Declaración de huelga

Por Javier Gallego

La huelga no sirve para nada. No nos hacen caso. No es el momento de hacerla. Es una huelga convocada por los sindicatos que han sido cómplices de los partidos políticos. Estoy cansado de protestar y de que nadie nos escuche. No puedo permitirme perder un día de sueldo. Tengo miedo a que me echen si hago huelga. Estoy harto de arriesgarme para luchar por los derechos de los que no la hacen. Cuando gobierna la izquierda no se convocan tantas huelgas. Hacer huelga general en medio de la crisis es una irresponsabilidad.

He leído y escuchado muchas justificaciones como estas para no secundar las huelgas generales y en concreto la huelga general de este miércoles, 14N. Entiendo muchas de ellas, respeto algunas, pero no comparto ninguna. Por una sencilla razón: siento que no me queda más remedio que hacer esta huelga. Me han empujado a hacerla empujándonos contra las cuerdas. Me han forzado a hacerla condenándonos a trabajos forzados. Nos han llevado hasta tal punto de desesperación y desesperanza, de indignación y abandono, de paro y penuria, que no me queda más remedio que parar para pararles, de hacer huelga para tener una esperanza y de indignarme para no sentir que me abandono.

No solo es que quiera hacer huelga, no solo es que creo que debo hacerla, es que siento que tengo que hacerla porque si no la hiciera, ya no podría llamarme a mí mismo ciudadano. Me llamaría vasallo. No pretendo desacreditar a quienes no creen en esta huelga, por favor, que nadie se sienta insultado. Solo digo que si yo no la hiciera, sentiría que estoy faltando a mi deber como miembro de esta sociedad que se desmiembra. He dicho bien: un deber, no solo un derecho.

Esta huelga es un deber porque derechos no nos quedan. Solo nos quedan obligaciones: la obligación de obedecer por decreto y por la fuerza a los recortes, repagos, desahucios, rescates bancarios, congelaciones salariales, subidas de impuestos, bajada de las pensiones, abaratamiento del despido, privatización de la Sanidad, empobrecimiento de la Educación, reducción de la prestación de desempleo, censura y control de los medios de comunicación públicos. Y mientras la mayoría solo tiene obligaciones, la minoría solo tiene derechos. Derechos que son privilegios pues solo ellos los tienen: privilegios bancarios, fiscales, políticos y judiciales. Por eso también la huelga se ha convertido para mí en una obligación. Me impongo la huelga mientras nuestros gobernantes impongan la desigualdad social por decreto.

Me impongo la huelga por decreto porque no me han dejado otra. No me han dejado otra opción porque están acabando con todas nuestras opciones de vida. Y no es que crea que esta huelga es la única posibilidad de protesta pero pienso que no podría reclamar más opciones si dejo pasar una sola de las pocas oportunidades que tenemos de manifestar nuestro desacuerdo. Ellos no pierden oportunidad para hacernos retroceder. Nosotros no podemos dejar pasar una manifestación, una protesta, un artículo, una sentada, una huelga, una cacerolada, para decirle a este Gobierno incivil, a esta Oposición cómplice y a este Parlamento enfermo que no toleramos más sus ataques, sus traiciones y sus desprecios. Yo ya no puedo. Para mí esta huelga es ineludible. Una vez que di el primer paso para oponerme a este ataque a los ciudadanos, ya no puedo echarme atrás mientras no den marcha atrás. Por más que me repitan que esta huelga no sirve. La única que huelga que seguro que no sirve es la que no se hace.

Estoy casi convencido de que no será una de las huelgas generales más seguidas (espero equivocarme) y aún así estoy más convencido que nunca de que hay que hacerla. Aunque el Gobierno y sus exégetas de la prensa insulten, menosprecien y caricaturicen a los huelguistas. Aunque parezca que no tenido incidencia ninguna. Todo eso me da igual. Me da igual si es una huelga oportuna, necesaria o útil. Hay cosas que uno siente que tiene que hacer aunque no sirvan para nada. Por su propia dignidad, por su conciencia, por su compromiso.

Además es incierto que sea inútil. Si durante estos últimos cuatro años, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hubieran pensado por una sola vez que su lucha no iba a dar resultado, si hubieran decidido no ir a parar un desahucio porque sabían que era inevitable, hoy no estaríamos hablando de que el Gobierno y la Oposición quieren pactar una nueva ley para parar los desahucios ni de que la banca ha suspendido de forma inmediata los casos más extremos. Por los que luchan cada día, no solo el día de huelga, yo hago huelga.

Es más, no solo hago huelga, declaro la huelga porque definitivamente estamos en lucha. Declaro la huelga a todos nuestros representantes porque están el huelga como representantes nuestros.

Yo le declaro la huelga al Gobierno y al resto del Parlamento porque le han declarado la guerra al ciudadano. Le declaro la huelga porque no me rindo. Y no tengo más remedio que declararle la huelga porque creo que aún hay remedio. 

Publicado el 12/11/2012 en www.eldiario.es

Enlace permanente: pincha aquí

Leer más...

Cariño, he encogido el sueldo de los funcionarios… y además les insulto

Un artículo de José Ramón Chaves publicado en www.contencioso.es

Además de tijeretazos, amortizaciones de puestos, congelaciones de promociones y carreras profesionales, retroceso en asistencia social y otros acosos, por si fuera poco, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a quien se le supone vicealmirante del buque burocrático en la tormenta de la crisis económica, lanza el topicazo de que “ El funcionario debe olvidarse del cafelito y del periódico”.  Con ello, se sitúa en la lista negra de iluminados con prejuicios, que encabezaba el presidente de la CEOE, Juan Rosell con sus visionarias afirmaciones (“funcionarios prepotentes e incumplidores”) en línea con la tendencia que abrió en en su día el que fuera Consejero de Sanidad en Asturias con aquélla desafortunada arenga al personal (“el personal llegará cada mañana a su puesto de trabajo desayunados, con el periódico leído y cagados, y llorados”).

Vamos a decirlo muy despacito para que nos entienda hasta el Secretario de Estado.

1.La crisis económica no se debe a los funcionaritos de a pie, sino a grandes especuladores, entidades bancarias y políticos insensatos, ocultos ahora bajo esa coartada  sin rostro que llaman “Mercados”.

2. Los funcionarios son servidores públicos que trabajan para todos los ciudadanos pero hay que recordar que ellos mismos tienen la doble condición de servidores públicos cuando trabajan y de ciudadanos cuando son usuarios de los servicios públicos.

3. Lo del “cafelito” queda bien para un comentario de barra de los años 60 pero resulta trasnochado citarlo en el siglo XXI. Primero, porque el derecho a una pausa en el trabajo ( con o sin cafetito, con o sin pincho de tortilla) es una conquista de todos los trabajadores (empleados públicos o no), y segundo, porque produce un efecto reparador que repercute en mayor productividad. Además, no deja de ser humor negro, aludir al cafelito del funcionario cuando precisamente en los tiempos recientes de austeridad, muchos funcionarios de cuerpos y escalas modestos, empiezan a no acudir a sus cafés habituales y optan por llevarse el tentempié al trabajo para ahorrarse unos eurillos.

4. Lo de “leer el periódico” demuestra que poco sabe el general de la milicia ya que hoy día prácticamente nadie “lee el periódico” en las oficinas públicas. El empleado que desea informarse consulta las noticias por internet o en el mejor de los casos hojea el periódico que custodia el ordenanza antes de que se lo pase a los altos jerarcas, aprovechando que el funcionario madruga más que el político.

5. Puede entenderse que un ciudadano que hace cola en una oficina pública o que espera la resolución de un asunto administrativo, tenga fácil situar como chivo expiatorio a la burocracia y al funcionario, pero hay que analizar el caso con empatía y darse cuenta que si los asuntos tardan es porque los procedimientos legalmente marcados así lo imponen (normalmente por garantías) y si hay pocos funcionarios para atender a muchos es porque como lo pagamos todos siempre la austeridad impone reducir los costes de personal. No culpemos a los grumetes de los problemas de aposentos, salvavidas, rumbo y deficiencias del Titanic.

6. No está de más en un curso acelerado sobre los empleados públicos, para que el Secretario de Estado recuerde cinco verdades del Barquero:

A) Que  los funcionarios sufren los recortes retributivos para atender el déficit del gasto público “de todos”, pese a que lo justo y equitativo sería respetar el mandato del art.31 de la Constitución, cuando dice que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio”.

B) Que la inmensa mayoría de los funcionarios ha obtenido su plaza con sacrificio de tiempo, dinero y esfuerzo ( y los que no ha sido así se la deben a políticos sin escrúpulos);

C) Que los funcionarios han vivido dos décadas con dignidad mientras eran mirados por encima del hombro por profesionales y empresarios, con el mismo desdén que la cigarra miraba a las hormigas de la fábula.

D) Que la inmensa mayoría de los funcionarios han sido y son mileuristas. No todos son Jefes de Servicio ni cuerpos de élite. Además fiscalmente han sido los mas controlados pues han sufrido la retención en sus nóminas directamente, antes de pagársela, y sobre la nómina real, a diferencia de tantos profesionales y empresarios cuyos ingresos reales e ingresos declarados nunca coincidían.

E) Que la inmensa mayoría de los funcionarios han tenido una capacidad de ahorro menguada. La Ley de Incompatibilidades de 1985 ha impedido que, a diferencia de otros trabajadores del sector privado, pudieran completar su nómina con trabajos adicionales. No es casualidad que una elevadísima parte de los funcionarios de los grupos medios e inferiores en los últimos años haya solicitado uno o varios anticipos a cuenta de las nóminas futuras. La estabilidad en el empleo es un valor seguro, pero como los sellos de correos, no puede admitirse como medio de pago de una hipoteca o para afrontar gastos domésticos.

7.Los funcionarios pueden y deben arrimar el hombro frente a la crisis y  lo hacen por triplicado, pues lo están haciendo como ciudadanos (pues sufren tributos), como empleados ( pues les congelan las nóminas y recortan prestaciones) y como grupo social ( pues para mas inri sufren la mirada crítica del resto de la sociedad).

8.Por todo ello es indecente que el funcionario, además de cornudo, sea apaleado por topicazos. Y nada menos que del mismísimo Secretario de Estado de Administraciones Públicas.  Mal comienzo. Seguro que el Secretario de Estado cuando preside su gabinete y se reúne lo hace con café o algo mas suculento, y seguro que cuenta con un diario resumen de toda la prensa nacional, debidamente ordenado y encuadernado.

Ya puestos a subir peldaños en el Club de la Bilis nacional, el Secretario de Estado podía anunciar que había que tapiar las ventanas de las oficinas públicas, encadenarlos a las mesas de despacho, sustituir las sillas por taburetes (con pinchos,claro) u obligarles a traer el papel higiénico desde casa. Mejor sería que el Secretario de Estado reflexionase sobre algún plan realista como en otros Estados europeos para que los funcionarios pudieren optar por trabajar desde casa con su ordenador, lo que no es ninguna utopía, lo que supondría un enorme ahorro económico (luz, teléfono, desplazamientos,etc) además de bienestar personal y conciliación familiar.

Lo importante es controlar los resultados, y si alguna censura hay que hacer a la Administración no es a los funcionarios en su conjunto confundiendo a la oveja negra con el resto del rebaño sino a los altos cargos políticos que no adoptan medidas disciplinarias frente a esas ovejas díscolas que, como en toda organización (pública o privada), las hay.

En fin, para aquéllos que prefieran ver la Administración y sus funcionarios con humor les recuerdo que el plazo para presentar relatos cortos de humor sobre el mundo burocrático en el I Concurso Internacional Sonrisa de Quevedo, continúa abierto, pudiendo presentar los trabajos por correo electrónico, y cuyas bases están aquí. ¡ Animo! Cuesta poco y puede ganarse mucho…

Enlace permanente al artículo y comentarios:  http://goo.gl/GYCak

Leer más...

Funcionarios/as ante la huelga

Publicamos una carta de una funcionaria de Lleida publicada hoy día 23 de marzo en la sección “Cartas al director” del diario El País

El pensamiento inmediato de muchos servidores públicos ante la huelga general es preguntar cuánto les será descontado de su nómina. Otro discurso generalizado es no hacer el juego a la propia Administración pública que verá cómo sus arcas aumentan si hacemos un día de huelga. Por otro lado, los hay que se sintieron ofendidos (y con razón) por la desbordada alegría que se produjo en su momento por la reducción de nuestro salario y piensan que esta huelga no va con ellos.

Si alguien me cuenta, hace unos años, que en Grecia 150.000 funcionarios de carrera serían despedidos no lo hubiera creído. ¿Algún empleado público hubiera podido imaginar que esto sucedería? Creo que no.

Entonces que nadie piense que su condición de “funcionario de carrera inamovible” no puede ser modificada. Montoro lo ha dicho y se anuncia el primer paso para nuestra desaparición.

La huelga general no es solo contra un real decreto. Es una huelga que debe ser una respuesta directa al Gobierno en el que le digamos que creemos en el Estado de bienestar. Aquí todos somos trabajadores por cuenta ajena y esta contrarreforma laboral nos devuelve a condiciones laborales de hace 50 años. Que se lo pregunten a los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, Valencia o Castilla-La Mancha.

Lo perdido ahora no se recuperará nunca. El 29 de marzo cada uno que demuestre su compromiso. Nosotros como servidores públicos tenemos uno ante la sociedad, puesto que sin Estado de bienestar no somos nadie.— Sonia Gatius López. Funcionaria.

Enlace permanente: http://goo.gl/mbsD2

Leer más...

Reforma laboral: por tierra, mar y aire

Por Joan Coscubiela, diputado de ICV-EUiA y ex secretario general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Haciendo honor a sus orígenes ideológicos, el Gobierno del PP ha puesto en marcha una ofensiva con la que aprovechar la crisis económica para provocar una ruptura en el modelo de relaciones laborales democrático y de paso cargarse la capacidad de los sindicatos y de la negociación colectiva.

Joan Coscubiela

La ofensiva esta utilizando todos los medios a su alcance. Unos son medios democráticos - su mayoría absoluta en las Cortes -. Otros, la falsedad, la mentira y el engaño nos recuerdan los peores momentos del siglo XX. Y suponen no sólo un ataque frontal al derecho de los trabajadores, sino una grave involución democrática.

En esta ofensiva por Tierra, Mar i Aire esta jugando un papel importante su División Mediática Brunete. Rajoy sabe que para ganar en el Congreso le basta con su mayoría absoluta, reforzada como siempre en temas socio-económicos por Convergencia I Unió, en su papel de punta de lanza de las concepciones económicas más ultraliberales. Pero el presidente del Gobierno sabe también que esta victoria parlamentaria se le puede volver en contra si no gana la batalla en la sociedad. Y es en este terreno en el que esta utilizando todos los medios a su alcance, incluidos la descalificación de las organizaciones sindicales a partir de concepciones más propias de un régimen autoritario, que quisiera ver como desaparecen los contrapoderes sociales, que de un estado social y democrático de derecho.

Para ello, su primera decisión estratégica es utilizar a las personas paradas como escudo humano con el que justificar su reforma. Así apela a la situación de los 5,3 millones de parados como coartada para acabar con los que el llama privilegios, refiriéndose a los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. Se trata,es obvio, que los desempleados vean en los trabajadores con derechos su enemigo y a Rajoy su Salvador. Y de paso neutralizar a los trabajadores con empleo a través del sentimiento de culpabilidad que les transfiere el PP por tener derechos, mientras los parados no tienen ni tan siquiera empleo. Zaratrusta en estado puro y sentimiento de culpa judeo-cristiano como gran arma de paralización masiva

El segundo pilar de la estrategia comunicativa del PP es la falsedad de culpabilizar a la legislación laboral del nivel de paro de nuestro país. Es igual que en el debate sindicatos y nuestro grupo aportemos datos que impugna esa falsa relación causa efecto. Con la misma legislación hay CCAA con el 12% de desempleo y otras con el 32%. Con esa misma legislación hay CCAA y sectores que tienen tres veces menos temporalidad que otros. Con esa misma legislación, las empresas exportadoras españolas que además son las que actúan en un entorno más competitivo han mantenido su cuota exportadora y su volumen de empleo, a pesar o precisamente de tener plantillas con trabajadores con mejores salarios comparativos y menos temporalidad. El empleo autónomo es el que más puestos de trabajo ha destruido durante la crisis, el 18% de los existentes en 2007, frente a un 9% del empleo asalariado destruido; y todo el mundo sabe que a los autónomos no se les aplica la legislación laboral. Con un modelo de relaciones laborales absolutamente desregulado, como al que aspira el PP, Irlanda ha destruido en los años de la crisis un 13% de su empleo, mucho más que España. Todos estos datos y muchos más impiden continuar con la falsedad de que es la legislación laboral la que provoca estas caídas del empleo en momentos de crisis. Pero ante los datos, el Gobierno mira hacia otro lado, elude el debate y se limita a repetir una y otra vez su falsedad, que es eficientemente difundida por la División mediática Brunete.

No contentos con justificar su reforma en falsedades, la presentación y explicación de la misma se hace con mentiras. Desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Real Decreto Ley 3/2012 esta siendo vendido con mentiras tales como que es equilibrado, que garantiza los derechos de los trabajadores, que solo se limita a acabar con privilegios. O que afecta por igual al poder de sindicatos que a las patronales. Se esconde que el RD ley permite la modificación unilateral de condiciones de trabajo que no solo afectan a los términos de la prestación de trabajo, sino que irrumpen en la vida de las personas - especialmente las mujeres - con los cambios unilaterales y sin control de jornada o de salarios. Se dice que se apuesta por la formación y el contrato de aprendizaje y formación reduce del 25% al 15% las horas dedicadas a formación a partir del segundo año. Se dice que simplifica la contratación y lo que se hace es mantener todas las modalidades de contrato menos la más protegida y se crea un contrato de crisis con un período de prueba de un año en unos momentos en que la media de contratos no supera los seis meses. Se dice que termina con la dualidad y se genera más segmentación, entre trabajadores antiguos y nuevos, entre trabajadores de grandes empresas y los de menos de 50 trabajadores. Se dice que no toca los derechos de loa trabajadores actuales y se facilitan y abaratan las condiciones de los despidos, regulando incluso la aplicación retroactiva de los límites en la indemnización. Y así hay mil ejemplos de mentiras en la explicación de la reforma. Se dice que la desparición de la autorización administrativa previa en los ERES es substituida por el acceso a los Tribunales y en otro articulo se limita al máximo la tutela judicial, intentando impedir que los jueces puedan entrar a juzgar la causalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones propuestas de las empresas, como sucedía hasta ahora.

La reforma laboral se basa en una falsedad, se explica con mentiras y se justifica con un engaño. Se dice que va a contribuir a crear empleo y que dificulta su destrucción. Y es ahí, donde la estrategia goebbeliana de la División mediática Brunete comienza a hacer aguas. Como Rajoy y su gobierno saben que la asfixia financiera de las empresas, las políticas de ajuste fiscal drástico y la pérdida de salarios va a provocar un incremento del desempleo, comienzan a matizar sus afirmaciones. El discurso de Rajoy comenzó diciendo que en el 2012 no se reduciría el paro, luego incluso se acepta que durante el 2012 se incrementara el desempleo. Y para curarse en salud se reconoce que la reforma laboral no va a crear empleo a corto plazo, solo a medio o largo plazo, cuando se reactive la economía. Por supuesto, cuando se reactive la economía se creara empleo, pero también se crearía igualmente con la legislación laboral anterior a 2011. Es precisamente lo que venimos diciendo algunos para desmontar tanta falsedad. Conviene recordar que con la legislación que ahora se deroga, el empleo en España creció entre 1995 y el 2007 en un 62,7%, diez veces más que en Alemania (6%) y 5 veces más que la media de la UE (12%). Desgraciadamente este crecimiento lo fue sobre arenas movedizas, por eso en 4 años se han destruido más de 2,5 millones de empleos, de los cuales el 55% corresponden a la construcción, mientras la población activa continua creciendo.

Es cierto, cuando se reactive la economía se creara empleo, pero será mucho más precario y con menos derechos. Porque este es el verdadero objetivo de la reforma. El objetivo de esta reforma es coyuntural, forzar a la baja los salarios como salida de la crisis, pero lo hace con medidas estructurales - la única verdad de Rajoy la reforma es estructural -. Se pretende diseñar un modelo de relaciones laborales donde los trabajadores individual y colectivamente tengan menos posibilidades de negociar sus condiciones de trabajo y en consecuencia se produzca una redistribución de rentas, de los salarios a los beneficios.

El verdadero y oculto motivo de la reforma es disciplinar para el futuro la fuerza de trabajo y para ello, intimidar a los trabajadores y debilitar la negociación colectiva o limitar la actuación de los sindicatos es el camino.

Por eso, Rajoy y los poderes económicos a los que representan saben que para ganar esta batalla, deben aprovechar la crisis para cargarse a las organizaciones sindicales y sus instrumentos, la negociación colectiva y la intervención sindical en los centros de trabajo.

Y es con el fin de alcanzar este objetivo estratégico que se ponen en marcha todos los medios al alcance de la Brunete mediática, por Tierra, mar y aire.

Afortunadamente en las manifestaciones del domingo 19 de febrero los trabajadores/ras y la ciudadanía demostraron que no se lo van a poner fácil a Rajoy, su Gobierno. Y también por eso mismo es de esperar que el PP ponga en marcha todas sus armas de destrucción masiva.

A las que como siempre eberemos responder con nuestras armas democráticas, las de los argumentos, el debate, la explicación y todos los mecanismos de mobilización que están en nuestras manos y que conseguimos precisamente para conquistar y defender derechos.

Disculpad los símiles bélicos, pero es que los comportamientos de la bancada popular y sus voceros me los recuerdan insistentemente. No puedo evitarlo, me traen viejos y amargos recuerdos

Leer más...

El desprecio político al funcionariado

Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública

Artículo de opinión publicado en Ine.es/opinión de Francisco J. Bastida, catedrático de derecho constitucional.

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia.

Francisco J. Bastida

Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Leer más...

A la calle, que ya es hora

Un artículo de PASCUAL MASIÁ publicado en El País

La condición de asalariado asiste a la inmensa mayoría de las gentes que trabajan. Una parte de ellos percibe su retribución no de un empresario particular sino de la Administración: son los empleados públicos, es decir, aquellos que están al servicio de la comunidad porque así lo hemos creído necesario los ciudadanos y nuestros representantes políticos, intérpretes de nuestra voluntad, así lo han determinado. Y esto, que parece que debería ser objeto de una buena consideración social, deviene, por efecto de la crisis, paradigma de privilegio, ejemplo de desigualdad en tiempos adversos, causa justificada de agresión laboral.

Desde otro punto de vista, los empleados públicos son gentes que han hecho una opción laboral de carácter vocacional o, simplemente, buscaron quedar al margen de los vaivenes de una relación contractual privada. Generalmente, nunca su objetivo fue el de hacer fortuna. Incluso, en momentos de expansión y recaudación abundante, han sido objeto de cierta conmiseración, unos pringaos, conformistas, faltos de ambición. Vale, cualquier cosa menos unos usurpadores, pues buena parte de ellos obtuvieron su puesto de trabajo mediante una oposición, un concurso público o, cuanto menos, fueron contratados porque aquellos a quienes les hemos dado el poder de hacerlo, pensaron que hacían falta

Ahora, cuando vienen mal dadas, se nos pide solidaridad y comprensión. Los que usan tirantes nos obligan a apretarnos un cinturón al que, hacia la derecha, le van quedando pocos agujeros, salvo si la dieta obliga a comprimir un estómago que poco tiene que agradecer a estos que nos gobiernan desde hace más de 15 años con una frivolidad presupuestaria propia de gentes tan zafias como para preferir eventos temáticos a discreción intelectual.

¿De qué hemos de ser solidarios? ¿Con quién hemos de ser comprensivos? Es demagógico, manipulador y políticamente impresentable excitar la animadversión ciudadana, referirse a los millones de parados, a la precariedad laboral del sector privado frente a la seguridad de lo público, como si, de repente, la empresa privada se hubiera convertido en peligrosa selva para sus trabajadores.

Estamos en la acción política, es decir, en la toma de decisiones, para lo bueno y para lo malo. En pocos meses hemos elegido dos Gobiernos, el autonómico y el del Estado, que dicen saber el camino para protegernos de la que está cayendo. Nosotros los valencianos, con unos indicadores récord de lo peor en casi todo, de las cifras económicas al fracaso escolar pasando por la violencia machista, escuchamos a nuestros gobernantes decir que hay que cambiar el modelo productivo, que no podemos depender de ladrillo, sol y playa, que hemos de aspirar a ser un nuevo valle del silicio. Y para ello, amigos de la paradoja, lo primero que hacen es gastar menos en educación y en investigación.

Los funcionarios, los empleados públicos valencianos, los trabajadores de la Administración, de la sanidad, de la educación creo que no vamos a aceptar de buen grado convertirnos en los mayores paganos de los derroches promovidos por unos gobernantes a los que, si estuviéramos en la antigua Roma, les daríamos el imperium, es decir, el poder, porque lo han obtenido democráticamente, pero no la auctoritas, porque no merecen el reconocimiento intelectual y moral que se concede a quien se considera que tiene autoridad, superior criterio, capacidad para saber lo que es mejor para la comunidad.

Así es que, como estamos en la política, es legítimo protestar, discutir, negociar, no quedarnos callados, pasivos, resignados. El silencio o la inacción no garantizan el puesto de trabajo, ni en el sector público ni en el privado. Que se sepa que no comprendemos ni admitimos por qué tenemos que pagar, más que los que más tienen, la cuenta de unos desmanes que no hemos cometido. Podemos ser solidarios con los más desfavorecidos, pero no con los que después de haber fundido hasta el último euro, ahora dicen, sin rubor, que hemos gastado demasiado. ¿Qué hemos hecho para merecer esto?

Pascual Masiá es catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Educación Secundaria Benlliure de Valencia. (pascual.masia@uv.es )

Publicado el 19/01/2012 en www.elpais.com

Enlace permanente: http://goo.gl/XbJZh

Leer más...

¿Funcionar sin funcionarios?

Carme Miralles-Guasch
Profesora de Geografía Urbana

En un momento donde todo parece tambalearse, especialmente todo lo que está en el ámbito de lo público, de lo colectivo, todo aquello que concierne al Estado del bienestar, en este preciso momento es oportuno reivindicar el trabajo de las personas que están ocupadas en el sector público en cualquiera de las administraciones. Es decir, reivindicar el trabajo de médicos, maestros, bomberos, enfermeras, trabajadores sociales, policías, etc. que, día a día, hacen que este país sea un país normal. Normal porque sus escuelas abren por las mañanas y los niños encuentran a sus maestros en clase, porque si te atropellan viene una ambulancia y una patrulla de Policía o porque hay alguien que te vigila la presión arterial en el ambulatorio. Quehaceres cotidianos que hacen que este país funcione, con sus más y sus menos, pero que funcione. Y eso nos ha costado mucho esfuerzo colectivo, concentrado en los últimos 30 años.

Las personas que ahora tienen alrededor de 50 años, aquellas que estudiaron a principios de los años ochenta y buscaron sus primeros trabajos a mediados de esa década, lo saben muy bien. En esos momentos, en este país estaba todo por hacer, los trabajadores públicos casi no existían, pues no había escuelas ni sanidad pública. Tampoco existían universidades de prestigio, centros de investigación a nivel internacional o cuerpos de bomberos de élite, por poner algunos ejemplos. No. Todo esto se ha ido organizando en las últimas tres décadas, es decir, en muy poco tiempo. Y me refería a la generación nacida en los años sesenta porque son las primeras personas en este país que han podido hacer su carrera profesional en las distintas administraciones, pues apostaron por un lugar de trabajo que además de estabilidad ofreciera la posibilidad de construir algo nuevo.

Que la Administración, como toda organización humana, puede mejorar en su gestión y servicio es evidente. Que los cuerpos funcionariales tendrían que repensarse, ¿por qué no? Pero lo que parece del todo absurdo es destruir lo que todo país normal necesita, unas personas que trabajen para la colectividad. En interés de todos.

Publicado el 11/01/2012 en www.publico.es

Enlace permanente: http://goo.gl/xFa8u

Leer más...

En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren

Un artículo de Juan Torres López

El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en "Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer").

Veamos qué hay de verdad en ello.

En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.

En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).

Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.

El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.

Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.

Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal.

Publicado el 14/12/2011 en http://juantorreslopez.com

Enlace permanente: http://goo.gl/hWk7l

Leer más...

Mentira podrida

Un artículo de Almudena Grandes publicado en www.elpais.com

Soy una madre de la escuela pública. No la escogí por pobreza, ni por la imposibilidad de acceder a otro modelo. Algunas personas próximas a mí nunca han entendido esta opción, que interpretan como una muestra de tacañería, de indolencia o de irresponsabilidad respecto al futuro de mis hijos. Yo, sin embargo, creo firmemente que una escuela pública igualitaria, gratuita, laica, interclasista y de calidad, constituye el primer peldaño de la civilización y el único modelo a escala de una auténtica sociedad democrática. Solo por eso, la habría escogido, pero la calidad de la enseñanza también cuenta. En los colegios privados y concertados suelen enseñar, como norma general, docentes que no han logrado entrar por oposición en la escuela pública.

No me siento agredida por las protestas de los mejores profesores que hay en España. Lo que me ofende es que los responsables de esta situación pretendan manipular a la opinión pública presentando a padres y alumnos como víctimas de sus reivindicaciones. Y aún me ofende más que -después de haber asistido, año tras año, al recorte sistemático de recursos en la enseñanza pública madrileña- se presente una ofensiva estrictamente ideológica como una consecuencia de la crisis.

Mentira podrida. Lo que pretende el Gobierno de Aguirre, que no ahorra en los terrenos que le dona a la Iglesia católica ni en las subvenciones de los concertados, es convertir la escuela pública en una vía muerta, un reducto para ciudadanos de segunda clase. Para lograrlo, cuenta con la complicidad de una sociedad anclada en el viejo modelo franquista de los "colegios de pago" y los "pobres gratuitos". Eso es lo más triste de todo. En ningún otro país europeo, con mejores notas en el Informe PISA, sucedería nada parecido. Pero España, una vez más, es diferente y algo más, un país anormal, aunque ni siquiera lo sepa.

Enlace permanente: http://goo.gl/YpSGd

Leer más...

Carta a diputados y senadores

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario Público, el 15 de septiembre, y en la publicación digital nuevatribuna.es

19.09.2011.- Esta carta a los diputados y senadores de las Cortes españolas argumenta por qué la salud de la democracia española (un tanto deteriorada) requiere que una medida aprobada por el Parlamento por partidos que no la tenían en su programa electoral sea refrendada por la ciudadanía española de la cual deriva el poder de las Cortes. El profesor Vicenç Navarro recuerda que 150.000 firmas apoyan su petición de referéndum. 

Manifestación en Valladolid

Querido diputado y/o senador de las Cortes Españolas:

Hace unos días, antes de que las Cortes aprobaran la reforma constitucional y la Ley Orgánica que la complementa, le escribí una carta en la que, considerando la enorme importancia de la medida que se iba a discutir en las Cortes españolas, le pedía que en caso de que se aprobara, usted permitiera con su voto que tal medida fuera sometida a un referéndum para su ratificación, tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución. Colgué tal carta en la red y, con la ayuda de Actuable, en pocos días casi 150.000 ciudadanos añadieron su firma a tal petición. Desde entonces, la respuesta ha sido enorme. Y las encuestas muestran que la gran mayoría de la ciudadanía española es partidaria de que haya un referéndum que le permita no sólo dar su opinión, sino decidir sobre tal medida, pues, como señala la Constitución, tal referéndum sería vinculante.

Ahora, cuando la reforma constitucional ha sido aprobada por las Cortes, es más necesario que nunca que sea refrendada -bien aprobada, bien rechazada- por la ciudadanía española de la cual deriva todo el poder que tienen las Cortes en su responsabilidad delegada. Cuando un ciudadano vota a una opción política, lo hace en base a su programa electoral. Si una medida de tal envergadura es aprobada por mayoría en las Cortes por miembros de partidos políticos, cuando ninguno de ellos había propuesto esta medida en su programa electoral, esta debiera ser refrendada por la ciudadanía. Tiene que ofrecérsele a esta una oportunidad para expresar su deseo y mandato, pues forzándole sólo a que exprese su oposición o aprobación a tal medida en las próximas elecciones es -espero que usted esté de acuerdo- tener una visión excesivamente limitada y reduccionista de lo que es democracia. El escaso desarrollo de referendos en España, no sólo a nivel central, sino también autonómico y local, parece reflejar un temor a la ciudadanía que no puede justificarse, como lo ha hecho uno de los escritores de la Constitución en unas declaraciones recientes, en base a querer evitar el ejemplo de los plebiscitos durante la dictadura. La homologación de referendos en democracia con plebiscitos bajo la dictadura es, además de ofensivo para la democracia, ignorar y/o confundir la enorme diferencia entre participación ciudadana en una democracia e imposición de una medida gubernamental en una dictadura.

De ahí que no permitir a la ciudadanía que decida en una materia de tal trascendencia es contribuir a la percepción, ampliamente sostenida, de que existe una enorme distancia en España entre los gobernantes y los gobernados. Usted habrá leído que, según las encuestas, la clase política es el tercer problema que la población española indica que existe en España. Admitirá, pues, que ello es un síntoma de que algo no funciona suficientemente bien en nuestra democracia, percibiéndose a los representantes limitados en su representatividad, excesivamente influenciados por intereses ajenos a los de la ciudadanía a la que representa. La toma de decisiones ahora que afectan enormemente a la vida de los ciudadanos, sin haber estos sido consultados, sería un error enorme que aumentaría, todavía más, esta distancia entre gobernantes y gobernados que, según la ciudadanía, existe en la insuficiente y limitada democracia española.

La democracia ha costado muchísimo en España. La democracia no fue, como sectores conservadores señalan, una democracia otorgada, sino una democracia ganada por la presión popular. Costó mucho llegar a donde estamos y no podemos permitirnos que se desacredite y se deslegitime la democracia existente. Cuando usted vote, en un momento histórico, para permitir que haya o no un referéndum, piense por un momento en los miles y miles de españoles fusilados, torturados, prisioneros y exiliados para que usted tenga el honor de representar al pueblo español. Pero este honor conlleva responsabilidades. Y una de ellas no puede ser que usted vote en contra de permitir al pueblo español que sea consultado y sea él el que decida.

Permítame, por último, una nota de aclaración que incluí en el preámbulo de mi carta anterior. Algunos defensores de la medida aprobada niegan que, en sí, la reducción del déficit del Estado que se exige en la medida aprobada afecte negativamente el Estado del bienestar de los españoles. Pero la experiencia histórica muestra que ello será así. Cuando las Cortes españolas decidieron la integración de España en la eurozona, se acordó llevar a cabo el mandato de Maastricht, que exigía que el déficit público del Estado fuera menos de un 3% del PIB. En sí, esta medida no tenía por qué afectar negativamente al bienestar de la población española, pues la reducción del déficit no tiene por qué disminuir el gasto público (la mayoría del cual es gasto social) o incluso evitar su expansión. Los impuestos, por ejemplo, pueden aumentarse, reduciéndose el déficit, y, si los ingresos al Estado se incrementan notablemente, se puede, incluso, aumentar el gasto público social.

Esto es la teoría. Pero, en la práctica, la solución que se escogió fue reducir el gasto público, incluyendo el social. España, que tenía y continúa teniendo el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15 en 1993, cuando se iniciaron las medidas de reducción del déficit, vio aumentar su déficit de gasto público social (medido por la diferencia existente de gasto público social per cápita entre España y el promedio de la UE-15) de una manera muy notable. Y lo mismo está ocurriendo ahora. De ahí que tal medida impedirá corregir el enorme déficit social de España. Es probable que usted tenga otra opinión sobre ello. Y respeto su postura. Pero no puede negar la necesidad imperiosa en una democracia de que tal medida se debata y sea aprobada por la ciudadanía de la cual deriva su poder delegado. Espero que en esto esté de acuerdo.

Atentamente.

Leer más...

Profesores

Un artículo de Juan José Millás: Lo lógico es que el cojo sea partidario de las muletas, el miope de las gafas y el dispéptico del Almax. ¿Quién no intenta mitigar sus carencias? Solo el ignorante contumaz se revuelca feliz en su pocilga. Si no logra disfrutar de Shakespeare, lo borra de la historia de la literatura.

Publicado en www.elpais.com

Lo lógico es que el cojo sea partidario de las muletas, el miope de las gafas y el dispéptico del Almax. ¿Quién no intenta mitigar sus carencias? Solo el ignorante contumaz se revuelca feliz en su pocilga. Si no logra disfrutar de Shakespeare, lo borra de la historia de la literatura. Si no ha podido con el Quijote, lo califica de coñazo insufrible. Si no comprende la filosofía, la tacha de entretenimiento inútil para vagos. Millán Astray, uno de los burros más notables y peligrosos de la historia de España, sacaba la pistola cuando escuchaba la palabra cultura. Nos recuerda un poco a Procusto, el célebre personaje de la mitología griega que cortaba o estiraba las piernas de los huéspedes que no se adaptaban a la longitud de su cama. El uno estaba convencido de que la medida canónica de todos los cuerpos era la de su lecho; el otro no soportaba que hubiera alguien con más conocimientos de los que poseía él.

Viene esto a cuento de la carta que Esperanza Aguirre ha dirigido a los profesores de la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid. Plagada de faltas de ortografía, les anuncia en ella los recortes que ha decidido aplicar a la educación. La cama de Procusto. Si yo no sé colocar los acentos, que nadie de mi entorno sepa hacerlo. Es probable que Aguirre no haya escrito esa carta, quizá ni siquiera la leyó antes de darle curso (así están las cosas), pero seguro que fue revisada por la Consejería responsable de enseñar a escribir a los madrileños. No pasa nada, tenemos también un responsable de transportes que desconocía la existencia del Metrobús. Cuando saltó el escándalo, Aguirre resistió la tentación de eliminar ese billete a fin de adaptar la realidad al tamaño de su consejero, pero en lo de la ignorancia contumaz parece dispuesta a sacar la pistola. Dice que hacen falta más policías que profesores.

Enlace permanente: http://goo.gl/cl87o

Leer más...

Ni interinos discriminados ni convocatorias consentidas

Un artículo de José Ramón Chaves: La recientísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de Septiembre de 2011 (C-177/10) da un paso adelante para frenar la discriminación entre interinos y funcionarios de carrera, y de rondón debilita el carácter preclusivo de los plazos para impugnar bases de convocatorias admitiendo que sean cuestionadas tras conocer los actos finales de aplicación. Casi nada. Otro ladrillo en el muro (Pink Floyd dixit).

Un artículo de José Ramón Chaves publicado en www.contencioso.es

La recientísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de Septiembre de 2011 (C-177/10) da un paso adelante para frenar la discriminación entre interinos y funcionarios de carrera, y de rondón debilita el carácter preclusivo de los plazos para impugnar bases de convocatorias admitiendo que sean cuestionadas tras conocer los actos finales de aplicación. Casi nada. Otro ladrillo en el muro (Pink Floyd dixit).

Para ello el Tribunal europeo continúa en su línea de equiparar la valoración, reconocimiento o efectos de los servicios temporales (en régimen de interinidad) con los servicios prestados por funcionarios en propiedad. Primero, fue el reconocimiento de la eficacia de tales servicios temporales para generar el derecho a trienios según célebre sentencia comunitaria. Ahora se trata del reconocimiento de tales servicios temporales a efectos de alcanzar los dos años de servicios ( u otra antigüedad) impuestos como requisito para la promoción interna. Veamos el enorme alcance de este recientísimo fallo judicial.

1. Es sabido que el derecho a la promoción lo ostenta el funcionario de carrera y se expresa en la facultad de concurrir a procedimientos suavizados para ascender a un grupo o categoría superior. Dado que la Ley no quiere carreras meteóricas sino que el aspirante a promocionarse vaya avalado por cierta experiencia, se requería por la legislación española ( y autonómica) contar con al menos dos años de antigüedad como funcionario de carrera ( o incluso cabía la promoción automática para el cuerpo auxiliar mediante la acreditación de diez años de antigüedad). Ahora, el Tribunal de Justicia resolviendo una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla estima que los años de experiencia acreditada, como requisito para participar en la promoción interna, pueden corresponder tanto a servicios prestados como funcionario de carrera como a servicios en régimen de temporalidad, esto es, como interino ( ya funcionario o laboral).

Oigamos el apartado 84 de la sentencia: 

El Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 que figura anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999- debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los períodos de servicio cumplidos por un funcionario interino de una Administración Pública no sean tenidos en cuenta para el acceso de éste, que entre tanto ha tomado posesión como funcionario de carrera, a una promoción interna en la que sólo pueden participar los funcionarios de carrera, a menos que dicha exclusión esté justificada por razones objetivas, en el sentido del apartado 1 de dicha cláusula. El mero hecho de que el funcionario interino haya cumplido dichos períodos de servicio sobre la base de un contrato o de una relación de servicio de duración determinada no constituye tal razón objetiva.”

2. La importancia de la sentencia no es baladí. Hay que tener presente que el mandato del Estatuto Básico es promover la consolidación de empleo temporal, de manera que corren tiempos en que muchos funcionarios de flamante y nuevo ingreso deberán su plaza a un procedimiento o “turno privilegiado” reservado a quienes eran funcionarios interinos, desde fecha anterior al 1 de Enero de 2005 (Disp. Transitoria Cuarta EBEP). Pues bien, una vez enfundados en su condición de funcionarios de carrera, podrán participar en cualquier procedimiento de promoción interna que se convoque en su Administración, regalo nada desdeñable ya que es sabido que en tiempos de crisis económica, si las Administraciones no pueden subir directamente las retribuciones sí pueden negociar la convocatoria de procedimientos de promoción interna que a corto plazo mantienen entretenido al personal y en paz social, además de no incorporar personal nuevo con nuevos costes.

3. Lo que se plantea es cual será el siguiente paso. ¿ El reconocimiento de tales servicios temporales a efectos de consolidación de niveles?, ¿ excedencias?, ¿ premios de antigüedad?, ¿situaciones administrativas varias?, etc. Lo que está claro es la tendencia y el cambio de paradigma en el Derecho español: el tránsito de la diferencia legítima entre servicios por personal “temporero” y servicios por personal “fijo” a un criterio de presumir la ilegitimidad de toda diferencia salvo acreditación razonable, razonada y objetiva de la misma.

Se ve que la Europa sin fronteras está rompiendo las fronteras entre personal interino y entre personal funcionario de carrera, y asimismo entre personal funcionario y personal laboral. El horizonte a corto plazo será una única categoría de empleados públicos y una única e idéntica valoración de los servicios prestados, al margen de la naturaleza temporal o definitiva del vínculo profesional o laboral.

4. Por otra parte, la Sentencia se adentra en el cenagoso mundo de las convocatorias firmes y consentidas, ya que en el caso analizado, la convocatoria exigía esa experiencia como funcionario de carrera y el demandante participó calladamente sin impugnar la convocatoria. Es al término de la misma, cuando la Administración le excluye y anula su nombramiento, y ante el recurso contencioso-administrativo del funcionario, momento en que la Administración invoca el dogma del acto consentido y firme. O sea, para la Administración ( siguiendo un dogma clásico en el Derecho administrativo español) aunque la convocatoria no se ajustase al derecho comunitario, el aspirante no la impugnó en tiempo y forma.

Pues bien, la Sentencia europea de forma tímida comienza reconociendo que cabe que el Derecho interno contemple institutos como el acto consentido y plazos preclusivos pero finalmente da una fuerte cambiada y expresamente afirma que en los casos en que está en juego este derecho a la igualdad de los trabajadores con anclaje comunitario, no debe operar como límite a la defensa de los derechos la técnica de la “convocatoria firme y consentida”. Oigamos el apartado 100 de la sentencia:

Habida cuenta de lo que antecede, procede responder a la quinta cuestión que el Derecho primario de la Unión, la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, a una norma nacional que prevé que el recurso interpuesto por un funcionario de carrera contra una resolución por la que se le excluye de un proceso selectivo y basado en que dicho proceso era contrario a la cláusula 4 de dicho Acuerdo marco debe interponerse en un plazo preclusivo de dos meses desde la fecha de la publicación de la convocatoria. Sin embargo, tal plazo no podía oponerse a un funcionario de carrera, candidato a dicho proceso selectivo, que fue admitido al mismo y cuyo nombre figuraba en el listado definitivo de aprobados de dicho proceso, si podía hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Acuerdo marco. En tales circunstancias, el plazo de dos meses sólo podría empezar a correr desde la notificación de la resolución por la que se anulaba su admisión a dicho proceso y su nombramiento como funcionario de carrera del grupo superior.”

En fin, los juristas entre poner una oreja a los mensajes del Tribunal Constitucional y otra a los trompetazos del Tribunal Europeo nos parecemos cada vez mas a Dumbo, por el tamaño de los pabellones auditivos y por los “trompazos” judiciales que se avecinan.

P.D. Aquí tenéis el texto completo de la sentencia, cuyo nombre es fácil de recordar: Sentencia Rosado Santana.

Enlace permanente: http://goo.gl/6iZB7

Leer más...

"La democracia se rinde"

Publicado en www.cadenaser.com

Según Iñaki Gabilondo, ''la democracia se rinde'' al consagrar los objetivos de déficit en la Constitución. Es una más, quizá la mayor, de las ofrendas que estamos realizando a los mercados

Enlace permanente: http://goo.gl/7vEOe

Leer más...

Los mercados, a más comer más hambre tienen

Un artículo de José Luis López Bulla. Un periódico de hoy (30 de agosto) afirma en un titular: "Los mercados ignoran la reforma para limitar el déficit público español". La pregunta podría ser: ¿por qué no tendrían que hacerlo? Esto es, si los mercados ignoran todos los mandamientos de las tablas de la ley, ¿a santo de qué iban, a estas alturas, a hacer lo contrario de lo que les ha dado tantos dividendos? Esperar lo contrario sería caer en el arrebato de la más beatífica de las simplicidades.

Un artículo de José Luis Lopez Bulla, en su blog Metiendo bulla.

Un periódico de hoy (30 de agosto) afirma en un titular: "Los mercados ignoran la reforma para limitar el déficit público español". La pregunta podría ser: ¿por qué no tendrían que hacerlo? Esto es, si los mercados ignoran todos los mandamientos de las tablas de la ley, ¿a santo de qué iban, a estas alturas, a hacer lo contrario de lo que les ha dado tantos dividendos? Esperar lo contrario sería caer en el arrebato de la más beatífica de las simplicidades.

Zapatero, a buen seguro, no ha leído la Divina Comedia. Y si lo ha hecho no ha sacado las debidas consecuencias. Ya en el canto primero el de Florencia habló de una bestia (según la mayoría de los comentaristas, la Curia Vaticana) que "después de comer más hambre aún tiene" [e dopo¿l pasto ha più fame che pria]: un imperativo que los mercados han traducido de manera orgánica. Como el hambre no se sacia, y para ellos todo es aperitivo, no se conforman con los suculentos festines a que son convidados. Exacto, a los mercados también parece referirse el Dante en el canto XVI: "nueva gente y rápidas ganancias" [La gente nuova e i sùbiti guadagni] que, tras las mutaciones económicas de aquellos tiempos florentinos, afloraron de manera desafiante. Que hay más ejemplos es cosa sabida. Pero, con estas indicaciones, es posible que avive la curiosidad de amigos, conocidos y saludados para leer la Divina Comedia: se recomienda leer un canto al día.

Los mercados han recibido otro aperitivo y, por ello, seguirán en estado de jambre (algo peor que el hambre). Es la tapa que les ha servido el Ministro de Trabajo, un aparente mosquita muerta, que -se admiten apuestas—tampoco ha leído al Dante: los contratos temporales permanentemente temporales. Lo que, además de un arcabuzazo, es todo un señor oxímoron. Algo que Rubalcaba ("amarrado el duro banco / de la galera turquesca" de la candidatura) no se ha referido. Lo que se afirma como recuerdo de aquel camarero del granadino Bar Sevilla que se sabía de memoria las Soledades gongorinas.

Absténgase, pues, de pedir que esos caballeros se vayan. Ya lo han hecho.

Enlace permanente: http://goo.gl/yMTsi

Leer más...

Jueces para la Democracia rechaza la reforma de la Constitución

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha rechazado que la reforma de la Constitución que han consensuado PSOE y PP se haya acometido "por sorpresa, de forma precipitada, en periodo estival y con negociaciones opacas solo participadas por las cúpulas de dos partidos". Cree que “se banaliza el valor y significado de la Constitución” y “se juega con ella a espaldas de la ciudadanía”.

Publicado en www.nuevatribuna.es

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha rechazado que la reforma de la Constitución que han consensuado PSOE y PP se haya acometido "por sorpresa, de forma precipitada, en periodo estival y con negociaciones opacas solo participadas por las cúpulas de dos partidos".

"Los textos constitucionales no son simples leyes que configuren opciones económicas coyunturales. Son el fundamento y motivo de la conformación de un grupo humano como sociedad democrática en la que es la ciudadanía la que se dota de unas normas de juego básicas rectoras de la vida en común y dentro de las que deben pugnar las distintas propuestas y opciones políticas", recuerda JpD.

El colectivo de jueces, que interpreta esta modificación con "el objetivo último de contentar los intereses concretos de quienes se esconden detrás de los supuestos mercados", señala que los partidos mayoritarios ostentan "legitimidad democrática para lo que han resultado elegidos pero no pueden arrogarse la totalidad de la voluntad de quienes votaron". "Representar no es sustituir completamente la voluntad de quien es representado", advierte.

En esta línea, critica que los dos partidos mayoritarios no hayan dado a conocer "los motivos concretos de la reforma" y que ni siquiera se haya respetado a las Cortes Generales como "lugar de debate, imponiendo a las mismas el voto disciplinado a ciegas de las opciones".

"SUPLANTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL"

La asociación también critica que la reforma de la Constitución sea "regular aspectos concretos de la organización política o económica", ya que, a su entender, su función es la de "fundamentar esa propia organización y ser la fuente y el límite de futuras decisiones".

En este sentido, JpD señala que, aunque los partidos políticos son "instituciones políticas fundamentales de representación democrática", no pueden "suplantar la totalidad de la participación social".

"Los debates públicos en los que participan múltiples agentes sociales son los que permiten construir consensos y hablar de ciudadanía y no de súbditos", afirma el colectivo de jueces antes de añadir que los "debates de calado precisan de tiempo para escuchar las voces diversas, sopesar sus aportaciones y decidir de una forma libre y consciente".

De igual manera, defiende la necesidad de que la democracia se encargue de "reconquistar la economía". "Cuando hace unos años estalló la actual crisis financiera, muchas voces autorizadas hablaron de la necesidad de revisar las decisiones de desregulación económica y liberalización de unos mercados instalados en la impunidad del derroche y la ganancia privada desmedida", señala.

En consecuencia, JpD rechaza que "se banalice el valor y significado de la Constitución, que se juegue con ella a espaldas de la ciudadanía suplantando a los propios representantes políticos, y se nos pretenda imponer como única opción posible una determinada orientación de política económica".

Enlace permanente: http://goo.gl/GCF1I

Leer más...

Tiempos borrascosos

Un artículo de Manuel Castells. Tamizados por un difuso sopor vacacional llegan los crujidos de un mundo en quiebra. Hechos disconexos pero que juntos componen una nueva trama de vida. Arde Londres, la xenofobia masacra en Noruega, las bolsas se hunden, el euro se avergüenza, la ficción europea se desvanece, Estados Unidos en bancarrota, la crisis financiera corroe ahorros y devora empleos, los políticos se esconden para capear el temporal, las revoluciones árabes siguen removiendo el mundo entre heroísmo ciudadano y violencia de tiranos irredentos, movimientos sociales hechos de una mezcla de hastío y esperanza extienden la indignación de España hasta la India, pasando por Grecia e Israel. Pinceladas de un lienzo de historia en trance de ser. Y aunque no lo parezca hay un hilo conductor.

Un artículo de Manuel Castells, publicado en La Vanguardia

En pocos meses se ha afirmado con fuerza en la práctica social que la comunicación es el mecanismo fundamental para unirse.

Tamizados por un difuso sopor vacacional llegan los crujidos de un mundo en quiebra. Hechos disconexos pero que juntos componen una nueva trama de vida. Arde Londres, la xenofobia masacra en Noruega, las bolsas se hunden, el euro se avergüenza, la ficción europea se desvanece, Estados Unidos en bancarrota, la crisis financiera corroe ahorros y devora empleos, los políticos se esconden para capear el temporal, las revoluciones árabes siguen removiendo el mundo entre heroísmo ciudadano y violencia de tiranos irredentos, movimientos sociales hechos de una mezcla de hastío y esperanza extienden la indignación de España hasta la India, pasando por Grecia e Israel. Pinceladas de un lienzo de historia en trance de ser. Y aunque no lo parezca hay un hilo conductor.

En la raíz, es la crisis de un modelo. No sólo de un modelo económico dominado por un capitalismo financiero especulativo que hizo de la economía una ficción, enredando al mundo en una virtualidad de valores bursátiles, sino de un modo de vida centrado en buscar sentido en un consumo sin sentido. Dependiendo de un trabajo, cualquiera, para vivir de prestado. Hasta que calla la música y aparece el vértigo del vacío interior. En esa soledad hija de la competitividad. Y cuando lo cotidiano se cae se buscan culpables. Porque nuestra cultura está hecha de culpabilidad. De los otros. Y los más otros de los demás son los que se detectan como distintos. Esos que buscaron trabajo y refugio en países europeos incapaces de hacer niños y remilgados de la faena dura. El chivo expiatorio es la más antigua lámina en el archivo de lo atroz. Puestos a desollarlo, empecemos por sus cómplices, los que abren las puertas a los que no son verdaderos noruegos o finlandeses o daneses u holandeses o catalanes de pura sangre. El asesino de decenas de jóvenes no era un loco, sino un educado militante del segundo partido de Noruega, partido xenófobo, eslabón de un espectro desencadenado que recorre Europa. Y cuando no son nazis declarados son policías cotidianamente racistas hasta que se les va la mano y liquidan a tiros a un mulato de Tottenham, sin dar explicaciones ni a su familia. Fue la gota que colmó el vaso de sempiterna humillación por parte de una Scotland Yard corrupta a sueldo de Murdoch para espiar a quien quisiera, desde líderes políticos hasta niñas asesinadas. Hete aquí que con la policía desbordada se desatan instintos de incendio y pillaje con participación de gentes de toda edad, clase y condición. Acceso libre al consumo. Como si la presión a la que se somete a una sociedad consumista incapaz de consumir hiciera explotar una caldera de rabia difusa, sin los tonos nobles de nuestros pacíficos indignados. Terror entre las élites y los ciudadanos de bien. Los salvajes están encasa y no todos son negros o inmigrados. Mano dura como respuesta. Aun sabiendo de siempre que cuanta más represión hay más hierve la sangre mientras las raíces de la cólera sigan ahí. ¡Qué civilizados y sensatos parecen los indignados españoles (o sus primos israelíes o sus hermanos griegos) en comparación con estos ingleses desbocados del siglo XXI! Pero no se equivoque. Nuestros indignados son activamente no violentos, pero que no se intente pararlos a golpes con argumentos de limpieza de plazas y ordenación de tráfico. Porque no se van a parar, van lejos, irán hasta el fin de la denuncia de un sistema que nos está tragando a todos en el torbellino de destrucción generado por el cinismo financiero y la incompetencia política. En estos movimientos sociales se juntan la crítica a formas alienadas de vida con el rechazo a pagar los platos rotos derivados de los errores (o cálculos especulativos) de los dueños del dinero y el poder que, como siempre, quieren irse de rositas.

Y mientras, allende el Mediterráneo, los árabes se reencuentran a sí mismos, con movimientos sociales derrocando tiranos y juzgando a corruptos aunque a veces sea a costa de ríos de sangre que aún fluyen a raudales en Siria ante las protestas estériles de la timorata comunidad internacional. Menos mal que los sirios, como los egipcios, los tunecinos y tantos otros decidieron hace tiempo que tenían que liberarse ellos mismos sin pedir permiso a los sospechosos habituales. Lástima que el sueño de los indignados israelíes abrazándose a los acampados de Tahrir haya chocado con la provocación deliberada de islamistas y sionistas para frustrar una paz posible entre personas cansadas de ser rehenes de políticos y geopolíticos.

En todos estos episodios dispares se repiten temas y formas. En el horizonte está la autogestión de la vida, pasando de políticos profesionales. En el núcleo de la acción están internet y las redes móviles. Es mediante las formas autónomas de comunicación que la gente ha podido autoorganizarse, coordinarse y suscitar un debate democrático de ideas, sueños y propuestas. En pocos meses se ha afirmado con fuerza en la práctica social que la comunicación es el mecanismo fundamental para unirse y que la reunión de personas en las redes sociales, preludio de acampadas y manifestaciones, permite superar el miedo en el que se basa el control social de un sistema que ya no convence y apenas vence. Las revoluciones del siglo XXI, en sus múltiples formas, ya tienen sus herramientas, hechas de comunicación autónoma interactiva y multimodal, local y global. Sabiendo que en internet, que está hecho de la vida de los internautas, hay de todo, lo mejor y lo peor, desde asesinos y saqueadores hasta rebeldes contra la tiranía o inventores de la nueva vida. Pero es la matriz del desafío a un mundo que se autodestruye, afirmando la posibilidad de reconstruir la sociedad desde la base.

Porque algo huele a podrido en Dinamarca. Y en Noruega. Y en Europa. Y hasta en esta España que se montó en una economía de cartón piedra gobernada por monigotes de papel.

Vivimos tiempos borrascosos. Pero las borrascas limpian el aire. ¿No siente la brisa que viene del mar?

Manuel Castells Oliván (Hellín, España, 1942) es un sociólogo y profesor universitario, catedrático de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley, así como director del Internet Interdisciplinary Institute en la Universitat Oberta de Catalunya.

Enlace permanente: http://goo.gl/JORT4

Leer más...