La Sala de Gobierno del TSJCyL, tras la reunión celebrada
ayer y después de analizar el escrito de la secretaría general del CGPJ
de 16 de abril de 2020, ha remitido las alegaciones solicitadas en
relación con colectivos especialmente vulnerables dentro del Plan de
Choque de la Justicia para paliar los efectos de la pandemia COVID-19.
Pero también, ha querido dejar constancia de su preocupación al
comprobar el levantamiento parcial de las limitaciones de la actividad
judicial no se ve acompañado de la adaptación de las plantillas
presenciales a las nuevas exigencias.
En concreto, la Sala ha mostrado su inquietud al ver que el Acuerdo
de la Comisión Permanente del CGPJ de 10 de abril sobre levantamiento
parcial de las limitaciones establecidas con anterioridad en el
desarrollo de la actividad judicial, no es seguido por “la correlativa
medida de adaptación de las plantillas presenciales a las exigencias del
nuevo marco de actividad, desajuste que provocará el colapso total de
la Justicia española en muy poco tiempo”.
“La escasa dotación presencial que en la actualidad sirve en las
sedes judiciales no es, siquiera, suficiente para llegar a discriminar
de entre los escritos que ingresan desde el pasado día 15, cuáles son de
naturaleza urgente, dificultando así su remisión al órgano destinatario
y su satisfacción por el titular del mismo, frustrando el derecho a la
tutela judicial efectiva que ampara a todos los ciudadanos”.
El Alto Tribunal de Castilla y León entiende que, por ello, se
deberían de adoptar las medidas necesarias que posibiliten dar solución
al problema apuntado, sobre la base de que la asistencia presencial a
los órganos judiciales debe siempre acomodarse a las recomendaciones
impartidas por la autoridad sanitaria y debe responder en particular a
“la necesidad de minimizar el riesgo de un impacto incontrolado e
irreversible de la situación de emergencia extraordinaria que se sigue”.
Respecto a la reactivación todas las vistas públicas, el Alto
Tribunal ha destacado que resulta una medida “imprescindible a partir
del mismo día en el que se levante el Estado de Alarma, y no antes”.
Incluso, ha recomendado habilitar el horario de tarde (del mes de agosto no hablan) “con objeto de
poder actualizar la pendencia acumulada en estos meses (¿?), siempre y cuando
se adopten las medidas materiales y personales de seguridad
necesarias”.
Está claro que algunos viven en los "mundos de Yupi", comodamente en sus casas, con coche oficial, alejados de la realidad del día a día, y de lo que está siendo esta pandemia, que es un problema de salud, y de no servicio público.
Que no se preocupen tanto por la adaptación de las plantillas presenciales, que ya otros estamos trabajando y preocupados para que sea de la mejor manera posible, pausada, y sobre todo, SEGURA.
Si hay colapso judicial, no será por los profesionales que trabajamos en la Administración de Justicia, sino por la incapacidad de algunos cargos judiciales que juegan a ser políticos, alejados durante años de lo que es el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales; así como, de la incompetencia que exista a nivel administrativo-gubernativo, de no llegar a acuerdos para que no todas las reclamaciones por el Covid-19 lleguen a la vía judicial, como sí ocurrió con las cláusulas abusivas.
Es de "locos" pensar que tras el levantamiento del estado de Alarma, habrá vistas como si nada; esta pandemia, Sres./as, va a cambiar muchas cosas, algunas deberían haber desaparecido hace mucho del mundo de la Justicia, y así va a ser. Quieren horarios de tarde, pero no hablan de habilitar el mes de agosto, mes en el que todos los juzgados de este país permanecen abiertos y trabajando.
Lamentable el comunicado del órgano de gobierno del TSJ de CyL, más en concreto, de su Comisión Permanente, que en vez de velar por la Justicia y la salud de los profesionales que la integran, para poder prestar el servicio público al que nos debemos, parece que están protegiendo otros intereses ajenos a la misma.
