Si nada ni nadie lo
remedia, los registradores de la propiedad podrían comenzar a
encargarse del Registro Civil a partir del 15 de julio. El Congreso de
los Diputados tramita en estos momentos la ley por la que se ejecutará la
reforma de este servicio público, un paso adelante en el “desmantelamiento” de
la Administración de Justicia, en opinión de Comisiones Obreras. Defendido por
el Gobierno Central como un mecanismo para mejorar el funcionamiento del
Registro Civil, el traspaso de competencias supone para el sindicato una “privatización”,
que alejará el servicio de los ciudadanos y acabará con su gratuidad.
El traspaso “menoscaba la labor de los funcionarios en favor de los ingresos
de una empresa”
Javier Sanz, coordinador regional del Sector
Justicia de CC.OO en Castilla y León, ha recordado que el Registro Civil es un
servicio básico para el ciudadano de a pie, que tramita anualmente más de 1,4
millones de documentos, desde una partida de defunción a un certificado de
nacimiento para un DNI. Por ese motivo, el Registro es un servicio de
cercanía y Burgos cuenta con 371 oficinas repartidas por la provincia.
Sin embargo, cuando entren en juego los registradores, esas oficinas
desaparecerán y serán sustituidas por un único espacio de tramitación en la
capital. Adiós a la inmediatez, ha insistido Sanz.
Ni gratuidad ni confidencialidad
Además, desde Comisiones Obreras aseguran que el
Registro Civil dejará de ser gratuito, ya que las negociaciones que mantiene el
actual ministro de Justicia con los registradores incluyen la
posibilidad de cobrar “aranceles” (una especie de tasa) por algunos trámites,
como los expedientes de nacionalidad o los de matrimonio, al mismo
tiempo que se crearán nuevos trámites registrales obligatorios y de pago, como
el de domicilio. Es por ello que Sanz considera que el Registro Civil se
convertirá en un negocio para una empresa, que eso es lo que son los
registradores, dejando de ser un servicio público.
Y es que, por mucho que diga el Gobierno Central
que los registradores son funcionarios, son autónomos. Y, lo que es peor, si no
son funcionarios no pueden dar fe pública, función clave en el Registro Civil,
ni están sometidos a un principio de confidencialidad. De ahí que el sindicato
tema que los datos privados de los ciudadanos vayan a acabar en manos
de los equipos de los registradores, sin control alguno. Se está
“menoscabando la labor del funcionario, en favor de los ingresos de una
empresa”, han insistido en CC.OO, recordando que tras el boom inmobiliario, los
registradores de la propiedad viven horas bajas.
ILP
Faltan medios, recursos económicos y plantilla, así como modernizar el servicio, pero funciona
Por todo ello, Comisiones Obreras ha iniciado una
campaña de recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP), con la que presionar al Gobierno Central para que paralice el
proyecto. En la propia sede del sindicato, pero también en los
registros civiles o dependencias de administraciones públicas, el ciudadano
interesado en colaborar encontrará los formularios para estampar su firma.
También sacarán mesas a la calle. Requieren de 500.000 apoyos para que, al
menos, la ILP se debata en el Congreso de los Diputados.
Javier Sanz ha insistido en que no existe ningún
motivo para eliminar el Registro Civil tal y como lo conocemos. Cuando se alega
falta de eficiencia se olvidan de comentar que lo que faltan son
recursos, humanos y económicos, y modernización del servicio. Lo
único que se ha hecho en los últimos años ha sido apostar por la digitalización
de documentos, con una inversión de 130 millones de euros, de la que ahora se
van a beneficiar sin coste alguno los registradores. Además, se están
paralizando tramitaciones, como las de los expedientes de nacionalidad, para
intentar justificar la medida.
REUNIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL CON EL DIRECTOR GENERAL Y PITADA AL MINISTRO DE JUSTICIA EN SU VISITA A BURGOS
El pasado 21 de abril los
miembros de la Junta de Personal tuvimos una reunión con el Director General de
Relaciones. Informo que su idea es digitalizar todos los expedientes, aunque
únicamente se había llevado a cabo en la Audiencia Nacional, -nos consta que
con malos resultados-.
Pasó de puntillas en el tema del
Registro Civil, remitiéndonos continuamente a la reunión con los sindicatos en
Madrid el día 27 y que estaban dispuestos a dialogar y a aceptar propuestas
razonables, ya que según él lo único que hacen es cumplir la Ley, aprobada
unánimemente por el Parlamento, que acordaba sacar el Registro Civil fuera de
la Justicia.
Respecto a la NOJ en Burgos,
manifestó que las 23 plazas de refuerzo se van a seguir manteniendo, al menos
mientras él siga siendo director general y que iba a hacer lo posible que esos
23 refuerzos se consolidasen como plazas vacantes, aunque en este último
concurso no saldría, ya que Hacienda no había dado todavía el visto bueno.
Manifestó asimismo que el
concurso de traslados se estaba retrasando a propósito por la ubicación de los
funcionarios del Registro Civil.
Respecto al Proyecto de reforma
de la Ley Orgánica, hizo mención al preacuerdo que firmaron con los sindicatos UGT, CSIF y STAJ, no
manifestando nada mas al respecto.
Por último se habló de los
problemas del sistema informático y sobre el tema de las comisiones de
servicio, proponiéndole que se regulen y se establezcan como en ciertas
Comunidades Autónomas, donde sí están reguladas y no como en el Ministerio
donde se conceden de forma discrecional. Únicamente dijo que se iban a tener en
cuenta las causas humanitarias para concederlas y que ellos no podían dar
comisiones en territorios donde existen muchos interinos y dejar éstos vacíos
de titulares.
A las 11,30, más de un centenar
de funcionarios y ciudadanos nos concentramos frente al Palacio de Justicia
recibiendo al Ministro con una sonora pitada y al grito de “El Registro civil
no se vende, se defiende”.
Maxi Niño
Encinas – Coordinador Provincial de CCOO de Justicia
Protestas contra la reforma del Registro Civil en la visita de Catalá a Burgos
Los Trabajadores de la
Administración de Justicia de Burgos han aprovechado hoy la visita a
Burgos del ministro de Justicia, Rafael Catalá,
para protestar por la reforma de Registro Civil, que a su juicio supone una
suerte de privatización encubierta de un servicio que debiera ser “público” y
“gratuito”. Al filo del mediodía, los manifestantes se han concentrado frente a
las puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, donde
Catalá tenía previsto imponer las condecoraciones de la Orden de San Raimundo
de Peñafort, aunque la Policía les ha ubicado finalmente en la acera contraria.
Con todo, y a pesar de la
separación entre ambos puntos, Catalá, que se ha trasladado a pie desde el
Fórum Evolución, ha sido recibido con pitos y silbidos por parte de los
manifestantes, que insisten en la necesidad de mantener la estructura del
Registro Civil tal y como está establecida ahora mismo.
Esta no es si no una más de las
protestas efectuadas en los últimos meses a respecto de la reforma planteada
por el Gobierno, que vista la situación tiene todos los visos de aprobarse de
manera efectiva en las próximas semanas. En este sentido, el sindicato
Comisiones Obreras acaba de iniciar una campaña de recogida de
firmas destinada a plantear una Iniciativa Legislativa Popular
mediante la que solicitará la paralización de la reforma.
