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¿Donde están los millones recaudados de las Tasas Judiciales?


9 ago 2016


Justicia no explica dónde han ido a parar los millones recaudados por las tasas de Gallardón

El TC declaró nulas las tasas judiciales impuestas en 2012 por el entonces Ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
 
El Ministerio de Justicia reconoció en 2014 que desconocía el destino de los más de 500 millones recaudados hasta entonces.
 
A día de hoy continúa sin dar explicaciones, pese a la promesa inicial de dedicarlos a mejorar la asistencia jurídica gratuita.


Ampliar Noticia ¿Donde está el dinero de las Tasas? 


 
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Catalá: “Acataremos la sentencia e intentaremos un sistema de tasas equilibrado como antes”


2 ago 2016


El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha mostrado su respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulas las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro Ruiz-Gallardón.

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E​
ntiende que la cuantía de las tasas (tanto en la cuota fija como en la variable) resultan “desproporcionadas” y puede producir un “efecto disuasorio” en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de Justicia. “Yo me alegro de que nos avise de que tenemos que revisar el sistema”, ha zanjado.


A la vista de estas declaraciones, os imagináis que el Ministro de Justicia no acatase la sentencia del TC?
y tiene que ser el TC quien "avise" al ministro que el sistema de tasas era desproporcionado e injusto?
y el dinero recaudado...


 Enlace a la noticia:

​Acataremos la sentencia e intentaremos un sistema de tasas equilibrado como antes
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CCOO solicitará a los grupos parlamentarios del congreso de los diputados la derogación del RD sobre pericias extrajudiciales en IML


12 feb 2016



Recogida de firmas para la derogación del Real Decreto que regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las lesiones en accidente de tráfico

CCOO solicitará a los grupos parlamentarios del congreso de los diputados la derogación de esta norma llevada a cabo por el gobierno saliente para favorecer a la patronal de los seguros

CCOO llevará al Congreso de los Diputados las firmas de los y las médicos forenses y resto de cuerpos destinados en los IML de toda España apoyando la retirada del RD 1148/2015, de 18 de Diciembre

  
Como hemos venido informando CCOO rechaza el contenido del Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor fundamentalmente por las siguientes razones:

1.- Por la intervención directa de la patronal de seguros (UNESPA) en la elaboración de este Real Decreto que, además, es quien financia la nueva aplicación informática en los IML para tramitar este nuevo procedimiento.

2.- Porque las aseguradoras pueden lograr de hecho dirigir el fondo y la forma de los informes periciales que se soliciten.

3.- Porque el Real Decreto responde a criterios puramente recaudatorios, con peligro de establecer una relación clientelar con las aseguradoras que son las que pagarán los informes del IML mediante el llamado “precio público” que, a buen seguro, terminarán repercutiéndolo, de un modo u otro a sus asegurados.

4.- Por poner en cuestión la imparcialidad e independencia de la Medicina Legal.

5.- Por la falta de previsión de más personal para tramitar los expedientes en los Institutos de Medicina Legal.

6.- Porque los informes médico-forenses deben realizarse previa autorización judicial de las solicitudes de particulares.

7.- Porque, en todo caso, debe negociarse las retribuciones de los médicos forenses y del resto de Cuerpos Especiales y de los Cuerpos Generales de la Admón. de Justicia a la vista de las nuevas responsabilidades que se derivan de éste Real Decreto.

8.- Porque no  todas las CCAA han puesto en funcionamiento los IML.

9.- Porque podría  vulnerarse el régimen de incompatibilidades de los  médicos  forenses  y plantearse multitud de cuestiones de abstención o recusación que dificulten la instrucción judicial.


Por todo ello, CCOO anima al personal del Cuerpo de Médicos Forenses y de los Cuerpos Generales destinados en los IML a apoyar, con su firma, la solicitud de derogación de este Real Decreto y la exigencia de una nueva regulación que atienda nuestras propuestas.
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Precios públicos de las pericias efectuadas por los IML-CF a solicitud de particulares


10 feb 2016


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Reunión de la Mesa Sectorial (estatal). Catalá reafirma que echa abajo la reforma de Gallardón pero insiste en la privatización del Registro Civil y mantiene las tasas judiciales


5 nov 2014





  • El ministro presentará un nuevo proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las próximas semanas, pero únicamente de los libros V y VI. Catalá compromete que negociará "hasta el último día antes de la aprobación en el parlamento", como le exigió CCOO
  • El Ministro de Justicia reafirma su compromiso de no llevar adelante la modificación de la planta judicial actualmente existente y garantiza todos los partidos judiciales, todos los órganos judiciales y todos los juzgados de paz y sus agrupaciones
  • El ministro propone la creación inmediata de cuatro grupos de trabajo, cuyos resultados se irán llevando a las mesas sectoriales que se convoquen
A diferencia de su antecesor, Gallardón, y del equipo de éste en la negociación producida en julio, Catalá se compromete, tal y como ha exigido CCOO, a que la negociación de todas las cuestiones que afectan a los derechos del personal de la Administración de Justicia esté abierta hasta el último día en que las modificaciones legislativas se vayan a aprobar en las Cortes Generales.
En ese sentido, Catalá vuelve a expresar su compromiso de que no implantará los Tribunales Provinciales de Instancia, mantendrá todos los partidos judiciales y todos los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz y  no eliminará las Audiencias Provinciales.

Catalá anunció que en el nuevo proyecto de la LOPJ relativa a los libros V y VI intentará mantener algunos de los aspectos negociados con Gallardón y su equipo, cuestiones que, para CCOO, al estar recogidas en la vigente LOPJ y legislación actual, son un punto de partida para la negociación que ahora abre, y debe concluir, si el nuevo ministro cumple con su palabra, con sustanciales avances para los derechos del personal de la Administración de Justicia.

Porque considerar como aspectos que mejoran las condiciones de trabajo, por ejemplo, la antigüedad mínima de dos años para promocionar o la creación de un escalafón propio (aspectos recogidos en la actual legislación) o, otro ejemplo,  el reconocimiento a los gestores de funciones de asistencia a las víctimas, destinos a los que actualmente puede acceder el personal del Cuerpo de gestión, para CCOO son sólo avances, pero no importantes, sobre la regulación actual, y no pueden ser un punto final de una negociación, sino sólo un punto de partida. Por el contrario para CCOO  no es un avance, sino todo lo contrario, que el ministro hable por escrito del “reconocimiento de una lista de centros de trabajo vinculados al municipio” (expresando tácitamente el ministro que no todos los centros de destino lo serán en el municipio, lo que CCOO no va a permitir). Por tanto, para CCOO, Catalá debe abrir la negociación para lograr la mejora de muchos aspectos que a día de hoy no están garantizados.


Porque nada contesta el ministro de Justicia a la demanda de CCOO (que, al parecer, carece de importancia para otros sindicatos) de garantizar la reserva de la realización de los actos de comunicación y ejecución de forma exclusiva al personal de la Administración de Justicia, y de eliminar la entrega a los notarios y registradores de materias y procedimientos judiciales hasta ahora competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales, como prevé la reforma de la Ley de Jurisdicción voluntaria.

Estas son algunas de las cuestiones fundamentales que ha reclamado CCOO de nuevo al ministro de Justicia en la reunión (manteniendo las restantes que ya han sido planteadas en la reunión bilateral que mantuvimos con Catalá el pasado 23 de octubre y en sendas cartas, y de las que dimos amplia información en la nota que remitimos ese día).


REGISTRO CIVIL

CCOO le ha entregado a Catalá la extensa carta que hemos enviado al presidente del Gobierno en la que rebatimos los motivos que aduce el Gobierno para privatizar el Registro Civil y su entrega a los registradores mercantiles, que insistimos, según la UE, no son funcionarios públicos. CCOO ha manifestado que no vamos a aceptar jamás esa decisión, y le hemos anunciado que seguiremos luchando con todos nuestros medios para revertir esta decisión del Gobierno, además de las denuncias ante la Fiscalía General del Estado  y ante la Oficina de Incompatibilidades del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no descartamos otras acciones jurídicas, y además impulsaremos una iniciativa (ILP) en el Parlamento y todas las acciones sindicales que los trabajadores/as estén dispuestos a realizar.

CCOO ha advertido al ministro que no permitirá  la supresión de ningún puesto de trabajo de los Registros Civiles de cualquier ámbito, sea transferido o no transferido. Nos preocupa seriamente que el ministro solo se haya comprometido con el empleo del ámbito no transferido.


OFERTA DE EMPLEO 2015

Catalá no ha contestado a nuestra reclamación de que se convoquen en la OEP todas las plazas vacantes (más de 10.000 en toda España) y para todos los cuerpos sin excepción, venciendo la resistencia de Hacienda y superar ese insuficiente, ridículo y exiguo 50% de la tasa de reposición. Solo ha aceptado expresamente que el sistema de acceso sea el concurso oposición que CCOO viene reclamando, posición que ha sido apoyada por varios sindicatos (UGT y ELA)

Las contestaciones de la secretaria de Estado de que “esto debe ser un proceso lento y gradual” no nos ha convencido en absoluto, porque, ante nuestra demanda de que se comprometa al menos de que en dos o tres años se garantizara lo exigido por CCOO, solo hemos obtenido una respuesta vaga y sin compromiso alguno.


NUEVA OFICINA JUDICIAL (NOJ)

CCOO ha vuelto a exigir su paralización (a pesar de ser acusados de irresponsables por algún sindicato) en aquellas ciudades en la que ya está en marcha su próxima implantación (Ponferrada y Murcia) o donde se ha presentado un proyecto (Palma de Mallorca), hasta que discutamos sobre los errores que existen, sobre todo por el SCOP en alguna de las ciudades del ámbito Ministerio. El Ministerio, pese a ello, se ha negado a paralizar dicha implantación. Esa decisión sí que es irresponsable por la cantidad de problemas que siguen generándose

RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS QUE NOS HAN SIDO ROBADOS DESDE 2010

CCOO ha vuelto a exigir reuniones específicas para establecer un calendario de devolución de todos los derechos hurtados (recuperación del salario de 2010, abono de 100% de la paga de 2012 – ese 24% que el Gobierno ha llevado al proyecto de LGPE es una tomadura de pelo-, el abono del 100% del salario en los casos de Incapacidad Temporal, la recuperación de todos los días de asuntos particulares, días de vacaciones por antigüedad…)  La respuesta de la secretaria de Estado ha sido echar balones fuera con el débil argumento de que estas reclamaciones deben tener respuesta para todos los empleados públicos, o lo que es lo mismo, nunca

PERSONAL LABORAL

CCOO ha vuelto a exigir al ministro que exista el compromiso del Ministerio de que se van a negociar todas las propuestas que hemos hecho llegar para mejorar las condiciones de trabajo del personal laboral (productividad para todo el personal laboral, las demandas de reclasificación con la trasposición de las directivas europeas de obligado cumplimiento, la garantía de cobertura de todas las vacantes, entre otras)

TASAS JUDICIALES, COSTAS Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

CCOO ha vuelto a exigir la derogación de la Ley de Tasas Judiciales y la eliminación de la condena en costas en los procedimientos de reclamación de derechos laborales, así como que entre en vigor la eliminación de la postulación para el personal funcionario (esta cuestión se encuentra incluida en el proyecto de la ley de asistencia jurídica gratuita en trámite) cuando deba acudir a defender sus derechos ante la jurisdicción contencioso -  administrativa. Catalá solo ha comprometido el estudio de la modificación de la ley de tasas y a estudiar la repercusión de las costas en el acceso a la tutela judicial efectiva

CATALÁ COMPROMETE LA CREACIÓN DE CUATRO GRUPOS DE TRABAJO LA SEMANA PRÓXIMA

Catalá ha propuesto la creación de cuatro grupos de trabajo a partir del 11 de noviembre: uno sobre la Reforma de los libros V y VI de la LOPJ, otro sobre el Empleo (ha aceptado la propuesta de CCOO de que este grupo incorpore la convocatoria de las plazas de la OEP, la regulación de las bolsas de personal interino, la norma de sustituciones, la regulación de las comisiones de servicio….), un tercero sobre el Registro Civil y el último sobre la NOJ

Respecto a esta creación de los grupos de trabajo, CCOO ha exigido que la negociación que se vaya produciendo en los grupos de trabajo se traslade a la mesa sectorial y que el ministro adquiera el compromiso de que la negociación no se cerrará hasta el último día en que los proyectos de ley se vayan a aprobar por las Cortes Generales. Catalá ha afirmado con rotundidad que acepta la posición de CCOO y la negociación estará abierta hasta el último día.



CCOO ha reiterado su rechazo a falsas negociaciones, como lo sucedido en el mes de julio, cuando el equipo de Gallardón cerró, en una única reunión de la mesa sectorial, la negociación de toda la reforma de la LOPJ que pretendía, tal y como consta en el acta de dicha mesa (tras varias reuniones del grupo de trabajo, donde solo hubo intercambio de posiciones sin respuesta por los negociadores del Ministerio)
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El ministro de Justicia se compromete a mantener la actual estructura de partidos judiciales y continuará con la privatización del Registro Civil a favor de los Registradores


16 oct 2014


El Ministro de Justicia ha comparecido esta misma tarde en la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha realizado una larga intervención de una hora, donde ha explicado su programa para este año que le queda de legislatura.

Tras las intervención de los distintos grupos parlamentarios, ha vuelto a intervenir respondiendo a aquellos en las cuestiones que le han planteado.


Podéis ver* las intervenciones completas en los enlaces que hay a continuación.




Catalá Polo, Rafael (Ministro de Justicia) Visualizar vídeo diferido Descargar intervención
Olabarría Muñoz, Emilio (GV (EAJ-PNV)) Visualizar vídeo diferido Descargar intervención
Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU) Visualizar vídeo diferido Descargar intervención
Catalá Polo, Rafael (Ministro de Justicia) Visualizar vídeo diferido Descargar intervención



*Nota: es más que posible que en los ordenadores de los órganos judiciales no se puedan visualizar los videos.
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Primera intervención pública del Ministro de Justicia en el Senado: para CCOO Catalá comienza decepcionando profundamente



El lunes 14 de octubre,  en el Senado, intervino el ministro de Justicia respondiendo varias preguntas de senadores de grupos parlamentarios sobre el Registro Civil, la LOPJ y las tasas judiciales. Por tanto, fueron tres contestaciones cortas a tantas preguntas, que solo permiten extraer algunas conclusiones. Pero estas primeras conclusiones no son en absoluto esperanzadoras.

Su primera comparecencia pública ha generado para CCOO una honda preocupación. En relación a las preguntas de los senadores que le requerían sobre qué posición va a adoptar su Ministerio sobre la reforma de la LOPJ y si va a mantener la pretensión del exministro Gallardón de desmantelar los partidos judiciales actuales y los Juzgados de Paz, su contestación ha sido intencionadamente confusa, señalando: 

“La intención del Gobierno de presentar un proyecto de reforma de la LOPJ abordará muchas de las cuestiones pendientes en nuestra Administración de Justicia desde el punto de vista fundamentalmente organizativo y en relación con los profesionales.
(..) desde el diálogo con las corporaciones que representan a los profesionales de la justicia y con los partidos políticos (….)
Pero déjenos que valoremos el cambio que se ha producido en nuestra sociedad en las últimas décadas en el acceso de los ciudadanos a la justicia y al conjunto de los servicios públicos, seguramente cada vez más la administración electrónica y telemática nos permite no tener situados puntualmente a lo largo de todo el territorio las oficinas de la Administración Pública y, en este caso, de la Administración de Justicia…
(…)
Pero también hay cuestiones de ámbito organizativo que hay que modificar, tenemos una planta estructurada en el siglo pasado, modelos de organización de hace décadas, dejar las cosas en el estado actual en que se encuentran no es hacer un buen servicio a nuestra Administración de Justicia. Tenemos una firme voluntad reformista por eso el proyecto de ley de reforma de la LOPJ que presentará el Gobierno abordará todas estas cuestiones atendiendo a la permanencia de los partidos judiciales tal y como he planteado” 

Sobre el Registro Civil, ha señalado: 

"Estamos trabajando por un registro propio del tiempo actual, utilizando las nuevas tecnologías y facilitando esa relación con los ciudadanos"
En ningún momento ha manifestado que la posición del nuevo equipo del Ministerio de Justicia sea la de dar marcha atrás en el proyecto de Gallardón de privatizar los Registros Civiles. Por lo que nos tememos que su posición sea seguir adelante con la privatización de éstos, demostrando una vez más que esta decisión no era solo de Gallardón sino del mismo presidente del Gobierno.


Respecto a las tasas judiciales, no ha concretado en absoluto su decisión, pues se ha limitado a manifestar que "ajustará, modificará o corregirá", sin comprometerse a nada.


CCOO comienza a dudar de que el cambio de ministro en Justicia pueda significar un cambio de rumbo real en una política que se ha configurado esencialmente como un intento de proceder en una sola legislatura al desmantelamiento de la Administración de Justicia y la eliminación de los derechos del personal que presta sus servicios en ella.

En el caso de que el nuevo ministro de Justicia mantenga las mismas decisiones que su antecesor, CCOO mantendrá su oposición frontal y adoptará las decisiones oportunas para combatirlas.


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Catalá presentará la reforma del Poder Judicial en semanas y revisará la ley de tasas


15 oct 2014


Publicado en www.20minutos.es

  • El titular de Justicia ha manifestado su "firme propósito" y "compromiso" de presentar en las próximas semanas el proyecto de ley.
  • A su juicio, el texto englobará "un conjunto de materias de carácter organizativo y de profesionales que permitan mejorar la Justicia y los desafíos que enfrenta.
  • Sobre la Ley de Tasas Judiciales, ha dicho que se evaluará su impacto para ver si es necesario "ajustar, corregir o modificar" las tasas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este martes en el Senado que en las próximas semanas presentará el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Catalá ha hecho este anuncio tras responder en el Pleno de la Cámara alta a una pregunta del senador socialista Nicanor Jorge Sen Vélez sobre si Justicia tiene la intención de seguir adelante con la reforma del Poder Judicial por la que, entre otras cuestiones, se eliminarían los partidos judiciales.

En su primera intervención en el Senado desde su llegada al frente del departamento, el titular de Justicia ha manifestado su "firme propósito" y su "compromiso" de presentar en las próximas semanas el proyecto de ley que aborde "muchas de las cuestiones que tiene pendiente la Justicia". Así, ha precisado que el texto englobará "un conjunto de materias de carácter organizativo y de profesionales que permitan mejorar la Justicia y los desafíos que enfrenta en el siglo XXI".

En relación al futuro de los partidos judiciales, el ministro se ha limitado a mencionar que antes de proponer alguna modificación deberá "valorar los cambios que se han producido en la sociedad en las últimas décadas en cuanto al acceso de los ciudadanos a la Justicia".

No obstante, el senador le ha reprochado que la futura centralización de los partidos judiciales "afectará profundamente a las personas que viven en el medio rural al alejarle de las sedes judiciales" y, además, "mermará las economías de los pueblos" por la "importante fuente de ingresos" que suponen los abogados y procuradores que residen en estas áreas. 

Revisión de la ley de tasas

Por otra parte, Catalá ha reiterado su compromiso de "evaluar el impacto" de la Ley de Tasas Judiciales para determinar a la vista de los resultados si es necesario "ajustar, corregir o modificar" las tasas.

El ministro ha respondido de esta forma a una pregunta sobre la anunciada modificación de las tasas que ha formulado el senador Arcadio Díaz Tejera, quien en su primer día en esta cámara ha emplazado a Catalá a "destejer en un año lo que otro ha tejido en tres años".

El ministro ha descartado que la reforma del Registro Civil suponga una privatización
"No hay nada que destejer, vamos a continuar en los proyectos llevados a cabo estos dos años y medio", ha explicado el responsable de Justicia, que se ha comprometido a acudir a la Comisión de Justicia del Senado para explicar su 'hoja de ruta' al frente del Ministerio, como hará mañana en el Congreso.

Por último, el ministro ha descartado que la reforma del Registro Civil suponga una privatización ya que en caso de que finalmente se entregue su gestión a los registradores de la propiedad "éstos son funcionarios públicos".

Sin embargo no se ha pronunciado sobre si el Ministerio seguirá adelante con su propuesta de crear una corporación de Derecho público para gestionar el nuevo registro civil electrónico que, según ha denunciado el senador socialista Antonio Rodríguez, "se entrega a una empresa en concreto bajo un procedimiento millonario informático negociado y sin publicidad".

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Catalá defiende que los registros civiles ganarán en eficacia con la nueva reforma



Publicado en www.eleconomista.es

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este martes en el Senado que la reforma del registro civil permitirá que ganen en eficacia y se desjudicialicen.

Catalá se mostró comprometido en la mejora de su funcionamiento para que logren un funcionamiento "propio del siglo XXI y no del siglo pasado" con la incorporación de las nuevas tecnologías.

El titular de Justicia se expresó en estos términos en la contestación a una pregunta realizada por el senador socialista Antonio Julián Rodríguez sobre si el Ministerio de Justicia pretende seguir adelante con el proyecto de real decreto por el que se crea una corporación de Derecho público para gestionar el nuevo registro civil electrónico.

Catalá defendió que esta reforma permitirá que los registros civiles ganen en eficacia y se desjudicialicen. "Estamos trabajando por un registro propio del tiempo actual, utilizando las nuevas tecnologías y facilitando esa relacion con los ciudadanos", afirmó.

"Más de 425.000 nacimientos al año y casi 400.000 defunciones, que se articulan a través del registro civil, van a pasar a ser gestionados de manera electrónica sin necesidad de presencia física, de los padres o de los familiares", apuntó.

EL "NEGOCIETE" DE GALLARDÓN

Por su parte, el senador socialista argumentó que la misma semana que dimitió el exministro Alberto Ruiz-Gallardón "explotó en su ministerio otro enredo, de menor trascendencia pública que la reforma de la ley del aborto, que afectaba personalmente al presidente del Gobierno y a sus hermanos".

Rodríguez resaltó que se trataba de la decisión del Gobierno del pasado 4 de julio de encomendar a los "compañeros" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "la llevanza del registro civil con una discreta adjudicación millonaria de un nuevo y único sistema informático para todos los registros civiles españoles, bajo un procedimiento negociado y sin publicidad donde aparece", según manifestó dirigiéndose al ministro, "una empresa pública de ingeniería que al parecer usted conoce bien y un conocido suyo, el señor Diego Torres, también", dijo este senador en referencia al exsocio de Iñaki Urdangarin.

"Su proyecto genera duplicidades, problemas a régimen disciplinario y en el pago de cuotas. Los propios registradores le señalan que esta reforma integral de los registros entre ellos ha sembrado la discordia y atenta contra su independencia. El dimisionario ministro parece que no sólo quería una privatización sino además también un posible negociete", lamentó el senador.


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CCOO advierte al nuevo ministro que no aceptará la privatización del Registro civil y su entrega a los Registradores Mercantiles


13 oct 2014



CCOO advierte al nuevo ministro de Justicia que no aceptará de ningún modo el mantenimiento de la decisión de Gallardón y de Rajoy de entregar la gestión de  los Registros Civiles a los registradores mercantiles.


Para impedirlo, no bastan las palabras. A la denuncia presentada en solitario por CCOO ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno y el dimitido Gallardón por haber vulnerado presuntamente la legalidad en la decisión de otorgar la gestión de los Registros Civiles a los registradores mercantiles.

CCOO anuncia que va a impulsar además, entre otras actuaciones, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que logre el mantenimiento de los Registros Civiles como servicio público y gratuito y en el ámbito de la Administración de Justicia.


La ILP, recogida en el artículo 87.3 de nuestra Constitución y desarrollada en la LO 3/1984, consiste en que, mediante la recogida de más de 500.000 firmas, la ciudadanía exija al Gobierno la aprobación de una proposición de ley, en este caso, para impedir la privatización de los Registros Civiles.

El rechazo a la privatización del Registro Civil de prácticamente todas las organizaciones profesionales del ámbito de la justicia, distintas organizaciones sociales y ciudadanas, cientos de ayuntamientos y varios parlamentos autonómicos (mediante la aprobación en sus plenos de mociones propuestas por CCOO), así como de todos los partidos políticos excepto el PP, y el muy significativo varapalo que el Consejo de Estado da en su dictamen al proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Corporación Pública para el desarrollo del sistema registral electrónico, otorga optimismo para detener esta monstruosidad. Tras la denuncia ante la Fiscalía General del Estado presentada por CCOO en solitario, debemos dar un paso más, implicar a todas las organizaciones que rechazan la privatización del Registro Civil para lograr que llegue al Parlamento español esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), y así parar este desastre. Hay antecedentes como la ILP por la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, que logró una movilización social sin precedentes.

CCOO ha trasladado al nuevo ministro de Justicia como cuestiones fundamentales, junto a la oposición frontal a la privatización de los Registros Civiles, las siguientes reclamaciones:

  • Retirada del proyecto de reforma de la LOPJ. CCOO ha defendido y seguirá defendiendo el mantenimiento todos los partidos judiciales y órganos judiciales actuales y de todos los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones, la garantía del mantenimiento de todos los puestos de trabajo y de las retribuciones actuales, la prohibición expresa de imponer la movilidad forzosa fuera del municipio, que los actos de comunicación y ejecución seguirán siendo competencia exclusiva del personal funcionario de la Administración de Justicia.
  • Devolución de todos los derechos robados desde 2010, con establecimiento de la fecha efectiva para su restitución: el ministro de Justicia debe reclamar al ministro de Hacienda y AAPP y al presidente del Gobierno la recuperación del salario recortado en 2010, la devolución del 100% de la paga extra de diciembre de 2012 (no aceptamos ese ridículo 24 % de devolución que anuncia Montoro en la LPGE 2015), el abono del 100% del salario en caso de baja por IT, la reposición de todos los días de asuntos particulares y los días adicionales por antigüedad (tanto de asuntos particulares como de vacaciones), y todos los demás derechos hurtados.
  • Convocatoria en la OEP 2015 de todas las plazas vacantes de la Administración de Justicia de todos los cuerpos, cifradas en más de 10.000.
  • Derogación de la Ley de Tasas

CCOO también le ha reclamado al nuevo ministro:

  • Convocatoria urgente de la mesa sectorial de la Administración de Justicia para abordar la negociación de todas estas reclamaciones.
  • Recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años.
  • Modificación sustancial del proyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria (aprobado en consejo de ministros el 1 de agosto de 2014), suprimiendo la entrega a los notarios y registradores de procedimientos y tareas que deben seguir siendo competencia exclusiva de la Administración de Justicia.
  • Rectificación del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita (aprobado en consejo de ministros del 21 de febrero de 2014), garantizando la gratuidad en el acceso a la Administración de Justicia a toda la población sin recursos, y a todos los empleados/as públicos cuando acuden en nombre propio a realizar una reclamación en defensa de sus derechos.
  • Debe suprimirse también las costas en todos los procedimientos, con objeto de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, también del personal de las Administraciones Públicas
El nuevo ministro de Justicia interviene el próximo miércoles, 15 de octubre, en el Congreso de los Diputados para presentar sus propuestas para el año que resta de legislatura. CCOO ya le ha hecho llegar directamente estas demandas y reclamaciones, que son fundamentales para que comience a restaurarse la confianza entre los trabajadores y trabajadoras. Debe el Ministerio de Justicia ser capaz de dar un impulso para sacar de esta bochornosa situación a la Administración de Justicia, a la que se ha llegado en estos momentos por la tremenda incompetencia, egoísmo y falta de preocupación por los derechos de las personas de sus anteriores responsables, como el ex-ministro Gallardón. Pero ese impulso debe contar con las iniciativas necesarias como las que le hemos propuesto, cuya primera condición es que deben ser acordadas con el personal funcionario y laboral, nunca impuestas.
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En el 25 aniversario de los Tribunales Superiores de Justicia que se conmemora en estas semanas, trabajadores y ciudadanos no tenemos nada que celebrar y sí mucho por lo que luchar en la Justicia


30 may 2014


Cuatro años de recortes en la Administración de Justicia y en los derechos de los trabajadores, reformas ya aprobadas y proyectos de reformas en trámite que solo vienen a constatar un alejamiento de la Justicia del ciudadano, su encarecimiento y su privatización hacia otros sectores y colectivos (Registradores, Procuradores, Notarios…)

A lo largo de estas semanas se están conmemorando con diversos actos en todos los territorios los 25 años de existencia de los Tribunales Superiores de Justicia. TSJ que nacieron precisamente con la LOPJ de 1985 y con la aprobación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 y se pusieron en marcha definitivamente en 1989. Aquello que, sin duda alguna, fue un avance y dio un fuerte impulso a la Administración de Justicia dentro de la organización territorial autonómica, se sustentó en un fuerte consenso judicial y político a la hora de la aprobación de dichas leyes.

Sin embargo, hoy, 25 años después, los trabajadores y la ciudadanía no tenemos nada que celebrar pues en los últimos tiempos, fundamentalmente a partir de una “supuesta crisis” la Justicia española se está viendo mermada por un cúmulo de recortes y reformas (en base a una imperiosa necesidad de ahorrar costes para cumplir con los objetivos de déficit impuestos por la troika) y a las que solo podemos mostrar nuestro más enérgico rechazo. La última prueba de ello es el Anteproyecto de una nueva LOPJ que sustituirá a la anterior de 1985 (ley que ha sido en numerosas ocasiones reformada) y que pone patas arriba toda la organización judicial de este país.

Recortes como:
  • Recortes presupuestarios desde el año 2010.
  • Recortes en el empleo público con la congelación de oposiciones o la restricción de las mismas a una tasa de reposición del 10% que supone una ridícula oferta de empleo público 
  • Recortes en medios personales, en los derechos laborales y retributivos (que vienen a suponer hasta la fecha más del 30% de pérdida de poder adquisitivo, y se anuncian más) en infraestructuras, en medios tecnológicos, en edificios judiciales y sus condiciones de seguridad y salud,.. 

Reformas ya aprobadas como:
  • Ley de Tasas Judiciales, que ha supuesto un encarecimiento de la Justicia para el ciudadano y que ya ha provocado un importante descenso en los asuntos civiles y contencioso-administrativo, fundamentalmente en aquellos pleitos que afectan a ciudadanos particulares.
  • La Nueva Oficina Judicial: que después de su implantación en algunas ciudades sigue sin funcionar como venimos denunciando desde hace años.
  • Reforma del CGPJ: que recibiendo las críticas de todos los colectivos afectados, con ella sólo se constata un nuevo ataque a la independencia judicial y nuevamente se pierde una oportunidad para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, eso sí, manteniéndolos amordazados.

Reformas en trámite de aprobación como:
  • Reforma de la Ley de Justicia Gratuita: que encarece los requisitos para acceder a ella, dejando fuera a la mayor parte de la sociedad
  • Ley de Seguridad Ciudadana, que supone una mayor criminalización de la protesta ciudadana y otorga un mayor poder a los vigilantes de seguridad privados
  • Reforma del Código Penal, que suprime las faltas –la mayor parte de ellas serán consideradas sanciones administrativas-, castiga la protesta pero no así los delitos de guante blanco,
  • Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que pone en manos del colectivo privado de Procuradores actuaciones judiciales tan importantes como los actos de comunicación y de ejecución
  • Reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que pone en manos de colectivos como Notarios asuntos judiciales como testamentarías, divorcios de mutuo acuerdo sin hijos,…
  • Reforma del Registro Civil que pone en manos del colectivo privado de Registradores de la Propiedad y/o Mercantiles el registro civil, y que supone el vaciamiento de funciones de los Juzgados de Paz y Agrupaciones que implicará su desaparición inminente y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo en la Administración de Justicia
  • Y por último, el Anteproyecto de LOPJ (que probablemente será aprobada a finales de año según las intenciones declaradas del ministerio) cuyas líneas maestras son la implantación de los Tribunales de Instancia solo en las capitales de provincia, y que conllevaría la supresión de los partidos judiciales, de los registros civiles, de los Juzgados de Paz, de las Audiencias Provinciales, eliminación de numerosos órganos judiciales, que puede conllevar la desaparición de más de 12.000 puestos de trabajo, de los actuales centros de destino, reordenación de efectivos sin respeto alguno a la localidad de destino, movilidad geográfica y funcional forzosa, la no garantía de las retribuciones complementarias que actualmente se cobran por guardias, …

La política de recortes del gobierno y su agenda de reformas que reducen o restringen nuestros derechos y libertades, como trabajadores y como ciudadanos, pues todas ellas solo tienen como consecuencia un alejamiento de la Justicia del ciudadano y su encarecimiento que está provocando una justicia de doble velocidad, una justicia para el que se la pueda pagar y una privatización –ni tan siquiera encubierta- de servicios y asuntos judiciales en manos de colectivos privados como Registradores, Notarios, Procuradores. 

Realmente,... ¿QUÉ TENEMOS QUE CELEBRAR?


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Contra las reformas de Gallardón!! 22 de mayo ante la sede del PP


12 may 2014



CCOO, STAJ Y UGT CONVOCAN CONCENTRACIÓN EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014 A LAS 17 HORAS ANTE LA SEDE DEL PARTIDO POPULAR EN LA CALLE GÉNOVA DE MADRID.


¡¡¡CONTRA LA REFORMA DE LA LOPJ

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN!!!

La concentración ha sido ya comunicada a la Delegación de Gobierno, en tiempo y forma, y estamos esperando la comunicación de su autorización.
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La Plataforma "Justicia para Todos" se reune para continuar las movilizaciones


26 feb 2014



En la tarde de ayer ha tenido lugar reunión de la Plataforma Justicia para Todos con la participación de todos sus integrantes.

Por CCOO, ha asistido un representante de la Comisión Ejecutiva confederal y uno del sector estatal de la Administración de Justicia.

Entre las conclusiones de la reunión se ha acordado elaborar distintos documentos contra la privatización de los Registros Civiles, así como contra la reforma del Código Penal, el proyecto de Seguridad Ciudadana, el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la intervención de los procuradores en los actos de comunicación y ejecución, y además se elaborarán manifiestos sobre todas estas cuestiones en un breve plazo que permitan preparar el terreno para una convocatoria antes del verano de la Plataforma contra todos estos proyectos que demuestran que el Gobierno no solo ha cargado contra la tutela judicial efectiva, sino que además, es un ataque en toda regla a todos los derechos ciudadanos.


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Manifiesto unitario sobre las reivindicaciones del personal de la Administración de Justicia


13 sept 2013




HAY MOTIVOS….

En los últimos años, con la excusa de la crisis, el Ministerio de Justicia se ha lanzado a una loca carrera que sus representantes denominan reformista pero que encubre un verdadero proceso privatizador de la Administración de Justicia, en algunos casos presionado por lobbys profesionales muy bien situados en el Ministerio

Una reforma que no cuenta ni con el personal funcionario de Justicia, profesionales especialistas en procedimientos judiciales que es lo que nos define como Cuerpos de funcionarios en la LOPJ, ni con el personal laboral, a los que se nos ha marginado de los foros de discusión de estas medidas que afectan a nuestras condiciones de trabajo.  De todo este proceso será la ciudadanía y las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de la Administración de Justicia los que verdaderamente sufrirán las consecuencias de la misma:

  • Ley de tasas Judiciales e imposición de costas en contencioso administrativa.- que obstaculiza el derecho a la tutela judicial efectiva a los ciudadanos y que, pone trabas al acceso de los ciudadanos y del personal a los Tribunales en defensa de sus derechos.
  • Privatización del Registro civil para dejarlo en manos de Registradores y Notarios.- desaparición del servicio público gratuito, supresión de centros de destino, movilidad forzosa fuera del municipio y amortización de plazas lo que afectará al empleo público (tanto en las plazas de acceso por el turno libre como por promoción interna entre otras cuestiones).
  • Privatización de los actos de comunicación y de la ejecución a favor del colectivo de Procuradores otorgándoles el carácter de agentes de la autoridad y que provocará una importantísima amortización de plazas.
  • Reforma de la LOPJ.-vaciamiento de funciones de los cuerpos de justicia a favor de la privatización y mayor confusión de las funciones restantes sin reconocimiento alguno, movilidad forzosa fuera del municipio, amortización de plazas, desaparición de las sustituciones, …
  • Reforma de la Ley de demarcación y planta.- Tribunales de instancia y desaparición de los Juzgados de Paz, desaparición de los partidos judiciales, supresión de centros de destino, movilidad forzosa fuera del municipio y amortización de plazas, afectando al empleo público, promoción interna, concurso de traslados,… Y también alejamiento de la Justicia del ciudadano y su encarecimiento.

Y si todo esto fuera poco, los sucesivos Gobiernos, tanto central como autonómicos, han puesto a los empleados públicos en el punto de mira aplicando los recortes más salvajes de toda la democracia. Estos recortes han sido especialmente duros en la Administración de Justicia y, lo que es peor, nadie garantiza que hayan acabado:

  • Nos han reducido la nómina en algunos casos hasta el 9%.
  • Nos han congelado tres años seguidos los salarios y lo que queda por ver.
  • Nos han suprimido la paga extra de navidad de 2012. En algunos territorios, se va a repetir este año.
  • Nos han congelado las oposiciones, amortizado plazas, cesado a numeroso personal interino,
  • Nos han incrementado la jornada laboral.
  • Nos han quitado 6 días de asuntos particulares
  • Nos han quitado los días de asuntos particulares adicionales a partir del 6º trienio
  • Nos han quitado los días de vacaciones adicionales a partir de los 15 años de servicios.
  • Nos han quitado prestaciones de la MUGEJU y han reducido drásticamente el resto.
  • Nos pretenden barrer de los órganos de control de la MUGEJU para poder seguir  recortando sin que los mutualistas puedan decir nada y, luego, para suprimirla.
  • Nos han quitado retribuciones cuando tenemos la desgracia de caer enfermos discriminándonos respecto de Jueces y Fiscales.
  • En algunos ámbitos territoriales, además nos han suprimido las aportaciones al plan de pensiones y la acción social. En otros, estas cuestiones, que tributan como salario, han sido reducidas sustancialmente.
  • En algunos ámbitos territoriales, nos han quitado complementos y pluses.

Desde que se anunciaron los recortes, los sindicatos más representativos en la Administración de Justicia hemos convocado varias movilizaciones, concentraciones, dos manifestaciones estatales así como movilizaciones propias en cada comunidad autónoma, sin que el Ministerio haya cejado en su empeño de controlar la Justicia, suprimir derechos del personal funcionario y laboral y de los ciudadanos en ese proceso que denomina “reforma de la Justicia”.



Por todo lo anterior, los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT, creemos que es necesario incrementar la contundencia de las movilizaciones, desde paros parciales hasta llegar a una huelga indefinida y queremos contar con tu apoyo.

OBJETIVOS DE LAS MOVILIZACIONES

Exigimos al Ministerio de Justicia que garantice el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, que asegure, como mínimo, todas las retribuciones por cualquier concepto, incluidas las pagas extras, del personal funcionario y laboral, y la recuperación de las pérdidas retributivas realizadas desde 2010, así como que se comprometa a no utilizar, en ningún caso, la movilidad geográfica forzosa del personal.

En este sentido, solicitamos también:

  1. Recuperación de los derechos retributivos y laborales perdidos en los últimos años.
    1. Recuperación de los días de asuntos particulares como se ha logrado en otras Administraciones,
    2. Recuperación de los descuentos retributivos del año 2010.
    3. Reconocimiento de la irretroactividad de la supresión de la paga extra y reintegro de la misma a los funcionarios de Justicia.
    4. Supresión de la condena en costas en los procedimientos judiciales de reclamación de derechos laborales y estatutarios que afecten a los trabajadores y trabajadoras.

  1. Por un régimen de incapacidad temporal que no discrimine a los funcionarios de Justicia ni al personal laboral. Como mínimo equiparación en todos los ámbitos territoriales a las condiciones de Jueces y Fiscales.

  1. Negociación real, con voz y voto, en las reformas de la Administración de Justicia. No a la supresión de las cabeceras de partido judicial y por el mantenimiento de la Justicia de Paz.

  1. En defensa del servicio público de la Administración de Justicia prestado por personal de Justicia: NO A LA PRIVATIZACIÓN del Registro civil y de los actos de comunicación y de la ejecución.                                                                                                         


 Septiembre de 2013
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