Llevamos
tres años (2018, 2019 y 2020) sin que el ministerio realice los reconocimientos médicos a
los que está obligado por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, por la que debe ofrecer (al ser voluntario) un reconocimiento
médico periódico (entendemos que anual)
Los
relativos al año 2017 (cuyo plazo de presentación de solicitudes
finalizó el 30.09.2017), se llevaron a la práctica durante el primer
trimestre de 2018.
Y la convocatoria del 2018 se llevó a cabo, (el 5 de noviembre de ese año fue la fecha tope para presentar la solicitud), y nunca se realizaron.
El examen de salud debe ser un instrumento
fundamental para llevar a cabo nuestra Vigilancia de la Salud. Deben ser
reconocimientos médicos específicos llevados a cabo por personal sanitario
cualificado, que incluyan una serie de exploraciones médicas y pruebas
complementarias y analíticas, cuyo objetivo sea detectar precozmente y evitar
problemas de salud, fundamentalmente en relación con los riesgos de cada puesto
de trabajo.
CCOO
ha venido preguntando y exigiendo su realización en todas las reuniones
del Comité de Seguridad y Salud Laboral, desconociendo el propio
ministerio qué iba a ocurrir con los mismos. Tanto la Unidad de
Coordinación de Riesgos Laborales, como la sección de Obras de la
gerencia de Valladolid (que se encargan de organizarlo), en sus
respectivas memorias, y en las planificaciones que realizan, indican
como una de sus tareas, la realización de reconocimientos médicos a lo
largo del año por el Servicio de Prevención Ajeno, pero NO
se han realizado.
La
memoria de 2019 de la Unidad de Recaudación de Riesgos Laborales del
ministerio, (la del año 2020 aún no está elaborada) dice que en ese año se realizaron 2.263 reconocimientos
médicos en la zona ministerio
(533 en el 2018), a través de la Sociedad de Prevención QUIRÓN
PREVENCIÓN S.L.U.;
y respecto a las cinco provincias de la gerencia de Valladolid, hicieron 168 en en el 2018 y 181 en el 2019, pero ¿cuándo? ¿a quién?.
Para CCOO, nunca
había sido tan necesario llevar a cabo estos reconocimientos médicos,
en los cuales se debe realizar todo tipo de test en relación al Covid19.
No puede ser que Quirón se dedicase en el mes de junio de 2020 a reconocer por
teléfono la buena salud que tenían los integrantes de los grupos de riesgo,
para que volviesen presencialmente a sus puestos de trabajo, sin
verificar si se habían adoptado las medidas de prevención necesarias, y
que desde el mes de septiembre de 2020 realice tareas administrativas para controlar los
casos de positivos y contactos estrechos del personal de Justicia,
(cuando lo hace, y también vía telefónica), y no lleve a cabo su función
esencial, que es el reconocimiento médico y la realización de test
relativos al Covid19.
En la segunda semana del pasado mes de noviembre, CCOO nos dirigimos de nuevo al ministerio por escrito registrado
(remitido a la Subdirección
general de Acceso y Promoción del Personal de la Administración de
Justicia, hasta el Gabinete del Ministro, pasando por la Dirección
general para el Servicio Público de Justicia) reclamando la realización de los reconocimientos médicos periódicos a
los que está obligado por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, así como la inclusión en los mismos de la realización de test PCR.
Recibimos contestación por parte de la Unidad de Coordinación de Riesgos Laborales de
la Administración de Justicia
del Ministerio de Justicia, a la petición de CCOO, y nos decía:
En respuesta a su escrito informar, la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 22 establece que "el
empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos
inherentes al trabajo", la periodicidad debe establecerse por tanto en
función de dichos riesgos. Por circunstancias ajenas a la UCRL, ha existido un
periodo transitorio en la contratación de la Vigilancia de la salud con
un servicio de prevención ajeno, este periodo se ha visto agravado con
la aparición de la pandemia por coronavirus
que paralizó todos los contratos pendientes de resolución y de
ejecución, la pandemia así mismo ha hecho que haya que modificar alguna
de sus cláusulas del contrato para adaptación a esta nueva situación. Se
está trabajando, con la mayor celeridad posible,
en la tramitación del expediente. Se debe tener en cuenta la
complejidad del objeto del contrato y de su ámbito subjetivo, así como
la excepcionalidad de la situación sanitaria en que estamos inmersos, lo
que no facilita la gestión administrativa
CCOO ante
tal planteamiento, ha decidido no esperar más, y presentar una nueva
DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, para que por ésta se requiera al
ministerio a su realización; y cuyo relato de los hechos es el
siguiente:
1. Desde el ejercicio
del año 2018, el Ministerio de Justicia NO está realizando los reconocimientos
médicos periódicos que establece la ley de PRL, como se habían estado llevando
a cabo, de forma anual hasta el año anterior, aunque fuera con un retraso importante
de varios meses, de tal manera que los del ejercicio de un año se practicaban
en el primer trimestre del año siguiente.
2. Como consecuencia
de esta inacción del ministerio, el personal de la Administración de Justicia
de la provincia de Valladolid, que en estos momentos asciende a la cifra de 660
profesionales (2.500 en CyL, y 10.000 en zona ministerio), entre los cuerpos generales, especiales y el cuerpo superior jurídico
de Letrados de la AJU, entre ellos médicos forenses y auxiliares de autopsia,
están sin haberse podido someterse de forma voluntaria a dichos reconocimientos
médicos de vigilancia de la salud, sin que por parte del ministerio pueda
justificar su no realización en los últimos tres años, ni siquiera por la
situación provocada por la pandemia del Covid19, dado que ya dos años antes no
se estaban llevando a cabo.
3. Durante estos
últimos años, se han realizado reconocimientos médicos solo para la adaptación de
puestos de trabajo, reincorporación tras IT laboral de larga duración, y nuevo
ingreso de trabajadores de especial peligrosidad, como es el caso de los IML,
en palabras de los integrantes de la Unidad de Coordinación de Riesgos
Laborales del Ministerio de Justicia, lo que supone en un escasísimo porcentaje
del total del personal de Justicia en la provincia de Valladolid. Y a pesar de
que en las memorias y en las programaciones anuales del ministerio en materia
de seguridad y salud laboral, se prevé la realización de los mismos.
4. La actividad que se
desarrolla en las sedes judiciales, y fuera de ellas, con una alta exposición
de cara al ciudadano, se ha incrementado con la actual situación de pandemia,
más cuando determinadas actuaciones se realizan por médicos forenses y
auxiliares de autopsia, o con desplazamientos a los domicilios de los
particulares, para el reconocimiento de incapacitados, o por llevar a cabo otro
tipo de actuaciones judiciales con mucha exposición al público, caso del
servicio que se presta por el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución,
por el Registro Civil, por las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz,
por el Juzgado de Guardia y por el de Violencia sobre la Mujer.
5. Los delegados de
prevención de riesgos laborales de CCOO en los Comités de Seguridad y Salud, han reclamado en numerosas ocasiones a la
representación de la Administración, la realización de estos reconocimientos
médicos en todas y cada una de sus reuniones, desde 2018.
Y
todo con el fin de que desde la Inspección de Trabajo se requiera al
Ministerio de Justicia a poner fin a esta desidia de los tres últimos
años, y contrate de forma urgente la realización voluntaria de los
reconocimientos médicos al personal de Justicia.
