La autora de esta información es Sofía Duarte Domínguez, directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, de la que depende las Nuevas Tecnologías del ministerio. Es un artículo publicado en el diario digital Confilegal, cuyo enlace es El futuro digital de la Justicia.
La
Sra. Duarte visitó Valladolid el pasado 7 de marzo para presentarnos lo
que en el artículo publicado narra. Todas son loas a su gestión de los
últimos ocho meses, con una visión del futuro que ya podría ser así.
Solo el tiempo le dará la razón, o no.
Desde CCOO compartimos
la visión "digital" de la Justicia, pero siempre con todos los medios
posibles, invirtiendo el dinero público de forma racional, sin fijarnos
plazos, con tiempo, sin dejar heridos por el camino, negociando con
todos los operadores jurídicos, y sobre todo con los profesionales de la
Administración de Justicia, nosotros, los que estamos todos los días en
los puestos de trabajo de oficinas judiciales y fiscalías, negociando
los cambios en las condiciones de trabajo que se han realizado,
clarificando las funciones de cada cuerpo, y exigiendo a todos por
igual, los que dependemos del ministerio, del CGPJ y de la FGE. Y
todo ello supone, debe suponer, un incremento de nuestras
retribuciones, porque también esto es situar la Administración de
Justicia en un avanzado y digital siglo XXI, pagando a su personal de
forma justa. Y un fin, que es prestar el mejor servicio público a los ciudadanos.
El artículo de la Directora general dice:
El futuro de la Justicia será digital. En un mundo que ya depende
para todo de la tecnología, aún es necesario hacer proclamas como ésta
cuando se refieren a los juzgados y tribunales: los ciudadanos usuarios
se asombran cuando se enfrentan a una administración cuya dotación
informática parece menos eficiente que las equipaciones domésticas,
mientras que los profesionales y operadores jurídicos han clamado por
frenar su informatización porque se estaba convirtiendo en un grave
lastre para el funcionamiento de órganos judiciales y fiscalías.
El sistema de papel cero entró en vigor el 1 de enero de 2016.
No fue un proyecto afortunado ni pacífico, sino aventurado y
poco meditado cuyo principal defecto consistió en la falta de diálogo
con los profesionales de la Justicia, que sufrieron las deficiencias de
algunas soluciones nada satisfactorias y carentes de garantías de
integridad, seguridad y eficacia.
Esa incomunicación con los órganos judiciales y fiscales, a
los que se impuso el criterio ministerial sin conocer su realidad ni
recoger su opinión, estuvo siempre condenada al fracaso.
Esa es la dinámica que era necesario revertir. Era el momento de tomar aire, testar el panorama y deshacer los caminos mal planteados.
En estos meses, la Dirección General de Modernización de la Justicia,
Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos ha cursado
visitas a las veintinueve sedes judiciales y oficinas fiscales del territorio ministerio
para mantener reuniones con jueces, magistrados, fiscales, letrados de
la administración de Justicia y miembros de las juntas de personal.
Se ha recuperado así un modelo de relación que ha permitido detectar
los problemas y carencias del proyecto de informatización judicial, pues
son sus usuarios quienes mejor conocen los defectos del sistema y las
posibles vías de mejora.
Darles la voz ha permitido detectar las carencias a solucionar y diseñar los mecanismos para hacerlo.
La primera evidencia fue la necesidad de renovar la infraestructura
informática que sustenta la actividad judicial de los 659 órganos
judiciales unipersonales, 153 salas de audiencias provinciales y 89
salas y secciones de tribunales superiores del territorio ministerio,
que han recibido 8.215 nuevos ordenadores personales, 4.313 escáneres
multifunción, 4.400 pantallas y 2.600 equipos de trabajo móvil que
facilitan el teletrabajo a jueces y magistrados, fiscales y letrados de
la administración de Justicia.
Otro de los principales motivos de queja de los profesionales de la
Justicia era el funcionamiento del sistema de gestión procesal.
Además de sostener la actualización de Minerva hacia nuevas
versiones más eficientes, ha sido necesario diseñar su migración
tecnológica hacia un entorno web que permitirá incorporar las últimas
tecnologías y herramientas de monitorización e iniciar el cambio técnico
de Uniface a Java para mejorar su velocidad y estabilidad.
Este proceso se prolongará hasta el 2021.
Hasta entonces, era ineludible renovar el 76 por ciento de los
servidores que dan servicio al sistema de gestión procesal, lo que ha
permitido a Minerva doblar su rendimiento y aumentar su
capacidad catorce veces consumiendo para ello solo el 3 por ciento de la
memoria disponible en la red, cuando ante necesitaba el 50 por ciento.
Gracias a estas innovaciones, cada juez o magistrado ahorra
unas 45 horas de trabajo al año, 25 en el caso de los letrados la
administración de Justicia, al haber desaparecido algunas de las causas
que ralentizaban el funcionamiento de los equipos y la labor de los
profesionales.
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO
La piedra clave de todo este proceso es la estabilización y
consolidación del expediente judicial electrónico (EJE), cuyos errores
de diseño habían generado la desconfianza de los profesionales e impedía
la ansiada desaparición del papel en juzgados y tribunales.
La decisión de calado ha consistido en desvincularlo del sistema Minerva
y diseñar una aplicación independiente que permite crear un auténtico
expediente digital con índice propio y cuya integridad viene garantizada
por los letrados de la administración de Justicia, que ya se está
testando mediante una experiencia piloto en Ciudad Real.
Para evitar las caídas de los sistemas que soportan este nuevo EJE y
mejorar su rendimiento, hemos previsto la ampliación de la
infraestructura de los centros de proceso de datos con 80 servidores de
altas prestaciones, cinco cortafuegos de última generación y tres nuevos
proxies que permitirán aumentar la capacidad y rendimiento de los
sistemas.
En resumen, los expedientes judiciales entendidos como una sucesión
foliada de hojas mejor o peor encuadernadas están a punto de pasar a la
historia.
En el campo de las comunicaciones, se ha concluido la implantación de
la versión 4.15 de LexNet, que amplía la información ofrecida al
usuario y proporciona mejoras de la gestión de los documentos adjuntados
en la comunicación, con una capacidad mejorada a 30 megabytes.
También facilita su uso por parte de colectivos como peritos
judiciales, intérpretes, equipos psicosociales, comisiones de justicia
gratuita, administradores concursales, registradores, notarios, policías
autonómicas y todas aquellas entidades públicas que quieran adherirse
al sistema de comunicación telemática judicial.
No hay que olvidar el desarrollo de la fiscalía digital, cuya puesta
en marcha generó un grave desacuerdo con los miembros de la carrera
fiscal. De nuevo, las visitas a las sedes fiscales y reuniones con sus
miembros han permitido conocer su situación y recoger sus necesidades.
La evolución del sistema de gestión Fortuny a la
versión 7.6 (ya testada en el proyecto piloto implantado en Castilla y
León el pasado marzo) incorpora mejoras que facilitan a los fiscales la
tramitación de los EJE de los que se les dan traslado.
Y ya está diseñada y en marcha la implantación de la nueva oficina fiscal en las sedes del territorio ministerio.
La lista de reformas acometidas es mucho más amplia. Todas las sedes
judiciales disponen de un nuevo sistema de videoconferencia y
videograbación más moderno con nuevos servidores de sala, cámaras
digitales y sistemas de microfonía digital que incrementan la calidad de
la imagen y el sonido captados. Nuevas conexiones wifi facilitan la conexión inalámbrica y permiten la movilidad.
También hemos reforzado los planes de formación (4.554 horas
formativas impartidas, para lo que se han contratado a 63 formadores
más) para capacitar a los usuarios el manejo óptimo de las soluciones
tecnológicas implantadas.
Estas soluciones tecnológicas tendrán consecuencias en la oficina
judicial, que será necesario revisar para generar nuevos protocolos
funcionales y ajustar el nuevo modelo a las necesidades específicas de
cada sede judicial, que no son homogéneas.
Ese proceso requiere mantener la estrategia de diálogo constante con
todos los implicados, y se encuadra en el Plan de Calidad de la Justicia
que ejecuta la dirección general para mejorar los estándares de
satisfacción tanto de los ciudadanos como de los profesionales que
prestan sus servicios en juzgados, tribunales y fiscalías.
El cambio del paradigma con el que el Ministerio ha abordado
en esta etapa la modernización informática de la Justicia permite ahora
vislumbrar con optimismo su futuro digital, imprescindible para
incorporarla a la modernidad administrativa que evita la burocracia
procesal o innecesarios traslados y tiempos de espera.
Y el EJE permitirá hacerlo incorporando a los procesos, con todas las
garantías, nuevos medios de prueba como grabaciones o pruebas digitales
que desbordan el marco de unos folios en un papel.
Son avances a disposición de las comunidades autónomas competentes en
materia de justicia mediante la compatibilidad de las aplicaciones y la
interoperabilidad de los sistemas.
No se trata solo de asegurar la eficacia del gasto público.
Desde el absoluto respeto a la autonomía territorial, este
Ministerio no olvida el mandato constitucional de unidad jurisdiccional
como base de la organización y funcionamiento de los tribunales,
separado y alejado de las influencias, interferencias y control de otros
poderes ejecutivos del Estado o de las comunidades autónomas.
Estamos ya en condiciones de dotar a la Justicia de un modelo
administrativo propio del siglo XXI que asegure su independencia y
garantice en todo el territorio nacional una homogénea prestación del
servicio público que presta. Es un proyecto ambicioso pero cauto, sometido al control de los
propios profesionales a los que va dirigido, que deben participan en su
desarrollo. Y el objetivo último es asegurar la mejor tutela judicial efectiva de ciudadanas y ciudadanos.
Para ello, el futuro de la Justicia debe ser digital, y no caben pasos atrás en ese camino.
