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El consejero de la Presidencia espera que en enero haya un documento
pactado por todas las partes implicadas para defender un «postura de
comunidad» para negociar con el Estado
La Junta de Castilla y León exige 30 millones de euros más al Gobierno
central además de cinco cláusulas adicionales para garantizar las
inversiones en infraestructuras y en modernización para asumir las
transferencias en materia de Justicia. Así lo avanzó ayer el consejero
de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien explicó que el
coste efectivo de estas competencias es de 163,23 millones de euros,
más las citadas cláusulas, frente los 133,52 propuestos por el
Ministerio de Justicia.
En concreto, se trata de 139,53 millones de
coste efectivo, más 23,7 de aportaciones puntuales para inversiones de
reposición en infraestructuras (8,7 millones) y para equipos y sistemas
informáticos (15 millones que se podrán abonar en tres años). Además, la
propuesta recoge cinco cláusulas de garantía para que el Ejecutivo
central asuma los acuerdos sindicales ya pactados, para la
informatización de los registros civiles, para garantizar la
financiación de infraestructuras necesarias, los órganos judiciales y la
Oficina Judicial.
El consejero de la Presidencia insistió en que la
Junta de Castilla y León sí quiere asumir estas competencias, pero que
«tienen que ser bien valoradas», motivo por el que se ha hecho una
detallada valoración de todas las partidas en un documento que ayer
presentó a todos los sectores implicados en el ámbito de la justicia con
el objetivo de cerrar una «postura de comunidad» para poder negociar
con el Estado.
De Santiago-Juárez trasladó esta propuesta al
representante del Poder Judicial en Valladolid, Antonio Fonseca; el
fiscal Superior de la Comunidad, Manuel Martín Granizo; el presidente
del Consejo Regional de Colegios de Abogados de Castilla y León,
Fernando García-Delgado, y el del Consejo Regional de Procuradores,
Fernando Santamaría. Además, en representación del Tribunal Superior de
Justicia acudió Ildefonso Ferrero, de CCOO, Maximiliano Niño; de
CSI-CSIF, María Jesús Zamorano; de UGT, Juan Carlos Paniagua, y de STAJ,
Ana Rosa Candil y María Jesús Antón. «He visto una actitud muy
positiva», sostuvo De Santiago-Juárez.
Aportaciones. Según
avanzó, todos las partes tienen hasta el 23 de diciembre para realizar
sus aportaciones o sugerencias al texto con el objetivo de que pueda
rubricarse a principios del mes de enero y poder así defender una
propuesta común de comunidad.
Además, se mostró confiado en que el
cambio de gobierno tras las elecciones del 20-N «agilice el traspaso» de
las competencias porque, dijo, seguro que el próximo Ejecutivo «va a
tener más sensibilidad» con las cuestiones que afectan a Castilla y León
que el de José Luis Rodríguez Zapatero.
Fuente. www.eldiadevalladolid.com
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