El Ministerio de Justicia ha diseñado un anteproyecto de ley que obligará a intentar un proceso de mediación antes de acudir a los juzgados en casos como las separaciones y los divorcios, las sucesiones, el impago de alquileres o hipotecas o las reclamaciones de cantidades inferiores a 2.000 euros.
Según el anteproyecto, el objetivo es
fomentar la resolución extrajudicial de conflictos en materia civil y
mercantil, tras comprobar que la norma que se aprobó en 2012 para
implantar ese modelo con carácter voluntario no ha tenido el impacto
esperado.
Lo que se
quiere ahora es establecer una "obligatoriedad mitigada", es decir, que
sea obligatorio para las partes acudir a una sesión de mediación
informativa y de exploración antes de interponer algunas demandas, o
cuando el juez lo considere conveniente en el transcurso de un proceso.
Además de en las separaciones y divorcios y los
procedimientos sobre la guardia y custodia de los hijos menores o
prestaciones para ellos, sería obligatorio intentar la mediación en los
conflictos por derechos reales entre vecinos o herederos, la división de
patrimonios, las sucesiones, la propiedad horizontal y los
arrendamientos.
En el anteproyecto se apuesta también por obligar a
probar la mediación en asuntos en los que la discrecionalidad del juez
es elevada, como las indemnizaciones por negligencia profesional o los
contratos de obras; y en las reclamaciones entre particulares por
cantidades inferiores a 2.000 euros que no sean casos de consumo, ya que
el coste del juicio podría ser superior al valor de la demanda.
Someterse
a la mediación, seguirá siendo voluntario: sólo
se obligará a una "sesión informativa", en la que el mediador explicará
el procedimiento, y una "sesión exploratoria" -que puede celebrarse
junto a la primera-, en la que se expondrá los ejes del conflicto y el
mediador podrá evaluar junto a las partes la idoneidad de iniciar un
procedimiento que evite el juzgado.
Desde CCOO
seguimos insistiendo que la MEDIACIÓN la pueden realizar los
profesionales que forman parte de la Administración de Justicia,
funcionarios de carrera, y que el dinero público que se "gasta" en la
mediación realizada por operadores jurídicos externos, se invierta en
dotar de medios, formar y retribuir, a los integrantes de la
Administración de Justicia, para realizar dicha función.
Enlace a la información completa: Agencia EFE
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