Desde
el Sector de Justicia de CCOO vemos a la ministra de Justicia más ocupada en otros menesteres que por evitar
la discriminación a la que somete a los funcionarios de justicia que se
registran como parejas de hecho, al negarles el permiso correspondiente.
Así, la gerencia de Justicia del ministerio en Valladolid, ha denegado el disfrute del correspondiente permiso de quince días, a un funcionario tras registrarse como pareja de hecho, al no haber contraído "matrimonio", que si bien en un primer lugar se le concedieron, y empezó a disfrutar del permiso, rectificaron a posteriori alegando un "error" e hicieron incorporarse a su puesto de trabajo al funcionario afectado, restándole de sus vacaciones los días disfrutados.
Que el año 2019, esté el Ministerio de Justicia interpretando torticeramente una realidad social, por el que el cónyuge se debe equiparar "a la situación de persona con análoga relación de afectividad", y el matrimonio a las parejas de hecho "entendidas como unión estable de dos personas entre las que existe un vínculo afectivo similar al del matrimonio", es incomprensible a todas luces, negando el ministerio la vocación del Estatuto Básico del Empleado Público de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como el respeto que en todo momento debe guardarse a los principios de igualdad, contenidos en la Constitución española, unido a lo dispuesto en el artículo 3 del Código civil que señala que "las normas deben interpretarse conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas", lo que determina la necesidad de realizar una interpretación extensiva de los preceptos relativos a los permisos a que tienen derecho los funcionarios públicos, a todos los derechos, permisos, licencias, etc.
Más, cuando hay Administraciones Autonómicas que tienen equiparadas las parejas de hecho al matrimonio a efectos de disfrute de permisos de sus funcionarios, caso de Castilla y León, así como en convenios laborales del sector privado, y todo ello con el fin de no discriminar a los trabajadores que optan por este tipo de unión.
Éste es uno de los ejemplos de que en el Ministerio de Justicia no se cumple con la igualdad, ni evita las discriminaciones que está realizando su equipo, caso de la desigualdad salarial que soportamos los funcionarios de Justicia respecto a CCAA transferidas, con diferencias de hasta 575 euros brutos mensuales, o la no extensión del complemento de productividad a todos los cuerpos funcionariales, amén de atender con prioridad a intereses de determinados colectivos frente al interés general, despreciando la negociación y utilizando la imposición como forma de trabajo.
Desde el Sector de Justicia de CCOO esperamos de la ministra y su Ministerio de Justicia una rectificación de plano de estas actitudes discriminatorias, la equiparación de todos los permisos de los funcionarios sin distinguir si ha habido matrimonio o unión de hecho, y que ponga en práctica el principio de igualdad que tanto vocifera, también en el terreno salarial, bajándose a la tierra que pisamos los mortales.
Y así lo hemos denunciado ante los medios de comunicación
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