Es uno de los grandes éxitos del Ministerio de Justicia, justo es reconocerlo. Desde la entrada en vigor, el 15 de octubre, de la Ley 19/2015, por la que se implantaron las subastas judiciales electrónicas se han obtenido unos ingresos de 21.151.511 euros y las subastas con postores se han multiplicado por 6, pasando de un exiguo 5 por ciento al 30 por ciento en sólo 5 meses.
¿Por qué se cambió el sistema de subastas presenciales a subastas electrónicas? Porque no estaban cumpliendo su fin, que era vender los bienes embargados al máximo posible para cancelar la deuda.
Ocurría que los bienes se malvendían porque los ciudadanos no se enteraban qué se subastaba, cuánto, por cuánto y qué había que hacer para adquirirlos. Los anuncios de las subastas se publicaban en los boletines de las provincias o en los tablones de anuncios de los juzgados, sitios a los que los ciudadanos no llegan.
