Los colectivos corporativos, como los controladores, han sido sucesivamente "mimados", "protegidos" e "impulsados" por los sucesivos gobiernos democráticos en nuestro país. Desde los de UCD a los del PSOE, pasando por los del PP.
Cuando han exigido mejoras de condiciones salariales o ciertas concesiones sobre cómputos de jornada u otras reivindicaciones imposibles de entender en otros colectivos, o en los mismos colectivos en otros países, se les han concedido con un doble argumento: el lugar privilegiado que ocupan en el núcleo central de la prestación de servicios públicos (maquinistas, conductores de transportes públicos, pilotos, controladores...) y para "evitar" que los sindicatos de clase "tan peligrosos" accedieran a estos "centros de poder sindical".
En los peores momentos, cuando se congelaban los salarios del resto de empleados públicos o se limitaban sus incrementos o se cuestionaban determinadas interpretaciones sobre cómputos horarios, por ejemplo en el transporte de mercancías o de viajeros por carretera, se cedía ante el chantaje de estos colectivos. Y lo han hecho todos los gobiernos de cualquier orientación (Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar y Zapatero), por lo que arrojarse a la cara las acusaciones que hemos podido oír estos dos últimos días nos parece hipócrita, electoralista y absolutamente irrespetuoso con la ciudadanía en general y con el resto de trabajadores y trabajadoras que estamos siendo agredidos de forma bestial con las políticas que se imponen desde la Unión Europea
