El sindicato expone el claro desequilibrio existente en los procesos judiciales para exigir responsabilidades a las administraciones públicas, que disuade a personas individuales y organizaciones a interponer pleitos por el riesgo económico.
Las últimas reformas operadas en la jurisdicción contencioso-administrativa han cambiado el campo de juego, lo que hace que muchos ciudadanos y ciudadanas se lo piensen antes de interponer un pleito contra la Administración, ya que, además del gasto de profesionales de la abogacía y la procuraduría, puede generarle la imputación de las costas judiciales. Así, una vez más, las actuaciones irregulares en el funcionamiento de la Administración quedarían impunes.
Lo mismo le sucede al personal funcionario y estatutario al servicio de las administraciones, cuando se ven obligados a pleitear contra una decisión unilateral de la Administración en su papel de empleadora por la que resultan claramente perjudicados en su salario o en las condiciones en las que prestan sus servicios.
Si bien la propia ley da la posibilidad de que el personal
funcionario pueda comparecer por sí mismo en defensa de sus derechos
estatutarios, el ejercicio real y práctico de este derecho se ve
seriamente restringido, puesto que, para interponer un pleito judicial,
son necesarios unos conocimientos jurídicos que no todas las personas
poseen.
Lo mismo sucede a las organizaciones sindicales que pueden interponer pleitos en nombre propio, cuando se den actuaciones de las administraciones que afecten de manera generalizada a las empleadas y los empleados públicos, ya que la imputación de costas supone un riesgo económico que no se puede afrontar.
En este contexto, las actuaciones de la Administración que causen perjuicio a la ciudadanía o al personal a su servicio se quedan impunes en muchos casos, existiendo de facto un desequilibrio claro en la posibilidad de exigir responsabilidad frente a la actuación de la Administración y la persona que ve perjudicados sus derechos ante dicha actuación.
Son estas circunstancias las que han llevado al Área Pública de CCOO a tomar la iniciativa, ante el anuncio de un nuevo proyecto para aprobar o modificar la Ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, para exigir que se retiren las costas judiciales para este orden jurisdiccional.
