1.
Hace poco más
de un año el Gobierno aprobó la Ley
de Tasas Judiciales que ha supuesto la imposibilidad de acceso a la
Justicia a los ciudadanos con rentas más bajas, al imponer el pago de una
cantidad por el simple acceso a los Tribunales a la que tienen que añadir el
pago de los profesionales (Abogado y Procurador) ha supuesto para la población
menos recursos la imposibilidad de defender sus derechos por carecer de los
recursos económicos, así se ventila de un plumazo la gratuidad de la justicia,
pasamos de la justicia gratuita a la justicia para los ricos. E instauración
del repago en la Administración de Justicia, primero a través del pago de
impuestos y después por el pago de la tasa judicial.
2.
El 31 de
octubre del año pasado se aprobó el anteproyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria, que prevé el traspaso de
parte de los procedimientos judiciales a manos de los Notarios y Registradores
de la Propiedad, tales como Testamentarias, Declaraciones de Herederos,
Subastas, unos 700.000 procedimientos monitorios, Divorcios de Mutuo Acuerdo,
que supone un nuevo ataque a la administración de Justicia al dejar en manos de
unos empleados atípicos ya que no cobran del estado sino aranceles directos,
que supondrá un nuevo repago, la pérdida de calidad del servicio público, y la
pérdida de supresión de empleo en la administración de justicia.
3.
De las
intenciones del Gobierno de suprimir el servicio público del Registro Civil de la
Administración de Justicia y dejarlo en manos de los Registradores de la
Propiedad nos hemos tenido que enterar a través de los medios de comunicación,
unas negociaciones cuyo anuncio la semana pasada de dar por rotas no supone más
que “de momento” no hay acuerdo, una negociación llevada de espaldas a la
ciudadanía y los trabajadores de la Administración de Justicia que prestan sus
servicios en los Registros Civiles, que de aprobar el proyecto que ya se
presento a finales de año 2012 supondría que el Registro Civil dejaría de ser
un servicio público, universal y gratuito, al tener que costear el mismo los
ciudadanos a través de los aranceles que cobran los Registradores de la
Propiedad, con la pérdida de más de 3.500 empleos públicos de trabajadores de
la Administración de Justicia, y de 500 en nuestra Comunidad.
4.
El Gobierno ha
manifestado que en breve presentará un anteproyecto
de ley de Reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial, que recogerá en el
trabajo del anterior borrador presentado por el Ministerio de Justicia, que
supondrá el mayor ataque a la Administración de Justicia al suprimir los
Juzgados y dejar parte de la actual estructura judicial concentrada en las
capitales de provincia, suprimiendo de un plumazo el resto, que conlleva que
dejarán de existir los Partidos Judiciales, Juzgados de Paz, Agrupaciones de
Juzgados de Paz, Audiencias Provinciales…quedando la Administración de Justicia
reducida a los Tribunales de Instancia, supondrá la pérdida del empleo de
aproximadamente la mitad de los trabajadores de la Administración de Justicia,
y el alejamiento del ciudadano, deterioro del servicio y pérdida de la calidad.
Desde CCOO queremos agradecer a los trabajadores de la Administración
de Justicia, que llevan adelante las movilizaciones que estamos realizando
contra estos proyectos, a los Colectivos Ciudadanos, Profesionales y otras
Organizaciones Sindicales que participan en las mismas y colaboran estando
presentes en la Plataforma en Defensa de la Justicia.
Exigimos la retirada de los proyectos privatizadores al
Gobierno, y de no ser así incrementaremos la movilizaciones con otras medidas
más contundentes.
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