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ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
4 may 2013
Archivado en: Privatización, Proyectos legislación
El Gobierno va a dar competencias a los procuradores en los actos de comunicación y de ejecución
3 may 2013
Archivado en: Privatización, Proyectos legislación
El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un informe del anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la que se les da competencia de practicar los actos de comunicación y algunos de ejecución (embargos...) a los procuradores y les confiere carácter de autoridad.
Esta nueva e inconstitucional medida de privatización de la justicia podría suponer, además de un nuevo encarecimiento de los procesos, una posible reducción de funcionarios de los cuerpos de Auxilio y Gestión en los servicios comunes, SCOP, etc., y juzgados que actualmente tienen esa práctica de comunicación y ejecución.
Anteproyecto de ley de los Registros
12 dic 2012
Archivado en: Proyectos legislación, registro civil
Anteproyecto de ley de los Registros, un texto amplio y farragoso donde el Ministerio pretende externalizar los actuales registros civiles, sacándoles de la justicia y enconmendándelos a los Registradores y Notarios, con el encarecimiento de los servicos al ciudadano y la reordenación de efectivos de los funcionarios de justicia actualmente allí destinados.
Ampliación de la reforma de la LOPJ y otros temas
11 oct 2012
Archivado en: Proyectos legislación, Retribuciones, Sustituciones
MEDIDAS DE EFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
- El objetivo de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la profesionalización de la carrera judicial y garantizar la estabilidad presupuestaria.
- Las sustituciones serán asumidas por magistrados que cobrarán el 80 por 100 del complemento de destino.
- Los jueces podrán disponer de hasta un total de doce días de licencia al año.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las
Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia
Presupuestaria en la Administración de Justicia por el que se modifica, entre
otras cosas, el régimen jurídico de las sustituciones de jueces y magistrados y
de magistrados suplentes y se adapta la Ley Orgánica del Poder Judicial a las
previsiones del Real Decreto Ley de 13 de julio de 2012, que conlleva el ajuste
presupuestario exigido por la coyuntura económica.
El principal objetivo de este Proyecto de Ley Orgánica,
para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de
urgencia, es la consecución de la máxima profesionalización en el ejercicio de
la función jurisdiccional, al permitir que las sustituciones se realicen entre
los propios miembros de la carrera judicial, al mismo tiempo que se garantiza la
estabilidad presupuestaria.
Para adaptar la Ley Orgánica del Poder Judicial a las
previsiones del citado Real Decreto Ley de 2012, se introducen cambios
normativos que afectan a la carrera judicial así como a los secretarios
judiciales y al resto del personal al servicio de la Administración de
Justicia.
Sustituciones
Actualmente la sustitución de jueces y magistrados
suplentes carece de la excepcionalidad con la que inicialmente se constituyó.
Por este motivo, se establece un régimen que contribuye a que los propios jueces
y magistrados integrantes de la carrera judicial sean quienes realicen esas
labores de sustitución, tanto en la Primera como en la Segunda Instancia,
mediante un orden de llamamientos en el que la sustitución interina sea la
última y excepcional posibilidad. Primará la idea de la voluntariedad en la
realización de estas tareas. La retribución de las sustituciones será
equivalente al 80 por 100 del complemento de destino, lo que supone una cantidad
variable que oscila entre los 1.500 y los 2.750 euros brutos dependiendo de la
localidad en la que se ejerza.
Carrera judicial
Los permisos por asuntos propios se verán reducidos a tres
días al año (actualmente suponen un total de seis permisos de tres días cada
uno) y se suprime la necesidad de justificar su causa ante el correspondiente
superior.
Se crea una nueva licencia por la que jueces y magistrados
podrán ausentarse tres días al mes, hasta un máximo de nueve días al año para el
estudio o resolución de causas de especial complejidad, para hacer frente a la
acumulación de asuntos o cuando otras circunstancias lo aconsejen. La
autorización sólo se denegará cuando coincida con señalamientos o vistas. Esta
licencia podrá acumularse a los anteriores días de asuntos propios.
Las licencias por estudio serán retribuidas sólo los veinte
primeros días, frente a los cuatro meses actuales, excepto aquellas que sean por
formación obligatoria. En materia de licencias por enfermedad, la norma se
remite al régimen regulado en el mismo Real Decreto Ley de 2012.
Secretarios Judiciales y resto de
personal
Al igual que jueces y fiscales, los secretarios judiciales
y resto de personal al servicio de la Administración de Justicia verán suprimida
la paga extra de Navidad de este año en consonancia con los establecido para la
función pública. Estos colectivos ven reducidos de nueve a tres los días de
permiso al año.
Audiencias Provinciales
Se flexibiliza la composición de las Audiencias
Provinciales para permitir la existencia de un mayor número de magistrados en
una sola sección. Ello permitirá crear futuras plazas judiciales sin apenas
coste económico.
Refuerzos
En la línea de aprovechar los recursos humanos y ahondar en
la profesionalización de la carrera judicial, se otorga preferencia a la
realización de refuerzos por jueces y magistrados titulares mediante comisión de
servicio. Se flexibiliza la figura del juez de adscripción territorial, se
establece la denominación de jueces en expectativa de destino que sustituye a
los actuales jueces adjuntos y se crea una tercera fase en la Escuela Judicial
por la que los jueces realizarán labores de refuerzo en juzgados y tribunales.
Sólo excepcionalmente, de manera motivada y existiendo dotación presupuestaria,
podrán designarse jueces sustitutos no profesionales.
El conjunto de estas medidas representa para 2013 un ahorro
estimado de 8,7 millones de euros con respecto a la previsión de liquidación de
2012 y de veinte millones teniendo en cuenta el presupuesto inicial de este
año.
Consejo de Ministros del 11 de octubre
Archivado en: Proyectos legislación, Retribuciones, Sustituciones
ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento
de urgencia del Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria
en la Administración
de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial
Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA de medidas de
eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
INFORME sobre el Estatuto de la Víctima de Delito
Ampliación...
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Ampliación...
El anteproyecto de ley de tasas ya prevee que los funcionarios vayamos a juicio con abogado y procurador
15 may 2012
Archivado en: Proyectos legislación
El anteproyecto de ley de tasas judiciales aprovecha para derogar el art. 23.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que nos permitía a los funcionarios ir a juicio sin necesidad de abogado ni procurador en materia de personal. Lo argumenta en base a ir bien defendidos.
El informe del CGPJ critica bastantes aspectos del anteproyecto y también en ésto, argumentando la posición distinta de los trabajadores en el orden social y alega que sería oportuno extender la exención de tasas a los funcionarios en materia de personal.
Vamos que dentro de poco, vamos a tener tasas, condena en costas y obligación de abogado y procurador. Está claro que la justicia es para los ricos.
CCOO critica las medidas del Ministro Gallardón respecto a los funcionarios públicos
13 mar 2012
Archivado en: Proyectos legislación
CCOO critica las medidas del Ministro Gallardón respecto a los funcionarios públicos
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La reforma de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa propuesta por Gallardón al requerir que también los funcionarios públicos vayan a juicio en materia de personal con abogado y procurador supone una grave discriminación con respecto al personal laboral de las administraciones públicas, ya que éstos en la esfera de los derechos laborales acuden a la jurisdicción social, que no les exige esta postulación de profesionales (abogado y procurador) y que además no tienen costas judiciales
Gallardón: los abogados de oficio se pagarán con las tasas judiciales
5 mar 2012
Archivado en: Noticias, Proyectos legislación
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en el Senado que su departamento tiene casi a punto la revisión de las tasas judiciales de modo que la recaudación de los depósitos, ya vigentes desde 2009, se destinará a los diferentes proyectos de modernización de la justicia mientras que las tasas de nueva creación serán para pagar la justicia gratuita.
Según Ruiz-Gallardón, que hizo estas manifestaciones durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, la propia doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido recientemente que las tasas judiciales "no conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva", por lo que la aprobación de un nuevo sistema en este sentido no presenta problema alguno. De este modo, las tasas servirán para cubrir los costes derivados de los litigios de quienes carecen de recursos.
A lo largo de su intervención, el titular de Justicia puso fecha a algunas de las reformas ya anunciadas hace unas semanas durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, y fijó en el próximo otoño la mayoría de los anteproyectos.
Así, señaló para el próximo mes de octubre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contemplará, entre otras medidas, un cambio para que los 12 miembros del Consejo Judicial del Poder Judicial (LOPJ) sean elegidos por los propios jueces. De este modo, el nuevo modo de elegir a los vocales podrá aplicarse en la nueva renovación, que debe producirse en 2013.
Ruiz-Gallardón también se ha comprometido a tener redactado el Estatuto de la Víctima y de la Ley del Menor para el próximo mes de junio; así como un nuevo texto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para "la vuelta del verano". También para el otoño fijó el proyecto de nuevo Código Mercantil y de los primeros borradores de la Ley de Demarcación y Planta, La Ley de Jurisdicción Voluntaria y Ley del Aborto
El ministro señaló la importancia del "consenso" para la consecución de todas estas reformas, y señaló que desde que comenzó su mandato ha venido celebrando reuniones tanto con el Poder Judicial como con los responsables autonómicos de Justicia y los representantes de los operadores jurídicos.
DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN
"Los objetivos de mis predecesores no son muy diferentes a los míos, a excepción de la situación de se podría decir emergencia nacional por la crisis", ha apuntado Ruiz-Gallardón, para añadir que el elemento diferencial será el de la ejecución de la reforma, "porque ha llegado el momento de pasar de la reflexión a la acción".
Sobre la reforma de la LOPJ para cambiar el sistema de elección de los vocales, el ministro ha recordado que ya en 1986 el Tribunal Constitucional señaló que "es preciso mantener lejos de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder", como es el propio órgano de gobierno de los jueces. "Los partidos debemos renunciar al monopolio asfixiante en todos los ámbitos", ha puntualizado.
Lo que Ruiz-Gallardón denominó "programa de regeneración institucional" se completará con reformas en las competencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Respecto del primero, se introducirán mejoras "de orden técnico procesal" para agilizar su labor, mientras que se creará el recurso previo de constitucionalidad en el tribunal de garantías, aunque exclusivamente para las reformas estatutarias.
Además, apuntó que la congestión existente en los juzgados y el retraso en la ejecución de las sentencia "son algo más grave que simples contratiempos, porque están detrás del cierre de empresas, la pérdida de empleos y retraimiento de la inversión".
Para hacer frente a esta situación, anunció la presentación en el tercer trimestre de este año de un nuevo Código Mercantil, que unifique la legislación vigente en materia de comercio, patentes, defensa de la competencia, mercado de valores, publicidad, contrato de seguros, defensa de los consumidores.
Otros cambios irán dirigidos a suprimir la exención de abogado y procurador prevista para los funcionarios que realicen reclamaciones en defensa de sus intereses, equiparándolos así al resto de ciudadanos, según ha anunciado el ministro. También se trabajará, y ya se está haciendo con el CGPJ, en la consecución de una plataforma informática que sirva en todo el Estado, para evitar que los datos judiciales sigan repartidos en ocho sistemas distintos.
"NO PODEMOS SEGUIR PONIENDO PARCHES"
En cuanto a las reformas legislativas, Ruiz-Gallardón se ha referido a la Ley de Demarcación y Planta Judicial como "piedra angular del proceso de transformación", cuyo objetivo será el de adecuar la organización judicial a la realidad social actual.
Igualmente, el titular de Justicia destacó la importancia de elaborar una nueva la ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo en cuenta que el orden penal acumula el 70 por ciento de la litigiosidad en España.
Esta reforma, al igual que ha adelantado el ministro en comparecencias anteriores, afectará al secreto de sumario y al papel de la policía judicial, y se revisarán también los requisitos para acceder a los recursos de reforma y casación.
Sobre el Estatuto de la Víctima, ha adelantado que esta norma, que espera tener lista antes del verano, introducirá nuevas garantías para los afectados por cualquier delito pero en especial los del terrorismo "poniendo fin al casi completo abandono en el ámbito normativo". Las víctimas podrán personarse en todas las fases del procedimiento, conocer el paradero y situación del autor del delito y pronunciarse sobre sus posibles beneficios penitenciarios.
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
En cuanto a la reforma del Código Penal, el ministro ha adelantado que la prisión permanente revisable quedará configurada como una medida "reservada a supuestos muy restringidos" y ha adelantado que la posible rehabilitación del reo se estudiará mediante un "test de reinserción" cuyo resultado ofrecerá al tribunal información sobre su capacidad de readaptación a la sociedad.
Finalmente, y sobre los estudiantes de Derecho, el ministro de Justicia ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado un Decreto Ley para que a los estudiantes que ya completaron sus estudios no se les exijan títulos adiciones para colegiarse. Además, los alumnos matriculados después de la publicación de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador serán exonerados de cursos de formación aunque podrán realizar practicas externas.
Según Ruiz-Gallardón, que hizo estas manifestaciones durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, la propia doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido recientemente que las tasas judiciales "no conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva", por lo que la aprobación de un nuevo sistema en este sentido no presenta problema alguno. De este modo, las tasas servirán para cubrir los costes derivados de los litigios de quienes carecen de recursos.
A lo largo de su intervención, el titular de Justicia puso fecha a algunas de las reformas ya anunciadas hace unas semanas durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, y fijó en el próximo otoño la mayoría de los anteproyectos.
Así, señaló para el próximo mes de octubre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contemplará, entre otras medidas, un cambio para que los 12 miembros del Consejo Judicial del Poder Judicial (LOPJ) sean elegidos por los propios jueces. De este modo, el nuevo modo de elegir a los vocales podrá aplicarse en la nueva renovación, que debe producirse en 2013.
Ruiz-Gallardón también se ha comprometido a tener redactado el Estatuto de la Víctima y de la Ley del Menor para el próximo mes de junio; así como un nuevo texto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para "la vuelta del verano". También para el otoño fijó el proyecto de nuevo Código Mercantil y de los primeros borradores de la Ley de Demarcación y Planta, La Ley de Jurisdicción Voluntaria y Ley del Aborto
El ministro señaló la importancia del "consenso" para la consecución de todas estas reformas, y señaló que desde que comenzó su mandato ha venido celebrando reuniones tanto con el Poder Judicial como con los responsables autonómicos de Justicia y los representantes de los operadores jurídicos.
DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN
"Los objetivos de mis predecesores no son muy diferentes a los míos, a excepción de la situación de se podría decir emergencia nacional por la crisis", ha apuntado Ruiz-Gallardón, para añadir que el elemento diferencial será el de la ejecución de la reforma, "porque ha llegado el momento de pasar de la reflexión a la acción".
Sobre la reforma de la LOPJ para cambiar el sistema de elección de los vocales, el ministro ha recordado que ya en 1986 el Tribunal Constitucional señaló que "es preciso mantener lejos de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder", como es el propio órgano de gobierno de los jueces. "Los partidos debemos renunciar al monopolio asfixiante en todos los ámbitos", ha puntualizado.
Lo que Ruiz-Gallardón denominó "programa de regeneración institucional" se completará con reformas en las competencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Respecto del primero, se introducirán mejoras "de orden técnico procesal" para agilizar su labor, mientras que se creará el recurso previo de constitucionalidad en el tribunal de garantías, aunque exclusivamente para las reformas estatutarias.
Además, apuntó que la congestión existente en los juzgados y el retraso en la ejecución de las sentencia "son algo más grave que simples contratiempos, porque están detrás del cierre de empresas, la pérdida de empleos y retraimiento de la inversión".
Para hacer frente a esta situación, anunció la presentación en el tercer trimestre de este año de un nuevo Código Mercantil, que unifique la legislación vigente en materia de comercio, patentes, defensa de la competencia, mercado de valores, publicidad, contrato de seguros, defensa de los consumidores.
Otros cambios irán dirigidos a suprimir la exención de abogado y procurador prevista para los funcionarios que realicen reclamaciones en defensa de sus intereses, equiparándolos así al resto de ciudadanos, según ha anunciado el ministro. También se trabajará, y ya se está haciendo con el CGPJ, en la consecución de una plataforma informática que sirva en todo el Estado, para evitar que los datos judiciales sigan repartidos en ocho sistemas distintos.
"NO PODEMOS SEGUIR PONIENDO PARCHES"
En cuanto a las reformas legislativas, Ruiz-Gallardón se ha referido a la Ley de Demarcación y Planta Judicial como "piedra angular del proceso de transformación", cuyo objetivo será el de adecuar la organización judicial a la realidad social actual.
Igualmente, el titular de Justicia destacó la importancia de elaborar una nueva la ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo en cuenta que el orden penal acumula el 70 por ciento de la litigiosidad en España.
Esta reforma, al igual que ha adelantado el ministro en comparecencias anteriores, afectará al secreto de sumario y al papel de la policía judicial, y se revisarán también los requisitos para acceder a los recursos de reforma y casación.
Sobre el Estatuto de la Víctima, ha adelantado que esta norma, que espera tener lista antes del verano, introducirá nuevas garantías para los afectados por cualquier delito pero en especial los del terrorismo "poniendo fin al casi completo abandono en el ámbito normativo". Las víctimas podrán personarse en todas las fases del procedimiento, conocer el paradero y situación del autor del delito y pronunciarse sobre sus posibles beneficios penitenciarios.
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
En cuanto a la reforma del Código Penal, el ministro ha adelantado que la prisión permanente revisable quedará configurada como una medida "reservada a supuestos muy restringidos" y ha adelantado que la posible rehabilitación del reo se estudiará mediante un "test de reinserción" cuyo resultado ofrecerá al tribunal información sobre su capacidad de readaptación a la sociedad.
Finalmente, y sobre los estudiantes de Derecho, el ministro de Justicia ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado un Decreto Ley para que a los estudiantes que ya completaron sus estudios no se les exijan títulos adiciones para colegiarse. Además, los alumnos matriculados después de la publicación de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador serán exonerados de cursos de formación aunque podrán realizar practicas externas.
Fuente:europapress.es
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La Comisión de Justicia del Congreso da luz verde a la reforma de la Ley Concursal
28 jul 2011
Archivado en: Proyectos legislación
Publicado en www.europapress.es
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos políticos salvo del PP, el proyecto de Ley de Reforma Consursal, que agilizará y abaratará los procedimientos concursales y ayudará a solucionar negociadamente la insolvencia de familias y empresas.
El ponente socialista, Jesús Quijano, ha subrayado que la reforma es "oportuna y necesaria" y que no altera el modelo concursal vigente, y ha destacado algunos de los aspectos que contiene, como son la composición más reducida y especializada de la administración concursal y la posibilidad de homologación judicial de los acuerdos de refinanciación entre el deudor consursado y las entidades financieras, entre otras.
Asimismo, ha resaltado que la ley ayuda a las empresas en cuanto a los acuerdos de refinanciación pues profundiza en "alternativas" al concurso o los institutos preconcursales y se detiene en las cuestiones sociales ampliando la protección de los trabajadores.
Se trata, en definitiva, de "una reforma que debe contribuir a abordar y resolver con más eficacia las situaciones de crisis", ha señalado el ponente socialista.
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Consejo de Ministros. Informe sobre el cambio del proceso penal
27 jul 2011
Archivado en: Proyectos legislación
INFORME SOBRE EL CAMBIO DEL PROCESO PENAL
- El Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal y el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal
- La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882 y esta iniciativa de cambio del proceso penal es la primera que se formaliza desde la entrada en vigor de la Constitución. Nuestro sistema penal se homologa al existente en otras democracias avanzadas
- Se incorpora plenamente el derecho a la segunda instancia penal, se pone fin a la investigación indefinida, también conocida como "pena de banquillo" y se regulan derechos y garantías constitucionales tan importantes para los ciudadanos como los de la persona detenida, el control judicial de las medidas que limitan la libertad, la interceptación de las comunicaciones, la entrada y registro o el derecho a no ser perseguido dos veces por los mismos hechos.
- Asimismo, se establece por primera vez el estatuto de las víctimas en el proceso penal y se elevan a rango orgánico aspectos vinculados al ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional
- Se introduce un mayor control judicial. Frente al modelo actual, constituido por el juez instructor que investiga y el juez o tribunal que juzga, el nuevo modelo dispone la existencia de un juez de garantías (que controla la investigación del fiscal), un juez de la audiencia preliminar (que determina si existen elementos suficientes para sostener la acusación) y el juez o tribunal que finalmente juzgará la causa
El Consejo de Ministros ha recibido sendos informes del ministro de Justicia sobre dos Anteproyectos de Ley de máxima trascendencia: uno de carácter orgánico, Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal, para dar cumplimiento a los artículos 81.1 y 55.2 de la Constitución; y otro, de carácter ordinario, que se concreta en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula las condiciones de ejercicio de esos derechos, así como todos los elementos procedimentales que integran el citado proceso. Con ambos Anteproyectos, que son complementarios, se establece un tratamiento jurídico unitario y una regulación actualizada de todas las instituciones procesales penales.
Esta iniciativa de cambio del proceso penal, que el ministro de Justicia comprometió tras su toma de posesión, en febrero de 2009, es la primera que se formaliza desde la entrada en vigor de la Constitución. La necesidad de esta nueva norma, reclamada también por todos los sectores jurídicos, se fundamenta en el hecho de que en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, conviven normas redactadas a lo largo de tres siglos, que han de ser reinterpretadas constantemente por los jueces, lo que lógicamente genera inseguridad jurídica. Este Anteproyecto, con el que el Gobierno también cumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, representa un paso muy significativo en el proceso de modernización de la Justicia. De hecho, el orden penal acumula en torno al 70 por 100 de la litigiosidad en España.
El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (789 artículos) determina, entre otros muchos asuntos innovadores, que el Ministerio Fiscal asuma la dirección de la investigación, como ocurre en la práctica totalidad de los países democráticos, pero siempre bajo un control judicial imparcial, pues el juez, al no dirigir la investigación, puede resolver los conflictos sin estar contaminado de ningún posible prejuicio. En definitiva, investigará el fiscal, pero habrá "más juez" en el proceso penal.
Por su parte, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal regula derechos tan importantes para los ciudadanos como los derechos de la persona detenida, el control judicial de las medidas limitativas de la libertad, así como todas aquellas con incidencia en la integridad física o la intimidad de las personas. Este Anteproyecto contempla la legislación de protección de datos personales y eleva a rango orgánico aspectos vinculados con el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional.
La ley que hace recaer la instrucción en los fiscales será estudiada este viernes por el Consejo de Ministros
Archivado en: Proyectos legislación
Publicado en www.diariosigloxxi.com
El Consejo de Ministros estudiará este viernes el Anteproyecto Ley Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Ministerio de Justicia, que, entre sus aspectos más destacados, incluye que los fiscales y no los jueces sean los que instruyan los casos.
Fuentes de Justicia informaron a Servimedia de que está previsto que el anteproyecto sea examinado este viernes por el Gobierno. Si el Ejecutivo da el visto bueno, la iniciativa será sometida a informe del CGPJ y del Consejo de Estado.
El texto elaborado por el departamento de Francisco Caamaño tiene también como elementos destacados la desaparición de la figura del imputado y una limitación de la figura de la acción popular, que permite a ciudadanos y organizaciones personarse en los procesos judiciales.
El ministro Caamaño confirmó hace unas semanas que su departamento tenía un "borrador muy consolidado" para una futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. Añadió que el objetivo es que España tenga una legislación criminal similar a la de las "democracia avanzadas" de Europa.
Sobre el hecho de que se plantee que la instrucción de las causas recaiga "sustancialmente" en los fiscales, el titular de Justicia ha manifestado que esto no significa que haya "menos juez", sino que los magistrados se encargarían de garantizar los derechos de los ciudadanos, mientras que la instrucción de los casos la llevarían los fiscales.
El anteproyecto del Ejecutivo fue saludado positivamente por las asociaciones judiciales, mientras que el diputado Federico Trillo, portavoz del PP en asuntos de Justicia, ha manifestado que el texto de Caamaño es “un brindis al sol”, puesto que “ni es el momento oportuno, ni hay consenso entre los profesionales de la Administración de Justicia ni hay tiempo”.
Enlace permanente
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/31552/la-ley-que-hace-recaer-la-instruccion-en-los-fiscales-sera-estudiada-este-viernes-por-el-consejo-de-ministros
Consejo de Ministros: Anteproyecto de Ley de actualización de la legislación de protección a la infancia
11 jul 2011
Archivado en: Proyectos legislación
INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
- Se simplifican los mecanismos de acogida y adopción, y se potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares.
- Los menores de tres años no ingresarán en centros de protección y se suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo para acortar los procedimientos.
- Permite la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable y regula los centros para menores con trastornos de conducta.
- Racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales, y amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre el Anteproyecto de Ley que actualiza la legislación de protección de la infancia. El objetivo de la nueva normativa es simplificar y mejorar los mecanismos de acogida y adopción, así como potenciar el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo, frente a su ingreso en centros tutelares.
El anteproyecto de ley recoge las recomendaciones de la Comisión especial del Senado que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional y otros temas afines. En noviembre pasado esta Comisión aprobó por unanimidad una serie de propuestas que han sido de mucha utilidad para elaborar el Anteproyecto de Ley.
El documento también ha tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, a quienes directamente corresponden las competencias en esta materia, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y organizaciones de defensa de la infancia. Entre otras cosas, la nueva legislación unifica los procedimientos y normativas para todas las Comunidades Autónomas, de manera que facilita la coordinación y control de actuaciones en materia de protección a la infancia.
Esta Ley, que fue uno de los compromisos adquiridos por la ministra de Sanidad tras su toma de posesión, implica la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 1996.
Menores de seis y tres años
El Gobierno pretende mejorar la protección de los menores en nuestro país, evitar situaciones de desamparo y potenciar la acogida familiar frente a su ingreso en centros de acogida, especialmente para los menores de seis años. Es más, el Anteproyecto establece expresamente que los menores de tres años no ingresarán en los centros de protección, salvo que exista imposibilidad muy justificada.
Tanto el Gobierno como los organismos e instituciones relacionados con la protección a los menores consideran que el entorno familiar es el ambiente más favorable para el desarrollo de menores en situación de desamparo.
Acogimiento y adopción
Respecto del acogimiento familiar, el Anteproyecto suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo, con el objetivo de simplificar y acortar los procedimientos. Se diferencian los objetivos de acogimiento familiar de los de adopción.
Por otro lado, esta reforma posibilita que las entidades públicas atribuyan funciones de tutela a acogedores permanentes para dotar de más autonomía a la familia acogedora. Es importante señalar también que se establece un régimen de derechos y deberes de los acogedores.
Con relación a la adopción, además de suprimir el acogimiento preadoptivo, se acorta el período previo establecido para la presentación de la propuesta de adopción ante el juez (pasa de un año a tres meses).
Además, se posibilita la adopción de mayores de dieciocho años en los casos en los que estén previamente en situación de acogida familiar (ahora sólo es posible si el acogimiento se produce antes de los catorce años) o convivencia estable (normalmente con un familiar).
El objetivo del Gobierno es afrontar los problemas que se han identificado, actualizando la regulación de nuestro sistema de protección de la infancia; aspecto básico y esencial del Estado del Bienestar, porque afecta a los más vulnerables entre los vulnerables.
Interés superior del menor
Uno de los puntos esenciales del Anteproyecto es proteger el interés superior del menor a partir de una serie de criterios comunes tomando como base la jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Supremo y los avances en esta materia en el derecho comparado.
Respecto a la mejora en la regulación de las actuaciones de prevención, se desarrollan nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo, mediante programas que permitan mantener a los niños y niñas en su entorno familiar.
Una novedad importante en materia de derechos fundamentales es la no discriminación por discapacidad en el derecho del menor a ser oído.
También se regula la exigencia de estándares de calidad para cada tipo de servicio de protección a la infancia: centros, hogares funcionales, etcétera.
Simplificación de procedimientos judiciales
Igualmente, la nueva normativa racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales: en primer lugar, el Anteproyecto pretende que todos los procedimientos contra las resoluciones administrativas referentes a cada menor se acumulen en el mismo Juzgado; en segundo lugar, se imposibilita la ejecución provisional de sentencias que se dicten en primera instancia. De esta manera, se evitan constantes cambios de situaciones y residencia del menor, que originan graves consecuencias emocionales a los niños y niñas.
Centros para menores con problemas de conducta
El Anteproyecto regula también los centros para menores con trastorno de conducta; menores que no han cometido delitos, pero que persisten en conductas que afectan gravemente a los demás, en sus diferentes ámbitos de existencia.
La norma aborda, por primera vez, las características de estos centros y establece una serie de garantías: necesidad de diagnóstico previo y autorización judicial para el ingreso en los centros que utilicen medidas de contención y restricción de libertad, limitación en la administración de medicamentos e intensificación de la actuación de los servicios de inspección y supervisión.
Desde esta perspectiva garantista, es importante también la ampliación de la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia. Una labor fundamental que muchos fiscales de España realizan con un gran compromiso y dedicación, y que ahora se ve reforzada.
La Comisión de Justicia remite al Senado el proyecto de ley de agilización procesal
30 jun 2011
Archivado en: Noticias, Proyectos legislación
Publicado en www.diariojuridico.com
La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer por la tarde, con competencia legislativa plena, el proyecto de ley de agilización procesal, que se remite al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. El informe elaborado por la ponencia fue votado en dos bloques. El primero, relativo a la disposición final segunda nueva, de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, fue aprobado por unanimidad.
El resto del informe, con las modificaciones incorporadas durante el trámite de ponencia, se aprobó con 22 votos a favor y 16 en contra.
El objeto de este proyecto de Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal. Tales medidas son de distinto signo. Unas están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurre en el caso del orden penal, otras a optimizar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves, y otras, en cambio, están orientadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales.
El resto del informe, con las modificaciones incorporadas durante el trámite de ponencia, se aprobó con 22 votos a favor y 16 en contra.
El objeto de este proyecto de Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal. Tales medidas son de distinto signo. Unas están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurre en el caso del orden penal, otras a optimizar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves, y otras, en cambio, están orientadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales.
Decretazo sobre la negociación colectiva
13 jun 2011
Archivado en: Negociación, Proyectos legislación
BOE de 11 de junio.
La Junta de Jueces de Córdoba pide la retirada del anteproyecto de ley de los Tribunales de Instancia
2 may 2011
Archivado en: Proyectos legislación
Publicado en www.europapress.es La Junta de Jueces de Córdoba ha reclamado la retirada del anteproyecto de Ley para la creación de los Tribunales de Instancia al considerar que es "claramente inconstitucional". Según ha informado a Europa Press el juez decano, Luis Rabasa, la Junta de Jueces de Córdoba, reconoce que se trata de "la mayor reforma legislativa que afecta al poder judicial que hasta el momento...
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Reunión sin precedentes del Tribunal Supremo y la Comisión de Justicia del Congreso
1 abr 2011
Archivado en: Proyectos legislación
Una delegación del Tribunal Supremo reclama urgencia al Congreso al tramitar las leyes para agilizar la Justicia
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha reclamado urgencia al Congreso a la hora de tramitar los proyectos de ley destinados a la modernización y agilización de la Justicia.
Así lo han explicado a los periodistas el presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, José Antonio Xiol, que en representacfión de la comisión delegada de la institución, y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Álvaro Cuesta, tras mantener un encuentro sin precedentes en el Parlamento.
La Abogacía Catalana manifiesta su rechazo al proyecto de Ley de Agilización Procesal por considerar que atenta contra derechos de los ciudadanos
18 mar 2011
Archivado en: Proyectos legislación
Publicado en www.abogados.es
16/03/2011 El Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) manifiesta su rechazo a determinados aspectos del Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo, especialmente los que suprimen el derecho a recurrir determinadas resoluciones judiciales en función de la su cuantía económica, ya que considera que puede llegar a anular un derecho fundamental de los ciudadanos: el derecho de defensa.
El Proyecto de Ley de Agilización Procesal plantea, entre otros aspectos, que las sentencias en juicios verbales de reclamación judicial de una cuantía de hasta 6.000 euros pasen a ser firmes, es decir, que no se puedan recurrir. También propone que se aumente de 150.000 a 800.000 euros la cuantía mínima para recurrir en casación ante el Supremo en el orden civil, así como para presentar recursos de apelación y casación en el contencioso administrativo. El objetivo del gobierno, con estas medidas, es agilizar la justicia, pero los abogados consideran que esta no es la vía más adecuada para conseguirlo.
Vocales de CGPJ ven precipitada la reforma para crear tribunales de instancia
17 mar 2011
Archivado en: Proyectos legislación
Publicado en www.diariovasco.com
16-3-2011. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Espejel y Claro José Fernández han cuestionado la oportunidad de la reforma para la creación de los tribunales de instancia, ya que la ven "precipitada e innecesaria" cuando está pendiente de desarrollo la nueva Oficina Judicial.
Así lo expresan en el voto particular que han formulado al informe aprobado por la Comisión de Estudios del CGPJ sobre el anteproyecto que crea los tribunales de instancia, que sustituirán a los actuales juzgados unipersonales.
El informe, que según fuentes del órgano de gobierno de los jueces será estudiado próximamente por el pleno del CGPJ, hace algunas sugerencias para mejorar el texto legal.
Así lo expresan en el voto particular que han formulado al informe aprobado por la Comisión de Estudios del CGPJ sobre el anteproyecto que crea los tribunales de instancia, que sustituirán a los actuales juzgados unipersonales.
El informe, que según fuentes del órgano de gobierno de los jueces será estudiado próximamente por el pleno del CGPJ, hace algunas sugerencias para mejorar el texto legal.
