El anteproyecto de ley de tasas judiciales aprovecha para derogar el art. 23.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que nos permitía a los funcionarios ir a juicio sin necesidad de abogado ni procurador en materia de personal. Lo argumenta en base a ir bien defendidos.
El informe del CGPJ critica bastantes aspectos del anteproyecto y también en ésto, argumentando la posición distinta de los trabajadores en el orden social y alega que sería oportuno extender la exención de tasas a los funcionarios en materia de personal.
Vamos que dentro de poco, vamos a tener tasas, condena en costas y obligación de abogado y procurador. Está claro que la justicia es para los ricos.
