Desde CCOO Justicia CyL venimos exigiendo desde hace tres años a las gerencias de Valladolid y Burgos y al propio ministerio, la instalación de
desfibriladores en las sedes judiciales de nuestra ciudad y provincia,
peticiones realizadas por escrito al Comité de Seguridad y Salud Laboral, a la
Subdirección general de Medios Personales, a la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, ... que han caído en saco roto dado que intuimos que la protección
de nuestra salud y la de los ciudadanos que acuden a los edificios judiciales
no entra dentro de sus preocupaciones ni prioridades. Y así lo hemos denunciado
ante los medios de comunicación.
Petición razonable, cuya solución se dilata en el
tiempo, porque no cabe en cabeza humana el no proceder a la instalación de
desfibriladores, cuando es recomendado por todas las autoridades sanitarias.
Así, por poner un ejemplo, en el Edificio Judicial de la C/ Angustias nº 40-44,
el principal de la provincia, la asistencia de público en un día normal oscila
entre 1000 y 1500 personas, cifra a la que hay que sumar todos los trabajadores
de dicho centro -más de 200- más los abogados, procuradores, cuerpos y fuerzas
de seguridad, etc. que no están obligados a pasar por el arco de seguridad y
que por tanto no se contabiliza su presencia.
Nuestro objetivo es proteger la salud de los
empleados y de los usuarios de los servicios públicos, como los de la Justicia,
con unos equipos de última generación, que tengan conexión permanente con la
red de emergencias mediante un terminal telefónico y que permitan dar respuesta
a la mayoría de paros cardíacos que se presenten. En otras administraciones
este tema está superado desde hace mucho tiempo.
Por todo ello, hemos vuelto a solicitar al ministerio que se proceda a la instalación de equipos de desfibriladores
en todas y cada una de las sedes judiciales,
en el menor tiempo posible, y que se imparta la formación oportuna a
aquellos interesados en su utilización y en maniobras de reanimación
cardiopulmonar.
