El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de
Santiago-Juárez, se ha mostrado claro respecto a la posibilidad de que
la Comunidad Autónoma reciba la competencia de Justicia. “No queremos
que nos transfieran déficit”, ha sostenido De Santiago-Juárez.
“Queremos las transferencias siempre que tengan financiación
suficiente”, ha señalado el portavoz quien ha añadido que el interés por
conseguir estas competencias se basa en “dar un mejor servicio al
ciudadano”.
Sin embargo, aún no está nada claro que el Gobierno regional vaya a
percibir esas transferencias puesto que las posturas entre el Gobierno
central y el Ejecutivo autonómico están muy lejanas.
Desde la Junta se ven insuficientes los 130 millones de euros en los
que valoró el Gobierno central este traspaso de competencias. “No
estamos de acuerdo con esa cantidad”, ha afirmado el portavoz regional y
ha recordado que Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura,
ya anunció un “gran pacto social sobre las competencias en materia de
Justicia”.
De Santiago-Juárez no ha querido valorar en qué cantidad exacta
estaría fijada el límite en el que Castilla y León podría asumir las
competencias en materia de Justicia, puesto que, según ha reconocido,
aún se “están haciendo estudios y faltan datos que nos tienen que
aportar desde el Ministerio”.
En este pacto, desde el Gobierno regional se va a presentar a todos
los actores interesados, abogados, jueces, fiscales… una propuesta para
valorar cuál es realmente el coste efectivo de esta asunción de
transferencias.
Para ello, el propio portavoz regional ha significado que el próximo
lunes mantendrá una reunión con el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León para ir acercando posiciones y poder, de
este modo, tratar de ir completando una propuesta que, desde la Junta de
Castilla y León, se desea poder tramitar antes de que finalice el
presente año.
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