En
el día de ayer, el ministro de Justicia, incapaz de que los
profesionales de la misma, seamos declarados personal esencial en el
proceso de vacunación contra el Covid19 (si lo eramos hace un año),
anunció que "el futuro anteproyecto de ley de eficiencia organizativa recoge un nuevo periodo inhábil para las
actuaciones judiciales, del 24 de diciembre
al 1 de enero, que se suma a los días ya previstos por la ley actualmente".
Este
verano pasado, el de 2020, sufrimos una situación rocambolesca, cuando
habiendo sido declarado hábil buena parte del mes de agosto, desde el
propio ministerio y CGPJ, se hizo todo lo posible para que el mismo
fuese inhábil, obligando a buena parte del personal a disfrutar de sus
vacaciones en ese mes, e impidiendo la celebración de vistas al estar
ausentes los Magistrados/as de sus puestos de trabajo por igual motivo.
El ministro hizo el ridículo de cara a la opinión pública, intentando
engañar a la misma, pues la intención de recuperar el retraso por la
suspensión de los plazos procesales motivado por el Covid19, fue baldío,
sumándonos en nuevo "confinamiento" voluntario por decisión unilateral
del ministerio.
Para
2021 se recuperará el carácter inhábil del mes de agosto (todo un mes
paralizada la Justicia, en buena parte, al impedir la notificación), al
que se sumará este año un periodo a finales de año, que en la práctica
es declarar inhábil tres días laborales, que bienvenidos son si es en
beneficio de la conciliación de todos/as, pero que debe venir
articulado, en el siglo XXI, por la modificación y reducción de estar
todo un mes de agosto con carácter real de inhábil.
¿Se
le ocurrirá al ministro obligar al personal de Justicia a estar de
permiso esos días de diciembre sí o sí? ¿a establecer un porcentaje
altísimo de obligatoriedad de disfrute de permiso en esas fechas?
Y mientras tanto, esperando que el día a día de la Justicia del 2021, funcione al menos correctamente.
