CAOS JUZGADO CLAUSULA SUELO
Desde CCOO Sector Justicia Valladolid queremos DENUNCIAR los graves problemas que está empezando a sufrir el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Valladolid, al que se le ha "especializado" en materia de cláusulas suelo, y al que le han repartido más de cien demandas en apenas una semana sin existir personal de refuerzo ni estar aprobadas otras medidas en materia de personal, ni verse por asomo la creación de un juzgado Bis que se dedique en exclusiva a tramitar estos asuntos.
Así nos encontramos que desde que se dictara el Acuerdo del 25 de mayo de 2017 por el Pleno del CGPJ, en el que atribuye a determinados juzgados de manera exclusiva y no excluyente competencia en materia relativa a las condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, para llevar a cabo el cumplimiento de dicho Acuerdo fue designado en la provincia de Valladolid el Juzgado de Primera Instancia nº 4.
A esta fecha, este Juzgado, que no es de nueva creación si no uno ya existente con su carga de trabajo habitual, no tiene personal de refuerzo, ni se ha adoptado ninguna otra medida para evitar que dicho juzgado se colapse, cuando su carga de trabajo se ha multiplicado por diez como consecuencia de la avalancha de demandas que contra los bancos se venían preparando en multitud de despachos de abogados de toda la provincia.
No se ha creado un Juzgado Bis con plantilla y dedicación en exclusiva a estas demandas, que atienda a los profesionales y ciudadanos en horario de mañana, que fuese auxiliado por los compañeros del Juzgado nº 4 mediante una prolongación de jornada, y lo único que tenemos es una magistrada adscrita para resolver todos estos asuntos, y la ubicación física de ese posible juzgado Bis que se encuentra vacío a día de hoy, sin mesas, ni ordenadores, ni estanterías, ni personal,... y así quieren que se dé respuesta al ciudadano que acuda a la Administración de Justicia ante el abuso cometido por las entidades bancarias, tal como sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Toda esta falta de previsión por parte del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, y esta decisión de acumular las demandas de la provincia en un único Juzgado, lo único que consiguen es colapsar a este Juzgado de Primera Instancia nº 4 y el retraso en la tramitación de todo este tipo de demandas con la evidente consecuencia del perjuicio al ciudadano, obligándole a acudir al único Juzgado designado en cada provincia para conocer de esta materia, eliminando el derecho constitucional al Juez predeterminado por la ley, existiendo una discrecionalidad absoluta en la designación del órgano que lo está tramitando.
Este sindicato se cuestiona como el ministro de Justicia después de hacer ver y creer a la sociedad española que se creaba toda esta "infraestructura" para obtener una respuesta rápida y especializada de los tribunales, cómo explica a dicho ciudadano el retraso que van a tener estas demandas en su tramitación, en juzgados que no tienen ninguna especialidad en la materia y que lo han sobrecargado de trabajo.
CCOO pide a este Gobierno que deje ya de engañar al ciudadano vendiendo medidas que mas que beneficiosas, lo único que han conseguido hasta este momento es perjudicarles, provocando mayor dificultad para el acceso a la Justicia y retrasando la tramitación de todos estos procedimientos al haberlos centrado en un único juzgado.
Este es el resultado de una medida absurda, demagógica y propagandística, y que conlleva el hecho de que los funcionarios tengan que soportar de repente esta sobrecarga de trabajo de forma obligatoria, injusta y sin ningún tipo de compensación. Una nueva carga de trabajo a sumar a las que ya soportan de forma excesiva y en pésimas condiciones si recordamos el problema del mal funcionamiento de las herramientas informáticas que se tienen para trabajar debido a la deficiente implantación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia.
Y es que en lugar de obligar a los bancos a devolver sin más a los ciudadanos el dinero que les han cobrado indebidamente, obliga a los ciudadanos a acudir a unos tribunales de justicia cada vez más colapsados de trabajo porque han decidido que la Administración de Justicia tiene que seguir siendo el pariente pobre de los servicios públicos y que el personal a su servicio tiene que seguir soportando resignadamente los continuos ataques a sus condiciones de trabajo.
