En el día de hoy, el El Norte de Castilla, publica un artículo sobre el "reinicio" de la actividad de los juzgados "bajo el temor de una avalancha de demandas", y parece que tras consultar la periodista con distintos operadores jurídicos, solo CCOO está preocupado por lo importante, por nuestra seguridad y salud, y la de nuestras familias, porque estamos ante una crisis sanitaria, que parece que a determinada "gente" se le olvida y no es su prioridad. La actitud de "algunos" es de una tremenda irresponsabilidad, jugando con la salud de los demás. Eso sí, muy preocupados con que en agosto no se celebren juicios y siga siendo inhábil, pues CCOO considera que si es necesario se debe habilitar, porque los que integramos la Administración de Justicia llevamos trabajando en agosto toda la vida, porque los juzgados no se cierran.
Se
da la situación que mientras que compañeros/as no pueden acudir al
entierro de sus abuelos y familiares, por una cuestión de seguridad,
resulta que sí deben acudir a trabajar a los juzgados, ¿a tramitar qué?,
porque para esto no hay problema ninguno para su salud.
Para los que no tengáis acceso al artículo publicado por el El Norte de Castilla, os dejamos la transcripción:
La
veda para presentar escritos no urgentes se ha levantado en los
juzgados en un intento de aterrizar sin chocar de golpe contra el
volumen de asuntos pendientes cuando se dicte el fin de la cuarentena
social. Pero la magra plantilla de los servicios mínimos que trabaja de
manera presencial en las sedes judiciales de Castilla y León desde la
declaración del estado de alarma por la covid-19 teme que la avalancha
de demandas y otras notificaciones no urgentes colapsen el sistema. Los
colegios de abogados y procuradores recomendaban la víspera a sus
colegiados «moderación y sentido común» en esta presentación telemática
después de un mes y medio sin poder ningún asunto que no fuera urgente
(como, por ejemplo, las causas con presos). Desde hoy, pueden entrar
para su registro, además de los asuntos urgentes como los que afectan a
derechos fundamentales, demandas, recursos de apelación y casación y
contenciosos.
Julio Sanz, presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León (Cracyl), que representa a los más de 5.000 abogados de la comunidad, no oculta su preocupación porque se prevé «un colapso brutal y sin toda la plantilla de funcionarios en marcha», y después de mes y medio de «bloqueo en los despachos, donde hay acumulados asuntos anteriores, los suspendidos de este mes y medio y lo nuevo». Apela, en todo caso, al sentido común entre todas las partes. «Nuestro interés es colaborar y no colapsar, pero entiendo que los compañeros están deseosos de sacar sus asuntos adelante».
Aprovecha para aludir, además, a la situación límite de algunos despachos a raíz de la epidemia y solicita al Gobierno y a la Junta que se extiendan las ayudas a autónomos y pymes a la abogacía porque «no hemos podido presentar ERTE al ser servicio esencial y tampoco podemos cerrar la actividad».
En cada provincia, los operadores judiciales tratan de acordar medidas 'antiavalancha' ante la imprecisa resolución del Ministerio de Justicia del pasado 13 de abril que levanta las limitaciones acordadas para presentar escritos por la vía telemática, si bien sigue en vigor la suspensión de plazos procesales. Ni en la resolución del Ministerio ni en el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial se establece un periodo transitorio o de adaptación y solo recomiendan a abogados y procuradores «ponderación o moderación» en la presentación de los escritos «para hacer más viable el reparto». Tal y como informó ayer al colectivo judicial el presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza, los decanos de los abogados y procuradores se han comprometido a recomendar a sus colegiados que presenten durante los próximos días sólo escritos relacionados con asuntos ya están en trámite. Además, piden que la presentación sea escalonada durante las dos próximas semanas y que no se inunden los juzgados presentando todos el primer día.
Transcurrido este plazo, y «cuando se haya liberado todo lo que se pueda notificar en las actuales circunstancias», se iniciaría la presentación de las nuevas demandas y escritos. Señala Carranza que, «de esta forma, el escaso personal judicial podrá atender los asuntos ya iniciados y destinar la parte fundamental de su trabajo al traslado de aquellos asuntos de mayor trascendencia (sentencias y autos que ponen fin a incidentes) y, en definitiva, resoluciones relevantes para llevar y terminar los procedimientos».
«Es que solo en Valladolid, si hay un centenar de procuradores que, por término medio, pueden tener preparadas unas cinco o seis demandas para hoy, y si empezamos todos a mandar a la vez se puede colapsar el sistema informático de notificaciones», reconoce la procuradora y mediadora Gloria Calderón, quien recuerda que los son los pioneros de la Administración de Justicia en trabajar «en remoto» pero los funcionarios tramitadores de los juzgados, además de estar en cuadro, no tienen los recursos para «teletrabajar», empezando por los equipos, y carecen de las claves de seguridad para usar el escritorio virtual. Jueces y letrados de la Administración de Justicia (secretarios) sí disponen de tabletas para adelantar en casa pero al programa de trabajo Minerva solo se puede acceder en la sede judicial, explican.
Otro aspecto que ha generado malestar entre los operadores judiciales es la propuesta para declarar hábil el mes de agosto y así celebrar juicios pendientes. Al igual que los abogados, el decano de los procuradores de Castilla y León, Juan Manuel Gago, se opone frontalmente a trabajar dicho mes. «Hay otras medidas: trabajar a turnos, ampliar las plantillas o concentrar los periodos vacacionales en un determinado plazo», señala el procurador zamorano. Además, puntualiza «no solo se trata de los operadores judiciales, sino de citar testigos, peritos... No lo vemos viable ni efectivo para reducir la congestión».
La letrada de la Administración de Justicia Silvia Santana, delegada de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) de Castilla y León sostiene que hay que hacer de la necesidad virtud y aprovechar esta situación anómala «para aplicar medidas que permitan agilizar y economizar tiempos, como que las transferencias bancarias sean obligatorias, favorecer la mediación para evitar el juicio y revisar las ejecuciones civiles, que ralentizan mucho».
Raúl Franco, de Comisiones Obreras Justicia, es el más crítico con que se haya levantado la veda de los escritos en este momento. «Es una irresponsabilidad del Ministerio de Justicia, porque ha cedido a las presiones de abogados y procuradores y han prevalecido por encima de la salud y seguridad del personal». Pronostica que «esto va a dejar muchas heridas, porque juegan con la salud y seguridad de los funcionarios y sus familias».
El juez decano de Valladolid, Emilio Vega, dejó ayer sin efecto el acuerdo por el que se suspendía toda la actividad no urgente en los juzgados. Considera que, aunque existe temor porque se produzca una lluvia de demandas en las sedes judiciales, «hay que llevarlo con filosofía» y está decidido a no dramatizar. Se remonta, en este sentido, a los dos meses que duró hace 12 años la gran huelga de Justicia, «a la que sobrevivimos, así que podremos con esto». Explica que a partir de hoy se va a poder presentar «todo», aunque en el momento en que se señale un plazo, por ejemplo, de 20 días, para contestar a una demanda, este quedará en suspenso en ese momento, aunque el abogado puede ir trabajando. Para asumir estas entradas telemáticas se han ampliado ligeramente los servicios mínimos para atender el decanato, los juzgados de instrucción y violencia de género «siempre con cuidado de respetar las distancias de seguridad, porque aquí los despachos son muy reducidos». Insiste en que «el atasco de ahora no va a ser trascendental. Preocupa lo que vendrá después, cuando se levante el estado de alarma, porque no sabemos lo que va a entrar en los juzgados». Otra cosa, indica, es que el sistema Lexnet de comunicación se «caiga». Por otro lado, Vega tiene cierta inquietud porque, entre tanta demanda y tan poco personal, «pueda pasar desapercibido algún escrito verdaderamente urgente, aunque en estos asuntos urgentes la Fiscalía suele advertir por teléfono».
Julio Sanz, presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León (Cracyl), que representa a los más de 5.000 abogados de la comunidad, no oculta su preocupación porque se prevé «un colapso brutal y sin toda la plantilla de funcionarios en marcha», y después de mes y medio de «bloqueo en los despachos, donde hay acumulados asuntos anteriores, los suspendidos de este mes y medio y lo nuevo». Apela, en todo caso, al sentido común entre todas las partes. «Nuestro interés es colaborar y no colapsar, pero entiendo que los compañeros están deseosos de sacar sus asuntos adelante».
Aprovecha para aludir, además, a la situación límite de algunos despachos a raíz de la epidemia y solicita al Gobierno y a la Junta que se extiendan las ayudas a autónomos y pymes a la abogacía porque «no hemos podido presentar ERTE al ser servicio esencial y tampoco podemos cerrar la actividad».
En cada provincia, los operadores judiciales tratan de acordar medidas 'antiavalancha' ante la imprecisa resolución del Ministerio de Justicia del pasado 13 de abril que levanta las limitaciones acordadas para presentar escritos por la vía telemática, si bien sigue en vigor la suspensión de plazos procesales. Ni en la resolución del Ministerio ni en el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial se establece un periodo transitorio o de adaptación y solo recomiendan a abogados y procuradores «ponderación o moderación» en la presentación de los escritos «para hacer más viable el reparto». Tal y como informó ayer al colectivo judicial el presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza, los decanos de los abogados y procuradores se han comprometido a recomendar a sus colegiados que presenten durante los próximos días sólo escritos relacionados con asuntos ya están en trámite. Además, piden que la presentación sea escalonada durante las dos próximas semanas y que no se inunden los juzgados presentando todos el primer día.
Transcurrido este plazo, y «cuando se haya liberado todo lo que se pueda notificar en las actuales circunstancias», se iniciaría la presentación de las nuevas demandas y escritos. Señala Carranza que, «de esta forma, el escaso personal judicial podrá atender los asuntos ya iniciados y destinar la parte fundamental de su trabajo al traslado de aquellos asuntos de mayor trascendencia (sentencias y autos que ponen fin a incidentes) y, en definitiva, resoluciones relevantes para llevar y terminar los procedimientos».
«Es que solo en Valladolid, si hay un centenar de procuradores que, por término medio, pueden tener preparadas unas cinco o seis demandas para hoy, y si empezamos todos a mandar a la vez se puede colapsar el sistema informático de notificaciones», reconoce la procuradora y mediadora Gloria Calderón, quien recuerda que los son los pioneros de la Administración de Justicia en trabajar «en remoto» pero los funcionarios tramitadores de los juzgados, además de estar en cuadro, no tienen los recursos para «teletrabajar», empezando por los equipos, y carecen de las claves de seguridad para usar el escritorio virtual. Jueces y letrados de la Administración de Justicia (secretarios) sí disponen de tabletas para adelantar en casa pero al programa de trabajo Minerva solo se puede acceder en la sede judicial, explican.
Otro aspecto que ha generado malestar entre los operadores judiciales es la propuesta para declarar hábil el mes de agosto y así celebrar juicios pendientes. Al igual que los abogados, el decano de los procuradores de Castilla y León, Juan Manuel Gago, se opone frontalmente a trabajar dicho mes. «Hay otras medidas: trabajar a turnos, ampliar las plantillas o concentrar los periodos vacacionales en un determinado plazo», señala el procurador zamorano. Además, puntualiza «no solo se trata de los operadores judiciales, sino de citar testigos, peritos... No lo vemos viable ni efectivo para reducir la congestión».
La letrada de la Administración de Justicia Silvia Santana, delegada de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) de Castilla y León sostiene que hay que hacer de la necesidad virtud y aprovechar esta situación anómala «para aplicar medidas que permitan agilizar y economizar tiempos, como que las transferencias bancarias sean obligatorias, favorecer la mediación para evitar el juicio y revisar las ejecuciones civiles, que ralentizan mucho».
Raúl Franco, de Comisiones Obreras Justicia, es el más crítico con que se haya levantado la veda de los escritos en este momento. «Es una irresponsabilidad del Ministerio de Justicia, porque ha cedido a las presiones de abogados y procuradores y han prevalecido por encima de la salud y seguridad del personal». Pronostica que «esto va a dejar muchas heridas, porque juegan con la salud y seguridad de los funcionarios y sus familias».
El juez decano de Valladolid, Emilio Vega, dejó ayer sin efecto el acuerdo por el que se suspendía toda la actividad no urgente en los juzgados. Considera que, aunque existe temor porque se produzca una lluvia de demandas en las sedes judiciales, «hay que llevarlo con filosofía» y está decidido a no dramatizar. Se remonta, en este sentido, a los dos meses que duró hace 12 años la gran huelga de Justicia, «a la que sobrevivimos, así que podremos con esto». Explica que a partir de hoy se va a poder presentar «todo», aunque en el momento en que se señale un plazo, por ejemplo, de 20 días, para contestar a una demanda, este quedará en suspenso en ese momento, aunque el abogado puede ir trabajando. Para asumir estas entradas telemáticas se han ampliado ligeramente los servicios mínimos para atender el decanato, los juzgados de instrucción y violencia de género «siempre con cuidado de respetar las distancias de seguridad, porque aquí los despachos son muy reducidos». Insiste en que «el atasco de ahora no va a ser trascendental. Preocupa lo que vendrá después, cuando se levante el estado de alarma, porque no sabemos lo que va a entrar en los juzgados». Otra cosa, indica, es que el sistema Lexnet de comunicación se «caiga». Por otro lado, Vega tiene cierta inquietud porque, entre tanta demanda y tan poco personal, «pueda pasar desapercibido algún escrito verdaderamente urgente, aunque en estos asuntos urgentes la Fiscalía suele advertir por teléfono».
