El Ministerio de Justicia valora «muy seriamente» la posibilidad de
salvar el juzgado de Cistierna del plan de supresión de órganos
jurisdiccionales propuesto por el Consejo General del Poder Judicial y
analizará durante este verano la opción de fusionar en uno solo los de
La Bañeza y Astorga para reducir el impacto de las medidas de eficiencia
y ahorro que pondrá en marcha el departamento de Ruiz Gallardón, en
consonancia con la filosofía del Ejecutivo a nivel general.
El ministro ya dejó claro recientemente en el Congreso que el plan
esgrimido por el Consejo General del Poder Judicial «no es el criterio
del Gobierno». Según explica el diputado leonés, Alfredo Prada, el
Ministerio de Industria trabaja sólo con la idea de eliminar Sahagún y
Villablino, que pueden adscribirse perfectamente a los de León y
Ponferrada respectivamente y que sólo estaría dispuesto a mantener una
de las dos sedes entre las de La Bañeza y Astorga.
«El Ministerio no puede aceptar lo que propone el CGPJ, porque entre
otras cosas tiene la suya propia», asegura Alfredo Prada, quien aclara
que la del Consejo es una propuesta «incluida en el modelo socialista».
De acuerdo a los criterios del plan del CGPJ, «que cuenta con 3
vocales del PSOE», remarca, «las circunscripciones resultantes habrán de
tener una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento
desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una
hora a través de las vías de comunicación existentes. La separación de
órdenes jurisdiccionales exige un mínimo de ocho Juzgados
(excepcionalmente siete unidades) para poder garantizar un
funcionamiento correcto de la Administración de Justicia, por lo que las
agrupaciones han de tender a reunir un mínimo de órganos que permita
alcanzar esta cifra».
Reordenación
«La reordenación habrá de atender a las concretas circunstancias de
geografía política, procurando respetar los ámbitos territoriales en los
que se desenvuelven las actividades político-económicas de cada zona»
Pero según el estudio, «como circunstancias excepcionales que aconsejan
mantener la circunscripción territorial a pesar de no alcanzar la
población deseable o las unidades necesarias, se tendrán en cuenta las
especificidades determinadas por la insularidad, las dificultades de
comunicación, las características orográficas y comarcales, la
existencia de población difícilmente registrable, de carácter estacional
o permanente, los supuestos de acumulación urbana, de naturaleza
industrial o turística, y los flujos o movimientos poblacionales».
Una comisión de expertos seleccionada por el Ministerio de Justicia
elaborará el plan definitivo por el que se determinarán las actuaciones a
adoptar en este ámbito, después de que el Consejo General del Poder
Judicial elaborase un estudio a finales de abril para la supresión de
más de la mitad de los partidos judiciales del territorio nacional.
Según ese estudio, León pasará de tener siete a solamente dos, León y
Ponferrada. La teoría del Gobierno establece que serían tres (León,
Ponferrada y Cistierna) y quedaría en estudio la posibilidad de un
cuarto si se determina que la carga de trabajo y la población que
atienden La Bañeza y Astorga así lo exige. Gallardón, precisó en el
pleno del Congreso que el informe del Consejo no es el proyecto del
Gobierno. «El criterio del Gobierno será el que exprese el grupo de
trabajo» que trabaja en la reforma de la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, ha asegurado.
El propio informe del CGPJ ya establece posibles excepciones.
«Flexibilidad desde el momento en que la pluralidad de situación obliga a
ponderar detenidamente las circunstancias particulares de cada zona, de
manera que unos casos habrá de mantenerse algún tipo de presencia, en
otros bastará con la existencia de medios materiales a disposición de la
Autoridad judicial, o con un reparto distinto de sedes por
jurisdicciones manteniendo la red de infraestructuras actual, o,
sencillamente, con el traslado cuando el volumen y la atención no
justifique otra decisión».
«Le veo muy preocupado por el informe del CGPJ y no sé qué hacer para
calmar su ansiedad», le dijo al diputado socialista Julio Villarruibia
antes de destacar que la propuesta del órgano de gobierno de los jueces
fue firmada por cuatro vocales, tres de los cuales fueron nombrados
siguiendo la propuesta del PSOE.
Fuente: diariodeleon.es