La Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la
Administración de Justicia, con
José Ramón Crespo Sánchez al frente, hace caso omiso de las peticiones de
mantener una reunión con el personal laboral que integra los Equipos
Psicosociales de la Administración de Justicia, y de sus representantes
sindicales, siendo CCOO, quién ha visibilizado las carencias que sufren en todo
el Territorio No Transferido del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla La
Mancha, Islas Baleares, Murcia, Extremadura y Órganos Centrales (Tribunal
Supremo, Audiencia Nacional y Fiscalía General del Estado).
Estos trabajadores denuncian, que
llevan más de dos años intentando
acordar con la Subdirección una reunión que permita establecer unas
directrices claras y fundamentales a la hora de valorar de forma
interdisciplinar y eficaz los procedimientos judiciales en los que participan
(materia civil, violencia de género y penal)
Esta Subdirección se ha caracterizado por mirar a otro lado, no
reuniendo la mesa de negociación sin al menos escuchar y llegar a un acuerdo
con los representantes trabajadores, a pesar de que CCOO, lo ha reclamado en
numerosas ocasiones.
Estos Equipos Psicosociales ofrecen un destacado e importante servicio de auxilio a la Justicia y la
justificación de su existencia se debe a las peculiaridades de los mencionados
procesos judiciales, especialmente cuando existen menores de edad. Unos
procesos con componentes emocionales, psicológicos y sociales, que no se suelen
presentar en otro tipo de controversias, y en los que, entre otras cuestiones,
las vidas de los menores se verán afectadas y condicionadas por la decisión
final que adopte el juez.
Pues bien, a día de hoy, el Ministerio de Justicia sigue sin regular a
estos profesionales, además de no responder a las demandas y necesidades que
plantean para ejercer su labor con garantías. Su marco jurídico es una
exigua referencia en el Código Civil, manteniéndose, por tanto, en un claro VACIO LEGAL, implicando con ello,
además, que los derechos y deberes que incumben a quienes se someten al estudio
psicosocial, no se encuentren protegidos.
Es preciso mencionar, por otra
parte, que en la Administración de Justicia existe el Cuerpo Especial de
Médicos Forenses cuyas funciones son, la asistencia técnica a juzgados,
tribunales y fiscales con el objetivo de emitir informes y dictámenes dentro de
su especialidad. Este mismo, es el objetivo de los colectivos forenses de
Psicólogos y Trabajadores Sociales, por lo que no se entiende que la
Administración siga sin articular su regulación.
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