En un comunicado, han expresado que la ciudadanía percibe que la Justicia no funciona adecuadamente y que ésta no se ha modernizado al igual que otros servicios públicos que sí lo han hecho. Por ello, "estas patologías provocan incidencias muy negativas en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y dificultan las funciones de un poder del Estado".
JpD valora de forma positiva el inicio de una nueva legislatura, como el momento idóneo para hacer cambios que mejoren el sistema judicial español, entre ellos un Pacto de Estado en materia de Justicia que "permita asegurar que este necesario proceso de transformación continuará en marcha durante varias legislaturas".
Entre las bases que debe partir este Pacto, según Jueces para la Democracia, estarían:
- Inversión pública en Justicia.
El compromiso de aumento progresivo de los presupuestos en materia de Justicia hasta alcanzar la media de la Unión Europea, con inclusión de un plan de inversiones coordinado entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ello implicaría el incremento del número de jueces y juezas para adaptar la planta a la litigiosidad real, con una creación programada de plazas judiciales que no debería ser inferior a un millar.
También se debería aprobar un plan de infraestructuras que regulara la modernización de los edificios judiciales, para reemplazar las numerosas sedes que no cumplen las condiciones más básicas de salubridad, habitabilidad y seguridad. Debe cuantificarse el gasto público necesario para todas estas transformaciones, así como la graduación previsible, con aportación de memorias económicas detalladas. Por otro lado, se deben introducir cambios estructurales para una mejora de la justicia gratuita que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
