT, demostrando lo poco que le preocupa el derecho a la salud de los trabajadores/as.


En el día de hoy, se ha publicado en el BOE la LPGE para 2016, con pocas novedades sobre las que hemos venido informando desde CCOO.

Los salarios de las y los empleados públicos se incrementarán en un ridículo 1% (es decir, sobre cada 1.000 euros brutos, el incremento es de 10 euros brutos).

Se incrementan en un 0,25 % las deducciones por derechos pasivos y MUGEJU.

Se mantendrá el recorte salarial del 50% en los tres primeros días de baja y del 25% en los siguientes hasta el vigésimo, manteniendo el castigo al personal de las AAPP cuando nos encontramos enfermos, y vulnerando un principio básico de los derechos humanos, como es el derecho a la salud de todas las personas.

Se incrementan las pensiones en un grotesco 0,25 % sobre las de 2015.

La Oferta de empleo público mantiene casi todos sus contenidos respeto a 2015. Se disminuye al 8% el porcentaje de plazas necesario de cada cuerpo cubiertas por personal interino para que se convoque OEP en 2016. Pero no se introduce, la exigencia de CCOO, de que en un plazo de dos o tres años se convocarán todas las plazas de todos los cuerpos.

Como uno de los pocos aspectos positivos de la ley, CCOO logra con sus enmiendas, tal y como venimos informando, que la LPGE 2016 establezca que el incremento de las pensiones de las mujeres con hijos adscritas a clases pasivas se extienda en igualdad de condiciones que lo establecido en el Régimen General de Social. Sin embargo para CCOO es incomprensible que este incremento no haya estado ligado a la situación económica de las mujeres ni se haya incluido a las madres con un solo hijo, muchas de ellas en situación precaria.

Se incluye en la LPGE 2016 la recuperación del restante 49,73% de la paga sustraída a las y los empleados públicos en 2012. No queda constancia en la ley cuando se pagará esta devolución, y además de nuevo se deja a criterio de las CCAA que devuelvan o no esa parte de la paga, en función de etéreo concepto “disponibilidades presupuestarias” (como ya ha hecho el Gobierno con la resolución publicada el 24 de septiembre 2015 para la devolución del 26,23 % de la paga), que está permitiendo a muchas CCAA como la de Madrid o Cataluña a que devuelva cuando quieran (o no lo hagan simplemente) una retribución que son de las y los empleados públicos.

La LPGE 2016 recoge también una reivindicación histórica de CCOO: “Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto.”

En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.»

Y lamentablemente vuelve a prorrogarse el plazo de entrada en vigor del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, que ahora entrará en vigor el 1 de enero de 2017

Como se demuestra claramente, la pretensión del Gobierno ha sido desde el inicio de la tramitación de los presupuestos 2016, impedir que el nuevo escenario que se abre en España a partir del 20 de diciembre, pudiera permitir devolver los derechos arrebatados a las y los trabajadores públicos y a la ciudadanía.

Para CCOO estos presupuestos son inaceptables. CCOO manifiesta su rechazo profundo a los mismos, porque vuelven a convertir a los trabajadores/as públicos en rehenes del Gobierno y de su aberrante e injusta política económica y social. No pretenderá ahora el presidente del Gobierno congraciarse con las y los trabajadores públicos porque con esta miserable subida del 1% de los salarios para 2016 no se recupera ni la infinitésima parte de los que nos debe y que nos ha quitado por Real Decreto Ley una y otra vez a lo largo de toda la legislatura, que unido al recorte también profundamente injusto del Gobierno anterior, que nos rebajó los salario una media del 5%, devuelve a los empleados/as públicos a la situación de hace más de 20 años.
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Son de aplicación directa a la Administración de Justicia los permisos y vacaciones dispuestos en el Real Decreto-Ley 10/2015‏


14 sept 2015




En relación con la publicación el pasado sábado del Real Decreto Ley 10/2015, en el que se incluye la devolución parcial de algunos derechos, todos los días de permiso y vacaciones que recoge dicho R. D. ley son de aplicación directa a todo el personal de la Administración de Justicia.

Y son de aplicación directa para el Ministerio de Justicia y para todas las comunidades autónomas con competencias transferidas sin ninguna discusión, pues el artículo 502 de la LOPJ (modificado por la Ley Orgánica 7/2015, BOE el 22 de julio de 2015) y el art. 503 de la LOPJ recogen expresamente que tanto las vacaciones como los permisos tendrán la misma extensión que la prevista para los funcionarios de la Administración General del Estado.

En resumen, para todo el personal de la Administración de Justicia son aplicables directamente todos los permisos y vacaciones que ahora se recuperan con el RDL 10/2015, se encuentre destinado en el ámbito no transferido o en cualquier Comunidad Autónoma con competencias transferidas:

  • Permiso de 6 días al año de asuntos particulares (recuperación del sexto día)
  • Permiso por asuntos particulares por antigüedad. Se recuperan hasta dos días al cumplir el el sexto trienio, y un día adicional más por cada trienio cumplido a partir del octavo.
  • Vacaciones por antigüedad:
    • Con quince años de servicio: 23 días hábiles
    • Con veinte años de servicio: 24 días hábiles
    • Con veinticinco años de servicio: 25 días hábiles
    • Con treinta años de servicio: 26 días hábiles 
Y tal y como está redactado el Real Decreto Ley 10/2015, que ha entrado en vigor el mismo día de su publicación (es decir, el sábado 12 de septiembre de 2015), tiene efectos inmediatos para todo el personal de la Administración de Justicia, excepto la recuperación de los días adicionales de vacaciones por antigüedad que tendrá efectos de 1 de octubre de 2015, fecha de entrada en vigor de la reforma de la LOPJ.

Pero sigue sin reconocerse por el Gobierno, entre otros derechos, de forma efectiva, el permiso de nueve días de asuntos particulares (tres días más sobre los seis días de asuntos particulares reconocidos ahora) de que disponíamos el personal de la Administración de Justicia hasta 2012, reclamación reiterada por enésima vez por CCOO al Gobierno en la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas y al Ministro de Justicia en sendas cartas remitidas en julio y el pasado viernes, 11 de septiembre.
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Recuperamos un día más de asuntos particulares


15 sept 2014


  • Recordamos que esta Ley, entre otras cuestiones, reforma el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) introduciendo un día más de permiso por asuntos particulares
En la página web del Congreso de los Diputados se ha publicado una nota de prensa anunciando que el Congreso aprobó la Ley de Racionalización del Sector Público y Reforma Administrativa
El Congreso aprueba la Ley de racionalización del Sector público y reforma administrativa


En 2014, una vez se publique en el BOE la reforma citada, los funcionarios y funcionarias públicos tendremos 5 días de asuntos particulares, y este año, un día adicional más por caer en sábado días de fiesta de carácter nacional, en definitiva, SEIS DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES EN 2014
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Gobierno y comunidades autónomas planean más recortes


23 jul 2014


  • CCOO responderá con la máxima contundencia si hay nuevos recortes al personal público

Ante las informaciones publicadas ayer en el diario El País, en las que se anuncia una nueva batería de propuestas de ajuste hacia las empleadas y empleados públicos, CCOO informa que, de ser ciertas estas medidas, el sindicato responderá con la máxima contundencia

Para CCOO es absolutamente inaceptable, además de incongruente, que el propio Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, inicie una ronda de contactos amparándose en el crecimiento económico y el fin de la crisis, y ahora se anuncie un documento con nuevas propuestas de recortes en las administraciones públicas para cumplir el déficit.

De materializarse estas iniciativas, que van en la línea de recortes de derechos y de desmantelamiento de los servicios públicos, esto supondría un paso más del Gobierno del Partido Popular en la destrucción del Estado de bienestar, además de repercutir un mayor coste de la crisis sobre las empleadas y empleados públicos, que ya han sufrido recortes en los últimos cuatro años.

El personal al servicio de las administraciones y empresas públicas ha sufrido importantes recortes en su salario, además de la supresión de una paga extra, la reducción o supresión de las ayudas de acción social, el aumento de la jornada, la supresión de días de vacaciones y asuntos propios, así como el recorte en los días de bajas médicas.

Por otro lado, el Área Pública de CCOO considera especialmente lesivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos que se profundice en la pérdida de empleo, tal y como se anuncia en las medidas contempladas por el PP.

Los medios de comunicación sacan a la luz las intenciones del gobierno del PP - que sólo oculta por intereses electorales - y de las comunidades autónomas - y ponen de manifiesto que el Ministro Montoro (uno de los expertos, junto con Gallardón, en poner en práctica maniobras de distracción) discute nuevos recortes con las comunidades autónomas

Que nadie se engañe, y que nadie nos engañe. El gobierno tiene como objetivo reducir el déficit público, únicamente, a costa de desmantelar los derechos sociales, los servicios públicos (entre ellos la Administración de Justicia con la privatización del Registro Civil y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina los partidos judiciales, los juzgados de paz, las audiencias provinciales, que destruirá miles de puestos de trabajo, que impondrá la movilidad forzosa, que reducirá las posibilidades de promoción profesional y movilidad voluntaria así como las retribuciones complementarias) y de seguir recortando derechos de los empleados públicos.

En cambio, descaradamente, admite que los contribuyentes perdamos más de 11.500 millones de euros al vender al BBVA, por sólo 1.187 millones, un banco, el Catalunya Banc, por cuyo rescate hemos tenido que pagar 12.622 millones de euros.


Reproducimos parte del artículo publicado en el diario El País que literalmente dice que las medidas más radicales están en el apartado de recortes en gastos de personal

“Funcionarios. Eliminación del exceso de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas salvo en servicios prioritarios. Ampliación de la jornada semanal de funcionarios a 40 horas. Eliminación de todos los moscosos. Reducción de las retribuciones anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria. Suspensión de planes de pensiones. Reducción de jornada y de retribuciones a personal funcionario interino y laboral temporal. Revisión del gasto en acción social. Reducción de un 5% en las aportaciones a entes o empresas del sector público autonómico excepto en hospitales. Mejorar el uso del parque móvil, limitar vehículos, compartir uso, primer uso de vehículos representativos de alquiler. Limitación de las ayudas a las organizaciones sindicales están en el apartado de recortes en gastos de personal.

Las comunidades autónomas, en especial algunas, siguen teniendo problemas importantes para cumplir sus objetivos de déficit y cuadrar sus cuentas. Y algunas proponen medidas de recorte drásticas para ajustarlas. El Gobierno ha iniciado un proceso de consulta con todas ellas para ver qué propuestas de “racionalización del gasto”, el eufemismo utilizado, les hacían llegar. El ministerio de Hacienda ha recogido todas esas propuestas en un documento, con 255 medidas muy concretas, y se las ha enviado a todas las comunidades. Y en ese texto hay iniciativas muy polémicas, como nuevos copagos, establecimiento de “tasas hosteleras” en los hospitales, nueva ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, eliminar de nuevo una paga extra o reducir el 10% el complemento de los profesores.

Todas las medidas que figuran en este documento que ha elaborado Hacienda provienen de propuestas de una o varias autonomías, aunque en el texto no se especifica quién las planteó para evitar el coste político que supondría si se dieran a conocer y más ahora que se acercan las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Este proceso, que lleva meses en marcha, tiene un momento clave la próxima semana, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convoque a todos los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir, entre otras cosas, las medidas de racionalización del gasto.

Las comunidades, sobre todo las que tienen más dificultades, plantean que sea el Gobierno el que, a través de la normativa general, asuma el coste político de forzar esos nuevos recortes, aunque serían ellas las que ahorrarían.

Es lo que sucedió en 2012, cuando desde la normativa básica se amplió por ejemplo de 25 a 35 el ratio máximo de alumnos por clase —una de las medidas plantea aumentarlo otra vez un 10%— o el horario de los funcionarios de 35 a 37,5 horas semanales —ahora se plantea subirlo de nuevo a 40—.

Hacienda explica que, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, este documento que se ha enviado ahora “se depurará para eliminar las propuestas más inasumibles”, aunque de momento no se ha hecho el trabajo de diferenciar cuáles son discutibles y cuáles hay que descartar. A una semana de la cita clave, las autonomías solo disponen de este texto con 255 medidas.

No todas las que se plantean son especialmente polémicas. Muchas de ellas se concentran en cuestiones en las que están de acuerdo todas las autonomías, como la centralización de todo tipo de compras —para poder negociar mejor con los grandes proveedores y obtener rebajas— y otras que ya se habían estudiado en el documento sobre la reforma de la Administración promovida por el Ejecutivo, como la eliminación de defensores del pueblo autonómicos y la coordinación entre las comunidades de todo tipo de iniciativas, desde las políticas de empleo a las licencias de caza. También hay una parte final en la que se plantean cambios radicales en la recolección de datos para poder hacer este tipo de políticas de racionalización con datos homologables entre todas las autonomías. La dispersión de los datos es uno de los principales problemas con los que se han encontrado los expertos a las hora de la racionalización y la coordinación entre las autonomías.

Sin embargo la parte más novedosa del documento, y empieza por ahí el listado de medidas, son las propuestas de nuevos copagos y las reducciones del número de empleados públicos y de sus salarios reales o en especie.

De hecho, la primera iniciativa de las 255 es un “copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas, y emisión de facturas informativas al paciente del coste del servicio”. La segunda es “copago por asistencia a consulta médica y urgencias”. La tercera es copago por interrupciones del embarazo. Y la cuarta, una “cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos”. Esto es, el euro por receta que el Gobierno ha rechazado en varias ocasiones, sobre todo porque lo hacían de manera individual comunidades como Cataluña y Madrid. En el documento se pide que se implante en toda España.

Todas las primeras medidas van esa línea y también se plantea el “aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria”. Esto es, mientras algunas comunidades no quieren aplicar esta medida del copago farmacéutico en los hospitales implantada por el Ministerio de Sanidad, otras están pidiendo que se aumente.

En la misma línea de copago van otras muchas propuestas, también las que se refieren a la ley de dependencia. “Avanzar en la aplicación efectiva de la contribución económica del usuario al sistema”, dice una de ellas. Pero las más radicales están en el apartado de recortes en gastos de personal, tanto que algunas incluyen directamente la “suspensión del nombramiento de personal interino”.



¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!


PAREMOS LA REFORMA DE LA LOPJ

         
DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS LABORALES Y RETRIBUTIVOS!!


¡¡NO A LA MOVILIDAD FORZOSA!!


¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS  ACTOS DE COMUNICACIÓN!!


EN  DEFENSA DE  LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO


EMPLEA TU FUERZA, VAMOS A CAMBIAR LAS COSAS


¡¡ SÍ SE PUEDE!!


¡ MOVILÍZATE Y LUCHA!!


8 DE OCTUBRE, HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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En el 25 aniversario de los Tribunales Superiores de Justicia que se conmemora en estas semanas, trabajadores y ciudadanos no tenemos nada que celebrar y sí mucho por lo que luchar en la Justicia


30 may 2014


Cuatro años de recortes en la Administración de Justicia y en los derechos de los trabajadores, reformas ya aprobadas y proyectos de reformas en trámite que solo vienen a constatar un alejamiento de la Justicia del ciudadano, su encarecimiento y su privatización hacia otros sectores y colectivos (Registradores, Procuradores, Notarios…)

A lo largo de estas semanas se están conmemorando con diversos actos en todos los territorios los 25 años de existencia de los Tribunales Superiores de Justicia. TSJ que nacieron precisamente con la LOPJ de 1985 y con la aprobación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 y se pusieron en marcha definitivamente en 1989. Aquello que, sin duda alguna, fue un avance y dio un fuerte impulso a la Administración de Justicia dentro de la organización territorial autonómica, se sustentó en un fuerte consenso judicial y político a la hora de la aprobación de dichas leyes.

Sin embargo, hoy, 25 años después, los trabajadores y la ciudadanía no tenemos nada que celebrar pues en los últimos tiempos, fundamentalmente a partir de una “supuesta crisis” la Justicia española se está viendo mermada por un cúmulo de recortes y reformas (en base a una imperiosa necesidad de ahorrar costes para cumplir con los objetivos de déficit impuestos por la troika) y a las que solo podemos mostrar nuestro más enérgico rechazo. La última prueba de ello es el Anteproyecto de una nueva LOPJ que sustituirá a la anterior de 1985 (ley que ha sido en numerosas ocasiones reformada) y que pone patas arriba toda la organización judicial de este país.

Recortes como:
  • Recortes presupuestarios desde el año 2010.
  • Recortes en el empleo público con la congelación de oposiciones o la restricción de las mismas a una tasa de reposición del 10% que supone una ridícula oferta de empleo público 
  • Recortes en medios personales, en los derechos laborales y retributivos (que vienen a suponer hasta la fecha más del 30% de pérdida de poder adquisitivo, y se anuncian más) en infraestructuras, en medios tecnológicos, en edificios judiciales y sus condiciones de seguridad y salud,.. 

Reformas ya aprobadas como:
  • Ley de Tasas Judiciales, que ha supuesto un encarecimiento de la Justicia para el ciudadano y que ya ha provocado un importante descenso en los asuntos civiles y contencioso-administrativo, fundamentalmente en aquellos pleitos que afectan a ciudadanos particulares.
  • La Nueva Oficina Judicial: que después de su implantación en algunas ciudades sigue sin funcionar como venimos denunciando desde hace años.
  • Reforma del CGPJ: que recibiendo las críticas de todos los colectivos afectados, con ella sólo se constata un nuevo ataque a la independencia judicial y nuevamente se pierde una oportunidad para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, eso sí, manteniéndolos amordazados.

Reformas en trámite de aprobación como:
  • Reforma de la Ley de Justicia Gratuita: que encarece los requisitos para acceder a ella, dejando fuera a la mayor parte de la sociedad
  • Ley de Seguridad Ciudadana, que supone una mayor criminalización de la protesta ciudadana y otorga un mayor poder a los vigilantes de seguridad privados
  • Reforma del Código Penal, que suprime las faltas –la mayor parte de ellas serán consideradas sanciones administrativas-, castiga la protesta pero no así los delitos de guante blanco,
  • Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que pone en manos del colectivo privado de Procuradores actuaciones judiciales tan importantes como los actos de comunicación y de ejecución
  • Reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que pone en manos de colectivos como Notarios asuntos judiciales como testamentarías, divorcios de mutuo acuerdo sin hijos,…
  • Reforma del Registro Civil que pone en manos del colectivo privado de Registradores de la Propiedad y/o Mercantiles el registro civil, y que supone el vaciamiento de funciones de los Juzgados de Paz y Agrupaciones que implicará su desaparición inminente y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo en la Administración de Justicia
  • Y por último, el Anteproyecto de LOPJ (que probablemente será aprobada a finales de año según las intenciones declaradas del ministerio) cuyas líneas maestras son la implantación de los Tribunales de Instancia solo en las capitales de provincia, y que conllevaría la supresión de los partidos judiciales, de los registros civiles, de los Juzgados de Paz, de las Audiencias Provinciales, eliminación de numerosos órganos judiciales, que puede conllevar la desaparición de más de 12.000 puestos de trabajo, de los actuales centros de destino, reordenación de efectivos sin respeto alguno a la localidad de destino, movilidad geográfica y funcional forzosa, la no garantía de las retribuciones complementarias que actualmente se cobran por guardias, …

La política de recortes del gobierno y su agenda de reformas que reducen o restringen nuestros derechos y libertades, como trabajadores y como ciudadanos, pues todas ellas solo tienen como consecuencia un alejamiento de la Justicia del ciudadano y su encarecimiento que está provocando una justicia de doble velocidad, una justicia para el que se la pueda pagar y una privatización –ni tan siquiera encubierta- de servicios y asuntos judiciales en manos de colectivos privados como Registradores, Notarios, Procuradores. 

Realmente,... ¿QUÉ TENEMOS QUE CELEBRAR?


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CCOO denuncia la decisión del Gobierno para que los militares ocupan plazas en las Administraciones Públicas


9 may 2014



Ante la pretensión del Gobierno de modificar el EBEP en el sentido de pretender que los militares ocupen puestos de personal funcionario en las AAPP, 

CCOO denuncia esta "barbaridad", de esta modificación legislativa. CCOO sostiene que podría ser un primer paso para la "militarización de la administración" que además provocaría serios problemas porque "ese personal seguiría sujeto a legislación militar. 

Además, CCOO denuncia la verdadera pretensión del Gobierno con esta medida: eliminar cientos de puestos de trabajo e imponer la movilidad forzosa.

La pretensión del Gobierno se tramita a través de una enmienda al EBEP, introduciendo una nueva disposición adicional (la decimotercera), que recoge que los militares puedan ocupar puestos vacantes en las AAPP, lo que además de una barbaridad, es un nuevo atropello, porque lo que en el fondo pretende el gobierno es implantar la movilidad en todos los ámbitos, eliminar todo el empleo interino, no convocar ninguna plaza de OEP, y esa es la verdadera intención del Gobierno en esta enmienda.

Adjuntamos enmienda del PP al EBEP.


Noticia publicada:

EL GOBIERNO PRETENDE QUE LOS MILITARES CUBRAN PUESTOS DE FUNCIONA4RIOS
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