En las últimas semanas, con las idas y venidas del Sr.
Sánchez respecto al incremento que tendremos en nuestras nóminas para este año
2020, que es del 2% con efectos desde el 1 de enero, determinados medios
de comunicación han vuelto a sacar a la palestra la cantinela sobre el poder
adquisitivo de los empleados públicos y sus "privilegios" por la
seguridad de su empleo obtenido por oposición. Así, hemos podido leer, como "pensionistas
y funcionarios dispararon su poder adquisitivo en 2019" sin
hacer la más mínima alusión a todo lo que nos han hurtado durante la última
década, por no ir más allá.
Parece que se avecinan tiempos donde atizar al
funcionario público pueda volver a estar de moda, en busca del aplauso
fácil del público desde el desconocimiento de la realidad. Así, para los
intencionadamente desmemoriados, recordamos los datos elaborados por José Luis
Blanco, profesor de la Universidad de Almería publicados en cienciaexplicada.com
Pérdida acumulada de poder adquisitivo 1982-2014
de los empleados públicos: 38,88%
Año
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IPC
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Incremento Salarial
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Diferencia
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2015
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0,0%
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0,0%
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0,0%
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2016
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1,60%
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1,00%
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-0,60%
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2017
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1,10%
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1,00%
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-0,10%
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2018
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1,20%
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2,00%
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+0,80%
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En 2019, hemos tenido una subida
salarial del 2,5% mientras que el IPC ha sido del 0,8%. Y con efectos 1 de
enero de 2020 deben incrementar nuestras nóminas en un 2%. Sólo durante
el trienio 2018-2020 no vamos a perder dinero.
Estos datos a
nivel de empleados públicos, pero desde CCOO, y ya en
nuestro propio ámbito, el de la Justicia, consideramos que no hay tiempo que perder, y debemos
ver incrementadas nuestras retribuciones, amén de las comunes para todo
empleado público, y eso se podrá producir principalmente a través de la carrera
profesional horizontal y de la mejora sustancial del complemento
específico del ámbito no transferido, junto al resto de reclamaciones
salariales, y devoluciones de derechos recortados durante la última década. Así
como de la adecuación de nuestros salarios base, en función del
incremento progresivo que se está llevando a cabo con el salario mínimo
interprofesional en el ámbito de los convenios colectivos de la empresa
privada.
Y no nos olvidamos de la recuperación del recorte
de nuestros salarios que se perpetró en mayo de 2010, con una media del 5%
de "hachazo" a nuestras nóminas; del reparto de los fondos adicionales
para la Administración de Justicia, de un millón y medio de euros
aproximadamente para cada uno de los años 2018, 2019 y 2020; de la eliminación
de los grupos de población en el Complemento General del Puesto,
elevándose las cuantías de este concepto retributivo hasta alcanzar para todo
el personal las que se perciben en Madrid y Barcelona; de la extensión del
complemento de productividad a todos los cuerpos funcionariales; de la
recuperación y actualización del complemento en los Juzgados de Violencia de
Género; de la actualización de las retribuciones por los servicios de
guardia; de la elevación de los fondos de acción
social al 1% de la masa salarial global, comenzando, como mínimo con la
reposición de las cantidades anteriores a los recortes de 2012, y la elevación
de las prestaciones de la Mutualidad General Judicial, recuperándose
también, como mínimo, las vigentes antes de los recortes de 2012. Y que se
proceda por el ministerio a realizar de nuevo aportaciones a nuestro Plan de
Pensiones, debiéndose eliminar la diferencia del copago de medicamentos
cuando nos jubilamos, en comparación con el Régimen General de la Seguridad
Social.
Y en ello estamos, y debe ser el objetivo de
este 2020, aunque el nuevo ministro de Justicia nos quiera distraer con la
eliminación de los Registros Civiles, la movilidad funcional del art. 521 de la
LOPJ, o la implantación de los Tribunales de Instancia.
