CCOO DENUNCIA NUEVAMENTE ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO QUE EL MINISTERIO DE
JUSTICIA SIGUE INCUMPLIENDO EL DERECHO DEL PERSONAL A PARTICIPAR Y SER
CONSULTADO E INFORMADO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRAVINIENDO LA LEY DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La evaluación de riesgos en los centros de trabajo
para determinar, por ejemplo, su aforo máximo para mantener la distancia de
seguridad de 2 metros o para establecer o no el uso obligatorio de mascarillas,
guantes y mamparas, se está realizando a espaldas de los delegados y las
delegadas de prevención que tienen derecho, también incumplido, a acompañar en
las visitas a los centros al personal técnico encargado de realizar esta
evaluación de riesgos
La decisión adoptada de mantener a todo el personal
de la Administración de Justicia de todas las CCAA, independientemente de la
situación general de sus provincias y comarcas, según lo determinado por la Autoridad Sanitaria en la fase 1 de la desescalada durante
la próxima semana afecta a las condiciones de trabajo y de salud del
personal de la Administración de Justicia y se ha adoptado sin la
preceptiva consulta y participación previa de los trabajadores y las
trabajadores y sin la información a nuestro colectivo tras la toma de la
decisión, conculcando los derechos del personal recogidos en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Tampoco han sido consultados ni
informados los Comités de Seguridad y Salud ni los delegados y las delegadas de
prevención, como también obliga la LPRL.
Asimismo, no nos consta que dicha decisión se haya
adoptado con el asesoramiento o participación de los Servicios de Prevención ni
de ningún otro organismo ni personal técnico lo que, a nuestro juicio, también
contraviene lo dispuesto en dicha LPRL.
Se menciona además en la nota de prensa que la
decisión adoptada obedece a la necesidad de evaluar las medidas de seguridad
colectivas e individuales precisas para evitar los contagios en cada sede. Ni
el personal, ni sus representantes, ni los Comités de Seguridad y Salud han
sido informados de que esta evaluación se esté llevando a cabo, ni tampoco qué
organismo o personal técnico la está realizando. Tampoco los delegados y las
delegadas de prevención han recibido información sobre el calendario de visitas
a los centros para realizar esta evaluación, lo que les impide ejercer su
derecho a acompañar al personal técnico en estas visitas, también recogido en
la LPRL y también incumplido.
Esta decisión adoptada en la Comisión de Coordinación para la crisis del COVID-19,
integrada por el ministerio, las CCAA, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado
y Consejo General de la Abogacía y en la que el Ministro Juan Carlos Campo sigue
sin permitir la presencia de la representación sindical de las 55000 personas
que conformamos el colectivo más afectado por las medidas que se adoptan.
Se mantiene
además el paso en justicia a la Fase 1 en las provincias y comarcas que el
Gobierno mantiene en la Fase 0 lo que demuestra de forma fehaciente que para el
ministro y el resto de integrantes de la Comisión de Coordinación el personal
de justicia y la ciudadanía que tiene que asistir a los juzgados y tribunales
no merecemos la misma protección de nuestra salud que el resto y que, para
ellos, la atención a toda costa de los servicios no esenciales está por encima
del derecho a la protección de nuestra salud.
TAMBIÉN
CONTINÚAN SIN ESTABLECERSE CON CLARIDAD LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN OBLIGATORIAS
EN CADA PUESTO DE TRABAJO Y LA PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DONDE ESTAS MEDIDAS
SE INCUMPLAN
CCOO
hemos ampliado la denuncia presentada el pasado 12 de mayo ante la Inspección de Trabajo
con estos nuevos incumplimientos de la LPRL; hemos vuelto a solicitar al
ministerio nuestra inclusión en la Comisión de Coordinación, y hemos exigido
que, en lo sucesivo, se dé cumplimiento a la LPRL en todo lo relativo a evaluación
de riesgos; participación, consulta e información del personal; intervención de
los Servicios de Prevención, Comités de Seguridad y Salud y Delegados/as de
Prevención, e información de los daños y vigilancia de la salud de los trabajadores
y las trabajadoras, lo que no se ha cumplido en las medidas adoptadas hasta la
fecha.
