Desde
el Sector de
Justicia de Comisiones Obreras en Valladolid
seguimos haciendo hincapié en la necesidad imperiosa del nombramiento de
personal en la oficina judicial para la tramitación de este tipo de
procedimientos de “cláusulas suelo”, por ser manifiestamente insuficiente,
siendo irresponsable la actitud del ministerio de Justicia, incapaz de dar una
respuesta satisfactoria a los ciudadanos para ofrecerles un servicio público de
calidad, como es su obligación.
En junio del año 2017 comenzaron a
funcionar los juzgados "especializados" en cláusulas abusivas, como
medida que intentaba solucionar el colapso de la Justicia debido al aluvión de
demandas por cláusula suelo, hipoteca multidivisa o gastos de formalización. El
28 de diciembre de 2017, la Comisión Permanente del CGPJ adoptó un nuevo plan, prorrogado
por segunda vez en octubre de este año, que mantiene la atribución de la
competencia exclusiva a determinados Juzgados; situación en la que se encuentra
el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Valladolid, donde se está produciendo un "colapso exponencial", a
juicio de la propia Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León.
A esta fecha,
este Juzgado, que recibe desde el uno de enero de forma exclusiva y excluyente
todas la demandas de cláusulas suelo, y que continúa conociendo de los asuntos
anteriores que le fueron repartidos a lo largo de los últimos años, se denuncia desde CCOO que no tiene personal de refuerzo, ni se ha adoptado ninguna otra medida
para evitar que dicho juzgado se colapse, cuando su carga de trabajo se ha
multiplicado, tal como atestiguan los datos que obran en poder del CGPJ. Mientras tanto el órgano de gobierno
de los jueces se empecina en que mientras no se adopten medidas legislativas,
la especialización es un sistema adecuado para hacer frente al elevadísimo
número de asuntos sobre cláusulas abusivas que ingresan en los juzgados. Por la
actitud del CGPJ, parece que “prima una
Justicia de números y no de calidad
en las cláusulas suelo”, donde han
primado los intereses de las entidades bancarias sobre la protección de los
derechos de los ciudadanos, y esto se ha realizado por los que deben velar
los mismos.
Al no crearse un auténtico Juzgado Bis con plantilla propia y dedicación
en exclusiva a estas demandas, lo que se ha conseguido "es retrasar la tramitación de todo este tipo de demandas con el
evidente perjuicio causado al ciudadano, al no haberse repartido desde el
inicio todas las demandas presentadas entre los doce Juzgados de Primera
Instancia, con los debidos refuerzos y prolongaciones de jornadas". A día de hoy el ministerio sigue
empeñado en continuar con esta fórmula ineficaz, porque entiende que la que
propuso Comisiones
Obreras hubiera llevado a "sobrecargar
toda la jurisdicción civil, con tiempos de respuesta mayores para todos los
asuntos civiles", lo cual demuestra el desconocimiento en la materia de los responsables ministeriales.
La propia Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, da la razón al Sector de
Justicia de CCOO
en Valladolid, cuando afirma que “resulta
imprescindible subordinar el mantenimiento de la medida de especialización a la
disponibilidad de los medios materiales y personales que se consideren
oportunos"; abundando
sobre ello, el pasado 22 de octubre, la Comisión Permanente del TSJ de CyL, que
adoptó un acuerdo informando
favorablemente al aumento de plantilla, en concreto de un funcionario del
Cuerpo de Gestión, dos del Cuerpo de Tramitación y un funcionario del Cuerpo de
Auxilio, todos ellos a tiempo completo, para servir como refuerzo en el Juzgado
de Primera Instancia nº 4 de Valladolid, dado que la actual plantilla es claramente insuficiente, más cuando por el CGPJ
se ha procedido al nombramiento de un tercer y cuarto juez, lo que agravará
de forma importante la situación de los juzgados especializados si no son
dotados de personal de forma significativa e inmediata. La designación de
refuerzos integrados únicamente por Jueces podría generar un colapso aún mayor
del que ya padece la oficina judicial, por lo que la medida de refuerzo no
sólo no sería beneficiosa para el juzgado sino que será perjudicial para el
mismo, si el refuerzo de jueces no va acompañado de refuerzos de funcionarios,
afirmamos desde Comisiones
Obreras.
Así, el nombramiento de dos jueces más
en Valladolid, a sumar a los dos existentes, sin nombrar personal de refuerzo
en la oficina judicial, realizándose señalamientos en dos sedes judiciales
diferentes, que distan kilómetro y medio ente ellas, por no existir salas de
vistas suficientes, con coincidencias de fechas de juicios, cuando sólo hay dos
funcionarios que puedan asistir en los mismos, lo que conllevará suspensiones
de juicios, y a que a esta fecha los compañeros con prolongaciones de jornada
se planteen que a partir del 1 de enero dejen de realizar las mismas porque se
sienten "engañados" por el ministerio.
Este es el resultado de una medida irracional,
que conlleva a que los funcionarios del Juzgado de Primera Instancia nº 4
tengan que soportar una sobrecarga de trabajo de forma obligatoria, injusta y
sin ningún tipo de compensación, que está llevando a señalamientos en fechas
navideñas, sin respetar el derecho a permisos y vacaciones, y con quejas
verbales de abogados y procuradores por la realización de dichos señalamientos. El propio Defensor del Pueblo
manifestó en el Congreso de los Diputados que el actual "sistema no funciona porque no ha conseguido
su propósito de evitar una sobrecarga de trabajo en los tribunales".
A pesar de todas estas circunstancias, los ciudadanos no deben
echarse para atrás en su afán de ser reconocidos sus derechos, camino en el que se encontrarán con la profesionalidad
y buen hacer de los integrantes de la Administración de Justicia, pues pese a
todas las circunstancias reseñadas, las sentencias llegan y están siendo
favorables a los intereses de los afectados por cláusulas bancarias abusivas.
