PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Desde CCOO Sector Justicia Valladolid queremos DENUNCIAR los graves problemas que está sufriendo la Administración de Justicia de Valladolid por la desidia y falta de interés del máximo responsable de la unidad administrativa que gestiona la misma en materia de prevención de riesgos laborales.
Y así lo han recogido distintos medios de comunicación (ver enlaces).
Y así lo han recogido distintos medios de comunicación (ver enlaces).
Como integrantes del Comité de Seguridad y Salud Laboral, llevamos un año solicitando y exigiendo que se lleven a cabo determinadas actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, que por dejadez de su máximo responsable no se están realizando, perjudicando seriamente al conjunto de los trabajadores integrantes de la administración de justicia de Valladolid, así como a los ciudadanos que acuden a las sedes judiciales.
Así, concretando las deficiencias, nos encontramos que en el edificio judicial sito en la calle Nicolás Salmerón nº 5, que alberga trece juzgados, existen problemas de electricidad estática (acumulación de cargas electrostáticas) que sufren los trabajadores destinados en el mismo, y que no se le da una solución por el gerente ni por el propietario del inmueble, a pesar del millón de euros anuales que se paga por su alquiler.
Desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, sólo se han realizado las evacuaciones y simulacros de los edificios judiciales en una ocasión y respecto a dos de las nueves sedes judiciales que existen en la provincia de Valladolid, cuando deberían realizarse todos los años y en todas las sedes.
El gerente NO quiere instalar desfibriladores en las sedes judiciales (al edificio judicial de la calle Angustias nº 40-44 acuden una media de 1000 ciudadanos todos los días, más los 250 funcionarios que trabajan en ella, más los abogados y procuradores que acuden cada día a ella). Los argumentos para no instalarlos son peregrinos, simplemente no hay voluntad, cuando desde otras administraciones se está fomentando la instalación de los mismos por motivos de seguridad preventiva.
El edificio judicial donde se ubican los Juzgados de Medina del Campo está en una situación lamentable, donde los ciudadanos que con algún tipo de limitación de movilidad acuden al mismo, tienen que salvar cinco escalones para acceder a la planta baja, y subir al primer piso por más de una veintena de escalones para acceder a la sala de vistas, sin que exista ninguna plataforma para salvar los mismos ni ascensor.
Así mismo el edificio judicial que alberga el Juzgado de Medina de Rioseco carece de personal de seguridad, a pesar de las advertencias realizadas sobre altercados producidos, y todo porque no hay dinero para ello, ni tampoco para instalar cámaras de seguridad.
En el pleno de la Diputación Provincial de Valladolid de fecha 17.02.2017 fue tratado el asunto de la accesibilidad de estos juzgados, mediante una proposición conjunta de los portavoces de los cinco grupos políticos integrantes de la corporación, aprobada por unanimidad, instando al ministerio de Justicia a que tomen las medidas necesarias.
En otro orden cosas, en las próximas semanas se va a producir el traslado del Instituto de Medicina Legal a unas instalaciones sitas en la calle Doctor Cazalla nº 3, sin que los delegados de prevención hayan podido supervisar las mismas, conforme exige la normativa, y todo ello a pesar de las peticiones realizadas.
La implantación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia, lo que se ha vendido por el ministerio de Justicia como "Justicia Digital-Papel Cero" está conllevando un cambio radical de las condiciones de trabajo, donde todo lo que entra en papel se debe escanear, y lo que entra telemáticamente se imprime en buena parte (doble vía de trabajo), con cuelgues constantes en las aplicaciones informáticas judiciales, utilizando mucho más tiempo en realizar menos trabajo, generando unas condiciones de trabajo insoportables para muchos compañeros/as y un retraso en los asuntos. Esta situación obliga a la administración a realizar una evaluación de los puestos tipo de trabajo, que incluye una evaluación de los riesgos psicosociales, las cuales NO se están realizando.
Esta relación de situaciones, son sólo unos ejemplos del incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales por parte del ministerio de Justicia, cuando la administración debería dar ejemplo, para trasladarlo a la empresa privada, a la que se le sanciona si no cumple con ella.
Desde CCOO Justicia Valladolid acudiremos a la Inspección de Trabajo, así como a la Fiscalía, si estas cuestiones no se solucionan en un corto plazo de tiempo. Queremos seguridad para los trabajadores en los edificios judiciales, así como para los ciudadanos que acuden a diario a los mismos. Queremos una seguridad efectiva y no en pañales.
Queremos soluciones Señor Gerente y no más excusas.
