El president de la Generalitat, Artur Mas, sorprendió el
martes con su comparecencia anunciando nuevos recortes, pero no lo
explicó todo. Su segunda oleada de ajustes para elevar el techo de
ingresos de la Generalitat irá más allá de las medidas anunciadas
entonces. Y una de las actuaciones que ocultó es su intención de
extender el sistema del copago al ámbito de la Justicia, pese a anunciar medidas en el mismo sentido en el caso del gasto farmacéutico. El copago
judicial, que complementará a las tasas y tributos dependientes del
Estado, será una realidad en el segundo trimestre de 2012 y generará
ingresos por más de 25,5 millones de euros.
El Ejecutivo
nacionalista ultima la creación de la tasa "para la prestación de
servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de
Justicia", que deberán asumir los litigantes. Así figura en el borrador
de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2012, a la que ha
tenido acceso Público, y que debería dotar de una nueva vía de
financiación a unos juzgados exhaustos por el colapso de casos sin
resolver y el déficit de recursos humanos y materiales.
La medida está incluida en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos
Así,
la nueva tasa gravará la interposición de demandas de toda clase, de
recursos de apelación y de casación, así como los recursos presentados
en los tribunales de lo contencioso-administrativo. E incluso las
fotocopias de los documentos de los expedientes judiciales. Sólo por
este último concepto la Generalitat prevé ingresar cerca de 3,4 millones
de euros al año.
La Conselleria de Justicia ya había emprendido
en los últimos meses controvertidas actuaciones con el objetivo de
reducir su gasto, el principal objetivo del Govern de CiU en su primer
año de vida. Una muestra de esa política fue la drástica reducción de la
remuneración de los abogados que asumen la asistencia jurídica
gratuita. También fue un ejemplo la promoción de información para que
los reclusos extracomunitarios se animaran a seguir la pena en sus
países de origen, con el objetivo de aliviar el coste de la gran
comunidad reclusa existente en Catalunya, que satura las prisiones.
Ahora,
al dictado de la nueva estrategia de incrementar ingresos, la
consellera Pilar Fernández Bozal se ha atrevido a introducir el copago
en los tribunales, rechazado de plano por los juristas progresistas. La
consellera había advertido de la necesidad de tomar medidas para dar un
nuevo brío a la Justicia catalana, pero había apostado más por la
reestructuración organizativa que por medidas impositivas. Sin embargo,
ahora lo pondrá en marcha con escasas excepciones: las personas que
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita y todas
las entidades exentas del impuesto de sociedades. El resto deberán
acreditar el pago de la tasa en el momento de la interposición de
escritos. El coste será de 60, 90 o 120 euros, según el tipo de
procedimiento. La Agència Tributària de Catalunya se encargará de
gestionar esos recursos.
El tiquet moderador' farmacéutico permitirá recaudar otros 70 millones
Con su introducción en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, el copago judicial
tiene por el momento más concreción que la fómula anunciada para el
gasto farmacéutico. Ayer, el conseller Boi Ruiz explicó que la
Generalitat prevé ingresar entre 60 y 70 millones de euros anuales a
través del denominado tiquet moderador, que se cobrará en la
mayor parte de los 150 millones de recetas médicas que se dispensan en
Catalunya, con un coste individual que no superará el euro.
En
todo caso, según las explicaciones de los responsables de la
Generalitat, el objetivo es evitar la sobredemanda y acumulación de
fármacos más que para lograr aumentar los ingresos de las arcas
catalanas. Ruiz, que se niega a calificar la medida como copago,
aseguró que la tasa tiene su modelo en el sistema que funciona en
Francia y que no tendrán que afrontarla los colectivos que no puedan
asumirlo.
Transporte más caro
Otra de las medidas
polémicas anunciadas por Mas es el incremento de los billetes del
transporte público. El conseller de Territori, Lluís Recoder, aseguró
que todavía no está decidido el porcentaje que se aplicará, que en todo
caso será muy superior a la evolución de la inflación durante este año,
índice que se utiliza como referencia para marcar el encarecimiento del
transporte público.
Algunas informaciones sitúan el abono de diez
viajes en un coste de diez euros, muy superior a los 8,25 euros que
rigen actualmente, aunque claro está que el Ejecutivo de Mas apurará
hasta donde pueda el céntimo sanitario en el precio de la gasolina, lo
que supondrá un incremento de 0,024 euros más por litro de carburante.
