El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del concierto que, en el trienio 2022-2024, garantizará la asistencia sanitaria a través de distintas entidades aseguradoras a todos los miembros de las carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, así como a los funcionarios en prácticas al servicio de dicha Administración y los letrados de carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional. Estos profesionales de la Administración de Justicia, y sus beneficiarios, podrán optar por recibir la prestación sanitaria a través de alguna de las aseguradoras que suscriban el acuerdo.
Se trata de un concierto a tres años, orientado a la modernización y mejora de los servicios que presta la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), garantizando la asistencia sanitaria con el mismo contenido que el resto del Sistema Nacional de Salud, que, además, afronta otras necesidades provocadas por la pandemia generada por la COVID-19, así como las derivadas del crecimiento de colectivo por la incorporación de las últimas ofertas de empleo público.
A partir del 1 de enero de 2022, fecha de entrada en vigor del nuevo concierto, el colectivo protegido por el mismo ascenderá aproximadamente a 81.000 mutualistas y beneficiarios, y al finalizar el mismo, el 31 de diciembre de 2024, alcanzará un volumen aproximado de 90.000 mutualistas y beneficiarios. La cuantía total de la contratación alcanza los 234.880.371 euros.
El concierto 2022-2024 supone una garantía de suficiencia presupuestaria con la incorporación de una prima incremental que alcanza el último año de vigencia un incremento del 10% respecto a la del 2021. Con ello se recuperan los niveles de calidad que demanda el colectivo y se incorporan los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Se incluye también por primera vez la financiación de gastos derivados de la situación actual de la pandemia.
Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Mutualidad General Judicial, O. A. (MUGEJU), el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional y en el exterior al colectivo de mutualistas y beneficiarios durante los años 2022, 2023 y 2024.
La modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros se efectúa en la aplicación presupuestaria 'Gastos corrientes en bienes y servicios', dotada en el presupuesto para 2021 con un crédito inicial de 65.155.460 euros, y queda, tras su aprobación en el Consejo de Ministros de este martes, como como sigue:
| Año | Compromiso máximo a adquirir | |
|---|---|---|
| 2022 | 75.481.480,83 | |
| 2023 | 78.693.648,00 | |
| 2024 | 82.249.689,47 |
MUGEJU es un organismo público con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, que gestiona el mutualismo judicial como mecanismo de cobertura del sistema de seguridad social para su colectivo protegido. MUGEJU carece de medios propios para prestar asistencia sanitaria a su colectivo protegido por lo que, desde su creación, ha proporcionado tal prestación a través de los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y a través de conciertos suscritos al efecto con entidades de seguro de asistencia sanitaria.
El concierto con entidades de seguro vigente en 2021 fue suscrito en 2018 por una duración de un año, prorrogable a tres años más, extendiéndose los efectos de la última prórroga hasta el día 31 de diciembre de 2021. La duración del nuevo concierto será de tres años, entrando en vigor el 1 de enero de 2022 y estando vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.
La metodología seguida para el cálculo del coste del concierto para la asistencia sanitaria de beneficiarios de MUGEJU de 2022 a 2023 se ha definido sobre la base de los siguientes criterios: primero, se ha estimado el incremento del colectivo para dichos ejercicios; y, en segundo lugar, se analizan los elementos que contribuyen al incremento del precio del concierto, en concreto del coste asociado a los gastos comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).
