Carta que desde CCOO enviamos a la Directora General de Relaciones en la que, en relación a un incremento desmesurado e injustificado de apertura de expedientes disciplinarios, le exigimos el cumplimiento del acuerdo de 2005 respecto al régimen disciplinario y la modificación del art. 538 de la LOPJ, así como la equiparación real de todos los regímenes disciplinarios de todos los cuerpos que forman parte de la Administración de Justicia.
Durante este año estamos comprobando con alarmante preocupación cómo se ha incrementado la incoación de expedientes disciplinarios contra trabajadores de la Admón. de Justicia a los que se imputan injustificadamente retrasos en la tramitación de procedimientos y, con carácter general, se viene acusando de negligencia en el cumplimiento de nuestras funciones.
El modo de operar es como sigue: el Juez o Secretario Judicial, atendiendo a su personal y subjetivo concepto de pendencia asumible, extiende diligencias de constancia con expresión de los asuntos atrasados que tramita el funcionario, detallando el retraso y la diligencia o trámite del que pende; dicha documentación es remitida al Tribunal Superior de Justicia, quien de manera mecánica la remite al Ministerio de Justicia y es éste quien automáticamente y sin más trámite dicta el Acuerdo de Incoación del expediente disciplinario contra el trabajador.
Sin embargo, cuando se trata de otros colectivos, concretamente el Cuerpo de Secretarios Judiciales, el propio Ministerio de Justicia, una vez que llega la documentación, inicia el trámite de “Diligencias informativas” y no la incoación de un expediente disciplinario, medida aquélla más correcta y menos traumática para el propio trabajador afectado, mientras se investiga si verdaderamente existen indicios o no de una posible negligencia en el cumplimiento de funciones.
Durante este año estamos comprobando con alarmante preocupación cómo se ha incrementado la incoación de expedientes disciplinarios contra trabajadores de la Admón. de Justicia a los que se imputan injustificadamente retrasos en la tramitación de procedimientos y, con carácter general, se viene acusando de negligencia en el cumplimiento de nuestras funciones.
El modo de operar es como sigue: el Juez o Secretario Judicial, atendiendo a su personal y subjetivo concepto de pendencia asumible, extiende diligencias de constancia con expresión de los asuntos atrasados que tramita el funcionario, detallando el retraso y la diligencia o trámite del que pende; dicha documentación es remitida al Tribunal Superior de Justicia, quien de manera mecánica la remite al Ministerio de Justicia y es éste quien automáticamente y sin más trámite dicta el Acuerdo de Incoación del expediente disciplinario contra el trabajador.
Sin embargo, cuando se trata de otros colectivos, concretamente el Cuerpo de Secretarios Judiciales, el propio Ministerio de Justicia, una vez que llega la documentación, inicia el trámite de “Diligencias informativas” y no la incoación de un expediente disciplinario, medida aquélla más correcta y menos traumática para el propio trabajador afectado, mientras se investiga si verdaderamente existen indicios o no de una posible negligencia en el cumplimiento de funciones.
