El ciberataque
de Anonymous Catalonia a finales del pasado junio a los sistemas
informáticos del Poder Judicial como protesta por el juicio del 'procés'
fue mucho más grave de lo que se informó
en un principio. El colectivo detrás del que supuestamente se esconden
varios piratas informáticos de corte independentista -que demostró en
las redes sociales que había accedido a los correos electrónicos de,
entre otros, Manuel Marchena presidente del tribunal
del 'procés'- consiguió violar de forma reiterada los más potentes y
modernos sistemas de seguridad que el Centro Nacional de Inteligencia
(CNI) había diseñado e instalado para blindar las comunicaciones del
Ministerio de Justicia.
Los especialistas de las fuerzas de seguridad que
trabajan en este caso han explicado que el CNI y su departamento
especializado en ciberseguridad, el Centro Criptológico Nacional (CNN)
fueron los encargados de diseñar las barreras que debían haber protegido
al Ministerio de Justicia de los ataques de los piratas informáticos.
El Gobierno en junio del año pasado decidió dejar en manos exclusivamente del CNI
las comunicaciones y sistemas de protección informática de los 18.000
usuarios del Ministerio de Justicia tras el escándalo que supuso en julio de 2017 que una falla
en el sistema de notificaciones judiciales Lexnet permitiera a cualquier
usuario de ese canal consultar informaciones confidenciales de las
causas judiciales en marcha.
El Ministerio de Justicia, según el convenio que cerró hace más de un año con el CNI, va a pagar entre 2018 y 2020 tres millones de euros
(83,33 euros por usuario de Justicia y año) a los servicios secretos
por los sistemas supuestamente inexpugnables que hace un mes violaron
los hackers independentistas, que, de acuerdo con los analistas, habrían
podido acceder a los correos corporativos de todos y cada uno de los
18.000 usuarios de la red del Ministerio de Justicia.
El CNI en los últimos meses y habida cuenta
del coste del convenio, se había volcado en el proyecto con su última
tecnología y un importante despliegue de medios humanos,
hasta el punto de que los servicios secretos pusieron en marcha una
oficina propia de seguridad en el ministerio «encargada de la gestión y
operación de sistemas, servicio y redes» de Justicia. La prioridad del CNI, que incluso elaboró
un «plan director de seguridad» para el departamento, debía ser
«incrementar los niveles de de seguridad», particularmente con nuevos
«medios de cifra», que son los que Anonymous Catalonia reventó sin
problemas el pasado junio.
CCOO
ya lo denunció en su momento, la seguridad brilla por su ausencia a
pesar de la millonada de euros gastada y mal invertida en LexNET y el
resto de aplicaciones judiciales que utilizamos en el día a día, y da
igual quien esté a cargo del Ministerio de Justicia, dado que el equipo
de Nuevas Tecnologías siguió siendo el mismo tras el cambio de gobierno.
Catalá ya dijo en su día que LexNET estaba "obsoleto".
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