Desde nuestra asociación seguimos insistiendo en que los fiscales no podemos garantizar un control efectivo de todos y cada uno de los procedimientos penales ante la carencia de herramientas informáticas automatizadas y, lo que incluso resulta más preocupante, la ausencia de unos criterios uniformes de la Fiscalía General del Estado que permitan una actuación homogénea en todas las Fiscalías.
A la vista del abrumador rechazo al sistema actual de plazos, el Ministerio de Justicia optó por dotar provisionalmente a la Fiscalía de ochenta plazas de personal interino, trasladando así a la opinión pública que ese refuerzo en la plantilla corregiría las deficiencias de un sistema de plazos como el implantado. Pues bien, afirmamos que esa dotación de medios personales no ha resuelto el problema generado por una extravagante reforma legal, y es que en muchos casos las Fiscalías han debido acudir a la contratación de personal interino profano o escasamente cualificado para el ejercicio de las funciones diarias de un fiscal, debido en buena parte a la merma de las bolsas de sustitutos como consecuencia de la supresión por este mismo Ministerio de un sistema de sustituciones externas a todas luces imprescindible. Pero es más, esa gratuita asignación ministerial no resuelve el problema en el caso de bajas, licencias, permisos, vacaciones o cambios de lote de trabajo de los fiscales titulares, cuya sola y única voluntariedad e inversión de tiempo no remunerado colma las nuevas exigencias legales y suple las endémicas carencias de nuestra carrera.
Asimismo, la U.P.F. censura el tratamiento dispensado a los fiscales por el Ministerio de Justicia, que en lugar de tratar al Ministerio Fiscal como un órgano con personalidad jurídica propia integrado en el Poder Judicial con autonomía funcional, nos confunde con un cuerpo de la Administración General del Estado, con una pieza más de su Ministerio, sometiendo a las Fiscalías “agraciadas” con la provisión de personal de refuerzo a un control mensual de los procedimientos penales revisados, a una absurda “inspección de kilometraje”, e imponiendo a los fiscales la elaboración de inoperantes estadísticas, de cargas burocráticas impropias de nuestra función cuasi jurisdiccional con la sola finalidad de acreditar el cumplimiento de unos objetivos -desconocidos, por cierto- que prorroguen esa dotación de personal, labores para las que ya están previstos estatutariamente determinados órganos de la Fiscalía General.
Finalmente, la Unión Progresista de Fiscales solicita de manera formal la suspensión de la aplicación del sistema de LEXNET en las Fiscalías, no porque estemos en contra de los avances tecnológicos, sino porque su implantación parece responder más a las demandas de los proveedores informáticos que a las necesidades de la justicia. Y es que se está acometiendo una reforma en nuestra forma de trabajo de manera apresurada e improvisada con los fines exclusivamente publicitarios de vender el logro del “papel cero” en los juzgados. Un bonito eslogan lejos de la realidad. Su implantación se realiza con una deficiente formación de fiscales y funcionarios, sin firma electrónica, permitiendo el acceso a los datos personales de fiscales y funcionarios en los envíos y, sobre todo, sin tener la seguridad de que se garantiza la confidencialidad de todos los datos judiciales.
No entendemos que no se haya realizado una auditoría o evaluación mesurada sobre su implantación en estos meses, al contrario, todo se ha hecho con prisas y de manera improvisada. Pero, sobre todo, estamos sometiendo a los ciudadanos a retrasos en sus procedimientos, pues ellos son los conejillos de indias de esta implantación que naufraga entre caídas del sistema y posibles pérdidas de datos que inciden directamente en los procedimientos y en los derechos de las personas.
En definitiva, la Justicia, lejos de mejorar en calidad, eficacia y rapidez –como sería de desear en la era de la información–, se ve sometida de nuevo a un desafortunado retroceso por la mala gestión de medios y la precaria capacidad organizativa de quienes no han sido capaces de diseñar un servicio público como el ciudadano se merece.
