LOS EQUIPOS PSICOSOCIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA REIVINDICAN UNA REGULACIÓN LEGAL


2 mar. 2019



La Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia, con José Ramón Crespo Sánchez al frente, hace caso omiso de las peticiones de mantener una reunión con el personal laboral que integra los Equipos Psicosociales de la Administración de Justicia, y de sus representantes sindicales, siendo CCOO, quién ha visibilizado las carencias que sufren en todo el Territorio No Transferido del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla La Mancha, Islas Baleares, Murcia, Extremadura y Órganos Centrales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Fiscalía General del Estado).

Estos trabajadores denuncian, que llevan más de dos años intentando acordar con la Subdirección una reunión que permita establecer unas directrices claras y fundamentales a la hora de valorar de forma interdisciplinar y eficaz los procedimientos judiciales en los que participan (materia civil, violencia de género y penal)  Esta Subdirección se ha caracterizado por mirar a otro lado, no reuniendo la mesa de negociación sin al menos escuchar y llegar a un acuerdo con los representantes trabajadores, a pesar de que CCOO, lo ha reclamado en numerosas ocasiones.

Estos Equipos Psicosociales ofrecen un destacado e importante servicio de auxilio a la Justicia y la justificación de su existencia se debe a las peculiaridades de los mencionados procesos judiciales, especialmente cuando existen menores de edad. Unos procesos con componentes emocionales, psicológicos y sociales, que no se suelen presentar en otro tipo de controversias, y en los que, entre otras cuestiones, las vidas de los menores se verán afectadas y condicionadas por la decisión final que adopte el juez.

Pues bien, a día de hoy, el Ministerio de Justicia sigue sin regular a estos profesionales, además de no responder a las demandas y necesidades que plantean para ejercer su labor con garantías. Su marco jurídico es una exigua referencia en el Código Civil, manteniéndose, por tanto, en un claro VACIO LEGAL, implicando con ello, además, que los derechos y deberes que incumben a quienes se someten al estudio psicosocial, no se encuentren protegidos.

Es preciso mencionar, por otra parte, que en la Administración de Justicia existe el Cuerpo Especial de Médicos Forenses cuyas funciones son, la asistencia técnica a juzgados, tribunales y fiscales con el objetivo de emitir informes y dictámenes dentro de su especialidad. Este mismo, es el objetivo de los colectivos forenses de Psicólogos y Trabajadores Sociales, por lo que no se entiende que la Administración siga sin articular su regulación.


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