Hoy es un día grande para las trabajadoras y los trabajadores de los Registros Civiles de toda España, para el personal de la Administración de Justicia, para los usuarios y las usuarias de los servicios públicos y para toda la ciudadanía, con independencia del lugar en que viva.
Tras diez años de lucha, se publica en el BOE, de 29 de abril, la Ley 6/2021, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, así como la Ley Orgánica 6/2021, complementaria de la anterior, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en virtud de las cuales se vuelve a establecer, un día antes de que entre en vigor la Ley 20/2011, que el Registro civil en España se constituye como un servicio público gratuito, cercano a toda la ciudadanía, integrado en la Administración de Justicia y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia.
APROBACIÓN DE LA LEY 20/2011 (año 2011)
La Ley 20/2011, de 21 de julio, fue aprobada por práctico consenso de todas las fuerzas políticas pero completamente a espaldas del personal de la Administración de Justicia, con el que no se contó en su elaboración, y del conjunto de la ciudadanía, siendo Secretario de Estado de Justicia el hoy Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
En su afán de desjudicializar el Registro Civil, que, desde su establecimiento en España en 1871, siempre estuvo atribuido a la Administración de Justicia como mayor garantía de independencia e imparcialidad, la Ley 20/2011 excluía a los Jueces como Encargados de dichos Registros Civiles, pasando a ser los mismos los actuales Letrados de la Administración de Justicia o funcionarios del Grupo A1 Licenciados en Derecho a determinar reglamentariamente; sacaba al Registro Civil fuera de la Administración de Justicia, sin adscribirse a ninguna administración (central, autonómica) concreta; suprimía las oficinas de Registro Civil de los 7.687 municipios de España que son sede de Juzgados de Paz; reducía a un máximo de 160 Oficinas Generales las 432 Oficinas principales de Registro Civil que existen hoy en toda España; y permitía seguir trabajando en el futuro Registro Civil, de manera transitoria, al personal de la Administración de Justicia que lo estuviera a la entrada en vigor de la Ley pero ya fuera de dicha Administración de Justicia.
CCOO, desde el comienzo de la tramitación de la Ley, se opuso a sacar el Registro Civil fuera de la Administración de Justicia, a la supresión de las funciones registrales de los Juzgados de Paz y a la sustancial reducción de las Oficinas principales de Registro Civil, presentando enmiendas a los grupos parlamentarios que no fueron tomadas en consideración.
La larga vacatio legis de 3 años para la entrada en vigor de la Ley 20/2011, junto con la posibilidad de que el personal que trabajase a fecha de dicha entrada en vigor en los Registros Civiles pudiese seguir trabajando en los futuros Registros Civiles aunque fuera de la Administración de Justicia, motivó cierta pasividad del personal de la Administración de Justicia ante la aprobación de dicha Ley.
PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL POR EL PARTIDO POPULAR (Julio de 2014)
La situación cambió radicalmente tras la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de noviembre del año 2011. El Ministerio de Justicia, con Ruiz Gallardón a la cabeza, convino con los Registradores de la Propiedad a espaldas de toda la ciudadanía la privatización del Registro Civil, atribuyendo su llevanza a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, que, si bien tienen la consideración de funcionarios públicos, hacen de su trabajo público un negocio privado: cobran por arancel (son los funcionarios públicos mejor remunerados de toda España), haciendo propias las ganancias que obtienen de sus Registros, cobran IVA, contratan y despiden libremente a su personal que no tiene la consideración de funcionarios públicos, sufragan los gastos de sus locales, etc. Un servicio público con cuantiosos beneficios privados. Para más inri, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy y parte de su familia son Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Saltaron todas las alarmas ante lo que para muchos era una evidente privatización de un servicio público. El Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros atribuía a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España un poder omnímodo sobre todo el sistema registral español, incluido el Registro Civil, en detrimento de cualquier otro actor jurídico. Dicho borrador establecía que “los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes aranceles”. Se acababa la gratuidad del Registro Civil.
Desde el primer momento en que saltó a la luz la noticia de la futura privatización del Registro Civil, CCOO se opuso a la misma, liderando junto con el personal de los Registros Civiles de toda España el rechazo a la privatización de un servicio público esencial. Fueron numerosas las movilizaciones que se hicieron, las hojas informativas y notas de prensa difundidas, y las iniciativas que se promovieron para poner en conocimiento de la ciudadanía que se iba a privatizar un servicio público tan esencial como es el Registro Civil. A dicha oposición se unieron la mayoría de partidos políticos, salvo el PP, las organizaciones sindicales, numerosos municipios y comunidades autónomas, el colegio de Notarios, colegios de Abogados de toda España, asociaciones de todo tipo, etc.
Tal fue el revuelo causado en todos los actores jurídicos y la oposición que generó el Borrador del Anteproyecto que un grupo de Registradores de la Propiedad, ajenos a las maquinaciones iniciales de Ruiz Gallardón y los Registradores que habían pergeñado la privatización del Registro Civil, forzaron la realización de una Asamblea extraordinaria de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en abril de 2013 en la que se aprobó una ponencia por la que manifestaron que los Registradores no querían asumir la llevanza del Registro Civil, pero que si a pesar de lo anterior, la decisión política del Gobierno y de las Cortes se les atribuyera su llevanza, invitaban a que sea con el mayor consenso social y político posible, estableciendo las condiciones para ello. En la puerta de dicha Asamblea estaban delegados y delegadas de CCOO entregando cartas a los asistentes a la Asamblea, solicitando su rechazo a la llevanza del Registro Civil.
Los ideólogos de la privatización, conscientes del rechazo que causaba su iniciativa, recularon y aprendieron de sus errores, y elaboraron un segundo Borrador más amable, en que se suprimió el cobro de aranceles a la ciudadanía (el negocio pasaría a la consulta telemática del Registro); el Ministerio de Justicia decide, por boca de su Secretario de Estado, empezar el proyecto desde cero, pero con el objetivo inequívoco de atribuir el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad. El Ministerio de Justicia negoció con el hasta entonces beligerante Colegio de Notarios, que se llevó su parte del pastel en la atribución de nuevas funciones por medio de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria (todas las declaraciones de herederos ab intestato, entre otras).
Pese a todas las movilizaciones y denuncias, siempre encabezadas por CCOO, el Gobierno del Partido Popular aprobó en julio de 2014 el Real Decreto Ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que tras prorrogar un año más, hasta el 15 de julio de 2015, la entrada en vigor de la Ley 20/2011, establecía en su Disposición adicional vigésima que “a partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el Registro Civil estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro Civil y Mercantil.”. La privatización del Registro Civil estaba publicada en el BOE, luego ratificado por la Ley 18/2014, del mismo nombre.
MOVILIZACIONES EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Arreciaron las protestas en toda España, con gran participación de las trabajadoras y trabajadores de los Registros Civiles, que se enfundaron la camiseta amarilla en defensa del servicio público del Registro civil. Fueron cientos las concentraciones y manifestaciones que se hicieron en toda España, en las que CCOO siempre estuvo presente, oponiéndose a la privatización del Registro Civil.
Simultáneamente CCOO mantuvo reuniones con todos los grupos parlamentarios, con el fin de promover la derogación de la privatización del Registro Civil. A tal efecto desde CCOO se adoptaron dos iniciativas que dieron sus frutos: promovieron un recurso de inconstitucionalidad contra la privatización del Registro Civil mediante un Real Decreto-Ley, por entender que no había razones de urgente necesidad para adoptarse mediante dicho tipo de norma, recurso que fue interpuesto por más de cincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, La Izquierda Plural-IU, ICV-EUiA, CHA y Unión Progreso y Democracia; y comenzó la elaboración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de derogar las disposiciones que privatizaban el Registro Civil, y volverlo a dejar dentro de la Administración de Justicia.
En noviembre de 2014 Ruiz Gallardón dimite y entra como Ministro de Justicia Rafael Catalá, que sigue adelante con el proyecto de privatización establecido en la Ley 18/2014.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PRESENTADA POR CCOO EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN (Marzo de 2015)
Decenas de ayuntamientos, numerosas Comunidades Autónomas (algunas incluso que cuentan con mayoría del PP), todas las organizaciones sindicales del ámbito de la Administración de Justicia, la Plataforma Justicia para Todos, casi todas las asociaciones judiciales, numerosos colegios de abogados y procuradores, las asociaciones de consumidores y usuarios más importantes, todos los grupos parlamentarios excepto el PP, etc se pronunciaron en contra de la privatización del Registro Civil y la atribución de su llevanza a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
CCOO dio cauce a dicho rechazo mediante la presentación en marzo de 2015 de la Iniciativa Legislativa Popular, para la modificación de las Leyes 18/2014 y 20/2011, a fin de que el Registro civil siguiera siendo un servicio público gratuito, cercano a la ciudadanía, con los y las LAJS como Encargados del mismo, integrado en la Administración de Justicia y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia. En pocos días la Iniciativa recoge cerca de 300.000 firmas.
Simultáneamente, la movilización de las trabajadoras y trabajadores de los Registros Civiles de toda España, se intensifican (mientras alguno de los sindicatos que hoy se felicitan de la publicación de la Ley 6/2021 ya se daban por vencidos). No sólo participan activamente en la recogida de firmas de la ILP, sino que además organizan una gran movilización de funcionarios y funcionarias de Registros Civiles de toda España y del resto de la Administración de Justicia, de familiares, vecinos y amigos, y el día 11 de abril de 2015 una inmensa marea amarilla recorre las principales calles de Madrid para rechazar la privatización del Registro Civil.
EL PARTIDO POPULAR SE VE OBLIGADO A RENUNCIAR A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL (Julio 2015)
El 28 de abril de 2015 el Ministro Catalá afirma que renuncia a la privatización del Registro Civil. Las Cortes Generales aprueban la Ley 19/2015, publicada el 14 de julio, que prorroga la vacatio legis de la Ley 20/2011 hasta el 30 de junio de 2017 y deroga los artículos de la Ley 8/2014 (antes Real Decreto Ley 18/2014), que establecían la privatización del Registro Civil. El Tribunal Constitucional, en sentencia de 24 de septiembre de 2015, declara la inconstitucionalidad de la privatización del Registro Civil realizado mediante el Real Decreto Ley 8/2014, por no concurrir situación de urgencia o necesidad para su privatización mediante Real Decreto Ley. La oposición mantenida por CCOO, sin desmayo alguno, a la privatización del Registro Civil; la movilización del personal de los Registros Civiles de toda España y la concienciación lograda en toda la ciudadanía de que el Registro Civil era un servicio público que había preservar, habían dado sus frutos.
Sin embargo, la situación volvía a ser la de partida tras la aprobación de la Ley 20/2011: el Registro Civil quedaba fuera de la Administración de Justicia, se suprimían las funciones registrales de los más de 7.000 juzgados de paz que han en toda España, se reducían a un tercio las actuales oficinas principales, se dejaba en indefinición quienes iban a ser los Encargados de los Registros Civiles.
Tras múltiples reuniones mantenidas por CCOO con los representantes de los partidos políticos y con los responsables del Ministerio de Justicia, el Ministro de Justicia Rafael Catalá se comprometió en marzo de 2017 con las organizaciones sindicales a que el Registro Civil fuese público, gratuito, cercano al ciudadano, con la permanencia de la distribución territorial actual y el mantenimiento del Registro Civil en todos los partidos judiciales y en los Juzgados de Paz, así como a negociar con las demás fuerzas políticas una nueva prórroga de la vacatio legis que permitiese la reforma de la Ley 20/2011 para hacerlo posible. Una modificación de la Ley 15/2015, de Jurisdicción voluntaria, prorroga la vacatio legis de la Ley 20/2011 hasta el 30 de junio de 2018.
CCOO SE DIRIGE TAMBIÉN A LOS MILES DE AYUNTAMIENTOS DE ESPAÑA, SOLICITANDO SU APOYO PARA EVITAR LA DESAPARICIÓN DEL REGISTRO CIVIL EN MILES DE LOCALIDADES (Marzo de 2017)
En marzo de 2017, CCOO se dirige a miles de ayuntamientos de toda España y a la Federación Española de Municipios y Provincias, informándoles de la desaparición del Registro Civil de la inmensa mayoría de los municipios de España, solicitándoles un pronunciamiento claro y rotundo del ayuntamiento en defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas y en contra del cierre de las actuales oficinas del Registro Civil que supondría la entrada en vigor de la Ley 20/2011, y remitiéndoles un modelo de resolución para su aprobación.
También mantuvimos numerosas reuniones con alcaldes y alcaldesas, y con diputados y diputadas de las Asambleas de las Comunidades autónomas, para explicarles las graves consecuencias de la redacción de la ley 20/2011. Muchísimos ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Asambleas de Comunidades Autónomas se pronunciaron en contra del cierre del Registro Civil de los municipios, lo que sin duda incrementó la presión para mantener vivos los Registros Civiles de los Juzgados de Paz.
En junio de 2017, CCOO reclama a los Grupos Parlamentarios la presentación de mociones contra la entrada en vigor de la posibilidad de que los notarios puedan tramitar expedientes de matrimonio y contra la finalización del plazo para que los ciudadanos extranjeros puedan presentar solicitudes de adquisición de nacionalidad por residencia a través de los Registros Civiles.
Podemos presenta proposiciones al respecto, prosperando la prórroga
de la posibilidad de que los notarios tramiten expedientes de matrimonio
hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2021. CCOO
se dirige al Defensor del Pueblo, instándole a que actúe contra la
situación que se iba a producir, y que se ha producido, por la que los
ciudadanos extranjeros ya no tienen una oficina pública de referencia
salvo en Madrid capital donde informarse sobre los trámites de
nacionalidad, revisar su documentación y presentar la solicitud sin
coste alguno. Tras mantener CCOO una reunión con el Defensor del Pueblo, a día de hoy el expediente incoado sigue abierto.
CCOO ELABORA UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2011 PARA MANTENER EL REGISTRO CIVIL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CON TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES Y JUZGADOS DE PAZ (Verano de 2017)
CCOO elabora, mientras tanto, una
propuesta de modificación de la Ley 20/2011, que remite a los Grupos
parlamentarios interesando su presentación. El Grupo Parlamentario de
Unidas Podemos presenta en septiembre de 2017 una Proposición de Ley de
reforma de la Ley 20/2011, con base a la propuesta elaborada por CCOO,
en aras de establecer un modelo definitivo de Registro Civil que acabe
con la situación de interinidad derivada de dicha Ley, y se garantice
que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia.
EL GRUPO POPULAR PRESENTA UNA PROPOSICIÓN DE LEY EN EL CONGRESO QUE NO FUE APROBADA (Diciembre de 2017)
En diciembre de 2017 el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta su propia Proposición de Ley, que modifica la Ley 20/2011 de forma menos ambiciosa que la Proposición de Unidas Podemos pero que da respuesta a los compromisos manifestados por el Ministro Catalá ante las organizaciones sindicales en marzo de 2017. Dicha Proposición, defendida por el propio Ministro de Justicia en el Congreso, no pasa la fase de toma de consideración del Congreso de los Diputados en febrero de 2018 por el rechazo de los grupos parlamentarios encabezados por el entonces portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, con el único fin de proporcionar una derrota política al entonces Ministro de Justicia que nada tenía que ver con el Registro Civil, auspiciada por Asociaciones de Jueces y Fiscales. Juan Carlos Campo defendía la “bondad” de la Ley 20/2011, y no estaba dispuesto a permitir la modificación de dicha ley, aunque eso supusiera la desaparición de miles de oficinas de registro civil en toda España.
Ante la necesidad de aprobar una reforma de la Ley 20/2011 antes del 30 de junio, responsables del Ministerio de Justicia se reúnen en abril con parlamentarios de Unidas Podemos y representantes de CCOO para convencerles de una rebaja sustancial de la Proposición de Ley presentada por Unidas Podemos, con el compromiso de que, en tal caso, el PP apoyará la toma en consideración de dicha Proposición. Dicha rebaja en la Proposición de Ley se estima inasumible, y Unidas Podemos además se queda sin cupo para poder presentar la toma de consideración por el Congreso de su Proposición de Ley. No queda otro remedio que una nueva prórroga de la vacatio legis, efectuada mediante la Ley 5/2018, que establece la entrada en vigor de la Ley 20/2011 para el 30 de junio de 2020.
En abril de 2018, tras la actitud obstruccionista del portavoz de
Justicia del PSOE en el Congreso Juan Carlos Campo (a los diarios de
sesiones nos remitimos) a la reforma de la Ley 20/2011, CCOO
se dirige a todas las organizaciones territoriales del PSOE en España,
para que presionen a su grupo en el Congreso a fin de que modifique su
postura favorable al cierre de oficinas del Registro Civil. En CCOO
estábamos convencidos que la posición que defendía el PSOE en el
Congreso, de no tocar para nada la redacción de la Ley 20/2011, no era
conocida ni compartida por sus organizaciones territoriales más próximas
a los municipios ni, desde luego, por sus representantes municipales,
que dudamos que apoyaran el cierre del Registro Civil de su localidad.
CCOO SE VUELVE A REUNIR CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CON EL FIN DE MANTENER EL REGISTRO CIVIL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Junio de 2018)
Tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018, y la entrada en el Ministerio de Justicia de Dolores Delgado, CCOO prosigue las reuniones con los y las representantes de los grupos parlamentarios con el fin de modificar de una vez la Ley 20/2011 con el fin de mantener al mismo dentro de la Administración de Justicia, con los y las LAJS como Encargados de las Oficinas de Registro civil, servido íntegramente por el personal de la Administración de Justicia y cercano a la ciudadanía, con oficinas en todos los partidos judiciales y en todos los juzgados de paz.
Nuestras reuniones con los y las responsables de los grupos parlamentarios son casi siempre favorables y provechosas, salvo las mantenidas con el entonces responsable de Justicia del Grupo Socialista, Juan Carlos Campo, para quien la redacción de la Ley 20/2011 es la adecuada, no necesita de reforma alguna, y simplemente hay que esperar al desarrollo de la plataforma electrónica que dé servicio al futuro Registro Civil, para permitir la entrada en vigor de la Ley 20/2011 con su redacción vigente, aunque ello supusiera sacar a los Registros fuera de la Administración de Justicia, sacar al personal de la Administración de Justicia fuera de los Registros Civiles, cerrar más de 350 Oficinas principales de Registro civil y suprimir todas las competencias de los Juzgados de Paz en esta materia. Su excusa, que fue una Ley aprobada por el Parlamento por consenso.
Para CCOO el problema para la entrada en vigor de la Ley 20/2011 era, no la falta del desarrollo tecnológico para implantar el Registro único electrónico, sino la tremenda indefinición y lagunas que presenta su Ley en toda la cuestión orgánica: quiénes van a ser los Encargados de los Registros civiles, quiénes van a ser su personal, a qué administración va a pertenecer este personal, dónde se van a ubicar las Oficinas de Registro Civil, cómo justifica la supresión de la cercanía de un servicio público modélico para concentrarlo en unas pocas capitales de provincia, etc. Este ha sido el verdadero problema de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, y han sido estas indefiniciones, estas lagunas, las que propiciaron el intento de privatización del Registro Civil contra el que desde CCOO hemos luchado desde el mismo año 2011.
Tras las elecciones celebradas en noviembre de 2019, pasa a ser Ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Avanza la legislatura y el desarrollo del futuro programa de Registros Civiles que se llamará DICIREG, pero no la reforma de la Ley 20/2011 que cubra todos los problemas derivados de una redacción hecha desde despachos alejados de la realidad registral.
En enero de 2020 el Grupo Parlamentario Popular, ahora en la oposición, vuelve a presentar su misma Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2021, pero no llega a votarse su toma en consideración. En febrero de 2020 CCOO mantiene una reunión con una representación de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), solicitada para recabar su apoyo a nuestras propuestas de mantenimiento de las oficinas del Registro Civil en todos los partidos judiciales y juzgados de paz.
En dicha reunión se puso de manifiesto la contradicción que supondría para el Gobierno de coalición PSOE – Unidas Podemos apostar por un lado por la cohesión territorial y el mantenimiento de los servicios públicos en las pequeñas y medianas poblaciones y, por otro, permitir, con la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, el cierre de miles de oficinas que prestan este servicio de forma directa a la ciudadanía en los entornos rurales y más despoblados, y la desaparición de los partidos judiciales porque son la máxima expresión de una justicia cercana a la ciudadanía. Los servicios públicos esenciales nunca deben desaparecer de los entornos con menos población, como fundamento de la cohesión territorial.
NUEVA PRÓRROGA DE LA VACATIO LEGIS DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL (Hasta el 30 de abril de 2021)
Llega el Covid, y no queda otra opción que una nueva prórroga de la vacatio legis, acordada por el Real Decreto-ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que establece su entrada en vigor el 30 de abril de 2021.
EL GRUPO SOCIALISTA PRESENTA UNA PROPOSICIÓN DE LEY EN EL CONGRESO (SEPTIEMBRE 2020)
Finalmente es el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados el que en septiembre de 2020 presenta en el Congreso la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2021, que finalmente se ha aprobado. CCOO mantuvo reuniones de nuevo con todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, y sus propuestas son en gran parte acogidas en las enmiendas presentadas de forma conjunta por los Grupos Socialista y de Unidas Podemos en el Congreso. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no acepta algunas de las enmiendas presentadas, algunas tan esenciales como la relativa a la competencia territorial de los Registros Civiles, o la posibilidad de presentar las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles.
La Proposición de Ley inicial mejora de forma sustancial gracias a las aportaciones de los grupos parlamentarios, y ello pese a la oposición del Ministerio de Justicia a algunos aspectos, y dota de contenido las competencia de los Juzgados de Paz en la materia, si bien suprime su competencia para practicar inscripciones a partir de la completa entrada en vigor de la aplicación DICIREG, en un plazo aproximado de dos años.
29 DE ABRIL DE 2021: SE PUBLICA, Y ENTRA EN VIGOR, LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL Y SU LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA
Tiempo tendremos para analizar el texto final de la Ley 20/2011, tras la publicación de la reforma operada por la publicada, el 29 de abril de 2021, Ley 6/2021, pero hay algo que hay que resaltar y que concluir:
gracias a esta Ley 6/2021, y su Ley Orgánica complementaria, tras 10 años de incertidumbre y un día antes de su entrada en vigor, el Registro Civil sigue dentro de la Administración de Justicia; seguirá habiendo Oficinas Generales de Registro Civil en todas las sedes de partidos judiciales; seguirán teniendo funciones registrales los Juzgados de Paz, aunque a medio plazo se prevé que no practiquen inscripciones (contra lo que seguiremos luchando desde CCOO); estarán servidos íntegramente por el personal de la Administración de Justicia, y los Encargados de los Registros Civiles serán los y las LAJS. Justo lo que CCOO lleva reclamando desde julio de 2011.
La Ley 20/2011 mantiene defectos evidentes, que el Ministerio de Justicia ha obstaculizado corregir para no dilatar su entrada en vigor. Es lamentable que tras diez años de vacatio legis no haya ni siquiera un borrador de Reglamento de la Ley 20/2011 al que hacer alegaciones.
CCOO ha solicitado al Ministerio de Justicia que de forma urgente publique una Instrucción para salvar, siquiera sea de forma temporal, todas las lagunas e interrogantes que suscita la entrada en vigor de la Ley 20/2021. Pero de eso hablaremos en otro momento.
Lo anterior no puede ensombrecer lo conseguido: hoy es un día grande para todos y todas. Hoy, el personal de los Registros Civiles puede respirar tranquilo porque su puesto de trabajo no está amenazado, porque puede seguir prestando el buen servicio público que siempre se ha prestado, dentro de la Administración de Justicia, cercano a toda la ciudadanía. Y ello gracias esencialmente a la movilización del conjunto del personal de la Administración de Justicia, con el personal de los Registros Civiles y con CCOO al frente.
