Anoche, el digital "El Español" publicaba una información, confirmada en la página web del poder judicial, en relación a que "Los 5.419 jueces y magistrados
españoles podrán saber si han generado anticuerpos frente al Covid-19
antes de incorporarse a los Juzgados y Tribunales, una vez que se
levante la suspensión de la actividad judicial acordada por el estado de alarma".
La Comisión Permanente de Consejo General del Poder Judicial
tiene previsto aprobar este jueves una modificación del contrato
suscrito en octubre de 2019 con la compañía que realiza
los reconocimientos médicos periódicos a los miembros de la carrera
judicial en activo (Quirón Prevención S.L.U) con el fin de incorporar a
ese contrato una prestación consistente en la realización de la prueba serológica de inmunoglobulinas IgG-IgM.
El CGPJ viene trabajando desde hace días en esa
iniciativa, que ya ha sido visada por la Comisión de Asuntos Económicos e
informada por la Intervención del Consejo. El Gabinete Técnico hizo el
pasado 30 de abril un informe de legalidad favorable y en la misma fecha
la empresa Quirón mostró su conformidad con la modificación contractual.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el precio de cada una de las pruebas será de 56,30 euros, IVA incluido.
La nueva prestación no comportará una ampliación del importe del contrato,
cuyo plazo de ejecución es hasta octubre de 2021 y su dotación asciende
a 403.228 euros. La mayor parte de ese presupuesto se destina a los
reconocimientos médicos anuales que se realizan a los jueces y
magistrados, aunque también se incluyen otros conceptos como el examen
de patologías relacionadas con el estrés o los chequeos oftalmológicos.
La propuesta de modificación del contrato con la
compañía sanitaria se justifica en "la situación sanitaria generada por
el Covid-19, la consideración de la Justicia como servicio esencial,
la previsión de levantamiento de estado de alarma, la consiguiente
reincorporación de jueces y magistrados a las sedes judiciales, así como
la necesidad de que este órgano constitucional mantenga activa la
vigilancia de la salud de la carrera judicial, en un momento crítico
como el actual".
El CGPJ entiende que la incorporación de la determinación serológica de inmunoglobulinas IgG-IgM es una "necesidad"
derivada de la situación sanitaria y social creada por la pandemia, una
circunstancia sobrevenida e imprevisible en el momento en que tuvo
lugar la licitación del contrato y que el Consejo no pudo prever.
Desde CCOO nos parece absolutamente inadmisible
que exista diferencias entre categorías profesionales de la Justicia
española, y hemos exigido al Ministerio que realice el mismo tipo de prueba a
todo el personal de Justicia, con independencia de ser Magistrado,
Fiscal, Letrado, pertenecer a los cuerpos generales o a los especiales, al personal laboral,
etc. dado que estamos ante una crisis sanitaria, de la que nadie es
inmune, y más cuando el reparto de equipos de protección individual (con
dinero del ministerio) se ha repartido entre todos los cuerpos de
profesionales de Justicia, -incluso el ministerio ha repartido a
abogados, procuradores, registradores, notarios,-... y así lo hemos
entendido que tenía que ser, para ahora, descolgarse el CGPJ con el "consentimiento" del ministerio, y realizar estas pruebas solo a la Carrera Judicial.
