El Área Pública de CCOO acusa al Gobierno de despreciar la negociación colectiva con una convocatoria urgente de reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas el 5 de octubre sin ninguna documentación. Esto nos ha llevado a rechazar nuestra participación para denunciar que el Ejecutivo entiende la negociación como un mero trámite, preceptivo por ley, justo antes de la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. No podemos admitir este desaire a la negociación colectiva en las AA. PP., viviendo en una sociedad democrática.
La propuesta del Gobierno desoye las peticiones concretas de nuestro sindicato: volver al camino de la recuperación del poder adquisitivo, la jornada laboral de 35 horas y eliminar la tasa de reposición de efectivos. Pese a la mejora planteada en la reunión de hoy, esta tasa no tiene ningún sentido cuando tenemos que acabar con la elevada temporalidad y representa una importante traba a la mejora de los servicios públicos. Unos servicios públicos muy mermados con la anterior crisis de 2008, que se han visto claramente insuficientes durante la pandemia producida por la Covid-19. Servicios como la sanidad, educación, servicios sociales, SEPE, Seguridad Social, justicia, entre otros, se han podido prestar básicamente por el comportamiento ejemplar del personal de las administraciones públicas y del sector público empresarial, hoy nuevamente despreciado por un Gobierno de corte progresista.
Respecto a las retribuciones, la propuesta del Gobierno de un incremento de 2%, refiriéndose a la previsión de IPC para el 2022 y sin una cláusula de revisión salarial, puede volver a reducir la capacidad de compra de los trabajadores y las trabajadoras de las administraciones públicas, que se ha visto reducida en la última década en más de 10 puntos porcentuales y que en este 2021 se incrementará con seguridad dada la evolución de los precios de los últimos meses.
Todo ello a pesar de que la negociación sindical dio sus frutos, con la recuperación de 4 puntos de poder de compra en los tres años del acuerdo sindical, que demuestra la utilidad del sindicalismo para la mejora concreta de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
No podemos entender cómo el Gobierno insiste en viejas políticas de imposiciones a los trabajadores y trabajadoras que garantizamos los derechos de ciudadanía con los servicios públicos, y que además implica una caída de la demanda interna, responsable de los malos resultados de nuestro PIB. Se trata, en definitiva, de políticas injustas con las personas e ineficaces para la recuperación económica.
Por todos estos motivos, CCOO realizaremos las acciones pertinentes para tratar de modificar las intenciones del Gobierno durante el trámite parlamentario del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y para iniciar inmediatamente una negociación para hablar del conjunto de derechos laborales que hay que recuperar.
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