Publicamos la Resolución de 29 de mayo de 2020, del Ministro de Justicia, por la que se deja sin efecto la Resolución de 23 de marzo de 2020, restableciendo el horario de trabajo ordinario en el Registro Civil, que nos ha sido remitida hoy por el Ministerio de Justicia.
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA Administración General del Estado. Jornada y horarios de trabajo
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
DIAS DE JORNADA REDUCIDA POR FESTIVOS LOCALES 2018, GERENCIA VALLADOLID
A las 10:00 horas estabamos convocados a una reunión con la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia con sede en Valladolid, para la negociación de los días de jornada reducida por festivos locales para el año 2018, de las cinco provincias comprendidas en dicha Gerencia: León, Salamanca, Palencia, Valladolid y Zamora.
Para conocimiento de todo el personal funcionario y laboral de la Administración de Justicia y Ministerio Fiscal, destinado en estas provincias, se participa que, cumpliendo con lo dispuesto en las normas por las que se aprueban los calendarios laborales, se determina que los cinco días de jornada reducida, (de 9,00h a 14,00h), para el año 2018 son:
León: Viernes 22 de Junio a Viernes 29 de Junio
Palencia: Lunes 27 de Agosto a Viernes 31 de Agosto
Salamanca: Lunes 10 de Septiembre a Viernes 14 de Septiembre
Valladolid: Lunes 3 de Septiembre a Viernes 7 de Septiembre
Zamora: Viernes 22 de Junio a 28 de Junio
Resto de Partidos Judiciales en la documentación adjunta
Es el primer año que las jornadas reducidas por festivos locales las tenemos reguladas, gracias al trabajo realizado por CCOO Justicia CyL, que requirió al gerente de Valladolid para recoger en un acuerdo dichas jornadas, a lo que se negaba simplemente por falta de voluntad.
Así, en Palencia capital, estas jornadas con horario reducido de 09:00 a 14:00 horas son: del lunes 28 de agosto al viernes 1 de septiembre,
coincidiendo con las fiestas de San Antolín
Se adjunta la resolución de la gerencia, propiciada por CCOO, con las jornadas reducidas para todos los partidos judiciales de las cinco provincias que pertenecen a la gerencia de Valladolid, en el que se establece que:
LA RECLAMACIÓN DE CCOO DA RESULTADOS: EL HORARIO DE GUARDIA DE LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE SERÁ EL DE UN DÍA FESTIVO (y no el de un sábado)
Tras muchas reclamaciones realizadas por CCOO, tanto a las Gerencias como al Ministerio de Justicia, en relación con el horario de guardia de los días 24 y 31 de diciembre, para que fueran considerados a todos los efectos como un día festivo, hemos recibido escrito de la Subdirección General de Medios Personales al servicio de la Administración de Justicia en el que manifiesta que lo reclamado por CCOO es lo correcto: Que se consideran los días 24 y 31 de diciembre como festivos a todos los efectos, por lo que el horario de guardia en esos días debe ser el mismo que el de los días festivos COMUNICACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS PERSONALES A LAS GERENCIAS TERRITORIALES
En esta resolución se establece en el apartado 9.1:
"«9.1 Cada año natural las vacaciones retribuidas tendrán una duración de 22 días hábiles anuales por año completo de servicios, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A estos efectos los sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. Para el cálculo del período anual de vacaciones, las ausencias motivadas por enfermedad, accidente, las derivadas del disfrute de los permisos regulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, o de la licencia a que se refiere el artículo 72 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, tendrán, en todo caso y a estos efectos, la consideración de tiempo de servicio.
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de vacaciones anuales:
– Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
– Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
– Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
– Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.
Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los correspondientes años de servicio»
Esta resolución establece claramente que los días adiciones de vacaciones por antigüedad podrán disfrutarse a partir del día siguiente al del cumplimiento de los correspondientes años de servicio, resolución que también es de aplicación para todo el personal que presta servicios en la Administración de Justicia, es decir, que, tras la publicación del RDLey 10/2015 y esta Resolución tanto los días adicionales de permiso como los días adicionales de vacaciones por antigüedad podrán disfrutarse a partir del día siguiente al cumplimiento del tiempo de servicio necesarios que dan derecho al disfrute de los mismos.
Si bien el calendario laboral (Orden JUS/2538/2013 de 27 de diciembre -BOE 16/01/14-) establece que tanto los días de asuntos particulares como las vacaciones podrán disfrutarse hasta el 31 de enero del año siguiente CCOO ha solicitado al Ministerio de Justicia que estos días adicionales de permiso y vacaciones por antigüedad puedan disfrutarse como mínimo hasta el 31 de marzo de 2016.
Adjuntamos enlace al BOE de hoy en donde se ha publicado la Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
CCOO responderá con la máxima contundencia si hay nuevos recortes al personal público
Ante las informaciones publicadas ayer en el diario El País, en las que se anuncia una nueva batería de propuestas de ajuste hacia las empleadas y empleados públicos, CCOO informa que, de ser ciertas estas medidas, el sindicato responderá con la máxima contundencia
Para CCOO es absolutamente inaceptable, además de incongruente, que el propio Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, inicie una ronda de contactos amparándose en el crecimiento económico y el fin de la crisis, y ahora se anuncie un documento con nuevas propuestas de recortes en las administraciones públicas para cumplir el déficit.
De materializarse estas iniciativas, que van en la línea de recortes de derechos y de desmantelamiento de los servicios públicos, esto supondría un paso más del Gobierno del Partido Popular en la destrucción del Estado de bienestar, además de repercutir un mayor coste de la crisis sobre las empleadas y empleados públicos, que ya han sufrido recortes en los últimos cuatro años.
El personal al servicio de las administraciones y empresas públicas ha sufrido importantes recortes en su salario, además de la supresión de una paga extra, la reducción o supresión de las ayudas de acción social, el aumento de la jornada, la supresión de días de vacaciones y asuntos propios, así como el recorte en los días de bajas médicas.
Por otro lado, el Área Pública de CCOO considera especialmente lesivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos que se profundice en la pérdida de empleo, tal y como se anuncia en las medidas contempladas por el PP.
Los medios de comunicación sacan a la luz las intenciones del gobierno del PP - que sólo oculta por intereses electorales - y de las comunidades autónomas - y ponen de manifiesto que el Ministro Montoro (uno de los expertos, junto con Gallardón, en poner en práctica maniobras de distracción) discute nuevos recortes con las comunidades autónomas
Que nadie se engañe, y que nadie nos engañe. El gobierno tiene como objetivo reducir el déficit público, únicamente, a costa de desmantelar los derechos sociales, los servicios públicos (entre ellos la Administración de Justicia con la privatización del Registro Civil y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina los partidos judiciales, los juzgados de paz, las audiencias provinciales, que destruirá miles de puestos de trabajo, que impondrá la movilidad forzosa, que reducirá las posibilidades de promoción profesional y movilidad voluntaria así como las retribuciones complementarias) y de seguir recortando derechos de los empleados públicos.
En cambio, descaradamente, admite que los contribuyentes perdamos más de 11.500 millones de euros al vender al BBVA, por sólo 1.187 millones, un banco, el Catalunya Banc, por cuyo rescate hemos tenido que pagar 12.622 millones de euros.
Reproducimos parte del artículo publicado en el diario El País que literalmente dice que las medidas más radicales están en el apartado de recortes en gastos de personal
“Funcionarios. Eliminación del exceso de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas salvo en servicios prioritarios. Ampliación de la jornada semanal de funcionarios a 40 horas. Eliminación de todos los moscosos. Reducción de las retribuciones anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria. Suspensión de planes de pensiones. Reducción de jornada y de retribuciones a personal funcionario interino y laboral temporal. Revisión del gasto en acción social. Reducción de un 5% en las aportaciones a entes o empresas del sector público autonómico excepto en hospitales. Mejorar el uso del parque móvil, limitar vehículos, compartir uso, primer uso de vehículos representativos de alquiler. Limitación de las ayudas a las organizaciones sindicales están en el apartado de recortes en gastos de personal.
Las comunidades autónomas, en especial algunas, siguen teniendo problemas importantes para cumplir sus objetivos de déficit y cuadrar sus cuentas. Y algunas proponen medidas de recorte drásticas para ajustarlas. El Gobierno ha iniciado un proceso de consulta con todas ellas para ver qué propuestas de “racionalización del gasto”, el eufemismo utilizado, les hacían llegar. El ministerio de Hacienda ha recogido todas esas propuestas en un documento, con 255 medidas muy concretas, y se las ha enviado a todas las comunidades. Y en ese texto hay iniciativas muy polémicas, como nuevos copagos, establecimiento de “tasas hosteleras” en los hospitales, nueva ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, eliminar de nuevo una paga extra o reducir el 10% el complemento de los profesores.
Todas las medidas que figuran en este documento que ha elaborado Hacienda provienen de propuestas de una o varias autonomías, aunque en el texto no se especifica quién las planteó para evitar el coste político que supondría si se dieran a conocer y más ahora que se acercan las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Este proceso, que lleva meses en marcha, tiene un momento clave la próxima semana, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convoque a todos los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir, entre otras cosas, las medidas de racionalización del gasto.
Las comunidades, sobre todo las que tienen más dificultades, plantean que sea el Gobierno el que, a través de la normativa general, asuma el coste político de forzar esos nuevos recortes, aunque serían ellas las que ahorrarían.
Es lo que sucedió en 2012, cuando desde la normativa básica se amplió por ejemplo de 25 a 35 el ratio máximo de alumnos por clase —una de las medidas plantea aumentarlo otra vez un 10%— o el horario de los funcionarios de 35 a 37,5 horas semanales —ahora se plantea subirlo de nuevo a 40—.
Hacienda explica que, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, este documento que se ha enviado ahora “se depurará para eliminar las propuestas más inasumibles”, aunque de momento no se ha hecho el trabajo de diferenciar cuáles son discutibles y cuáles hay que descartar. A una semana de la cita clave, las autonomías solo disponen de este texto con 255 medidas.
No todas las que se plantean son especialmente polémicas. Muchas de ellas se concentran en cuestiones en las que están de acuerdo todas las autonomías, como la centralización de todo tipo de compras —para poder negociar mejor con los grandes proveedores y obtener rebajas— y otras que ya se habían estudiado en el documento sobre la reforma de la Administración promovida por el Ejecutivo, como la eliminación de defensores del pueblo autonómicos y la coordinación entre las comunidades de todo tipo de iniciativas, desde las políticas de empleo a las licencias de caza. También hay una parte final en la que se plantean cambios radicales en la recolección de datos para poder hacer este tipo de políticas de racionalización con datos homologables entre todas las autonomías. La dispersión de los datos es uno de los principales problemas con los que se han encontrado los expertos a las hora de la racionalización y la coordinación entre las autonomías.
Sin embargo la parte más novedosa del documento, y empieza por ahí el listado de medidas, son las propuestas de nuevos copagos y las reducciones del número de empleados públicos y de sus salarios reales o en especie.
De hecho, la primera iniciativa de las 255 es un “copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas, y emisión de facturas informativas al paciente del coste del servicio”. La segunda es “copago por asistencia a consulta médica y urgencias”. La tercera es copago por interrupciones del embarazo. Y la cuarta, una “cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos”. Esto es, el euro por receta que el Gobierno ha rechazado en varias ocasiones, sobre todo porque lo hacían de manera individual comunidades como Cataluña y Madrid. En el documento se pide que se implante en toda España.
Todas las primeras medidas van esa línea y también se plantea el “aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria”. Esto es, mientras algunas comunidades no quieren aplicar esta medida del copago farmacéutico en los hospitales implantada por el Ministerio de Sanidad, otras están pidiendo que se aumente.
En la misma línea de copago van otras muchas propuestas, también las que se refieren a la ley de dependencia. “Avanzar en la aplicación efectiva de la contribución económica del usuario al sistema”, dice una de ellas. Pero las más radicales están en el apartado de recortes en gastos de personal, tanto que algunas incluyen directamente la “suspensión del nombramiento de personal interino”.
En el B.O.E. de hoy diez de julio se publica la resolución de 2 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la que se dictan instrucciones sobre la jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia
Destacar que esta resolución se produce ante la exigencia de la Unión Europea que había reclamado al Ministerio de Justicia el cumplimiento de la Directiva Europea 2003/88CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, al objeto de garantizar el derecho al descanso en consonancia con las políticas de seguridad y salud en el trabajo. La modificación se ha producido esencialmente para regular el tiempo de descanso de los Médicos Forenses, pues la Directiva Europea había reclamado al Gobierno español que su regulación contenía aspectos que contravenían claramente la normativa legal de la UE.
A pesar de que se reunió la mesa sectorial hace varios meses para negociar esta resolución que ahora se publica, y CCOOexigió que en la nueva regulación se incluyeran todas aquellas cuestiones que deben modificarse de la jornada y horario de guardia que producen claros abusos (desde hace años) por parte de la Administración respecto a los descansos y libranzas en las guardias de todos los cuerpos generales y especiales, incluidos los Médicos Forenses, especialmente, pero no solo, en todas las guardias de permanencia y disponibilidad, el Ministerio de Justicia se ha limitado a incluir aquellas cuestiones que, según el criterio de la Administración, habían sido demandadas por dicha directiva la UE.
CCOOmanifestó y sigue considerando que la interpretación del Ministerio de Justicia sobre el contenido de la Directiva Europea es insuficiente, y su traslado a esta resolución sigue dejando a todos los trabajadores en un estado de abuso intolerable, en relación a su tiempo de descanso, por parte del Ministerio de Justicia y de las CCAA. La demanda de la UE al Gobierno español se refería a todas las libranzas y descansos de las guardias de todos los cuerpos, aunque hiciera especial hincapié en las condiciones de los Médicos Forenses.
Para CCOOestas mejoras son claramente insuficientes, porque siguen dejando en un estado de abuso y de interpretación unilateral de la Administración del tiempo de descanso y libranzas de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, desde Médicos Forenses pasando por todos los cuerpos generales y especiales.
En el BOE de 1 de julio de 2013 se ha publicado la Resolución de 14 de
junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios en el ámbito de la Administración
de Justicia
Adjuntamos sendas resoluciones publicadas hoy, 29, en el BOE, que son de la AGE y no se aplican a justicia, para que tengáis una idea y algunos se aclaren sobre lo que publican ciertos medios de comunicación, que lo mezclan todo. Se refiere a la nueva resolucion del horario de la AGE y a criterios sobre descuentos por baja médica. Nota: introduce que no se descontarán hasta 4 días al año ( y como máximo tres días seguidos) por enfermedad sin que se llegue a estar en situación de Incapacidad Tempotal, es decir, se refiere a los primeros días de enfermedad cuando no se tramita el parte de baja y la licencia por enfermedad.
Hay que recordar que la normativa sobre calendario laboral del ámbito Ministerio no se ha negociado aún y está vigente la de 2005.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha adelantado,
que el Gobierno planeaampliar los horarios de los funcionarios y
someterles a evaluaciones continuas una vez pasada la oposición.
La idea del Ejecutivo es, según Montoro, "asimilar muchos elementos" del sector privado para integrarlos en el régimen laboral público.
En el curso de verano de la Universidad Complutense "Emprendedores
autónomos: creadores de empleo" que se celebra en El Escorial (Madrid),
el ministro ha asegurado, no obstante, que no contempla la idea de acabar con los "moscosos", seis días libres de asuntos propios de los que disfrutan los funcionarios.
"No estoy en esa idea, sino en la de que avance la jornada en numero de horas semanales.
Vamos a asimilar muchos elementos al estatuto del trabajador privado",
ha dicho en un posterior coloquio con participantes del curso.
Montoro ha subrayado la necesidad de que la eficiencia en la función
pública sea cada vez mayor, por lo que se quiere acabar con la idea de
que sacar una oposición es suficiente para el desempeño de esta labor.
"La oposición es un método de selección para que estén al servicio público los mejores, no para tener un puesto seguro frente al resto",
ha dicho Montoro, que también ha recordado que los funcionarios
"estamos en la exigencia máxima, porque nuestro sueldos están pagados
con impuestos".
Así, cada vez tendrán mayor relevancia las evaluaciones continuas de
los trabajadores públicos, ya que "tenemos que tener la seguridad de que
están los mejores ejerciéndola, pero no que no se esté dispuesto a
trabajar más, porque es un mensaje equívoco a la sociedad española", ha
concluido el ministro.
El Ministerio de Justicia ha propuesto
introducir el control horario de los funcionarios al servicio de esta
Administración y ha entablado negociaciones con los sindicatos para
estudiar dos resoluciones por las que se aprueba su calendario laboral.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia ha convocado la próxima semana a los sindicatos del sector para
conversar, entre otros puntos, sobre la distribución de la jornada y la
fijación de los horarios determinados en el calendario laboral de los
secretarios judiciales y de los funcionarios de los Cuerpos Generales o
Especiales.
Las resoluciones afectan a los funcionarios del territorio del
Ministerio de Justicia --de aquellas comunidades sin las competencias
transferidas--, así como a los secretarios judiciales de toda España ya
que este Cuerpo depende del propio Ministerio.
Las propuestas de Justicia no se refieren a los jueces y
magistrados, ya que su regulación depende del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ).
Las resoluciones, a las que ha tenido acceso Europa Press,
proponen que las Gerencias Territoriales del Ministerio, con la
colaboración de los responsables de los centros de destino, unidades y
servicios de esta Administración, velen "en su ámbito de competencia por
el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo" mediante "el
sistema de control" establecido. Se contemplan medidas para la
corrección de incumplimientos e infracciones, algo que ya se hace en la
actualidad.
Mientras que el horario de los funcionarios será controlado
por la Administración, los secretarios judiciales vigilarán su
cumplimiento ellos mismos. La propuesta del Ministerio establece que
"los secretarios coordinadores o, en su caso, los de gobierno velarán en
su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios
de trabajo".
La regulación del calendario laboral para el Cuerpo Superior
Jurídico de Secretarios Judiciales les permite desempeñar cuatro o cinco
horas durante el horario de atención al público en los juzgados y, el
resto de la jornada, cumplirla fuera de la oficina judicial.
El Ministerio argumenta que este colectivo ejerce funciones
directivas, como la práctica de diligencias procesales o la preparación y
estudio de resoluciones.
"UNA SEMANA CARIBEÑA"
La secretaria General del Sector de Administración de Justicia
de CC.OO., Flora Martínez, ha explicado a Europa Press que se trata de
la primera vez en la que el Ministerio establece dos resoluciones
distintas para ambos colectivos y se muestra sorprendida porque sean los
propios secretarios judiciales los que controlen su horario, a
diferencia del resto de empleados públicos.
"Además, se permitiría que los secretarios judiciales
suspendieran las diligencias urgentes que se encuentran realizando por
haberse iniciado en el tiempo de trabajo ordinario y que las continuara
un funcionario del resto de los Cuerpos", explica.
"Esto es inaudito puesto que en el calendario de los Cuerpos
Generales se establece que, en ningún caso, se pueden interrumpir las
diligencias y actuaciones urgentes", agrega.
Para el sindicato, esta propuesta supone "una escandalosa
rebaja de la jornada laboral de los secretarios judiciales a cuatro o
cinco horas al día", algo que "en los tiempo que corren y con las
medidas de ajuste que el Gobierno está adoptando en las Administraciones
Públicas, es una decisión que, de mantenerla el ministro Gallardón,
supondrá un error político de calado". "Será otra semana caribeña como
la destapada en el CGPJ", concluye.
La Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la
Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía
el horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen
los días de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras
medidas.
Antonio Beteta
En concreto, en el borrador, al que ha tenido acceso
Europa Press, se establece que el horario fijo de presencia en el puesto
de trabajo será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. En la
resolución actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario
fijo en jornada de mañana es de 9.00 a 14.30 horas, con lo que, de
aprobarse esta nueva resolución, se ampliaría en media hora el horario
de obligado cumplimiento a los empleados públicos.
En el borrador, la jornada
semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas. Ahora, para llegar a esa
cifra, los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas
entre las 7.30 horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las
14.30 horas y las 18.00 horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y
las 15.30 horas los viernes.
En el texto elaborado por
Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para
completar la jornada, sino que se señala que serán los calendarios
laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos
para alcanzar las 37,5 horas semanales.
En la actual resolución sobre
jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva
de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el
periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el
borrador con los nuevos horarios no se contempla la jornada intensiva.
De hecho, en una carta a la que
ha tenido acceso Europa Press, el secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada
semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el
calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada
de verano, "ésta no podrá suponer un menoscabo" de la jornada anual,
"debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para
completar dicho cómputo".
En el texto se eliminan además
los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del
trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de
vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen
15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.
NO ACUMULAR PERMISOS A LAS VACACIONES
De aprobarse esta nueva
resolución, los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse
al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de
septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de
permiso por asuntos particulares. Asimismo, en caso de que su lugar de
trabajo cierre durante un periodo concreto del periodo estival, el
disfrute de las vacaciones de los empleados públicos deberá coincidir
con esa franja temporal.
La resolución va acompañada de
dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos
para fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y
un código de conducta para los empleados públicos de estas áreas.
En el código de buenas prácticas
para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los
departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de
la gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los
supuestos legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir
la justificación oportuna "de todas las ausencias", incluidas las de
duración inferior a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a
impulsar reconocimientos médicos para controlar las bajas por enfermedad
o accidente; y a remitir a la Secretaría de Estado información
sistemática sobre el cumplimiento de los horarios y de los niveles de
absentismo.
LOS SINDICATOS, MOLESTOS
El borrador no ha gustado nada a
los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar
"unilateralmente" a los empleados públicos una nueva resolución de
jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico
del Empleado Público (EBEP).
En dicha ley, recuerda CC.OO.,
se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación
con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de
la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es
"inadmisible" y "ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando
al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos".
Fossoul considera que esta
medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración
del Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución,
sino para el resto de las administraciones públicas, "que seguirán
probablemente el camino diseñado desde el Gobierno para continuar
recortado derechos a los empleados públicos, en pequeñas dosis pero de
forma constante".
Desde CSI-F, su presidente de la
Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado, en
declaraciones a Europa Press, su malestar por el hecho de que el
Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre
jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.
Camarillo ha calificado este
procedimiento de "inadmisible" y teme que el Gobierno vaya a aprobar
esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas
medidas que han afectado a los empleados públicos.
Además, el responsable de CSI-F
ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit,
sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que
ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo
peor", ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no
es un problema en la AGE.
En el Boletín Oficial del Estado número 111, de 9 de mayo de 2012, se publica la Orden del Ministerio de Justicia, JUS/969/2012, de 30 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/797/2012, de 29 de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales.
Hoy
se publica en el BOE la Orden
JUS/797/2012, de 29 de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de
trabajoen cómputo anual y las de las jornadas en régimen de
dedicación especial para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales
Recordamos
que la Orden
que regula la jornada general de trabajo del resto del personal al servicio de la Administración de
Justicia se publicó en el BOE del pasado 28 de abril de 2012
Como informamos en una entrada anterior, hoy, 28 de marzo, se ha publicado en el BOE la Orden JUS/615/2012, de 1 de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia (no para Secretarios Judiciales que tendrá su propia Orden pero que no se ha publicado aún), que es de aplicación a todos los territorios, estén o no transferidos, con independencia de que posteriormente en cada uno de ellos se regule -previa negociación- el calendario laboral específico.
Como sabéis esta Orden tiene como principal modificación respecto a la anterior del 2005 la imposición de la ampliación de la jornada a un mínimo 37 horas y media semanales de trabajo efectivo, anulando así la jornada de 35 hs/semanales que por acuerdo ya veníamos disfrutando desde el 2005, logro éste que se consiguió, entre otros, tras las reivindicaciones y movilizaciones del 2004.
CCOO entendemos que esta medida de ampliación de la jornada laboral que se ha impuesto en toda la Administración del Estado por el RD-Ley de 30 de diciembre de 2011, y en muchas CCAA y que también se impondrá en la Administración Local, va a suponer, junto con la congelación de la Oferta de Empleo Público para el 2012 y siguientes, con una tasa de reposición de efectivos de cero en la Administración de Justicia y la amortización de las consiguientes plantillas, una importante reducción de empleo público (primeramente interino y temporal), una mayor carga de trabajo que se añadirá a la que ya vienen sufriendo numerosos órganos judiciales, una nueva rebaja salarial implícita y por supuesto, un deterioro del servicio público que prestamos.
La Orden se publica sin ninguna concesión a las propuestas de CCOO, salvo la eliminación de las necesidades del servicio como límite a la concesión de los 5 días anuales como festividades, todo lo demás se mantiene tal cual el borrador presentado para la negociación en la mesa del 23 de febrero y a cuya hoja informativa nos remitimos.
Como os hemos venido informando estas últimas semanas, contra ésta y otras medidas de ajuste presupuestario y contra la reforma laboral, mañana 29-M está convocada una HUELGA GENERAL, también en la Administración de Justicia, en Defensa de los Servicios Públicos y del Estado del Bienestar, en defensa de los derechos de los trabajadores,
En el Boletín Oficial del Estado número 75, de 28 de marzo de 2012, se publica la Orden del Ministerio de Justicia, JUS/615/2012, de 1 de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
El Ministerio de Justicia nos ha remitido una comunicación con una convocatoria de mesa cuyo único punto del día es la "Negociación de las ordenes por las que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal de la administración de justicia y para el cuerpo de Secretarios Judiciales".
Como se desprende de los borradores adjuntos la intención es la de implantar la jornada de 37 horas y media en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia.
