Facturas
que no paran de llegar y se acumulan en el cajón de pendientes de pago y
una cuenta corriente que no da más de sí y sólo anota números rojos.
Son los ingredientes que, sumados al paso del tiempo sin lograr
remontar, sirven en buena parte de los casos en un concurso de
acreedores. Una complicada decisión o imposición que saben muy bien lo
que significa los afectados por los 708 procesos abiertos en los
juzgados de Castilla y León para otras tantas empresas desde que comenzó
la crisis.
Y
es que si la antes conocida como suspensión de pagos siempre ha
existido, lo cierto es que desde que la economía comenzó a tambalearse a
finales de 2007, el número de sociedades concursadas ha aumentado de
forma más que significativa. Tanto que, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), se ha quintuplicado. Si entre 2004 y
septiembre de 2007 la cifra de empresas de la región declaradas en
concurso de acreedores fue de 130, desde el último trimestre de ese año y
el segundo de 2011 ha ascendido a 708, lo que supone un 526,6 por
ciento más. Las últimas 79 entraron en la negra estadística de los
juzgados de los Mercantil, Primera Instancia y Primera Instancia e
Instrucción entre abril y junio de este ejercicio, según los datos
facilitados ayer por el organismo, que reflejan un nuevo repunte en este
tipo de procesos después de tres trimestres a la baja. El dato menos
amargo lo aporta el hecho de que supongan tres menos que en el mismo
periodo de 2010.
La
situación no es exclusiva de Castilla y León, donde Valladolid y
Salamanca acaparan conflictos. En el conjunto de España la evolución es
similar. En los cuatro últimos años, han llegado a manos de la Justicia
los expedientes de 16.280 empresas acogidas de forma voluntaria —en la
mayoría de los casos— u obligatoria al concurso de acreedores ante la
imposibilidad de hacer frente a todos sus pagos. La cifra también
multiplica por algo más de cinco los 2.749 sumarios abiertos en un igual
periodo de tiempo, pero antes de que la economía comenzase a
retroceder.
Sólo
en el último trimestre, 1.494 empresas entraron en suspensión de pagos.
Son las comunidades económicamente más dinámicas las que más casos
acumulan: Cataluña (322), Comunidad Valenciana (218) y Madrid. Castilla y
León (79) ocupa el séptimo lugar en esta última cifra.
Al
igual que a nivel general, en la mayoría de las ocasiones, las empresas
incursas en esta situación son sociedades de responsabilidad limitada
(S. R. L.). 64 de las 79 que se declararon en concurso de acreedores en
el último trimestre en la región están inscritas en este epígrafe y sólo
8 eran sociedades anónimas. En función del número de asalariados, en la
amplia mayoría de los casos se trata de pequeñas empresas, pues ninguna
superaba los cien empleados y casi todas se concentran en el tramo de
entre cero y 19 asalariados. Si se tiene en cuenta el volumen de negocio
que mueven, tampoco son los grandes negocios los que sucumben, ya que
en 59 de los casos era inferior a los dos millones de euros al año.
La
construcción, el sector más perjudicado por la crisis y que más lastra
la recuperación, también tiene un peso importante en esta estadística.
265 de los 708 expedientes, el 37,4 por ciento, están vinculados a esta
rama de la economía. Junto a ella, el comercio. Entre ambos, acumulan
más de la mitad de los casos.
