VALLADOLID. LA IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Información
publicada por El Mundo-Diario de Valladolid sobre la implantación de
las nuevas tecnologías en la administración de justicia de Valladolid. CCOO seguirá denunciado esta situación que sufrimos todos los días en las sedes judiciales.
Las aplicaciones informáticas judiciales no funcionan de forma
mínimamente aceptable, se cuelgan constantemente, son lentas, los
equipos están obsoletos, no hay información, formación adecuada para el
personal ni medios materiales y, además, falta plantilla en las oficinas
de registro y reparto».
De esta forma definió ayer Comisiones Obreras (CCOO), en un comunicado recogido por este periódico, la situación que vive la Administración de Justicia desde que, hace más de un año, entrase en vigor de forma obligatoria la normativa bautizada como Papel
De esta forma definió ayer Comisiones Obreras (CCOO), en un comunicado recogido por este periódico, la situación que vive la Administración de Justicia desde que, hace más de un año, entrase en vigor de forma obligatoria la normativa bautizada como Papel
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con el objetivo de realizar la totalidad de expedientes en
versión digital. CCOO alega que este «sinfín de problemas» repercute en
el servicio prestado a los ciudadanos ya que obliga a los trabajadores
de Justicia a realizar las dos versiones de los expedientes –la
electrónica y la física–, de modo que «se emplea más tiempo en sacar
menos trabajo».
«Han empezado la casa por el tejado», resumió el delegado sindical de
Justicia en Valladolid, en declaraciones a este diario,
que ejemplificó la falta de medios con el número de escáneres con los
que cuentan los juzgados. «Que un juzgado de nueve o diez personas
cuente sólo con dos escáneres es completamente insuficiente».
Para lograr que el 100% de expedientes sean electrónicos, los
funcionarios tienen que escanear todos los documentos y añadirlos a la
aplicación Minerva, que permite a cualquier órgano judicial implicado en
la tramitación de un determinado procedimiento acceder a la información
asociada al mismo con las garantías de reserva, control y
confidencialidad requeridas. Sin embargo, como cada vez hay más
operadores asociados a este software para acelerar el proceso de
digitalización y el sistema no está preparado para este volumen de
usuarios, la consecuencia es que va lento, se cuelga y permanece
inoperativo una gran parte del tiempo, explicó el representante
sindical.
Siempre hay un periodo de adaptación pero que,
después de un año, la situación es la misma y no perciben mejoras en la
infraestructura con la que cuentan. La Administración de Justicia de
Castilla y León depende del gobierno central al no tener la Comunidad
cedidas esas competencias, algo con lo que sí cuentan otras autonomías.
Esta característica hace que cada región esté en una fase distinta de la
aplicación de Papel
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, lo que entorpece la transmisión de documentos
entre los territorios, apuntó el representante sindical.
La falta de personal es uno de los problemas más acuciantes de la
Administración de Justicia, denunció CCOO, que señaló que los lugares en
los que más se necesita un incremento de plantilla son la Fiscalía
–donde ya hay trabajadores temporales de refuerzo– y el Decanato, que
añade a sus funciones administrativas la de registrar las demandas antes
de que se envíen a los juzgados. Este cometido es el que más atascos
acumula, por lo que su futuro pasaría por su escisión de ese órgano para
pasar a formar parte de una nueva Oficina de Registro y Reparto
Además de la falta de personal, otra de las reclamaciones que hizo el
sindicato fue que la plantilla actual no ha recibido apenas cursos de
formación para adaptarse a la nueva tramitación electrónica. «El
ministerio de Justicia se ha tomado la formación como un mero trámite», que manifestó que el tiempo total que han recibido los
funcionarios asciende a apenas cinco horas, algo que considera a todas
luces insuficiente cuando, además, se han reducido de cuatro a dos los
formadores que hay en la Administración de Justicia de Valladolid,
Medina del Campo y Medina de Rioseco y que ayudaban en el día a día con
los problemas que se ocasionaban en el sistema.
El cambio a los
expedientes digitales fue el proyecto estrella del actual ministro de
Justicia, Rafael Catalá, al considerar que la plataforma electrónica
ofrecía un modo más rápido, seguro y efectivo de gestionar la
tramitación judicial y ahorrar en papel.
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