Las
seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del
Ministerio de Justicia (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA), por el presente
reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su
presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19,
Desde
el principio de la crisis el CGPJ se ha atribuido unas competencias que no le
corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos
laborales y ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose
de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación
legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia.
Para
las seis organizaciones sindicales, los Comités de seguimiento COVID 19 creados
en el seno de los TSJ por acuerdo de la Comisión permanente del Consejo carecen
de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente
mencionadas. En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez
alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia.
Denunciamos
la táctica de sabotaje empleada por la Comisión permanente del Consejo para
impedir el cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones del Ministerio
de Justicia, CCAA con competencias en materia de medios materiales y personales
de la Administración de Justicia. Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de
trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones
establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios
personales en la Administración de Justicia.
Denunciamos
que la injerencia del Consejo General del Poder Judicial está poniendo en
riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía
en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias,
mientras recomienda a los Jueces y Magistrados que trabajen desde casa gracias
a los equipos informáticos prestados por la Administración y de los que no
dispone el resto del personal de Justicia.
Recordamos
que el CGPJ aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados/as públicos de
Justicia por las descalificaciones vertidas en su comunicado del pasado 19 de
marzo en el que se les acusaba de falta de profesionalidad.
Lamentamos
que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y
la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer
sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el
resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de
los empleados/as públicos/as, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias
que se dan en la gestión de la Administración de Justicia.
Alentamos
al Ministerio de Justicia y a las CCAA autónomas con competencias transferidas
en materia de justicia para que continúe poniendo freno a esta
irresponsabilidad del CGPJ.
Recordamos
a los miembros del CGPJ que la Administración de Justicia no son sólo ellos, ni
siquiera lo son sólo los Jueces y Magistrados. La Administración de Justicia
son, también, los 55.000 empleados/as públicos/as que hacen posible que todos
los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en
disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia
en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales.
Unos
empleados/as públicos/as que, incluso ahora, tienen el derecho a que se proteja
su salud y a que el protagonismo desmedido de integrantes del Consejo General
del Poder Judicial con su presidente Carlos Lesmes a la cabeza, no la ponga en
riesgo caprichosamente junto con la de sus familiares y, en general, la salud de
la sociedad en su conjunto que tan valientemente está luchando contra la
amenaza invisible de un virus mortal.
Para
finalizar, las seis organizaciones sindicales queremos hacer un reconocimiento
a todos los empleados públicos y a los trabajadores en general que, durante
estos días, están prestando los servicios esenciales para que la sociedad siga
funcionando. Y, no por repetido hay que darlo por hecho, nuestro agradecimiento
a los miles de empleados públicos y trabajadores del sistema sanitario con independencia
del Cuerpo o grupo profesional al que pertenezcan, que están dando la cara en
primera línea contra el virus.
