NO DE CCOO AL DOCUMENTO PLANTEADO POR EL MINISTERIO DE
JUSTICIA PARA LA DESESCALADA
CCOO rechaza el plan
presentado por el Ministerio de Justicia tras la negociación, que entraría en
vigor a partir del martes 12 de mayo, porque las medidas que contiene impiden,
entre otras cuestiones esenciales para la salud del personal, la paralización
temporal de la actividad cuando hay riesgo cierto de contagio
Desconocemos
si el ministerio mantendrá estas medidas tras el rechazo sindical o si, por el
contrario, adoptará irresponsablemente otras que puedan perjudicar aun más la
protección de nuestra salud
CCOO ACUSA AL
MINISTERIO DE JUSTICIA DE PRIORIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS
PLAZOS PROCESALES SOBRE LA SALUD DE LAS MÁS DE 55.000 PERSONAS TRABAJADORAS DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El
Ministerio de Justicia se niega a reconocer que la Administración de Justicia
tiene que cumplir estrictamente con lo que establezca la Autoridad Sanitaria
para cada ámbito territorial: no se puede
aceptar que algunas localidades o territorios sigan en la fase 0 y los
servicios de Justicia de esa localidad en la fase 1, como si el personal de
Justicia y quien tenga que acudir a las sedes judiciales fueran ciudadanía de
segunda, que no tienen derecho a la misma protección de su salud que el resto
El
Ministerio de Justicia dio unilateralmente por terminadas en la tarde de ayer
las negociaciones para la desescalada en la Administración de Justicia, a
sabiendas de que no había posibilidad de acuerdo con las organizaciones
sindicales y de que CCOO insistimos en continuar negociando hasta
alcanzar dicho acuerdo.
CCOO hemos defendido las propuestas del personal de
justicia durante la negociación, basadas todas ellas en la defensa de la salud del personal y en la no imposición unilateral y sin
participación del colectivo afectado y sus representantes de medidas laborales
que afectan a nuestra salud por los órganos de gobierno de la judicatura.
CCOO ha
exigido al ministerio el uso obligatorio de mascarillas para el todo el personal,
público y profesionales y de mamparas para la atención al público. Hemos
pedido que las medidas preventivas sean de obligado cumplimiento por la
administración y por el personal y que donde no se cumplan se paralice
temporalmente la actividad hasta que se subsanen las deficiencias. TODAS
ESTAS PROPUESTAS DE CCOO TAMBIÉN HAN SIDO
INCOMPRENSIBLEMENTE RECHAZADAS.
HEMOS CONOCIDO QUE EL CGPJ HA ALCANZADO UN ACUERDO CON LA EMPRESA QUE
GESTIONA SU SERVICIO DE PREVENCIÓN PARA
LA REALIZACIÓN DE TEST A TODO EL PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL
CCOO EXIGIMOS AL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE NO PERMITA QUE NINGUNA ÉLITE PUEDA
DISPONER DE TEST MIENTRAS NO ESTÉN DISPONIBLES PARA EL CONJUNTO DE LA
CIUDADANÍA
EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PERMITIR QUE UNAS POCAS PERSONAS
PRIVILIGIADAS TENGAN ACCESO AL TEST MIENTRAS SE LE NIEGA A LA MAYORÍA DEL
PERSONAL ES UNA AUTÉNTICA DESVERGÜENZA.
SI EL MINISTRO DE JUSTICIA ES INCAPAZ DE CORREGIR ESTA IGNOMINIA DEBE
HACERLO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. Y DE FORMA INMEDIATA
De
acuerdo con el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la
Abogacía, el ministerio tiene ya tomada la decisión de levantar la
suspensión de los plazos procesales en los próximos días, aunque sigamos en
estado de alarma, y ese es el motivo por el que dicen que no pueden aceptar que
la desescalada sea asimétrica por territorios como se va a hacer para el
conjunto de la ciudadanía dependiendo de la incidencia del virus en las
distintas zonas.
UNA VEZ MÁS, HAN ANTEPUESTO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NO ESENCIALES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS como ya están haciendo desde que aceptaron
la presentación de escritos y la práctica de diligencias no esenciales,
incluyendo la práctica de actos de comunicación y ejecución no telemáticos que se
niegan a prohibir como CCOO ha propuesto
insistentemente.
Y lo mismo ocurre con los Registros Civiles, donde obligarán (a
criterio del/la LAJ y sin participación de la representación del personal) a
que acuda desde este mismo martes el 100% de las plantillas en todas las
localidades (estén en la fase 0 o en la fase 1 de las establecidas por el
Gobierno), aun sabiendo que muchas de las diligencias que allí se practican ni
son esenciales, ni afectan a derechos fundamentales, ni causan ningún perjuicio
irreparable a la ciudadanía.
En cuanto a las medidas preventivas, las planteadas se
establecen de una forma vaga y poco concisa y no son más que una mala copia de
las establecidas con carácter general por la autoridad sanitaria, a la que, sin
embargo, no hacen caso en la obligación que también tienen de evaluar los
riesgos en cada una de las oficinas y puestos de trabajo y, tras esa evaluación
de riesgos, disponer las medidas preventivas necesarias para evitar o
reducir al máximo posible el riesgo de contagio; esto es lo que dice la
Ley, lo que dicen las autoridades sanitarias, lo que propone CCOO y lo que se niega a aceptar el Ministerio de
Justicia.
Básicamente,
las medidas preventivas que plantea el ministerio se reducen a guardar la
distancia de seguridad entre el personal y con el público de 2 metros, aun
cuando saben que esta medida es en la práctica imposible de garantizarse en la
inmensa mayoría de los centros de trabajo, donde el movimiento del personal
para acceder a las impresoras, fotocopiadoras, teléfonos, aseos, etc., es
constante y donde público y profesionales acaban teniendo que acercarse más de
esos dos metros para la práctica de diligencias y celebración de vistas y
comparecencias.
Todo
ello justifica plenamente la oposición de CCOO
a las medidas que pretende establecer el Ministerio de Justicia que, sin
insiste en ello, tendrá que hacerlo sin contar con el acuerdo de los
trabajadores y las trabajadoras cuya salud tiene la obligación de proteger.