- Las medidas publicadas
en el BOE de 1 de abril para agilizar, tras el estado de alarma, la actividad en
los juzgados de lo social, contencioso-administrativo y mercantiles, están abocadas al fracaso por la crónica falta de medios en la
Administración de Justicia
La disposición adicional 19ª del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, publicado hoy en el BOE establece que el Gobierno aprobará, en el plazo máximo de 15 días tras el estado de alarma, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil, con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.
Para CCOO, los datos indican que la situación de estos juzgados antes de esta crisis, como toda la administración de justicia, presentaba un panorama desolador: decenas de juzgados atascados o al borde del colapso, atrasos de años en la resolución de los procedimientos, señalamientos de juicios para dentro de dos o tres años, etc
Los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial son absolutamente explícitos:
Tipo de
Juzgado
|
Asuntos
ingresados en 2019 (media por órgano)
|
Carga
anual de asuntos máxima por órgano estimada por el CGPJ
(BOE
29/12/18)
|
Asuntos
pendientes de resolver (media por órgano)
|
| Juzgados de lo Social |
1061,50
|
800
|
807,68
|
| Juzgados de lo Contencioso-Administrativo |
598,30
|
570
|
408,88
|
| Juzgados de lo Mercantil |
1089,78
|
435
|
1063,43
|
Estas cifras medias implican que, en determinados juzgados, el volumen de asuntos ingresados duplica o
incluso triplica los módulos de carga de trabajo y, por tanto, es
imposible su atención con los medios de que se dispone. Y lo mismo
con el número de asuntos pendientes de resolver que, en muchos casos, supera en dos o tres veces el número de asuntos que ingresan cada
año.
CCOO calcula que alrededor de 400
juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales y de todo el
territorio nacional mantienen en la actualidad retrasos inasumibles
en la resolución de los asuntos y una cifra similar (400 juzgados)
reciben cada año cargas de trabajo que es imposible atender.
Solo para actualizar el retraso CCOO estima que sería necesaria la contratación de 400
jueces/zas y 3.500 funcionarios/as de refuerzo del resto de los
cuerpos, como así lo ha solicitado CCOO al Congreso de los Diputados
y a los sucesivos gobiernos en reiteradas ocasiones.
Con este panorama, CCOO se pregunta cómo
se va a acometer el plan de agilización que disponen las medidas
extraordinarias acordadas en el Boletín Oficial del Estado. La
experiencia reciente de las medidas adoptadas por el CGPJ para los
juzgados habilitados para atender las demandas de cláusulas suelo y
otras reclamaciones hipotecarias ha sido decepcionante para la
ciudadanía, que sigue viendo cómo la resolución de sus reclamaciones
se retrasará durante años por la falta de medios, beneficiando, eso
sí, a las entidades bancarias que cobraron cantidades indebidas.
Ha quedado claro, durante esta crisis
que estamos padeciendo, que la inversión en Sanidad Pública y
Servicios Sociales es imprescindible para atender los derechos
básicos de la ciudadanía. También otros servicios esenciales como
la Educación Pública exigen mejoras sustanciales de medios
materiales y personales. Pero el servicio público de la
Administración de Justicia es también un pilar básico del Estado
Social y Democrático de Derecho que propugna nuestra Constitución
para la defensa de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía. Y si
no se dota este servicio esencial de medios suficientes, como ha
venido ocurriendo durante toda la etapa democrática, las medidas de
agilización que se anuncian no serán más que un brindis al sol.
