El Gobierno vuelve a aplazar que la mili compute para cobrar la pensión
El Gobierno ha vuelto a aplazar la elaboración de una norma que contemple que el tiempo dedicado a la mili o la prestación social sustitutoria compute como vida laboral para cobrar la pensión, una decisión que ha suscitado las críticas de los partidos políticos que exigen que se cumpla la ley. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2018 vuelve a aplazar por quinto año consecutivo la elaboración de un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconozca la interrupción de la vida laboral ocasionada por el tiempo destinado al servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria.
A falta de datos oficiales de posibles afectados, al último reemplazo de la mili del año 2001 se presentaron algo más de 90.000 jóvenes, si bien este dato osciló cada año en función de la demografía a lo largo de los más de 200 años de servicio militar obligatorio.
El grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición no de ley para que las mujeres que cumplieron el servicio social femenino vinculado a la Falange Española igualen sus derechos con los hombres que hicieron la mili, al menos, a efectos de acceder a la jubilación parcial o anticipada.
El servicio social femenino, obligatorio desde 1937 hasta 1978, se configuró como un "deber nacional de las mujeres españolas de 17 a 35 años" que debían desempeñarlo entre tres y seis meses en hospitales, escuelas, comedores o bibliotecas.
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