Desde el Sector de Justicia de CCOO en Valladolid vemos a Dolores Delgado más
preocupada por los operadores jurídicos que rondan la Administración de
Justicia que por los profesionales que la integran ni por las necesidades que
acucian el funcionamiento de la misma, si bien la dan por amortizada, a la
espera de su relevo.
La ministra de Justicia visita la ciudad de Valladolid
con motivo de la inauguración de un congreso de la Abogacía, y no se ha dignado
en convocar a los representantes de los profesionales que integramos la
Administración de Justicia, para conocer de primera mano las necesidades, en
algún caso, acuciantes, que padecemos en la provincia de Valladolid.
Desde Comisiones Obreras, no podemos que calificar de
nefasta su gestión al frente del ministerio, reprobada por el Congreso y
Senado, atendiendo solo a intereses de determinados colectivos, entre los que
no se encuentran la mayoría de los trabajadores, despreciando la negociación y
utilizando la imposición como forma de trabajo.
Así, consideramos que modernizar la Administración de
Justicia es más que seguir empecinados con la implantación de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal,
-cuando se ha demostrado que no funciona tal como está diseñada-, o no
subsanando las deficiencias de las aplicaciones
informáticas judiciales y del proyecto de justicia digital/papel cero, -que
han ralentizado el trabajo de los juzgados y fiscalías-, así como el golpe de
mano producido en la dirección de la
mutualidad judicial, o la no recuperación
del recorte de nuestros salarios que se perpetró en mayo de 2010, -con una
media del 5% de "hachazo" a nuestras nóminas-, o la discriminación salarial que soportamos
respecto a CCAA transferidas, -con diferencias de hasta 575 euros brutos
mensuales-, o la extensión del complemento de productividad a todos los cuerpos funcionariales, -y no solo a
Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia-, o el
reconocimiento de la carrera profesional
horizontal, o la elevación de los fondos
de acción social y de las
prestaciones de la Mutualidad General Judicial, o la regulación negociada
de las sustituciones y comisiones de
servicio, o el reconocimiento legal, laboral y retributivo de las funciones
que se realizan, o la defensa del Registro
Civil como servicio público servido por funcionarios de Justicia, entre
algunas de las situaciones que la ministra y su equipo se han visto incapaces
de negociar y dar una solución.
Asimismo, la ministra tiene en su despacho las
peticiones remitidas por el Sector de Justicia de Comisiones Obreras en Valladolid, en
relación a la creación de más juzgados y
los incrementos de plantilla necesarios, de mejora de las instalaciones y edificios judiciales
donde se incumplen las exigencias en materia de seguridad y salud, -a la espera
del Campus de la Justicia, problema
de dispersión de sedes judiciales que no le ha quitado el sueño a la ministra-,
un cambio del sistema de guardias para implantar la de 72 horas
en el partido judicial de Valladolid, así como una actualización de las
retribuciones que se perciben, la ausencia de peritos judiciales en la plantilla de justicia, la falta de espacio
para los archivos judiciales, el no
cubrirse las vacantes de personal
laboral, la no potenciación de los equipos
psicosociales y de la oficina de atención a las víctimas, -quedando en
palabrería-, la ausencia o disminución de las medidas de seguridad en algunas sedes judiciales, -caso de Medina
de Rioseco-, la no resolución definitiva de las bolsas de trabajo de interinos tras quince meses desde su
convocatoria, la escasa formación
impartida durante su mandato con partidas presupuestarias irrisorias, la suspensión de juicios por falta de
personal que asista en las salas de vistas, con retrasos constantes en las
convocatorias de oposiciones y de
los concursos de traslados, y hasta
con retrasos de meses en los reconocimientos
médicos que deben realizarse de forma anual.
Necesidades todas ellas desatendidas por la ministra y
su equipo, ocupados en cuestiones corporativas y no en defender los intereses
generales de la Administración de Justicia.
Pero pese a este panorama descrito, de todas estas
carencias, de la actitud de la ministra, el esfuerzo, compromiso y responsabilidad
del conjunto de los trabajadores de la Administración de Justicia, está
permitiendo su funcionamiento para poder prestar un servicio de calidad a los
ciudadanos, a los que nos debemos.
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