Los relativos al año 2017 (cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el 30.09.2017), se llevaron a la práctica durante el primer trimestre de 2018.
Y la convocatoria del 2018 se llevó a cabo, (el 5 de noviembre de ese año fue la fecha tope para presentar la solicitud), y nunca se realizaron.
El examen de salud debe ser un instrumento
fundamental para llevar a cabo nuestra Vigilancia de la Salud. Deben ser
reconocimientos médicos específicos llevados a cabo por personal sanitario
cualificado, que incluyan una serie de exploraciones médicas y pruebas
complementarias y analíticas, cuyo objetivo sea detectar precozmente y evitar
problemas de salud, fundamentalmente en relación con los riesgos de cada puesto
de trabajo.
En respuesta a su escrito informar, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 22 establece que "el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo", la periodicidad debe establecerse por tanto en función de dichos riesgos. Por circunstancias ajenas a la UCRL, ha existido un periodo transitorio en la contratación de la Vigilancia de la salud con un servicio de prevención ajeno, este periodo se ha visto agravado con la aparición de la pandemia por coronavirus que paralizó todos los contratos pendientes de resolución y de ejecución, la pandemia así mismo ha hecho que haya que modificar alguna de sus cláusulas del contrato para adaptación a esta nueva situación. Se está trabajando, con la mayor celeridad posible, en la tramitación del expediente. Se debe tener en cuenta la complejidad del objeto del contrato y de su ámbito subjetivo, así como la excepcionalidad de la situación sanitaria en que estamos inmersos, lo que no facilita la gestión administrativa
1. Desde el ejercicio del año 2018, el Ministerio de Justicia NO está realizando los reconocimientos médicos periódicos que establece la ley de PRL, como se habían estado llevando a cabo, de forma anual hasta el año anterior, aunque fuera con un retraso importante de varios meses, de tal manera que los del ejercicio de un año se practicaban en el primer trimestre del año siguiente.
2. Como consecuencia de esta inacción del ministerio, el personal de la Administración de Justicia de la provincia de Valladolid, que en estos momentos asciende a la cifra de 660 profesionales (2.500 en CyL, y 10.000 en zona ministerio), entre los cuerpos generales, especiales y el cuerpo superior jurídico de Letrados de la AJU, entre ellos médicos forenses y auxiliares de autopsia, están sin haberse podido someterse de forma voluntaria a dichos reconocimientos médicos de vigilancia de la salud, sin que por parte del ministerio pueda justificar su no realización en los últimos tres años, ni siquiera por la situación provocada por la pandemia del Covid19, dado que ya dos años antes no se estaban llevando a cabo.
3. Durante estos últimos años, se han realizado reconocimientos médicos solo para la adaptación de puestos de trabajo, reincorporación tras IT laboral de larga duración, y nuevo ingreso de trabajadores de especial peligrosidad, como es el caso de los IML, en palabras de los integrantes de la Unidad de Coordinación de Riesgos Laborales del Ministerio de Justicia, lo que supone en un escasísimo porcentaje del total del personal de Justicia en la provincia de Valladolid. Y a pesar de que en las memorias y en las programaciones anuales del ministerio en materia de seguridad y salud laboral, se prevé la realización de los mismos.
4. La actividad que se desarrolla en las sedes judiciales, y fuera de ellas, con una alta exposición de cara al ciudadano, se ha incrementado con la actual situación de pandemia, más cuando determinadas actuaciones se realizan por médicos forenses y auxiliares de autopsia, o con desplazamientos a los domicilios de los particulares, para el reconocimiento de incapacitados, o por llevar a cabo otro tipo de actuaciones judiciales con mucha exposición al público, caso del servicio que se presta por el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución, por el Registro Civil, por las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, por el Juzgado de Guardia y por el de Violencia sobre la Mujer.
5. Los delegados de prevención de riesgos laborales de CCOO en los Comités de Seguridad y Salud, han reclamado en numerosas ocasiones a la representación de la Administración, la realización de estos reconocimientos médicos en todas y cada una de sus reuniones, desde 2018.
Y todo con el fin de que desde la Inspección de Trabajo se requiera al Ministerio de Justicia a poner fin a esta desidia de los tres últimos años, y contrate de forma urgente la realización voluntaria de los reconocimientos médicos al personal de Justicia.
