El Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
Covid-19, aprobado por el Consejo de Ministros esta mañana, obliga al
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, a aprobar medidas de
agilización procesal tras el levantamiento del estado de alarma con el
objetivo de contribuir a la recuperación económica tras la crisis de la
pandemia.
La disposición adicional 19ª de la norma establece que “una vez que
se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las
prórrogas del mismo”, el Gobierno aprobará “a la mayor brevedad posible y
en todo caso en el plazo máximo de 15 días”, un plan de actuación para
agilizar la actividad judicial en los juzgados y tribunales del orden
social y contencioso-administrativo, así como en los juzgados de lo
mercantil, dentro de la estrategia de transición del Ejecutivo tras el
fin de las medidas excepcionales.
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