El ministro de Justicia sólo adquiere el compromiso de no amortizar aquellos puestos de trabajo que tengan carácter estable, aunque para ello anuncia que acudirá a mecanismos de movilidad funcional y geográfica, en el marco “de una mayor flexibilidad para la implantación de las reformas”
Además, el ministerio se compromete a retirar del proyecto de Ley de Tasas Judiciales la obligatoriedad para los funcionarios de acudir con Abogado y Procurador en los procedimientos contenciosos para la defensa de nuestros derechos laborales y profesionales, una de las reclamaciones que le había exigido CCOO
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