Anunciado el levantamiento de la
suspensión de los plazos procesales a partir del 4 de junio
EL MINISTERIO
DE JUSTICIA, AMPARADO POR EL GOBIERNO, TOMA ESTA DECISIÓN CON ABSOLUTO DESPRECIO
A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS A QUIENES NI CONSULTA NI INFORMA Y A QUIENES
SIGUE SIN GARANTIZAR LA PROTECCIÓN PLENA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA EVITAR
LOS CONTAGIOS POR COVID-19
Desde
el 23 de abril, hace casi un mes, el ministerio está ocultando los datos de
contagio en la Administración de Justicia y sigue sin aceptar que las
medidas de protección son obligatorias y que donde no se cumplen no se puede
trabajar
El
Consejo de Ministros/as de ayer, a propuesta del Ministro de Justicia, acordó
incorporar a la prórroga del Estado de Alarma, que se somete hoy a la
aprobación del Congreso, la reanudación de los plazos procesales a partir del 4
de junio. Esto supondrá que todas las actuaciones judiciales se podrán llevar a
cabo como si estuviéramos en un estado de absoluta normalidad. La realidad, sin
embargo, es muy diferente.
Para
atender todas las actuaciones judiciales, sin ninguna limitación, es necesario,
al menos, el trabajo del 100% de las plantillas y todo el mundo sabe, incluso
el ministro, que en muchísimos centros de trabajo es imposible la presencia
toda la plantilla (más público y profesionales) garantizando la distancia de
seguridad de 2 metros.
CCOO hemos reiterado hasta la saciedad:
·
que es
imprescindible que los Servicios de Prevención con la participación de los/as
delegados/as de prevención evalúen el aforo de las oficinas antes de disponer
la incorporación de más plantilla presencial,
·
que de forma
inmediata debe procederse por el ministerio y las CCAA a la compra o alquiler
de nuevos edificios que permitan la incorporación de la plantilla con garantías
para su salud,
·
que mientras dure
la alerta sanitaria sea obligatorio en todos los territorios la implantación,
previamente negociada, de sistemas de teletrabajo,
·
que, ante la
imposibilidad de atender todos los asuntos, se priorice aquéllos que afectan a
los colectivos más desfavorecidos (trabajadores/as frente a empresas y
administraciones, colectivos afectados directamente por la pandemia, mujeres
víctimas de la violencia machista, menores, etc.) y no se practiquen otras
actuaciones hasta que éstas prioritarias estén “al día”,
·
que no se
vulneren los derechos del personal con jornadas de tarde obligatorias o
procesos de movilidad forzosa,
·
que el ministerio
cumpla su obligación legal de vigilar la salud de su personal, lo que solo
puede hacerse mediante la realización de test que determinen los contagios y
eviten su propagación.
El
ministro Juan Carlos Campo ha optado desde el principio de la pandemia a tomar
sus decisiones sobre nuestra salud en el trabajo tratándonos como a un rebaño
de animales que se lleva y se trae al antojo de los pastores, anteponiendo a
nuestro derecho a la salud, la reactivación a toda costa de una ficticia
normalidad en la tramitación de los procedimientos. Ha ignorado la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto Básico del Empleado Público
incumpliendo sus obligaciones legales de consulta, participación, información y
negociación colectiva.
Es
extremadamente grave (e ilegal a juicio de CCOO) que desde hace casi un mes los trabajadores
y las trabajadoras no tengamos conocimiento del número de personas contagiadas
por el coronavirus en la Administración de Justicia, dato que el ministerio nos
oculta de forma deliberada, como así lo hemos denunciado, junto al resto de
incumplimientos de la ley, ante la Inspección de Trabajo a la que hemos
solicitado que se exijan las responsabilidades administrativas y, en su caso,
penales y civiles que pudieran derivarse de la actuación de las personas
responsables.
CCOO también tenemos como objetivo que el Servicio Público
de la Administración de Justicia se reanude lo antes posible en las mejores
condiciones para la ciudadanía, especialmente en lo que afecta a los colectivos
más desfavorecidos, pero eso, Sr. Ministro, no puede hacerse a costa de la
salud del personal. Hay otras formas de hacerlo y las que está ordenando
unilateralmente el ministro Campo están en un camino absolutamente equivocado.
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